Eléctricas
Receta básica para una reforma real del sistema eléctrico

No hay tregua. Mientras el 19 de septiembre el precio de la electricidad en el llamado mercado mayorista marcaba un nuevo máximo anual, con 75,93 euros el megavatio por hora (mWh), a finales de mes se mantenía sin apenas variación. El dato suponía un aumento del 45% respecto a 2017, año en que costó de media 52,2 euros/mWh y que ya venía de un importante aumento del 31,49% respecto a 2016. Números muy lejos de las leves subidas del IPC, que repercuten directamente en los bolsillos de la ciudadanía.

La escalada eléctrica hacía reaccionar al Gobierno, que el 19 de septiembre anunciaba, por un lado, una serie de “medidas de choque” destinadas a reducir la factura de la luz —entre las que destacaba la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, pendiente de ser aprobada en un Consejo de Ministros— y, por otro, una profunda reforma del sistema eléctrico. Es en este segundo punto donde se encuentra el meollo de la cuestión y donde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aún no ha concretado nada.

Ribera pedía en el Congreso tiempo para armar la reforma, pero las líneas generales que adelantó le valieron críticas desde la izquierda por falta de ambición. Desde este lado del hemiciclo —así como las organizaciones ecologistas y en defensa del consumidor— no se fían y recuerdan las múltiples puertas giratorias entre el PSOE, PP y grandes eléctricas, multinacionales que han cosechado miles de millones gracias a la liberalización del mercado eléctrico realizada en 1997.

En concreto, tal como señala el consultor de políticas energéticas Pablo Cotarelo, quien participó en el estudio El coste real de la energía del Observatori del Deute en la Globalització (ODG), “el resultado fue que nos pasaron una factura por 80.000 millones de euros más de lo que deberían habernos pasado a los consumidores del sistema eléctrico español en el período 1998-2013”.

Primero, la base

Toca reforma entonces, pero cómo. Qué teclas se tocan para reorganizar el sistema eléctrico y hacer que la historia no se repita, bajen los precios, se eliminen los privilegios actuales de las grandes empresas del sector y se sienten las bases de una transición energética de acuerdo con los compromisos que ha adquirido España en materia de cambio climático.

“Lo primero que hay que plantearse es el derecho a la energía, un derecho ciudadano que la ley no tiene reconocido como tal”, apunta Soledad Montero, de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME). En la misma línea, Rodrigo Irurzun, del área de Energía de Ecologistas en Acción señala que “para empezar habría que definir que el consumo de energía, no solo la eléctrica, es un bien esencial básico, por lo menos el consumo de un mínimo de energía”.

Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy) tuvieron 5.627 millones de beneficio en 2017

No son los únicos que apuntan a la base conceptual y legal. Como señala Cotarelo, “el hecho de que la electricidad dejara de ser un servicio público defendido por la ley como tal, universal, accesible y a precios razonables para toda la población, supuso un gran problema”.

beneficios caídos del cielo

Suelo legislativo puesto, garantizar la energía como derecho. Siguiente paso. “Deberíamos ver cómo nos lo garantizan, no se puede mercantilizar un derecho. Y ojo, nadie habla de historias de todo gratis. Pueden tener beneficios, pero no esa ingente cantidad, es algo que no se puede permitir”.

Lo que Soledad Montero señala como “esa cantidad” es, solo en el caso de las tres compañías eléctricas más grandes en el Estado español —Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy)—, 5.627 millones en 2017, una cifra que se ha incrementado un 3% respecto al año anterior.

El polémico sistema marginalista —o pool— introducido en 1997 con la Ley del Sector Eléctrico de Aznar es el que fija el precio de generación de la electricidad. La normativa introducía la liberalización de la generación eléctrica, ajustando teóricamente la oferta a la demanda; pero con el paquete venía toda una serie de consecuencias que llegan hasta hoy día. “En el sistema entran primero las ofertas de producción de menor a mayor precio. Primero entran las de las nucleares, más baratas porque no internalizan todos sus costes y porque sus paradas han de ser programadas con antelación, y así van entrando las siguientes. El corte se produce con la última unidad, más cara, que entra cuando se cubre la demanda”, explica Montero. “Todas las eléctricas cobran el precio de la unidad más alta, y eso no tiene sentido porque están compitiendo tecnologías muy diferentes, algunas que funcionan con combustible y otras sin él, con unos gastos muy distintos”.

Así, además de pool, el sistema traía otro anglicismo: windfall profits, o beneficios caídos del cielo en román paladino. Electricidad pagada a precio de caras centrales termoeléctricas o de ciclo combinado, con la quema de carbón, gasóleo o gas, pero producida al coste mínimo que ofrecen hidroeléctricas, nucleares o “cualquier tecnología que tenga un precio inferior al de mercado”, apunta Irurzun. Básicamente, “estamos pagando unos costes excesivos y hay mucha gente con unos beneficios ingentes”, denuncia.

Sin sentido

“El sistema marginalista actual de fijación de precios tiene sentido, según dicen los economistas, si los actores que participan son relativamente similares y de alguna forma pueden reducir sus costes de generación o participación vía mejoras de eficiencia”, expone Cotarerlo. “Aquí, sin embargo, tenemos tecnologías totalmente diferentes y, evidentemente, no tiene sentido hacerlo así”.

La cuestión de cómo cambiarlo tiene una teórica fácil solución. “Regularlo y que cada uno tenga el ingreso que le cuesta generar electricidad con un beneficio razonable y no más”, aporta el especialista del área de Energía de Ecologistas en Acción. O como apunta Montero: “Nos están mezclando churras con merinas, y hay que comparar churras con churras y merinas con merinas. Cada tecnología debería llevar su precio, cubriendo siempre la demanda con las producciones más baratas”.

Rodrigo Irurzun: “El déficit de tarifa es una cosa extraña, porque por una parte las energéticas piden un déficit y por otra dan beneficios a los accionistas en cuantías muy superiores”

Es básicamente el método que se utilizaba en España antes de 1998, el llamado Marco Legal Estable (MLE), una forma de cálculo que, para Cotarelo, “funcionaba relativamente bien y no respondía solo a cuestiones de racionalidad económica, sino a lo que hemos comentado al principio sobre servicio público”.

Irurzun apunta que “el MLE funcionó durante décadas y hoy, solo con implantarlo, bajaría el precio de la electricidad”. Pero para que funcionara sería necesario algo que, a día de hoy y por mucho que cueste creerlo, no ocurre: que se conozcan los costes de generación de todas las tecnologías energéticas, datos para los que haría falta una auditoría de costes pública, algo a lo que las eléctricas llevan años negándose. Es uno más de los misterios de un sistema opaco en el que lo poco que es claro y cristalino es la cifra del recibo de la luz.

El chollo de las hidroeléctricas podría llegar a su fin

Pablo Rivas

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Energía hidroeléctrica

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Las concesiones de saltos de agua a las compañías eléctricas, realizadas a 75 años principalmente en las décadas de los años 30, 40 y 50, van a ir finalizando en cascada en los próximos años. La vuelta a manos estatales podría bajar un precio de la luz hoy en máximos históricos. Iberdrola, que controla la mitad de la potencia hidroeléctrica, se niega a ofrecer datos de las concesiones públicas que gestiona.

La auditoría de costes no debería limitarse solo a la generación, sino a todo el sistema. Mientras por un lado históricamente existe el llamado déficit de tarifa —que llegó a 30.000 millones de euros en 2012, supuesta deuda del Estado con las grandes energéticas derivada del hecho de que estas afirman que no consiguen cubrir costes—, por otro “las eléctricas han tenido beneficios de miles de millones de euros durante todos esos años en que teóricamente han adquirido esa deuda”, señala Irurzun.

Es una circunstancia que el ecologista tilda de “cosa extraña, porque por una parte piden un déficit y por otra dan beneficios a los accionistas en cuantías muy superiores, y hablamos de 5.000 o 6.000 millones de euros anuales cuando reclaman una deuda de 3.000, 4.000 o 5.000 millones cada año”. La reforma del sistema eléctrico de 2013, motivada entre otras variables por el estratosférico déficit de tarifa, perdió entonces la oportunidad y no quiso tocar este epígrafe, modificando solo la parte regulada por el Estado del sistema, el transporte y distribución, pero sin tocar la generación y la comercialización.

Cables multimillonarios

Más problemas: transporte y distribución. La red de transporte de alta tensión lleva la electricidad de las centrales a las subestaciones de distribución. Está gestionada por Red Eléctrica de España (REE), cuyo accionariado está constituido en un 80% de cotización libre en bolsa y un 20% de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

“Aquí lo mismo, no tiene sentido que REE tenga todos los años un beneficio que está entre el 30% y el 40% de los ingresos, que se reparten entre sus accionistas, el 80% privados”, denuncia Irurzun. En concreto, la cifra de beneficios de REE en 2017 fue de 669,8 millones de euros, un 5,2% más que el ejercicio anterior. “Debería gestionarse por una entidad sin ánimo de lucro, o si hubiese beneficio habría que invertirlo en mejorar la red. Y la distribución lo mismo”.

Se entiende por distribución energética el traslado de la electricidad, a menor tensión que la red de transporte, desde las subestaciones de distribución a los puntos de acceso domésticos. Hoy en día, Naturgy, Endesa e Iberdrola se reparten la inmensa mayoría del negocio de la distribución. “En realidad son monopolios regionales, cuando la distribución tendría que estar a titularidad del Estado, gestionada de forma transparente, auditada y sin beneficios”, señala Irurzun.

Los beneficios que aportan los cables, sin embargo, no arreglan problemas estructurales en la red. Las pérdidas en la distribución, un fenómeno que se produce a través de las redes de transporte y distribución y que puede suponer cifras del 15% del total de la energía generada, es otro epígrafe pendiente.

La integrante de la Px1NME denuncia que “esas pérdidas las pagamos todos”. Y es que tal como señala, “a las eléctricas no les importa y no hacen nada para arreglarlo, porque las distribuidoras facturan a las comercializadoras esa electricidad que ha salido y van a repartir esa pérdida entre los clientes que tengan y la energía que compren. O sea, si compras tanta energía, a tanto tocas de pérdidas”.

sarten por el mango

La liberalización también permitió a las empresas aprovechar el 'coste de oportunidad' de los servicios de ajuste de la llamada energía no programada. Se trata de potencia que las comercializadoras venden o compran para reajustar su adquisición de energía hecha el día anterior pero que no se ajusta a la demanda del día en curso. “Es entonces cuando hace falta meter alguna central para que inyecte más energía y esta te hace una oferta para tal cantidad de electricidad en una zona”, explica Montero, “y como es la central de la zona y tiene la sartén por el mango, sube el precio, llegando a subidas del 100%, con precios de 1.200 euros cuando la unidad estaba en torno a cincuenta”. Por ello, desde la Px1NME abogan por sistemas de ajuste con límite de beneficio.

Los impuestos son otro punto importante para rebajar una factura de la luz que cuenta con en torno a un 27% de tributos entre IVA, impuesto a la electricidad y tasas autonómicas. “Hay algunos que carecen bastante de sentido, como la aplicación del de la electricidad a coste fijo”, señala Cotarelo.

La interrumpibilidad costó en 2017 525 millones de euros, cifra que supera los 5.000 millones en los últimos once años

Respecto al anuncio que realizó Ribera de eliminar el impuesto a la generación eléctrica del 7%, el consultor apunta que “probablemente no se tenía que haber impuesto nunca, pero al igual que es discriminatorio el que se hubiera puesto en tarifa plana para todas las tecnologías de generación, quizá quitarlo a todos vuelve a ser discriminatorio”. El concepto ‘quien contamina, paga’, no entra en esta medida del Gobierno, que reducirá, previsiblemente, entre un 2 y un 4% la factura de la luz del pequeño consumidor y en torno a un 5% la del grande.

El IVA sin embargo, es donde más ‘recortes’ habría que hacer, según las fuentes consultadas. “Yo entiendo que es muy difícil renunciar a un 21% de IVA de 29 millones de facturas de puntos de suministro en tarifa doméstica hasta los 15 kW, pero yo haría propuestas como que haya un 10% o un 4% sobre los primeros 100 kW de cualquier vivienda, por ejemplo, o que paguen un 4% las rentas por debajo de tanto”, propone Montero. En la misma línea, Irurzun apunta que, “para el consumo mínimo razonable al que habría que tener derecho siendo un servicio básico y esencial no deberíamos pagar un 21%, quizá un poner IVA superreducido o eliminar el impuesto eléctrico”.

Subvenciones encubiertas

Dos piezas que también podrían tocarse para rebajar considerablemente la factura son la interrumpibilidad y los pagos por capacidad. El primer término hace referencia al servicio por el cual REE puede cortar el suministro a grandes consumidores, principalmente grandes industrias, en respuesta a una demanda o fallo del sistema y garantizar así que el suministro no se interrumpa, algo por lo que se le paga a estos grandes actores, ocurra o no. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la interrumpibilidad costó en 2017 525 millones de euros, cifra que supera los 5.000 millones en los últimos once años.

“Es un gasto totalmente innecesario porque tenemos una producción muy por encima de la demanda, muchísimo”, remarca Montero. La propia CNMC alertaba a finales de 2017 del “elevado coste que tiene este mecanismo, apenas utilizado”. De hecho, la Comisión Europea, que está investigando a varios países (entre ellos España) por los sistemas de pagos por capacidad a energéticas, señala que estos “podrían incurrir en ayudas de Estado no autorizadas”.

La misma acusación planea sobre los llamados pagos por capacidad, ayudas que se abonan a las eléctricas para, por un lado, mantener ciertas centrales disponibles en caso de necesidad de más energía y, por otro, “como incentivo por las inversiones realizadas durante esos tiempos de excesos”, señala Greenpeace, organización que cifra en 18.000 millones el dinero abonado por este epígrafe en las últimas dos décadas a las eléctricas y denuncia la opacidad de estos datos. Como remarcan, “saber qué centrales y qué eléctricas reciben estas ayudas es confidencial”.

Así, la lista de epígrafes a modificar, crear o eliminar es ingente en una teórica reforma del sistema eléctrico de calado que pretenda cambiar dos décadas de excesos que han pagado consumidores y contribuyentes religiosamente. Más en un contexto en el que la tecnología ha avanzado y que permite nuevas soluciones.

Como remarca Cotarelo, no hay reforma real posible si no se entra en dos cuestiones en profundidad: un control público de las infraestructuras que ponga freno a los más que demostrados excesos del liberalismo energético y una relocalización, esto es, una transición a un modelo energético que acerque al consumidor no solo las infraestructuras (iniciativas comunitarias de generación, instalación distribuida masiva de paneles solares en los tejados, generación de electricidad mediante renovables más cerca de los puntos donde se vaya a consumir esa energía…), sino también su gestión en forma de participación, democracia y transparencia.

A la espera de la propuesta de la ministra, ideas no faltan.