El derecho a la vivienda tras el chalé y Pedro

“Tras una Legislatura en la que la pérdida de la vivienda y el drama social de los desahucios han monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler”. La frase es del programa del PSOE para las elecciones generales del 26 de junio de 2016, que le darían los 84 escaños con los que presentó la moción de censura que ha hecho presidente a Pedro Sánchez.

Con la legislatura a mitad de camino pero con un nuevo Gobierno, las preguntas sobre qué medidas piensa articular el ejecutivo de Sánchez (y con quién) para hacer frente al problema de vivienda y de deuda de los hogares son más que pertinentes. Las dos legislaturas de Mariano Rajoy han estado marcadas por el cerrojazo a cualquier reforma: su no en solitario, en 2013, a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) antidesahucios promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sus recursos de inconstitucionalidad (suman siete, cinco de ellos todavía sin resolver) a cualquier iniciativa en parecido sentido surgida de los parlamentos autonómicos o de la sociedad civil.

Dos semanas después de la constitución del nuevo Ejecutivo, se sabe poco sobre las intenciones del PSOE. Entre los 17 ministerios no ha surgido uno de Vivienda, y aún se desconoce quién ocupará la dirección general correspondiente dentro del Ministerio de Fomento. El nuevo Gobierno no parece dispuesto a seguir la práctica del Ejecutivo de Rajoy de vetar en la mesa del Congreso las iniciativas parlamentarias que no son de su agrado (una reciente sentencia del Constitucional limita esta posibilidad, de todas formas). Esto daría pie a la toma en consideración parlamentaria de la denominada Ley de la PAH, vetada en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Paco Morote, portavoz de la campaña de la Ley de la PAH, define como “un carrusel” el ir y venir de la propuesta de las plataformas de afectados para terminar con las deudas de por vida, vetar el corte de suministros en hogares pobres y incluir distintas medidas de protección de los inquilinos, moratoria de desahucios y movilización de vivienda vacía en manos de bancos y fondos.

Presentada en enero a través del grupo de Unidos Podemos con el apoyo de Bildu, Compromís y ERC, su recorrido se ha visto afectado —además de por el veto último de PP y Cs— por el propio clima político: “La íbamos a presentar en septiembre, pero no habría tenido ninguna repercusión por el tema catalán”, explica Morote en referencia a las vísperas del referéndum en Catalunya y al particular otoño reaccionario que le siguió.

La posibilidad de veto por parte del Gobierno expiró a las 20h del martes 12. Hasta que el Congreso pase a debatir la propuesta e incluir enmiendas, el pleno todavía tiene que votar su toma o no de consideración, algo que se puede retrasar hasta septiembre por las vacaciones parlamentarias y por la larga lista de proposiciones de ley bloqueadas por el PP que ahora esperan su turno a ser debatidas. La intención de la PAH, no obstante, es que la propuesta se tramite de manera urgente dada la situación de emergencia que se vive en relación con el acceso a la vivienda.

El debate tras el chalé

Ni las deudas de por vida, ni los desahucios, ni la burbuja residencial, ni el problema de los alquileres, es decir ninguna de las etiquetas recientes con las que se ha abordado el problema estructural de acceso a la vivienda en el Estado español, tuvieron un lugar en el debate de la moción de censura, ni en los discursos de ninguno de los participantes (con la excepción de Alberto Garzón, de IU). Si hubo una referencia, fue la de Rafael Hernando (PP) o Ínigo Alli (UPN) al chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero. En el CIS de abril la vivienda no aparece listada como preocupación en el listado de respuesta abierta generalmente encabezado por el paro.

“De seguir con el ritmo del primer trimestre, este año podríamos terminar con 70.000 desahucios”, comenta alarmado Morote. El activista murciano de la PAH se muestra preocupado por la desaparición del tema en la agenda política: “Hay una falsa creencia de que ya no existe un problema de vivienda”. Aunque los datos de los juzgados reflejan una bajada continuada de los desahucios hipotecarios, estos conviven con una subida también continuada de los desahucios registrados por impago de alquiler (+1% en el primer trimestre de 2018), a los que se suman los denominados desahucios invisibles, los que afrontan las numerosas comunidades de inquilinos que abandonan sus casas sin demanda judicial después de no renovar sus alquileres ante las subidas de hasta el 100% de las rentas permitidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El problema, advierte la PAH, no solo está cambiando temporalmente de sitio (de hipotecas a alquileres y otro tipo de situaciones) sino que atraviesa una situación de tregua. Desde enero de 2017, la cláusula que permitía a los bancos iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (y con él, el desahucio) al primer impago está declarada como abusiva por la justicia europea, y los procedimientos están congelados hasta que el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo español.

“De una forma u otra, esos procedimientos se reactivarán” cuando el TJUE se pronuncie, advierte Morote. La ley presentada por la PAH deberá contar sí o sí con el apoyo del PSOE, partido que ya ha asegurado no compartir al 100% las medidas incluidas por la Plataforma. Además de Mar Rominguera, la diputada del PSOE y exministra de vivienda Beatriz Corredor se mostraron contrarias a la dación en pago retroactiva —que con la entrega de la casa se liquide la deuda, y que esta medida afecte a todas las ejecuciones iniciadas antes de la aprobación de la ley, más de 700.000— en la reunión que mantuvieron con representantes de la PAH en el Congreso. Otra medida central, la cesión de uso de las viviendas vacías de bancos y fondos, tampoco era del agrado del PSOE, más proclive a otras fórmulas.

“Corredor y el PSOE se han mostrado más cercanos al concepto de ‘seducir a los propietarios’ de vivienda vacía”, señala a El Salto Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, quien también se ha reunido esta legislatura con todos los grupos parlamentarios para trasladar sus seis medidas de protección del inquilinato. El énfasis del PSOE es no forzar y favorecer la salida al mercado de parte del parque de vivienda vacía —3 millones y medio de primeras residencias en 2011— con más medidas de beneficios fiscales y mediante la compra, por parte de la administración, de parte de este ‘stock’ de vivienda, algo que no es del agrado ni de la PAH ni de los sindicatos de inquilinos. “Ese tipo de medidas serían más de lo mismo”, señala Gil.

Los sindicatos de inquilinos, surgidos en Barcelona y Madrid —y extendidos a más ciudades del Estado— el curso pasado ante la subida de alquileres y la expulsión de vecinos, reclaman que la legislación —la LAU o la regulación de nuevos actores del mercado como las socimi— defiendan una idea fuerte de acceso a la vivienda y de derecho de uso, frente a la idea de vivienda como bien de inversión. “El PSOE sigue atascado en esa idea, y defiende que las socimi han sido una parte central en la recuperación del mercado inmobiliario tras la crisis”, critica Gil.

El partido se opone en principio a retirar los privilegios fiscales de estas empresas (solo pagan un 1% de impuesto de sociedades) o a aplicar la prórroga automática de los contratos a los denominados grandes tenedores, así como a otras medidas propuestas por el Sindicato de Inquilinos como establecer un índice de referencia obligatorio que evite las subidas de precio del alquiler al margen de los salarios o del Índice de Precios al Consumo (IPC). Otra propuesta de Ley, impulsada por Unidos Podemos, incluye medidas en parecida dirección al crear un procedimiento judicial para denunciar alquileres abusivos que se salten el precio de referencia.

El ojo europeo

“El PSOE ya ha mandado un mensaje muy claro colocando a la Troika en Economía y a Susana Díaz en Hacienda”, opina Rafa Mayoral, diputado de Podemos, en referencia a los nombramientos en respectivos ministerios de la exnúmero dos en la comisaría europea de Presupuestos, Nadia Calviño, y de la exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero. Mayoral señala a El Salto una posible muestra de continuidad entre la línea del PP y del PSOE en la cuestión hipotecaria: el apoyo del PSOE al proyecto de ley de crédito hipotecario impulsado por el exministro de Economía Luis de Guindos.

El ojo europeo está mucho más pendiente de las regulaciones españolas del mercado hipotecario o del mercado de vivienda de lo que aparenta. En sus recursos al Constitucional, una argumentación central del Gobierno de Rajoy era que medidas como la expropiación temporal de viviendas de los bancos para el realojo de los hogares desahuciados atentan contra la estabilidad financiera de las entidades y contra el memorando de entendimiento firmado con la Unión Europea.

El propio PSOE especificaba en su programa electoral que cualquier medida que afectara al parque de viviendas de Sareb —el banco malo con participación estatal creado por imposición europea tras el rescate de las antiguas cajas en 2012— deberá tener en cuenta la devolución de deuda adquirida por Sareb para la compra de los activos invendibles de la banca.

Precisamente, la entidad presidida por Jaime Echegoyen daba en la segunda semana de Sánchez una señal inequívoca de adelanto de los tiempos que vendrán. En declaraciones durante un encuentro con periodistas económicos, Echegoyen desvelaba el lunes que, de las 4.000 viviendas ofrecidas por Sareb desde 2013 para alquiler social, casi 1.900 no habían sido aceptadas por las administraciones o por los propios afectados. Omitía la localización y estado de las viviendas.