Coronavirus
“Esta crisis no la volveremos a pagar. ¡Que la paguen los especuladores!”

Desde los primeros días de la crisis sanitaria provocada por covid-19, centenares de organizaciones que trabajan por el derecho a la vivienda advirtieron que detrás de la pandemia venía una crisis económica y social devastadora. Desde los inicios del estado de alarma, alertaron de la “situación inminente e intolerable que miles de personas tendrían que vivir: elegir entre comer o pagar el alquiler”. Aún así, recuerdan los sindicatos de inquilinos de todo el Estado español, el Gobierno de coalición decidió no suspender el pago de los alquileres y “forzar a las familias a endeudarse para pagar las rentas”. De esta forma, denuncian, se comenzaba a repetir la historia de la crisis iniciada en 2007, en donde las consecuencias de la caída de la economía la pagaron las familias más vulnerables y se fortalecieron las posiciones de privilegio de quienes la había provocado.

Las medidas tomadas por el Gobierno que comparten PSOE y Unidas Podemos fueron tachadas de “insuficientes”, ya que se garantizaba las rentas de los propietarios, pequeños y grandes, mientras que las personas que habían visto caer sus ingresos por el coronavirus deberían elegir: o bien perder capacidad adquisitiva o endeudarse. Los avances de las medidas, como la distinción entre pequeños y grandes tenedores, se quedan cortas, según denuncian estos sindicatos: “Para más inri, para proteger los beneficios de bancos y buitres les dio a escoger si sus inquilinas pagan ahora una cuota reducida —el 50% de la cuota habitual— o si hacen una moratoria para que paguemos más adelante”.

“Ustedes, las entidades financieras y los grandes arrendadores, son los que tienen que asumir, con sus beneficios, los costes de esta situación. Esta crisis no la volveremos a pagar”

Y mientras tanto, los fondos buitre —que después de la crisis inmobiliaria se hicieron con decenas de miles de pisos a precio de saldo y fueron clave en la actual burbuja del alquiler— volvían a aprovecharse de la situación. 

El 8 de abril, en los momentos más críticos de la crisis sanitaria, Blackstone, el fondo buitre y primer propietario de viviendas en España, obtuvo una inversión de 9.800 millones de euros. “No solo no ha dejado de ganar dinero sino que incluso está ganando más de lo normal gracias a la crisis”, señalan desde los sindicatos. 

“Blackstone es solo uno de los ejemplos de los centenares de fondos y propietarios, grandes o pequeños, que no ven ninguna reducción de sus ingresos e incluso tienen ganancias mientras que el Gobierno pide a miles de personas que se endeuden para pagar el alquiler. Todos ellos están agrupados en Asval, la gran patronal de propietarios. La fábrica de las rentas nunca cierra”, denuncian.

Frente a la timidez de las medidas tomadas por el Gobierno, los sindicatos de inquilinos y dos centenares de organizaciones sociales lanzaron el 1 de abril una huelga de alquileres, que se resumía en el siguiente slogan: “Si no cobramos, no pagamos, y tampoco nos endeudamos”. Desde entonces, se han creado 57 comités de huelga y la Caja de Resistencia lleva más de 35.000 euros recaudados. 

“No permitiremos que los costes económicos de suspender el pago de los alquileres recaigan sobre el Estado ni sobre los arrendadores que necesiten el ingreso del alquiler para cubrir sus necesidades básicas debido a la suspensión”

Para seguir denunciando la situación de desamparo, señalar la responsabilidad de los fondos de inversión, para sumar adhesiones a la huelga y presionar al Gobierno para que tome medidas más valientes frente a la crisis social, este 14 de abril los sindicatos de inquilinos han lanzado la campaña #PagadEspeculadores. 

Los sindicatos de inquilinos animan al envío masivo de correos a la patronal de los grandes propietarios, Asval, a Blackstone, bancos y otros fondos buitre con un única mensaje: “Como propietarios, deben tener claro que la huelga de alquileres durará tanto tiempo como sea necesario hasta que el Gobierno suspenda el pago para las personas afectadas por la crisis del coronavirus. No permitiremos que los costes económicos de suspender el pago de los alquileres recaigan sobre el Estado ni sobre los arrendadores que necesiten el ingreso del alquiler para cubrir sus necesidades básicas debido a la suspensión: ustedes, las entidades financieras y los grandes arrendadores, son los que tienen que asumir, con sus beneficios, los costes de esta situación. Esta crisis no la volveremos a pagar”.