El derecho a la vivienda tras el chalé y Pedro

El Gobierno tiene media legislatura para retirar los recursos del PP a las leyes autonómicas antidesahucios y para buscar apoyos parlamentarios a las medidas propuestas por la PAH y los sindicatos de inquilinos por el derecho a la vivienda y contra las deudas de por vida.

Argumosa 11 especulación gentrificación nos quedamos
Álvaro Minguito Protesta vecinal en un bloque de inquilinos amenazado por desahucio en el centro de Madrid.

“Tras una Legislatura en la que la pérdida de la vivienda y el drama social de los desahucios han monopolizado el debate público, sigue siendo muy complicado el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler”. La frase es del programa del PSOE para las elecciones generales del 26 de junio de 2016, que le darían los 84 escaños con los que presentó la moción de censura que ha hecho presidente a Pedro Sánchez.

Con la legislatura a mitad de camino pero con un nuevo Gobierno, las preguntas sobre qué medidas piensa articular el ejecutivo de Sánchez (y con quién) para hacer frente al problema de vivienda y de deuda de los hogares son más que pertinentes. Las dos legislaturas de Mariano Rajoy han estado marcadas por el cerrojazo a cualquier reforma: su no en solitario, en 2013, a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) antidesahucios promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y sus recursos de inconstitucionalidad (suman siete, cinco de ellos todavía sin resolver) a cualquier iniciativa en parecido sentido surgida de los parlamentos autonómicos o de la sociedad civil.

Dos semanas después de la constitución del nuevo Ejecutivo, se sabe poco sobre las intenciones del PSOE. Entre los 17 ministerios no ha surgido uno de Vivienda, y aún se desconoce quién ocupará la dirección general correspondiente dentro del Ministerio de Fomento. El nuevo Gobierno no parece dispuesto a seguir la práctica del Ejecutivo de Rajoy de vetar en la mesa del Congreso las iniciativas parlamentarias que no son de su agrado (una reciente sentencia del Constitucional limita esta posibilidad, de todas formas). Esto daría pie a la toma en consideración parlamentaria de la denominada Ley de la PAH, vetada en la mesa del Congreso por el PP y Ciudadanos.

Paco Morote, portavoz de la campaña de la Ley de la PAH, define como “un carrusel” el ir y venir de la propuesta de las plataformas de afectados para terminar con las deudas de por vida, vetar el corte de suministros en hogares pobres y incluir distintas medidas de protección de los inquilinos, moratoria de desahucios y movilización de vivienda vacía en manos de bancos y fondos.

Presentada en enero a través del grupo de Unidos Podemos con el apoyo de Bildu, Compromís y ERC, su recorrido se ha visto afectado —además de por el veto último de PP y Cs— por el propio clima político: “La íbamos a presentar en septiembre, pero no habría tenido ninguna repercusión por el tema catalán”, explica Morote en referencia a las vísperas del referéndum en Catalunya y al particular otoño reaccionario que le siguió.

La posibilidad de veto por parte del Gobierno expiró a las 20h del martes 12. Hasta que el Congreso pase a debatir la propuesta e incluir enmiendas, el pleno todavía tiene que votar su toma o no de consideración, algo que se puede retrasar hasta septiembre por las vacaciones parlamentarias y por la larga lista de proposiciones de ley bloqueadas por el PP que ahora esperan su turno a ser debatidas. La intención de la PAH, no obstante, es que la propuesta se tramite de manera urgente dada la situación de emergencia que se vive en relación con el acceso a la vivienda.

El debate tras el chalé

Ni las deudas de por vida, ni los desahucios, ni la burbuja residencial, ni el problema de los alquileres, es decir ninguna de las etiquetas recientes con las que se ha abordado el problema estructural de acceso a la vivienda en el Estado español, tuvieron un lugar en el debate de la moción de censura, ni en los discursos de ninguno de los participantes (con la excepción de Alberto Garzón, de IU). Si hubo una referencia, fue la de Rafael Hernando (PP) o Ínigo Alli (UPN) al chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero. En el CIS de abril la vivienda no aparece listada como preocupación en el listado de respuesta abierta generalmente encabezado por el paro.

“De seguir con el ritmo del primer trimestre, este año podríamos terminar con 70.000 desahucios”, comenta alarmado Morote. El activista murciano de la PAH se muestra preocupado por la desaparición del tema en la agenda política: “Hay una falsa creencia de que ya no existe un problema de vivienda”. Aunque los datos de los juzgados reflejan una bajada continuada de los desahucios hipotecarios, estos conviven con una subida también continuada de los desahucios registrados por impago de alquiler (+1% en el primer trimestre de 2018), a los que se suman los denominados desahucios invisibles, los que afrontan las numerosas comunidades de inquilinos que abandonan sus casas sin demanda judicial después de no renovar sus alquileres ante las subidas de hasta el 100% de las rentas permitidas por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

El problema, advierte la PAH, no solo está cambiando temporalmente de sitio (de hipotecas a alquileres y otro tipo de situaciones) sino que atraviesa una situación de tregua. Desde enero de 2017, la cláusula que permitía a los bancos iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria (y con él, el desahucio) al primer impago está declarada como abusiva por la justicia europea, y los procedimientos están congelados hasta que el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva las preguntas planteadas por el Tribunal Supremo español.

“De una forma u otra, esos procedimientos se reactivarán” cuando el TJUE se pronuncie, advierte Morote. La ley presentada por la PAH deberá contar sí o sí con el apoyo del PSOE, partido que ya ha asegurado no compartir al 100% las medidas incluidas por la Plataforma. Además de Mar Rominguera, la diputada del PSOE y exministra de vivienda Beatriz Corredor se mostraron contrarias a la dación en pago retroactiva —que con la entrega de la casa se liquide la deuda, y que esta medida afecte a todas las ejecuciones iniciadas antes de la aprobación de la ley, más de 700.000— en la reunión que mantuvieron con representantes de la PAH en el Congreso. Otra medida central, la cesión de uso de las viviendas vacías de bancos y fondos, tampoco era del agrado del PSOE, más proclive a otras fórmulas.

“Corredor y el PSOE se han mostrado más cercanos al concepto de ‘seducir a los propietarios’ de vivienda vacía”, señala a El Salto Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, quien también se ha reunido esta legislatura con todos los grupos parlamentarios para trasladar sus seis medidas de protección del inquilinato. El énfasis del PSOE es no forzar y favorecer la salida al mercado de parte del parque de vivienda vacía —3 millones y medio de primeras residencias en 2011— con más medidas de beneficios fiscales y mediante la compra, por parte de la administración, de parte de este ‘stock’ de vivienda, algo que no es del agrado ni de la PAH ni de los sindicatos de inquilinos. “Ese tipo de medidas serían más de lo mismo”, señala Gil.

Los sindicatos de inquilinos, surgidos en Barcelona y Madrid —y extendidos a más ciudades del Estado— el curso pasado ante la subida de alquileres y la expulsión de vecinos, reclaman que la legislación —la LAU o la regulación de nuevos actores del mercado como las socimi— defiendan una idea fuerte de acceso a la vivienda y de derecho de uso, frente a la idea de vivienda como bien de inversión. “El PSOE sigue atascado en esa idea, y defiende que las socimi han sido una parte central en la recuperación del mercado inmobiliario tras la crisis”, critica Gil.

El partido se opone en principio a retirar los privilegios fiscales de estas empresas (solo pagan un 1% de impuesto de sociedades) o a aplicar la prórroga automática de los contratos a los denominados grandes tenedores, así como a otras medidas propuestas por el Sindicato de Inquilinos como establecer un índice de referencia obligatorio que evite las subidas de precio del alquiler al margen de los salarios o del Índice de Precios al Consumo (IPC). Otra propuesta de Ley, impulsada por Unidos Podemos, incluye medidas en parecida dirección al crear un procedimiento judicial para denunciar alquileres abusivos que se salten el precio de referencia.

propuesta sindicato inquilinos partidos políticos

El ojo europeo

“El PSOE ya ha mandado un mensaje muy claro colocando a la Troika en Economía y a Susana Díaz en Hacienda”, opina Rafa Mayoral, diputado de Podemos, en referencia a los nombramientos en respectivos ministerios de la exnúmero dos en la comisaría europea de Presupuestos, Nadia Calviño, y de la exconsejera andaluza de Hacienda, María Jesús Montero. Mayoral señala a El Salto una posible muestra de continuidad entre la línea del PP y del PSOE en la cuestión hipotecaria: el apoyo del PSOE al proyecto de ley de crédito hipotecario impulsado por el exministro de Economía Luis de Guindos.

El ojo europeo está mucho más pendiente de las regulaciones españolas del mercado hipotecario o del mercado de vivienda de lo que aparenta. En sus recursos al Constitucional, una argumentación central del Gobierno de Rajoy era que medidas como la expropiación temporal de viviendas de los bancos para el realojo de los hogares desahuciados atentan contra la estabilidad financiera de las entidades y contra el memorando de entendimiento firmado con la Unión Europea.

El propio PSOE especificaba en su programa electoral que cualquier medida que afectara al parque de viviendas de Sareb —el banco malo con participación estatal creado por imposición europea tras el rescate de las antiguas cajas en 2012— deberá tener en cuenta la devolución de deuda adquirida por Sareb para la compra de los activos invendibles de la banca.

Precisamente, la entidad presidida por Jaime Echegoyen daba en la segunda semana de Sánchez una señal inequívoca de adelanto de los tiempos que vendrán. En declaraciones durante un encuentro con periodistas económicos, Echegoyen desvelaba el lunes que, de las 4.000 viviendas ofrecidas por Sareb desde 2013 para alquiler social, casi 1.900 no habían sido aceptadas por las administraciones o por los propios afectados. Omitía la localización y estado de las viviendas. 

Cargando valoraciones...
Ver comentarios 3
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Cargando relacionadas...

Murcia
Extrema derecha
La Fiscalía de Murcia investigará si el presidente de Vox Murcia ha incurrido en delitos de odio
El órgano judicial responde a las denuncias de PSOE, Izquierda Unida y Podemos que apuntan a José Ángel Antelo como instigador de las razzias que se están llevando a cabo en Torre Pacheco.
Opinión
Integración, valores europeos, y otros grandes chistes racistas
El poder ha sabido rentabilizar bien las migraciones: se explota su fuerza de trabajo para engordar las sacas del capital, se explota su alteridad para que la gente no piense en la desposesión que sufren por culpa de este régimen de la avaricia.
Opinión
Lo de Torre Pacheco tiene un nombre: terrorismo supremacista blanco
Lo que está pasando en la localidad de Murcia es responsabilidad de una narrativa supremacista blanca alimentada por políticas migratorias racistas y por la criminalización y estigmatización que sufren las poblaciones migrantes y racializadas.
Comunidad de Madrid
Los bomberos forestales madrileños inician una huelga de un mes
Cerca de 80 trabajadores se han encerrado en la sede de Tragsa a la que acusan de no negociar mejoras laborales y ante la “desidia” de la Comunidad de Madrid.
Economía
¿Cómo funciona el mecanismo de defensa que Europa podría activar contra los aranceles de Trump?
Varios gobiernos europeos apuestan y presionan a la Comisión Europea para que active el Instrumento contra la coerción económica contra las amenazas estadounidenses.
El Salto n.79
La celulosa o la vida: periodismo situado y lucha social para frenar un ecocidio
El jueves 17 de julio os esperamos en el CS “A Nubeira” de Vigo para presentar el último número de la revista El Salto.
Maternidad
La discriminación de las familias monoparentales por los permisos de nacimiento llega al TEDH
Una familia monoparental demanda al Estado español por entender que se ha vulnerado su derecho a la no discriminación.
Fronteras
Las devoluciones en caliente de solicitantes de asilo pasan a ser política oficial en Alemania
La Alemania de Friedrich Merz consagra una política de mano dura y devolución en caliente de solicitantes de asilo que las ONG de apoyo a migrantes denuncian como ilegal.

Últimas

Comunidad El Salto
El Salto estrena nueva página: una web como una casa
Después de un año de trabajo, lanzamos en julio la nueva web de El Salto, con un nuevo diseño, pero, sobre todo, con una nueva Zona Socias llena de ventajas para las personas que hacen posible El Salto con su apoyo.
Alicante
Denuncian cortes de suministro en pleno verano por parte de Aguas de Alicante
Varios bloques de edificios del barrio de Los Ángeles padecen cortes de agua a lo largo del mes de junio y julio sin que la empresa les diera una respuesta clara sobre la situación.
Sindicatos
Extremadura con Las Seis de La Suiza
CNT Extremadura, con el apoyo del Sindicato 25 de Marzo, CC.OO y UGT, convoca una concentración de apoyo en Cáceres el jueves 17 de julio.
Opinión
Redes sociales
Todos vivimos ahora en el castillo del vampiro
Puede parecer contraintuitivo, pero irritar a la gente es de hecho una manera ahora de pacificarla. Porque lo que hace es agotarnos: canalizar nuestro tiempo y nuestra energía creativa al espacio virtual.
Más noticias
Palestina
La coordinadora europea contra el antisemitismo dice que los informes sobre la hambruna en Gaza “son rumores”
Katharina von Schnurbein es la encargada de proteger a Israel en las discusiones que esta semana tienen lugar sobre el acuerdo preferencial que la UE tiene con el Estado sionista.
Palestina
Más de mil caras conocidas de la cultura exigen al Gobierno que cese la venta de armas a Israel
Una carta dirigida al presidente del Gobierno por más de mil profesionales de la cultura considera que “mantener los negocios armamentísticos con Israel es complicidad activa con el genocidio”.

Recomendadas

Málaga
Málaga, el punto de inversión para los fondos israelíes a pie de playa
Diversos fondos de origen israelí están presentes en proyectos urbanísticos de Málaga influyendo en la turistificación de la provincia mientras se enriquecen con la ocupación de Palestina
Feminismos
Patricia Reguero
“Mis relatos están escritos al lado de otras, arropada por la escucha de otras”
Patricia Reguero Ríos, redactora de El Salto, presenta ‘Todo lo que pasó el día que me mordió mi hija’ (La Imprenta, 2025), un conjunto de relatos que desde lo individual apelan a lo colectivo y que se devoran con una mezcla entre ansiedad y placer.
LGTBIAQ+
Mana Muscarsel
“La amistad da más juego para salir de la lógica de la familia porque tiene menos reglas"
La autora y psicóloga argentina pone en valor la amistad frente a los modelos relacionales centrados en la pareja y la familia. Tampoco le interesa la familia elegida: “Marca una línea muy clara entre lo que pertenece y lo que no”.
Barcelona
El reciclaje invisible: la relación entre la chatarra y la ciudad de Barcelona
La red de reciclaje en Barcelona es de una complejidad casi hermética, más aún si hablamos de los recicladores informales, más conocidos como chatarreros. Salimos a la calle a entender una economía sumergida que está a la vista de todos.
Comentarios 3

Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.

Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!

Cargando comentarios...