Fiscalidad
Treinta ideas para tener unos impuestos más verdes

Las cinco principales organizaciones ecologistas piden al Gobierno una profunda reforma fiscal para introducir principios medioambientales en los gravámenes. “Sin criterios de ecofiscalidad no habrá transición ecológica”, advierten.

Fumigacion con glifosato
Foto: Chafer Machinery

publicado
2019-01-29 15:15:00

“España está a la cola de Europa en cuanto a fiscalidad ambiental”. Con esta contundente frase, expresada por Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, comenzaba la presentación del informe Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible . El texto ha sido presentado este martes por las cinco organizaciones defensoras del medio ambiente más importantes en el Estado español —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF—, colectivos que han resaltado que España se encuentra en el puesto 25 —de 28— en materia de inclusión de criterios medioambientales en sus tasas. 

La idea es simple: “Una reforma con criterios ecológicos del sistema fiscal para incentivar buenos comportamientos y disuadir de prácticas perjudiciales para el medio ambiente”, explicaba Ruibal. Y para ello plantean reformas de gravámenes tan claves para el sistema como el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades o el de Hidrocarburos, además de otros de menor importancia. También la creación de 13 nuevas tasas para incentivar buenas formas de hacer y penalizar prácticas que provoquen impactos negativos en la biosfera y los ecosistemas.

En total, las cinco organizaciones plantean treinta medidas para crear una “fiscalidad verde” que, como remarca el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, “no debe ser recaudatoria, sino finalista, y debe garantizar el principio de que quien contamina, paga”. Pretenden así, además, trasladar los costes ambientales de actividades económicas impactantes o el uso de contaminantes a sus responsables, bonificando por otro lado prácticas que sean positivas no solo para el planeta, sino también que ayuden a reducir los desequilibros sociales en un contexto de aumento de desigualdad como el que se viene viviendo en España desde hace décadas.

Si contaminas, pagas

La equiparación de las imposiciones entre el diésel y la gasolina para uso de vehículos es una vieja reivindicación de los ecologistas. “No hay ninguna duda de que el diésel es mucho más contaminante que la gasolina, ninguna, pero el diésel tiene un 23% menos de imposición”, señala el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura. El experto remarca que el mero hecho del anuncio del Gobierno de esta posibilidad, unido a la decisión de varias grandes ciudades de prohibir a medio plazo la circulación de los vehículos diésel a medio plazo, ha hecho que las ventas de este tipo de coches se hayan reducido un 26% en tres años.

Los impuestos especiales sobre Determinados Medios de Transporte y sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más conocidos como el de Matriculación y Circulación, respectivamente, también son objeto de reforma para los colectivos defensores del medio ambiente. Según estas, ambos puede ser utilizado para desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes.

En el caso del de Matriculación plantean actualizar la tasa de emisiones por la cual están exentos los vehículos —actualmente en 120 gr/km o menos de CO2, cuando la UE exige que sean como mucho 95 gr/km— y que solo se salven de pagarlo los vehículos con cero emisiones. Para el de Circulación —un gravamen local— piden “que un impuesto que hoy es solo recaudatorio pase a ser medioambiental”, como destaca Segura. La propuesta es cambiar sus criterios y, en vez de pagar el contribuyente una cuantía u otra en función del tipo de vehículo y su potencia, como sucede hoy, que la cantidad se fijada por el número de emisiones, “de modo que se desincentiven aquellos que más despilfarran, como esos todoterrenos enormes”, indica el coordinador de Ecologistas en Acción.

Los tributos que afectan al sector energético también están en el punto de mira de las organizaciones ecologistas, más cuando el Gobierno tiene pendiente presentar una reforma del sistema eléctrico anunciada en octubre.

El Impuesto sobre la Electricidad, eliminado por decreto con fin de ayudar a rebajar los exorbitados precios de la electricidad al mismo tiempo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba la reforma, “debería servir para introducir criterio ambientales en la factura eléctrica”, planteaba el director ejecutivo de Greenpeace. El objetivo: favorecer el ahorro y la transparencia mediante el cálculo de la factura en función de la electricidad consumida y no del precio de la misma impuesto en el mercado, “un pool que solo beneficia a los grandes consumidores”, denuncia Rodríguez.

La reforma del Canon de Utilización de los Bienes de Dominio Público Hidráulico, para gravar la ocupación y utilización de los bienes de dominio público, y de los impuestos sobre la Energía Nuclear, para disuadir de su uso, completan el paquete de medidas para el sector energético que proponen las cinco grandes organizaciones verdes.

IVA y RENTA

Una tasa omnipresente hoy es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, los ecologistas plantean “darle un poco de coherencia a los tipo de IVA en España, sobre todo para esos productos, actividades o servicios que puedan ser relevantes para una mejora medioambiental”, ha indicado la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, aplicando los tipos general, reducido o superreducido en función del impacto a los ecosistemas. Como ejemplos, mientras el transporte aéreo o alimentos no saludables con alto contenido en azúcares o grasas vegetales tienen un tipo reducido del 10% y deberían pasar al general de un 21%, según los ecologistas, productos como los pañales reutilizables o alimentos ecológicos que tienen un tipo general deberían pasar al superreducido.

El uso de fertilizantes químicos y plaguicidas que empobrecen el suelo y destruyen la biodiversidad también debería ser gravado, para las cinco organizaciones, con un tipo general y no uno reducido. Del mismo modo, facilitar el acceso a otros productos no contaminantes admitidos en la agroecología mediante un IVA reducido favorecería “que ganen productores y consumidores”, como señala la responsable de Amigos de la Tierra.

También proponen reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para incluir deducciones ambientales relacionadas con la movilidad sostenible, favorecer la gestión del territorio forestal sostenible o incentivar la custodia de la biodiversidad del territorio.

Nuevos gravámenes

Entre los impuestos de nueva creación que las cinco organizaciones defienden destaca uno sobre el Impacto Ambiental de la Ganadería Intensiva. Buscaría gravar la afectación causada por purines y emisiones difusas de metano, “pero diseñándolo con sumo cuidado para incidir en los modelos de producción más contaminantes, pero que no cargue sobre la ganadería extensiva, que crea empleo y fija población en el medio rural, siendo positiva para el medio ambiente”, puntualizaba Ruibal.

La contaminación también está en el foco de estas organizaciones, razón por la cual plantean gravar el vertido y la incineración de residuos, “porque incinerar es la peor gestión posible de los residuos”, denuncia la responsable de Amigos de la Tierra.

La creación de un Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo “para gravar las actuaciones en suelo rústico”, como indicaba el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, buscaría desincentivar la conversión de suelo no urbanizable en urbanizable en un momento en que la fiebre por el ladrillo vuelve a repuntar.

Sería esta última una de las iniciativas pensadas para salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad, al igual que lo harían otras dos propuestas de tasas: una sobre la caza y otra sobre el esquí alpino, creadas especialmente para proteger las zonas donde se realizan estas actividades, así como las adyacentes.

La creación de impuestos sobre envases no reutilizables, sobre la extracción de aguas subterráneas en acuíferos y manantiales para el consumo de agua embotellada o sobre actividades extractivas mineras son otras de las propuestas de los cinco colectivos ecologistas.

Unas medidas “oportunas”, señala Asunción Ruiz, “en un momento en que se están debatiendo los ‘presupuestos más sociales de la historia’, pero que en el siglo XXI no serán sociales si no se tienen en cuenta los riesgos medioambientales”. La responsable de SEO/Birdlife finaliza: “Sin criterios de ecofiscalidad no habrá transición ecológica”.

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8 Comentarios
#29955 23:30 30/1/2019

Los negacionistas climáticos de la derecha española buscan el beneficio cortoplacista y explotar hasta la extenuación los recursos naturales y la salud de la gente.

Por otro lado, cargan de impuestos indirectos (electricas) y no progresivos (IVA) a las clases populares mientras bajan la fiscalidad a los más ricos.

Desde Trump, Bolsonaro a Vox pasando por PP y C's la derecha es el cancer de nuestro planeta y nuestro futuro.

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#29945 17:46 30/1/2019

Resumiendo unos pijos elitistas pidiendo subir impuestos que pagará la clase trabajadora mientras ellos viven la vida.

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#29917 18:12 29/1/2019

Echo a faltar ser más agresivos fiscalmente con las incineradoras de residuos.

Concretamente, debería de dejar de clasificarse como "renovable" la energía sucia y patógena que se produce quemando residuos.

Y por esas razones, debería de dejar de subvencionarse CON DINERO PÚBLICO esa práctica generadora de cambio climático, productora de enfermedad y molestias, derrochadora de recursos materiales, generadora de residuos tóxicos y muy cara por ser infraestructuras de alta tecnología y que suele vincularse con una subida de las tasas de basura.

Conviene desactivar el potente lobby incinerador europeo que ha erigido un muro de silencio sobre los perjuicios sobre la salud de la ciudadanía que disimulan con la contaminación de los coches fósiles y la industria.

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#29919 20:15 29/1/2019

Aunque estoy de acuerdo en muchos de estos puntos para la fiscalidad ambiental.

Creo que se ganaría mucho simplemente retirando ayudas públicas a productos, servicios e infraestructuras que atentan contra el medio ambiente y la salud de las personas:

A.- Retirada de los planes PIBE y similares para la compra de coches fósiles.

B.- Dejar de invertir en el carisimo y elitista, aparte de destructor de territorio, TAV.

C.- Retirar ayudas a los cultivos transgénicos y a la ganadería intensiva.

D.- Retirar las ayudas a las compañías eléctricas (sobre todo el déficit de tarifa).

Con esos ahorros y otros similares, se limitaría el gasto público y se podrían financiar cambios estructurales.

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#29929 23:56 29/1/2019

Que ayudas hay por plantar transgénicos???

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#29940 14:14 30/1/2019

Las de la PAC europea.

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#29915 17:09 29/1/2019

Aunque no me parece del todo mal, si os fijais son todo gravamenes que nos van a afectar más a los que vivimos en las zonas rurales (agricultura, turismo rural, esqui, caza...) hechospor personas desde despachos en Madrid. Es decir que van a hacer más dificil la vida en los pueblos.

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#29916 17:13 29/1/2019

Los ecoloJETAS quieren más impuestos para que les den más subvenciones. De eso viven. Que se busquen un trabajo de verdad.

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