Junta de Andalucía
La Audiencia de Sevilla eleva a la UE la sentencia absolutoria del Constitucional del caso ERE

Hasta el Caso Cerdán, cuando se nombraba la palabra corrupción en relación al PSOE, la gran referencia era el Caso ERE, que salpicó a decenas de dirigentes del partido en Andalucía. Un caso que lleva más de diez años persiguiendo a la agrupación en la región y que ha supuesto la caída en picado de sus resultados en el territorio. En julio de 2024, el Tribunal Constitucional publicaba una sentencia que contradecía a la emitida por el Tribunal Supremo en 2022 que exponía la creación de “un instrumento jurídico ilegal” utilizado por la cúpula del gobierno andaluz socialista entre los años 2000 y 2009 para “intervenir” en los procesos de resolución de las partidas presupuestarias para conceder las ayudas sociolaborales a empresas amigas y “disponer” de dinero público de forma “arbitraria”. La institución judicial apunta que el gobierno andaluz enriqueció así a diversas empresas privadas utilizando 680 millones de euros de fondos públicos. Una sentencia que sentenciaba, por vez primera, a dos expresidentes socialistas de la región, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.  El Tribunal Supremo ratificaba así las penas establecidas por la Audiencia de Sevilla en 2019.

La sentencia del Constitucional del pasado 2024 anulaba de forma total o parcial las penas a los presidentes y otros altos cargos del PSOE-A. Una decisión que parecía suponer el fin del proceso judicial; sin embargo, la Audiencia de Sevilla ha decidido llevar la sentencia del Constitucional a la Justicia europea. El organismo sevillano ha tomado la decisión de exponer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la necesidad de una revisión de la resolución del TC para “evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares“ y ”salvaguardar los intereses financieros de la UE“. La audiencia provincial considera que el TC “se ha extralimitado” y que ha realizado una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación” del caso. Así lo ha expuesto en un auto emitido el pasado lunes por la Sección Primera de la Audiencia, que también considera que la decisión del Constitucional “incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción”.

El documento de la Audiencia sevillana, firmado por las magistradas Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Patricia Fernández y los magistrados Francisco de Asís Molina y Juan Jesús García, expone que la sentencia del TC supone “una vulneración del principio de legalidad penal nacional de altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Andalucía condenados por los tribunales ordinarios (la Audiencia y el Tribunal Supremo al desestimar sus recursos de casación) por prevaricación y malversación, e imponen una interpretación restrictiva respecto a los delitos relacionados con la corrupción”. Estos magistrados han elevado a la Unión Europea hasta cuatro aspectos en su cuestión prejudicial y piden al TJUE que analice y sentencie sobre la legitimidad de la decisión del Constitucional. Mientras tanto, han dejado sin efecto la “ejecución de los mandatos contenidos en las sentencias”.