Energía
Comunidades energéticas de economía social, un modelo que se abre paso en Andalucía

Los proyectos de comunidades energéticas que se dieron cita hace algunos días en Monachil, un pueblo a ocho kilómetros de la capital de Granada, van más allá del ahorro de la factura, que también. Todos coinciden en que les une la voluntad de hacer realidad proyectos que aborden una crisis que no es sólo energética y de materiales, sino también social y económica, una crisis estructural. Son iniciativas que persiguen compartir energía procedente de renovables pero no a cualquier precio, ni de cualquier manera. Aquí importa el camino que se recorre pues es de lo único que se trata: crear un modelo alternativo al de los oligopolios energéticos y no solo en el suministro, que también. La idea es avanzar hacia el autoconsumo y abordar y solucionar de forma colectiva la rehabilitación energética, compartir vehículos, utilizar electrodomésticos eficientes... cuanto sea necesario para revertir ese término tan feo pero tan real de “pobreza” energética y que la mayoría pueda beneficiarse de una energía lo más limpia y sostenible para vivir de la mejor manera posible. 

Parece un sueño, o una utopía, pero cada vez nos resultan más familiares términos como ‘autoconsumo colectivo o comunidad energética’. La asociación ecologista Amigos de la Tierra explica estos y otros muchos conceptos, como los beneficios de instalar placas fotovoltaicas en tejados y cubiertas —que supondría un gran aprovechamiento de la radiación solar disponible en la mayoría del territorio—, la generación de puestos de trabajo locales vinculados a la transición ecológica, reducción de emisiones, acceso a alternativas energéticas más económicas, respetuosas y locales, reduciendo las necesidades de la red eléctrica en términos de transporte y distribución. 

“Creemos que para que la autonomía energética esté en manos de la ciudadanía nos tenemos que convertir en prosumidores colectivos”

Emmanuel Silva es el coordinador del grupo de comunidades energéticas de la Alianza Energía y Territorio ALIENTE y es quien nos recomienda la documentación elaborada por Amigos de la Tierra, incluído este Manual de Energía Comunitaria, y quien nos suministra el mapa de las comunidades energéticas en territorio estatal, que ya suman 140. El grupo de comunidades energéticas de Aliente surge como propuesta alternativa y no solo como protesta por el oligopolio energético: “Creemos que para que la autonomía energética esté en manos de la ciudadanía nos tenemos que convertir en prosumidores colectivos y que la transición debe pasar necesariamente por un decrecimiento y una mayor eficiencia energética”.

La energía comunitaria: las personas cooperan y deciden en cuestiones de energía

La Directiva de la UE sobre Energías Renovables se aprobó en 2019 e incluye conceptos sobre cómo la ciudadanía puede involucrarse en las energías renovables a través de las comunidades energéticas renovables. Por primera vez, la legislación europea reconocía que el ciudadano tiene derecho a invertir en el sistema energético: producir, almacenar, vender o utilizar su propia energía renovable. Esta legislación no se ha “traspuesto” a la legislación española y, sin desarrollo normativo, “cada uno lo está haciendo cómo puede”, afirma Emmanuel Silva. “En una comunidad energética, los ciudadanos, pymes locales, ayuntamientos, entidades locales se unen y organizan colectivamente instalaciones de autoconsumo, que pueden ser o no independientes; cada comunidad energética decide si quiere verter el excedente a la red, si quiere tener baterías para almacenar lo que no utiliza, cada una es particular y propia en su desarrollo”, precisa. 

Emmanuel también nos explica que cada una decide la forma jurídica de constitución (asociación, cooperativa...) y que para el proceso hay que prepararse bien para la burocracia y armarse de paciencia porque los trámites son abundantes y se demoran. Las formas de financiación también son muy variadas: préstamos participativos en los que microinversores prestan el dinero a devolver con un interés menor que el habitualmente cobran los bancos, subvenciones —el Ministerio para la Transición Ecológica ha prometido 100 millones de euros para estas comunidades—, ayudas directas a ayuntamientos, líneas específicas de financiación de banca ética y crowdfunding.

Electricidad de recorrido corto: la legislación solo permite compartir en ‘roales’ de 500 metros

La Comunidad Energética del Río Monachil, anfitriona en el Foro de Iniciativas de Transición Energética y Economía social —organizado por el Ayuntamiento de Monachil, la Oficina municipal de Energía y Candela, una cooperativa energética andaluza— logró la financiación necesaria para iniciar su proceso cuando el proyecto ganó el primer premio del Germinador Social de las cooperativas Som Energia y la Coop57. Con ayuda del germinador social comenzaron a dar forma jurídica, financiera, legal y técnica, y con la asistencia de Pasos, una asociación que facilita procesos sociales participativos, dieron a conocer el proyecto entre los habitantes de la zona del Río Monachil. “Mantuvimos reuniones informativas y sensibilizadoras, encuentros públicos para presentar el proyecto a las personas que viven en Monachil pero también en municipios limítrofes, ahora mismo sólo se puede compartir energía en un radio de 500 metros y para establecer los ‘roales’ necesitábamos saber con cuántas personas contábamos y dónde vivían”, nos cuenta Irene Gómez, vecina de Monachil y coordinadora y socia de Cooperarse. Irene explica que una de las preguntas más formuladas es la de cómo se produce el suministro de energía: “Explicamos que no hay que poner instalaciones o cables en casa, lo que se establece es un contrato de reparto energético, no hay nada que cambiar, no hay nada que instalar. Es simplemente comunicar a tu comercializadora que parte de tu energía va a provenir de estas instalaciones”. 

Las primeras instalaciones fotovoltaicas están en el Pabellón de Miraflores en Monachil y recogen 10kW. El Ayuntamiento cede esa cubierta y reparte la electricidad que se genera entre unas quince familias, incluido el propio Ayuntamiento. Una de esas familias responde al concepto de “solidaridad energética”. Este proceso ha sido regulado a través de un acuerdo marco pionero en España tomado en el Pleno municipal, apoyado por unanimidad y que permitirá tener continuidad para sucesivas instalaciones.

Energía limpia sí, pero... ¿quién se la puede permitir? El objetivo es no dejar atrás a nadie

El objetivo de la comunidad energética de Monachil es social, lo tienen muy claro: “Es una propuesta alternativa al sistema que se puede construir en colectivo. El precio de la energía en la comunidad energética es un precio fijo que establecemos nosotros y no fluctúa con el mercado, lo decidimos de modo asambleario”. Han decidido que el consumo energético de la comunidad de cada hogar se pague anualmente de forma anticipada. Con ayuda de sistemas de monitorización que informan de cuánto se gasta y el límite, han establecido tres escalones con pagos de 50, 75 o 100 euros al año. Hay un porcentaje de la energía para solidaridad energética, que el Ayuntamiento distribuirá a través de Servicios Sociales entre las familias que lo necesitan. 

“Las personas que participan lo han hecho un poco con los ojos cerrados, comentando que el proyecto responde a su idea de transición energética justa y democrática”

“Este es el modelo que nos gusta y no el de las macro plantas que necesitan grandes infraestructuras, que cambian el paisaje, la naturaleza de nuestro entorno en las zonas rurales”, afirma rotunda Irene, quien desgrana el modelo: “Nuestro formato es el de asociación, con pago de cuotas más asequibles si tu situación económica lo requiere. Hay asambleas para decidir, una junta coordinadora que plantea y coordina, de una manera accesible y entendible. Las personas que participan lo han hecho un poco con los ojos cerrados, comentando que el proyecto responde a su idea de transición energética justa y democrática”. 

Jose Miguel Granados, de la Oficina Municipal de Energía, también socio de la comunidad, nos comenta que actualmente están trabajando en un estudio de viabilidad financiado por la Diputación de Granada para iniciar proyectos de comunidades energéticas en municipios con poca población en los entornos rurales del Altiplano, Poniente y Guadix, y que tendrán los resultados a principios del año que viene. 

ALUMBRA, comunidad de la energía de Arroyomolinos de León

Una oficina itinerante de energía informaba a los pueblos de la comarca de la Sierra de Aracena, Pico de Aroche y Sierra Norte de Sevilla en materia de contratación de suministros, utilización de potencias, solicitud del bono social para usuarios vulnerables o asesoramiento para contratación pública energética responsable a cooperativas renovables. En esta oficina itinerante viajaba Rosario Alcantarilla, arquitecta ‘de pueblo’ experta en temas energéticos del equipo de la Escuela de Economía Social, quien confiesa a El Salto Andalucía que, de todos los pueblos que visitaron, donde mostraron mucho interés por las comunidades energéticas fue en Arroyomolinos de León (Huelva). A través de la asociación Muti, crearon Alumbra, una entidad que, entre otras cosas, asesoró al Ayuntamiento en la solicitud de financiación a IDAE para la instalación de una cubierta municipal fotovoltaica: “Con la idea de hacer pruebas de autoconsumo compartido en todos los edificios municipales en el radio de 500 metros, incluir a negocios locales con la idea de darles sostenibilidad económica y que, de los ahorros a raíz del autoconsumo, puedan generar partidas presupuestarias para  transición energética en proyectos relacionados con rehabilitación energética, sensibilización, etc.”.

En el pueblo están recaudando dinero para financiar una comunidad energética para el autoconsumo colectivo entre el centro escolar y las familias de los escolares con la campaña #laenergiadelcole.

Rosario Alcantarilla trabaja para la Escuela de Economía Social en un proyecto conjunto con la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo (FAECTA) y financiado por la Junta de Andalucía, orientado a la sensibilización y estudios de encaje con los que definir las comunidades energéticas en la Ley andaluza de Cooperativas y empezar a perfilar modelos de negocio que fueran viables en torno al cooperativismo. Ambas organizaciones detectaron que el tema energético era un sector estratégico en Andalucía que se necesitaba dinamizar y que resulta un bien básico para cualquier tipo de actividad. De momento, han realizado una sesión informativa con grupos de trabajo y se están planteando encuentros provinciales y jornadas a nivel comunitario para identificar iniciativas desarrolladas en Andalucía y generar una pequeña guía que pueda servir para nuevos emprendedores. 

“Cuando trabajamos con alcaldes, alcaldesas, interventores, secretarios... son cosas que no han hecho nunca y no saben si les estás contando algo que es verdad o somos cuatro locos que se han acercado al Ayuntamiento”.

Rosario nos describe los retos que encuentra en su trabajo, “que son muchos y los abordamos paso a paso”. Un ejemplo lo sitúa en “la participación ciudadana”, donde generalmente “hay mucho desconocimiento y miedo en torno al mercado eléctrico, mucha desconfianza con las renovables”. También advierte que la incertidumbre de la burocracia, la no trasposición de la legislación europea a la estatal, genera desconfianza en las instituciones: “Cuando trabajamos con alcaldes, alcaldesas, interventores, secretarios... son cosas que no han hecho nunca y no saben si les estás contando algo que es verdad o somos cuatro locos que se han acercado al Ayuntamiento”. Reconoce que después de superar ese paso inicial, “cuando se instalan las primeras placas y se hace la legalización de las instalaciones, los repartos del autoconsumo, el trabajo con la distribuidora”, viene otro momento “duro”, pero que la recompensa es equivalente. “Esto va más allá de compartir energía, se trata de incorporar temas como la rehabilitación energética de viviendas de manera comunitaria, la movilidad sostenible desde organizaciones con servicio de vehículo compartido, soluciones a problemas energéticos de una comunidad de manera coordinada e integral”, sentencia Rosario Alcantarilla. 

Almócita (Almería) disfrutará de una comunidad energética municipal

Almócita es un pueblo de casi 200 habitantes de la Alpujarra almeriense, donde el Ayuntamiento ha liderado el proyecto de una comunidad energética local “discutida en un espacio de participación ciudadana, Foro Por Almócita, y aclamada por votación popular”, nos cuenta su alcalde, Francisco García. “Cuando supimos de la posibilidad de instalar placas solares fotovoltaicas para consumo propio, desde el Ayuntamiento hicimos una inversión en una instalación que genera unos 10 kW en unos tejados de propiedad municipal”. El consistorio pretende repartir el excedente de la energía, que por ahora proporciona energía al teatro y un restaurante municipal, entre los vecinos de forma gratuita y que “quien esté interesado en pertenecer a la comunidad tiene que proporcionar un recibo de la luz para ser copartícipe”. “Estamos estudiando las necesidades energéticas del municipio y en principio vamos a incluir a todos y va a ser proporcional entre todos los vecinos”, comenta Francisco.

“Vamos a ser corresponsables, vamos a ser conscientes de dónde viene la energía, a quién enviamos lo que nos sobra”

La evolución del proyecto es clave, insiste el alcalde. En el futuro, establecerán criterios sociales en el reparto de la energía y se incorporará la aportación de las instalaciones de particulares que repartirán su sobrante generado por placas en sus tejados a la comunidad, con la idea de “hacerlo de forma solidaria, quienes hayan hecho inversión en sus tejados recibirán una compensación para recuperarla”. El pueblo ya lleva un par de años con el proyecto y su alcalde afirma que se están abriendo puertas, gracias a un convenio con la Diputación de Almería van a instalar placas fotovoltaicas en otros edificios municipales, y que “antes todo era más complicado y ahora desde el Ministerio de Transición Energética y la Agencia Andaluza de Energía hay más facilidad”. Él desde luego, solo tiene palabras de elogio para un sistema con el que “vamos a ser corresponsables, vamos a ser conscientes de dónde viene la energía, a quién enviamos lo que nos sobra”, añadiendo que “es una oportunidad magnífica para que las instituciones y los ciudadanos nos impliquemos”.

Torreblanca en Sevilla, energía comunitaria para gente sin recursos

“Apostar por una comunidad energética de ámbito urbano en un barrio como el de Torreblanca es contribuir a la participación e implicación ciudadana y aumentar la autoestima del barrio. Torreblanca sale en los periódicos por algo positivo y no solo por tragedias y dramas”, afirma contundente Macarena Luque, trabajadora social del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Torreblanca . 

El proyecto Torreblanca Ilumina —en el que participan en un grupo motor las comunidades educativas de los dos colegios públicos del barrio, el Centro Cívico Juan Antonio González Caraballo, el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Torreblanca del Ayuntamiento de Sevilla y el profesor Esteban de Manuel del grupo de investigación ADICI de la Universidad de Sevilla— nace del grupo local de Sevilla de la cooperativa Som Energia. “Barajamos varios escenarios. Es muy fácil montar una comunidad energética donde la gente se puede pagar las placas en sus tejados, nosotros quisimos proponer una comunidad para gente sin recursos”, afirma Macarena, parte de ese grupo motor. La iniciativa ha sido incluida como experiencia piloto en el marco del proyecto europeo Powerty, ha ganado el premio del germinador social y Coop57 en pleno confinamiento, y recibió una donación de 422 módulos fotovoltaicos de la empresa Trina.

“Queremos que la gente del barrio pueda formarse y acceder a esos puestos de trabajo”

Macarena nos resume el diagnóstico de Torreblanca, calificado por la Junta de Andalucía como zona desfavorecida, “un barrio con mucho desempleo, mucho absentismo escolar, mucha infravivienda, economía sumergida, empleo de poca calidad... con unos planes especiales para favorecer estas zonas que son muy deficitarios”. Así que se liaron la manta a la cabeza y comenzaron la labor de informar, concienciar y sensibilizar a través de las comunidades educativas de las dos escuelas públicas de primaria del barrio, donde quieren instalar las placas. “Es mucho más difícil llevar adelante un proyecto así en un barrio como este que en otro lugar donde la gente está concienciada, aquí la gente está preocupada por otras cosas”, asegura Macarena en lo que parece una contradicción, porque según nos explica se trata de la gente que más dificultad tiene en pagar los recibos de la luz, que vive en infraviviendas donde el calor se escapa por las ventanas, puertas y paredes, lejos de la eficiencia energética. “Nuestra comunidad energética contempla todo: mejorar la economía doméstica con el ahorro, mejorar el confort, arreglar las viviendas para que sean más eficientes y apostar por el empleo local que genera estas instalaciones” y apunta a que “queremos que la gente del barrio pueda formarse y acceder a esos puestos de trabajo”.

Que las comunidades energéticas tratan de resolver un problema estructural, bien lo sabe Macarena como trabajadora social porque “los servicios sociales pagan muchas veces las facturas de suministro de los vecinos más desfavorecidos sabiendo que solo está aplicando un parche, de modo que las grandes multinacionales que controlan el mercado energético reciben un flujo de dinero institucional que no soluciona el problema” y de lo que se trata es de aprovechar la oportunidad “y que no lo haga el oligopolio y la gente que se ha hecho rica siempre con el sistema neoliberal, sino que se puedan beneficiar los colectivos más vulnerables”.