Doce ciudades se movilizan para arrancarse el cartel de ‘Se Vende’

Distintas plataformas ciudadanas se movilizan este sábado en capitales del Estado contra la mercantilización de las ciudades.  

Leiva, 37
Pancartas en un bloque de inquilinos amenazados de desalojo en Barcelona. Víctor Serri

publicado
2018-05-10 06:36:00

¿Qué tiene que ver una operación urbanística con la calidad del aire o con los apartamentos turísticos en la otra punta de la ciudad? Quienes impulsan este sábado las protestas con la marca No Se vende creen que mucho. Integrantes de centros sociales, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos y grupos ecologistas se movilizan en 12 ciudades en torno a este lema por el derecho a la ciudad y contra la mercantilización: Barcelona, Coruña, Madrid, Málaga, Las Palmas, Palma, Sevilla y Valencia. Antes y después del 12M han confirmado acciones Granada y Pamplona. Nápoles es la única ciudad de fuera del Estado español que participará en las protestas.

“Las luchas sectoriales tienen su sentido, y luego las luchas desde cada ciudad también tienen su sentido. Pero nos encontramos fenómenos comunes que atraviesan a todas las ciudades”, señala Álvaro Briales, miembro del centro social La Ingobernable y portavoz de Madrid No Se Vende. Se trata de fenómenos aparentemente dispares como la Operación Chamartín en Madrid, el colapso del centro de Barcelona por el turismo o el intento de cierre de un centro social como La Invisible de Málaga: “todo eso tiene una relación directa con modelos de ciudad que siguen basándose en la priorización de determinado modelo económico o urbano”, señala.

El caso de Adif, principal impulsora de la madrileña Operación Chamartín, es paradigmático. La antigua Renfe es propietaria de la mayoría de los terrenos sobre los que se van a edificar este complejo de torres de oficinas y vivienda dirigidas a la clase media-alta. Con este tipo de operaciones, tal y como denunciaba el concejal municipal de Ahora Madrid, Pablo Carmona, Adif pretende enjuagar las pérdidas de su desastrosa apuesta por la alta velocidad, cuyo importe (17.000 millones de euros) se acerca ya al coste del rescate de Bankia en 2012. Que Madrid necesite o no un millón más de metros cuadrados de oficinas (expertos como Félix Arias dicen que no) o que el tráfico resultante (medio millón de desplazamientos diarios) pueda colapsar el norte de la ciudad, tal y como denuncian asociaciones vecinales y ecologistas, es secundario.

Cuando la manifestación de Madrid no Se Vende termine -simbólicamente, en la plaza de Cibeles, donde se encuentra la sede central del Ayuntamiento- los integrantes de la plataforma Madrid Nuevo Norte serán algunos de los que intervengan, junto con representantes del Sindicato de Manteros y Lateros [actualización: finalmente no intervendrá nadie de esta organización, según informa a El Salto Madrid No se Vende] o miembros de la PAH. “Pensamos que es importante que esas luchas a nivel sectorial se junten, hay una ambición de pensar a lo grande, de no dividirnos en miles de cosas sin generar espacios de movilización comunes”, explica.

Una movilización contra la turistificación en Barcelona en enero de 2017 sería la primera con el lema ‘No está Venta’. La réplica madrileña de mayo de 2017 culminaría con la apertura del centro social La Ingobernable, que desde entonces se ha convertido en un catalizador de distintas luchas en la ciudad en un momento especialmente delicado: el reflujo de movilizaciones tras la llegada de los llamados ayuntamientos del cambio. Un año después otras 10 ciudades se han sumado, en una convocatoria inevitablemente desigual: el 12 sólo están previstas manifestaciones en Barcelona, Madrid, y Málaga, y una semana más tarde en Granada.

El peso de la turistificación, pero sobre todo el peso del movimiento por el derecho a la vivienda, hacen que en la capital catalana la cuestión del aumento del precio del alquiler y de la expulsión de vecinas y vecinos de sus casas se sitúe en el centro de la convocatoria. La diferencia se concreta en una tabla reivindicativa unitaria que gira en torno a la protección del derecho a la vivienda, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los límites a la turistifcación y la derogación de la reforma laboral, entre otras.

“Durante los últimos 40 años Barcelona se ha ido construyendo con errores y aciertos presididos por dos factores fundamentales: por un lado la especulación inmobiliaria y, por otro, la lucha de los barrios por una ciudad digna”, resumía el manifiesto de una convocatoria apoyada por la federación de asociaciones vecinales, el Sindicat de Llogaters o PAH Barcelona.

En la ciudad, el precio medio del alquiler subió un 24% en los últimos tres años, con picos de hasta el 60% en determinadas zonas. El 84% de los desahucios se produce en la ciudad por impago de alquiler, si bien esta cifra es mayor debido a que la subida de rentas asociada al fin de los contratos generalmente hace que los residentes abandonen la casa sin que se llegue a abrir un procedimiento judicial.

“La idea es que el propio recorrido de la manifestación señale a los culpables de esta situación de venta de Barcelona”, indica Irene Sabaté, de la plataforma Barcelona no Está en Venda y portavoz del Sindicat de Llogaters: los poderes públicos, los grandes tenedores de vivienda y los intermediarios “como los agentes de propiedad, que se lucran de forma inmediata con la rotación de los inquilinos”, explica Sabaté.

En el caso de A Coruña, lo que está en juego son más de 400.000 metros cuadrados del antiguo puerto en zonas privilegiadas de la ciudad, pues con la construcción deficitaria del conocido como Puerto Exterior de Punta Langosteira todas las actividades portuarias se trasladarán allí. Las otras tres zonas del antiguo puerto quedarán sin uso: Batería y Calvo Sotelo (con 50.000 m²) y los muelles de San Diego (396.000 m²).

Según denuncian desde la Comisión aberta en Defensa do Común, una plataforma ciudadana que agrupa a varios colectivos y sindicatos de la ciudad que convoca la concentración de este sábado día 12 a las 12:30 de la mañana, las administraciones controladas por el PP, en este caso la Xunta y la Autoridad Portuaria, han acordado de espaldas a la ciudadanía y al propio Ayuntamiento (en manos de la Marea Atlántica) vender esos terrenos para que puedan ser construidos pisos, hoteles y centros comerciales en primera linea de costa.

A Coruña cuenta con más de 20.000 viviendas vacías en la ciudad y una gran cantidad de centros comerciales, algunos ya cerrados y otros donde cada vez hay menos negocios abiertos.

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