Razones, secretos, cloacas y mentiras de Estado
El franquismo blindó los secretos de Estado para que nunca fueran desclasificados. El Congreso debate establecer un límite temporal para abrir archivos que permitirían conocer el cómo y el porqué de las decisiones tomadas en nombre de la llamada razón de Estado
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El reloj de la legislatura corre en contra de la transparencia. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) quiere sustituir, en los próximos meses, la actual Ley de Secretos Oficiales, formulada en 1968 por el régimen de Franco y apuntalada, en términos restrictivos, en sucesivas reformas en 1978, 1986 y 2010 —las últimas veces con gobiernos del PSOE—. Aunque el 21 de septiembre el Ministerio de Defensa acordó la desclasificación de 500 cajas de documentos del franquismo, la propuesta de ley quiere que la apertura de archivos no dependa del gobierno de turno. El nuevo texto aborda un enfoque integral de un factor fundamental para la salud democrática: el conocimiento del pasado y la toma en consideración del futuro de las decisiones que el Estado toma en el presente.
Tras un año parada, la propuesta plantea situar a España en las coordenadas internacionales: poner fecha a la apertura de archivos como único modo de conocer la historia, las motivaciones de las decisiones tomadas en asuntos clave del Estado y la información con la que se contaba en el momento de emitir esos juicios. En paralelo, una reforma del sistema de aforamientos quiere lanzar un mensaje regeneracionista y paliar arraigadas creencias populares respecto a los privilegios de la casta política. La reforma se ha topado con la inviolabilidad del rey Juan Carlos I.
Y en ese contexto de tortuosa adecuación a los nuevos tiempos, vuelve el tufo de las cloacas. La divulgación en prensa de grabaciones hechas por el excomisario José Manuel Villarejo ha hecho zozobrar al Gobierno de Pedro Sánchez por la implicación de Dolores Delgado en la práctica del bocachanclismo, esto es, utilizar información confidencial o sensible como moneda de cambio o simplemente como exhibición del poder que esa información otorga a quien “está en el secreto”.
De los dossieres de Villarejo salió, el pasado 26 de septiembre, una grabación de la ministra refiriéndose “al grupo de tíos del Supremo y la Fiscalía con menores de edad” en Colombia. Políticos, jueces, empresarios. Toda una capa de poderosos en guardia ante la divulgación de lo que un día fue secreto. Secretos obtenidos en una actividad privada del excomisario, hasta que se demuestre lo contrario. Confidencias y asuntos sucios que han sido el lubricante de la democracia antes incluso de su restauración, desde el nacimiento de la contrasubversión —Operación Compás contra el Duque de Cádiz— a los microfilms del agente rebotado del CESID, Juan Alberto Perote, protagonistas de la anterior “guerra de dossieres periodísticos” durante la caída del felipismo, a mediados los 90.
A lomos de la razón de Estado
Unas horas antes de que Aitor Esteban, del PNV, interpelara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que aceptase la necesidad de impulsar la Ley de Secretos Oficiales para “conocer la verdad” a partir de los archivos secretos, José María Aznar hizo una aparición estelar en el Congreso. Aznar utilizó su comparecencia para vetar explícitamente la entrada de Podemos en el círculo de iniciados que aseguró representar.
Pasada la hora de explicaciones, el expresidente negó que España participara en la guerra de Iraq. El reloj de la historia de España se volvía a detener en una batalla de relatos. La interpretación de la historia por parte de un presidente que se sabe blindado por la actual Ley de Secretos Oficiales. Un relato bajo el que el expresidente se permite omitir que un 4 de septiembre, hace 15 años, Jorge Dezcallar, el entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) reiteró, en la comisión de gastos del Congreso —considerada, de facto, la comisión de secretos oficiales—, que la agencia había advertido, en repetidas ocasiones, que nunca hubo armas de destrucción masiva en Iraq. Dos meses después, ese mismo 2003, siete agentes del CNI morían en un ataque en Latifiya, al sur de Bagdad.
La razón de Estado sigue regulando los silencios, marcando la agenda política, convirtiendo la investigación periodística en una guerra de dossieres, empozoñando los debates sobre transparencia y participación democrática
El 18 de septiembre de 2018 Aznar cabalgó, una vez más, a lomos de la “razón de Estado”, criticando al PSOE por zozobrar en la venta de armas a Arabia Saudí y humillando a los socialistas con la certeza de que no son capaces de imponer otro criterio que no sea el comercial en su relación con los saudíes. El mensaje iba para Pedro Sánchez: o estás en la razón de Estado, y eso implica “estar en el secreto”, o estarás fuera antes de lo que piensas.
Pensamiento
Del Estado secreto
El secreto genera poder. Su práctica impide ver cómo es en realidad el semblante del Estado.
La última comparecencia
La Comisión de Gastos Reservados es el único organismo de control de los secretos oficiales que existe en el Congreso de los Diputados. La conforman, por un acuerdo no escrito, las portavocías de los grupos parlamentarios y se reúnen a petición de la presidenta del Congreso. Sus deliberaciones son secretas y quienes divulguen la información vertida en ellas se arriesgan a consecuencias penales, no meramente de régimen disciplinario.
En los últimos tiempos se han producido cuatro comparecencias: dos del director del CNI —Félix Sanz Roldán—, una de la anterior vicepresidenta del Gobierno y una cuarta del anterior ministro de Exteriores. Han tratado temas diversos: las relaciones por parte del CNI con Abdelbaki Es Satty, “imán de Ripoll” responsable, según las investigaciones, de los atentados de 2017 en Barcelona y Sitges; la supuesta injerencia extranjera en la crisis con el Gobierno de Catalunya; y el propio uso de los fondos reservados.
Corinna zu Sayn-Wittgenstein fue la protagonista ausente de la última reunión de la comisión hasta el día de hoy. Se celebró a principios del verano. Sobre la mesa, las informaciones sobre el papel del rey emérito, Juan Carlos I, como intermediario en la venta de armas, a través de Sayn-Wittgenstein. La ex del rey fue “pillada” en una conversación con José Manuel Villarejo. En aquella ocasión, Sanz Roldán defendió que las grabaciones fueron “guionizadas” y que parten del despecho de Sayn-Wittgenstein.
Pese al secreto debido, la versión del CNI de lo que sucedió en esa comisión se divulgó a las pocas horas. Sobre esa versión se ha edificado, en las semanas posteriores, el rechazo de PSOE, PP y Ciudadanos a la creación de una comisión de investigación sobre el rey Juan Carlos. Caso cerrado. Como la responsabilidad política de los GAL, los beneficiarios de las amnistías fiscales de la historia reciente o las contraprestaciones recibidas por los corruptores de los papeles de Bárcenas. Casos cerrados por los límites que se ha impuesto el Estado y los que el poder judicial se ha autoimpuesto o ha decidido no explorar.
Democracia blindada
En 1968, la cúpula franquista tomó dos decisiones cruciales. La primera fue la creación de la aún vigente Ley de Secretos Oficiales, uno de los “vértices fundamentales del modelo español de impunidad”, en palabras del historiador Sergio Gálvez Biesca. Un blindaje que afecta a los crímenes del franquismo, pero que fue asumido y reforzado por la legislación posterior para preservar a los gobiernos del escrutinio por parte de opinión pública, historiografía y periodismo. “Cada retoque de la ley —explica Gálvez— ha supuesto una pequeña ampliación restrictiva en torno a un cada vez mayor número de diferentes materias potencialmente objeto de ser declaradas clasificadas o reservadas”.
Cuentan que fue el ministro de Educación quien preocupó a Franco con noticias de la insurrección que se fraguaba en las universidades. Luis Carrero Blanco y José Ignacio San Martín crearon la Organización Contrasubversiva Nacional, germen, junto con el servicio del Alto Estado Mayor del Ejército, de los posteriores Seced y Cesid —el actual CNI—. De las tácticas de contrasubversión se evolucionó hasta el actual concepto de inteligencia y análisis.
De la estructura militar y el espionaje tutelado por el Mosad israelí, se pasó a la actual estructura policial y la coordinación —conflictiva— con los equipos operativos de Policía y Guardia Civil.
Cincuenta años después, servicios de inteligencia y secretos de Estado funcionan con relojes distintos pero bajo el mismo huso horario. La razón de Estado sigue regulando los silencios, marcando la agenda política, convirtiendo la investigación periodística en una guerra de dossieres, empozoñando —las más de las veces— los debates sobre transparencia y participación democrática.
Una razón de Estado escurridiza para quienes son ajenos a ella y potencialmente incendiaria para quienes intentan cabalgarla. Definida por intereses económicos y empresariales, por la pretensión hegemónica de la Iglesia católica, por la fe ciega en la unidad territorial y los rescoldos del imperialismo pasado, el africanismo y la relación con América Latina.
Sobre esa entraña, y sobre cloacas, secretos, mentiras y dossieres, se edifica la actual democracia española. Cincuenta años después de los dos movimientos tácticos del franquismo, cuarenta después de la aprobación de la Constitución.
Justificación. La restricción de acceso a los archivos se basa en materia de seguridad y defensa. Frente a eso, se contraponen criterios de transparencia, la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho de los pueblos a conocer su historia.
Incumplimiento. No ha existido, en estas décadas, voluntad política para hacer cumplir lo que dice la ley de 1968 en lo relativo a los plazos y procedimientos de desclasificación.
Prevención. Uno de los puntos rojos de la negociación será la obligatoriedad de que los acuerdos de los Consejos de Ministros no sean secretos y se justifique por qué la información se quiere preservar del escrutinio.
Plazos. La propuesta de ley establece una obligatoriedad de apertura de archivos de 25 años para materias clasificadas secretas y de diez años para las reservadas.
No prescripción. Una enmienda de Unidos Podemos quiere establecer que, si hay indicios de responsabilidad civil, administrativa y penal, los posibles delitos no prescribirán por el paso del tiempo en que estuvieron clasificados como secretos oficiales.
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