Treinta ideas para tener unos impuestos más verdes

“España está a la cola de Europa en cuanto a fiscalidad ambiental”. Con esta contundente frase, expresada por Blanca Ruibal, coordinadora de Amigos de la Tierra, comenzaba la presentación del informe Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible . El texto ha sido presentado este martes por las cinco organizaciones defensoras del medio ambiente más importantes en el Estado español —Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF—, colectivos que han resaltado que España se encuentra en el puesto 25 —de 28— en materia de inclusión de criterios medioambientales en sus tasas. 

La idea es simple: “Una reforma con criterios ecológicos del sistema fiscal para incentivar buenos comportamientos y disuadir de prácticas perjudiciales para el medio ambiente”, explicaba Ruibal. Y para ello plantean reformas de gravámenes tan claves para el sistema como el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades o el de Hidrocarburos, además de otros de menor importancia. También la creación de 13 nuevas tasas para incentivar buenas formas de hacer y penalizar prácticas que provoquen impactos negativos en la biosfera y los ecosistemas.

En total, las cinco organizaciones plantean treinta medidas para crear una “fiscalidad verde” que, como remarca el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, “no debe ser recaudatoria, sino finalista, y debe garantizar el principio de que quien contamina, paga”. Pretenden así, además, trasladar los costes ambientales de actividades económicas impactantes o el uso de contaminantes a sus responsables, bonificando por otro lado prácticas que sean positivas no solo para el planeta, sino también que ayuden a reducir los desequilibros sociales en un contexto de aumento de desigualdad como el que se viene viviendo en España desde hace décadas.

Si contaminas, pagas

La equiparación de las imposiciones entre el diésel y la gasolina para uso de vehículos es una vieja reivindicación de los ecologistas. “No hay ninguna duda de que el diésel es mucho más contaminante que la gasolina, ninguna, pero el diésel tiene un 23% menos de imposición”, señala el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura. El experto remarca que el mero hecho del anuncio del Gobierno de esta posibilidad, unido a la decisión de varias grandes ciudades de prohibir a medio plazo la circulación de los vehículos diésel a medio plazo, ha hecho que las ventas de este tipo de coches se hayan reducido un 26% en tres años.

Los impuestos especiales sobre Determinados Medios de Transporte y sobre Vehículos de Tracción Mecánica, más conocidos como el de Matriculación y Circulación, respectivamente, también son objeto de reforma para los colectivos defensores del medio ambiente. Según estas, ambos puede ser utilizado para desincentivar la compra de los vehículos más contaminantes.

En el caso del de Matriculación plantean actualizar la tasa de emisiones por la cual están exentos los vehículos —actualmente en 120 gr/km o menos de CO₂, cuando la UE exige que sean como mucho 95 gr/km— y que solo se salven de pagarlo los vehículos con cero emisiones. Para el de Circulación —un gravamen local— piden “que un impuesto que hoy es solo recaudatorio pase a ser medioambiental”, como destaca Segura. La propuesta es cambiar sus criterios y, en vez de pagar el contribuyente una cuantía u otra en función del tipo de vehículo y su potencia, como sucede hoy, que la cantidad se fijada por el número de emisiones, “de modo que se desincentiven aquellos que más despilfarran, como esos todoterrenos enormes”, indica el coordinador de Ecologistas en Acción.

Los tributos que afectan al sector energético también están en el punto de mira de las organizaciones ecologistas, más cuando el Gobierno tiene pendiente presentar una reforma del sistema eléctrico anunciada en octubre.

El Impuesto sobre la Electricidad, eliminado por decreto con fin de ayudar a rebajar los exorbitados precios de la electricidad al mismo tiempo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciaba la reforma, “debería servir para introducir criterio ambientales en la factura eléctrica”, planteaba el director ejecutivo de Greenpeace. El objetivo: favorecer el ahorro y la transparencia mediante el cálculo de la factura en función de la electricidad consumida y no del precio de la misma impuesto en el mercado, “un pool que solo beneficia a los grandes consumidores”, denuncia Rodríguez.

La reforma del Canon de Utilización de los Bienes de Dominio Público Hidráulico, para gravar la ocupación y utilización de los bienes de dominio público, y de los impuestos sobre la Energía Nuclear, para disuadir de su uso, completan el paquete de medidas para el sector energético que proponen las cinco grandes organizaciones verdes.

IVA y RENTA

Una tasa omnipresente hoy es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Sin embargo, los ecologistas plantean “darle un poco de coherencia a los tipo de IVA en España, sobre todo para esos productos, actividades o servicios que puedan ser relevantes para una mejora medioambiental”, ha indicado la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz, aplicando los tipos general, reducido o superreducido en función del impacto a los ecosistemas. Como ejemplos, mientras el transporte aéreo o alimentos no saludables con alto contenido en azúcares o grasas vegetales tienen un tipo reducido del 10% y deberían pasar al general de un 21%, según los ecologistas, productos como los pañales reutilizables o alimentos ecológicos que tienen un tipo general deberían pasar al superreducido.

El uso de fertilizantes químicos y plaguicidas que empobrecen el suelo y destruyen la biodiversidad también debería ser gravado, para las cinco organizaciones, con un tipo general y no uno reducido. Del mismo modo, facilitar el acceso a otros productos no contaminantes admitidos en la agroecología mediante un IVA reducido favorecería “que ganen productores y consumidores”, como señala la responsable de Amigos de la Tierra.

También proponen reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para incluir deducciones ambientales relacionadas con la movilidad sostenible, favorecer la gestión del territorio forestal sostenible o incentivar la custodia de la biodiversidad del territorio.

Nuevos gravámenes

Entre los impuestos de nueva creación que las cinco organizaciones defienden destaca uno sobre el Impacto Ambiental de la Ganadería Intensiva. Buscaría gravar la afectación causada por purines y emisiones difusas de metano, “pero diseñándolo con sumo cuidado para incidir en los modelos de producción más contaminantes, pero que no cargue sobre la ganadería extensiva, que crea empleo y fija población en el medio rural, siendo positiva para el medio ambiente”, puntualizaba Ruibal.

La contaminación también está en el foco de estas organizaciones, razón por la cual plantean gravar el vertido y la incineración de residuos, “porque incinerar es la peor gestión posible de los residuos”, denuncia la responsable de Amigos de la Tierra.

La creación de un Impuesto sobre el Cambio de Usos del Suelo “para gravar las actuaciones en suelo rústico”, como indicaba el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, buscaría desincentivar la conversión de suelo no urbanizable en urbanizable en un momento en que la fiebre por el ladrillo vuelve a repuntar.

Sería esta última una de las iniciativas pensadas para salvaguardar los ecosistemas y la biodiversidad, al igual que lo harían otras dos propuestas de tasas: una sobre la caza y otra sobre el esquí alpino, creadas especialmente para proteger las zonas donde se realizan estas actividades, así como las adyacentes.

La creación de impuestos sobre envases no reutilizables, sobre la extracción de aguas subterráneas en acuíferos y manantiales para el consumo de agua embotellada o sobre actividades extractivas mineras son otras de las propuestas de los cinco colectivos ecologistas.

Unas medidas “oportunas”, señala Asunción Ruiz, “en un momento en que se están debatiendo los ‘presupuestos más sociales de la historia’, pero que en el siglo XXI no serán sociales si no se tienen en cuenta los riesgos medioambientales”. La responsable de SEO/Birdlife finaliza: “Sin criterios de ecofiscalidad no habrá transición ecológica”.