El Constitucional pone en entredicho el veto a propuestas de ley por la Junta de Extremadura

El primer requisito para que sean debatidas las proposiciones de ley que se registran por parte de los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Extremadura, sean debatidas, es contar con el visto bueno del Gobierno, que tiene capacidad para vetar las que, según su consideración, supongan “un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios”.

El Gobierno de Rajoy, o los ejecutivos autonómicos, cuando no cuentan con una mayoría suficiente para rechazar la propuesta de ley en el trámite parlamentario, abusan de la capacidad de veto para que la propuesta no pueda ni si quiera llegar a tramitarse vía parlamentaria.

El Tribunal Constitucional (TC) falló recientemente contra el Gobierno estatal en la decisión de la Mesa del Congreso de desatender su escrito de veto que pretendía no tramitar una proposición de ley del PSOE para derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa

En este sentido, el Tribunal Constitucional (TC) falló el 12 de abril contra el Gobierno estatal en la decisión de la Mesa del Congreso, que se opuso al veto de Rajoy a la tramitación de una proposición de ley del PSOE para derogar la Ley de Mejora de la Calidad Educativa. En lo que va de legislatura en el Congreso el Ejecutivo del PP ha vetado más 50 proposiciones de ley de la oposición, récord en democracia.

La referida sentencia del TC es de una gran importancia, ya que da la posibilidad a la Mesa de cada parlamento  de rechazar la falta de conformidad del Ejecutivo en aquellos casos en los cuales el Gobierno no haya justificado o motivado de forma explícita la afectación concreta y detallada al Presupuesto vigente de una propuesta de ley o enmienda. Es decir, si el veto del gobierno no cumple estos requisitos, la Mesa del parlamento puede levantar el veto y facilitar que se tramite la propuesta de ley.

PROPUESTAS DE LEYES VETADAS EN LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

Paradójicamente, la actuación del grupo parlamentario socialista en el Congreso se vuelve en contra de la actuación del gobierno socialista en Extremadura. El PSOE presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra el uso abusivo que, a su juicio, hace el Gobierno estatal, con el apoyo de Ciudadanos, de su capacidad de vetar iniciativas legislativas de la oposición en el Congreso. Según su consideración, “el Gobierno lleva a cabo una interpretación arbitraria y extensiva de su capacidad de veto, algo que no tiene precedentes en democracia”.

Además, una vez que la sentencia del TC dio la razón al Congreso, el Grupo Socialista en el Congreso solicitó que la Mesa de la cámara reconsiderase todos los vetos del Ejecutivo a sus proposiciones de ley, mientras que Unidos Podemos volvió a presentar sus proposiciones anteriormente vetadas.

Sin embargo, en Extremadura la situación se invierte, y es el Gobierno del PSOE el que veta las leyes y la oposición la que se queja de la utilización abusiva y arbitraria de la capacidad de veto.

En lo que se lleva de legislatura, la novena, la Junta de Extremadura ha utilizado hasta en ocho ocasiones su capacidad de veto en propuestas de leyes presentadas por la oposición, lo que constituye un récord, si tenemos en cuenta que en la pasada legislatura cuando gobernaba Monago vetaron 5 propuestas de leyes (3 del PSOE y 2 de IU) y en la séptima legislatura no hubo ningún veto.

En lo que transcurre de legislatura, la novena, la Junta de Extremadura ha utilizado hasta en ocho ocasiones su capacidad de veto

El veto lo ha sufrido especialmente el grupo parlamentario Podemos, puesto que siete de sus propuestas de ley han sido vetadas. Además ha sido vetada una propuesta del grupo parlamentario popular. En concreto, las propuestas de leyes vetadas han sido la de Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración Pública Extremeña (vetada en dos ocasiones), la de modificación de la Ley de Renta Básica Extremeña de Inserción, la de paliar y reducir la pobreza energética, la de Medidas Urgentes para afrontar la Emergencia Habitacional, la de Medidas Tributarias para el Impulso Económico, Social y Demográfico de Extremadura y la del Comercio Ambulante de Extremadura (que se presentó posteriormente por segunda vez y tras diversas modificaciones fue aceptada su tramitación).

En la primera propuesta vetada, la de regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana, la Junta se limitó a manifestar su no conformidad a la tramitación por implicar aumento de gasto en el ejercicio presupuestario en curso, un veto que el Secretario Primero de la mesa de la Asamblea consideró falto de motivación.

Tras la queja por falta de motivación, en la segunda propuesta de ley vetada, referente a la reforma de la ley de la renta básica, la Junta de Extremadura concreta algo más las razones de su negativa. Entre otras cuestiones, supondría “un gasto desmesurado que no sería viable para la Comunidad Autónoma, perdiendo la finalidad de inserción laboral que persigue la Ley de Renta Básica, ya que se define como una renta básica de inserción no una renta básica universal para todo extremeño”.

En general, en las diferentes propuestas vetadas, la Junta señala que presentan un aumento de gastos no previstos en los presupuestos, aunque no cuantifica con cifras concretas esos incrementos. Excepción a esto lo constituye la propuesta de ley de Medidas Tributarias para el Impulso Económico, Social y Demográfico de Extremadura, presentada en noviembre de 2017 por el Partido Popular. Tras presentar una queja este partido por la falta de motivación del veto, se informa por parte de la Junta del impacto económico negativo que supondría para los presupuestos generales desglosando mediante cuantificación económica los diferentes artículos de la propuesta de ley presentada. 

La propuesta de ley del comercio ambulante fue vetada en un primer momento al expresar la Junta que "supondría un aumento de los gastos, ya que la misma establece obligaciones a la Administración autonómica tales como la puesta en marcha de un Registro de Vendedores Ambulantes (capítulo IV), la adopción de medidas de fomento a los mercadillos (artículo 8.3), así como la adopción de medidas de publicidad y promoción de los mercadillos de distinta índole (artículo 18) y que requieren una inversión relevante aún por determinar". 

El Gobierno debe justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios

Esta indeterminación de un posible aumento de la propuesta de ley de comercio ambulante contrasta con la referida sentencia del TC, que afirma: “Teniendo en cuenta que cualquier iniciativa o proposición de ley es susceptible de suponer un incremento de gasto o una disminución de ingresos, el Gobierno debe justificar de forma explícita la adecuada conexión entre la medida que se propone y los ingresos y gastos presupuestarios. Esta conexión debe ser directa e inmediata, actual, por tanto, y no meramente hipotética”. La sentencia también exige que se concreten y cuantifiquen los gastos, precisando las concretas partidas presupuestarias que se verían afectadas.

En conclusión, la sentencia del Constitucional nº 355-2017 de fecha de 12 de abril de 2018 en la que se desestima el conflicto entre órganos constitucionales del Estado, establece unos requisitos a los Gobiernos para usar su derecho al veto de las propuestas de ley que deja en evidencia los vetos o gran parte de los vetos realizados por el Ejecutivo estatal y por la Junta de Extremadura. También complicará futuros intentos de veto.