Industria armamentística
El dilema de Sánchez: barcos de guerra hacia Arabia Saudí o derechos humanos

Fueron las últimas fotografías oficiales que dieron fe de la gira que Mohamed bin Salman llevó a cabo en la primavera de 2018. En ellas aparece el príncipe heredero saudí junto al rey Felipe VI, junto a Mariano Rajoy y con María Dolores de Cospedal. Como en los registros de sus visitas a Estados Unidos y otros países de Europa, Bin Salman aparece con gesto afable, sonriente por momentos. Donald Trump, Theresa May, Emmanuel Macron y los mandatarios españoles abrieron sus puertas al hombre que carga sobre sus hombros la política realmente existente de la monarquía saudí. Al responsable de la operación Tormenta Decisiva sobre Yemen. A un presunto criminal de guerra, si se atiende a las denuncias de las ONG que cubren el impacto de la guerra que transcurre en el país del golfo de Adén. A un candidato a ser el “hombre más peligroso del mundo”, según The Independent.

Tres meses después de esa gira, en el mes de julio, el Gobierno saudí remitió un contrato largamente buscado por la naviera pública española, Navantia. Firmado de puño y letra por Bin Salman, la venta de cinco corbetas basadas en el modelo Avante 2200 aportará a la armadora más de 1.800 millones de euros de ingresos. Es “el contrato del siglo” —el mayor firmado por la industria armamentística española— y ha sido presentado como una oportunidad para el empleo de la bahía de Cádiz, Cartagena y Ferrol. Las críticas, no obstante, han arreciado, especialmente tras el ataque de la coalición saudí contra un autobús en Sa’ada, al norte de Yemen, en el que murieron 40 niños que viajaban a un campamento de verano.

El atentado del 9 de agosto comenzó a cambiar la hasta ahora excelente relación entre las autoridades de ambos países. En un comunicado hecho público tras el ataque de Sa’ada, el Ministerio de Exteriores de Josep Borrell abría una pequeña ventana a la revisión de sus condiciones de venta de armas a la coalición saudí. El Gobierno, aseguraba el comunicado, “de acuerdo con el compromiso de su presidente, revisará esas condiciones para asegurar su efectividad”.

No obstante fue Defensa el primer gabinete en concretar la amenaza. El 3 de septiembre, el Ministerio desautorizaba la venta de 400 bombas de precisión a la Coalición Saudí. Un paso que supone la renuncia al 1% de los 432 millones de las autorizaciones pendientes, pero que ha sido bien recibido por las ONG, que ayer salieron satisfechas de la reunión con la secretaria de Estado de Comercio.

La JIMDDU ha autorizado la práctica totalidad de las exportaciones bajo el compromiso político, no vinculante, por parte de Arabia Saudí de que esas armas no serán utilizadas fuera de su territorio

Un cambio de tono que puede plasmarse en la desautorización de la venta de las corbetas a Riad, un negocio con cantidades mucho más elevadas. La decisión la tiene que tomar la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), una comisión en la que participan varios ministerios y que no hace públicas sus actas y deliberaciones. De momento, según ha podido saber El Salto, la JIMDDU no ha recibido la solicitud de autorización por parte de Navantia —la constructora de las corbetas— pese a que la naviera tiene previsto empezar a “cortar chapa” en el mes de octubre.

Negocios o derechos

Alberto Estévez es analista de comercio de armas de la campaña Armas Bajo Control, formada por Oxfam Intermón, Amnistía Internacional, FundiPau y Greenpeace. En declaraciones a El Salto, Estévez reseña que el comunicado de Exteriores fue “muy cauto”, algo que refleja que ni siquiera menciona a Arabia Saudí —o a la coalición que encabeza esa nación— y se evita cualquier condena explícita del ataque. No obstante, las noticias de los primeros días de septiembre muestran la “buena disposición al diálogo” del Gobierno. Para la campaña Armas Bajo Control es un primer paso para que, efectivamente, se suspendan las exportaciones a ese país, algo que, indican se debería hacer incluso si se entra en proceso de revisión, de manera cautelar.

En este sentido, indica Estévez, “la prueba de fuego es el caso de Navantia: si el Gobierno es capaz de decir ‘no lo autorizo’, estará cumpliendo la legislación y le felicitaremos efusivamente”. Este analista se muestra, cauto ante la posibilidad de que el Gobierno cambie su política exterior en el sentido claro que plantean las ONG y otras organizaciones antimilitaristas: cambiar la prioridad comercial por el respeto de los derechos humanos. Este viernes, está prevista la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio y entonces se comprobará si se llevan a cabo las “medidas restrictivas, la suspensión de las exportaciones” que reclaman las organizaciones.

Más escéptico, Ignacio Robles también considera muy poco probable que el Gobierno desautorice la venta. Él ha vivido en su propia piel la política de “negocios como siempre” seguida por el Gobierno anterior. Como bombero del puerto de Bilbao, se negó a colaborar en la carga de cientos de toneladas de bombas con destino a Oriente Medio. A raíz del expediente que le abrieron, Robles comprobó que el pretexto utilizado por el Gobierno para la venta de armas a Arabia Saudí no se sostiene.

Hasta que comenzó el conflicto en Yemen, año 2015, no hubo cortapisas a la exportación, pese a que desde comienzos de siglo la plataforma Armas Bajo Control advertía de la escalada belicista que estaba llevando a cabo el Gobierno saudí. Posteriormente, la JIMDDU ha autorizado la práctica totalidad de las exportaciones bajo el compromiso político, no vinculante, por parte de Arabia Saudí de que esas armas no serán utilizadas fuera de su territorio. De hecho, la desautorización del pasado 3 de septiembre la realizó Defensa con un contrato que dependía del Ministerio que ocupa Margarita Robles.

La respuesta del Congreso a Robles a raíz de su expediente reflejó lo que era un secreto a voces: “No es que no saliera, es que parte de ese cargamento nunca llegó a Arabia Saudí”. Robles denuncia que la Junta Interministerial “sabe desde el primer momento que esas cláusulas no se están cumpliendo y, aun así, sigue haciendo exportaciones: eso es prevaricación”.

Carros de combate, granadas de mortero, munición de artillería, aviones de repostaje y ahora cinco corbetas. España se ha hecho un hueco en el top diez de exportadores de armas y Arabia Saudí es el primer destino de las armas que exporta fuera de la UE. Solo en 2017 se exportaron 361 millones de euros en este tipo de material a los países que forman la coalición saudí.

Esa lábil cláusula de no reexportación y uso interno es toda la garantía que el Estado tiene de que su material militar no sea empleado en Yemen o introducido en Siria a través de los “rebeldes” contra el Gobierno de Al-Assad. A finales de 2017, una investigación de The New York Times probó que bombas italianas fueron usadas en ataques aéreos sobre población civil en Yemen. También Italia firma compromisos sobre el uso “interno” de sus armas que, como probó aquel trabajo periodístico, no sirvieron para que las bombas quedaran cogiendo polvo en los arsenales saudíes. Por este motivo, Estévez considera que no es suficiente con la palabra del Gobierno saudí, ya que “su historial indica que ha violado ese tipo de acuerdos de forma reiterada”.

De la reunión de Armas Bajo Control con el Gobierno del 4 de septiembre, las ONG también sacaron en claro la implementación de un protocolo de verificación de uso —para que haya un control posterior a la exportación— y un certificado de uso final que comprometa al comprador a no usar sus armas para cometer violaciones graves del derecho internacional.

Movilización ciudadana

La sociedad civil vasca ha conseguido incomodar el tráfico de barcos saudíes, lo que llevó a los buques de transporte a abandonar el puerto de Bilbao. Hoy es el de Santander el que recibe los proyectiles de artillería de 150 milímetros procedentes de Expal en Burgos con destino Arabia Saudí. También en Motril se carga el material que exporta Santa Bárbara, otra de las artífices del salto de España a la cabeza de la industria armamentística global.

Una vez autorizadas las ventas, el rastro de las armas se pierde, subrayan desde Amnistía Internacional. Alberto Estévez valora positivamente que el Gobierno vaya a introducir mecanismos de control postventa al material de defensa, pese a que la medida tardará casi un año en implementarse.

Es una legislación menos avanzada que las del puñado de Estados europeos que directamente han dejado de exportar armas a Arabia Saudí, pero que el Ejecutivo español no había desarrollado hasta la fecha: “No hay un servicio para verificar que el uso es correcto, que no estás masacrando a civiles con tus armas”, resume Estévez. Los informes de Human Rights Watch muestran un dato incómodo para los socios occidentales del régimen de Salman bin Abdulaziz​: uno de cada tres ataques en Yemen se ha dirigido contra la población civil.

El caso de las corbetas es flagrante, denuncia Ignacio Robles: “¿Qué pasa, que Arabia Saudí va a firmar una cláusula diciendo que los barcos no van a salir del país? ¿Alguien se cree que unas corbetas no van a salir del país?”. La propia página de Navantia muestra las características del modelo que, si el Gobierno no decide lo contrario, se empezará a armar este otoño.

Este verano, las denuncias de altos cargos del Gobierno canadiense sobre la situación de la activista Samar Badawi llevaron a Arabia Saudí a cortar sus relaciones comerciales con Canadá

Cuatro cañones, uno de ellos con un diámetro de 76 milímetros, cinco lanzadores de misiles y torpedos, radares... “Estos barcos los puede utilizar tanto para atacar civiles como para el bloqueo, que para nosotros es la clave”, señala Estévez.

El bloqueo naval sobre Yemen es un factor de riesgo en la situación de hambruna denunciada por la ONU, que ha señalado la de Yemen como la “peor catástrofe humanitaria” de todas cuantas tienen lugar en el mundo hoy. Ignacio Robles deja abierta una pregunta: “En Yemen está muriendo un niño cada diez minutos. Las cinco corbetas van a conseguir un bloqueo más fuerte; ¿dónde vamos a ir a parar, a que van a morir cada nueve o cada ocho minutos?”.

Con el objetivo de “saber qué tipo de acuerdos hay, qué tipo de política va a tener el nuevo gobierno sobre ventas de armas y qué beneficios aportan al Estado”, el senador Carles Mulet (Compromís) presentó una pregunta oficial en el Senado. Explica que su grupo quiso poner el foco sobre el hecho de que lo que se presenta como “muy bueno para la economía española hace que nos olvidemos de para qué son esas armas”. Este senador de Compromís se lamenta de que la mesa del Senado vaya a “tumbar” las preguntas destinadas a saber si hay “algún intermediario ‘tipo Casa Real’ que hace negocios con la venta de las armas”.

Y es que, entre las razones que justifican la relación con Arabia Saudí, apenas hay otras que los intereses de empresas españolas y la histórica capacidad negociadora de la casa de Saud. El metro de Riad (FCC) o el AVE a La Meca (UTE de multinacionales y empresas públicas) son tajadas del IBEX 35 que podrían correr riesgo si el Gobierno de Pedro Sánchez se planta más decididamente ante las denuncias contra el régimen saudí.

De fondo, también están los hidrocarburos, que inclinan la balanza comercial a favor de Arabia Saudí. Este verano, las denuncias de altos cargos del Gobierno canadiense sobre la situación de la activista Samar Badawi llevaron a Arabia Saudí a cortar sus relaciones comerciales con Canadá, así como a obligar a los fondos de inversiones y compañías estatales a vender todos sus activos en la economía del país norteamericano.

La autorización para la construcción de las corbetas es “una cuestión de voluntad política”, indica Alberto Estévez. El Ejecutivo de Sánchez y la Secretaría de Estado de Comercio tienen la oportunidad de romper una “entrañable amistad” que se remonta a la restauración de la democracia en España, con el Gobierno de UCD.

la marca del rey juan carlOS

Eran los tiempos de Alkantara Iberian Export, una sociedad mercantil mixta impulsada por el Gobierno español —a través del INI y Focoex— y por Triad International, un consorcio puesto en marcha por Arabia Saudí y dirigido por el traficante de armas más famoso de la historia: Adhnan Kashogui.

Muchos de los personajes, Manuel Prado o el rey Fahd, han desaparecido de la foto. Otros, como el rey Juan Carlos, siguen conformándose con jugar un papel lo más discreto posible como puente entre los “intereses españoles” y el dinero saudí. El actual monarca de la casa Saud, Salman, apenas puede sacarle unas horas productivas al día, dicen los medios de comunicación, aquejado de un delicado estado de salud —y de alzhéimer, según diversas fuentes—. A pesar de que ya no se tratan de “hermanos”, la nueva generación —la de Felipe VI y Mohammed bin Salman— mantiene la mirada puesta en el mismo punto que los reyes del final del siglo.

El Gobierno de Felipe González nunca se desvió de ese punto. Sostuvo la ley de secretos oficiales de 1968 que no permitirá conocer cómo se llevaron a cabo esos acuerdos, y en 1987 estableció como secretas las actas de la junta interministerial que delibera sobre el comercio de armas, una categoría que las ONG insisten en que se puede revocar de un día para otro.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, con el aval de las ONG, la Ley 53/2007, que en su artículo 8 establece la denegación y revocación de autorizaciones de venta, “cuando existan indicios racionales de que el material de defensa [...] pueda ser empleado en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad en un ámbito mundial o regional”.

El Gobierno de Sánchez tiene la posibilidad de aplicar la ley de Zapatero —nunca cumplida completamente— o continuar con los negocios como siempre. La solución, este mes de septiembre.