Andalucía
La crisis sanitaria, el colapso y la sobremedicalización desbordan la atención a la salud mental en Andalucía

Julia, nombre ficticio, está diagnosticada con un trastorno límite de la personalidad y expone la tardanza en sus citas en la sanidad pública: “para la primera cita tuve que esperar seis meses y duró 30 minutos; tuve la última cita en diciembre de 2024 y la siguiente la tendré en septiembre de 2025”. Raúl, nombre ficticio, explica que tras esperar muchos meses tuvo una experiencia negativa al asistir a la consulta de la psicóloga de un centro médico andaluz: “Le expliqué mis malestares, las cosas por las que necesitaba terapia, la psicóloga se ríe, me dice que eso no es nada y que soy joven, que disfrute la vida”. Alex, sin embargo, cree que su experiencia en el sistema de salud mental en Andalucía ha sido “buena”, pero le sorprende la falta de continuidad y vigilancia de su proceso: “Solo he tenido una cita y me han recetado antidepresivos para dos años; que si tengo crisis, vaya a urgencias, pero sin seguimiento ni nada más”.

“Sigue habiendo mucha falta de recursos. La Junta de Andalucía se jacta de que lo que tienen en las unidades es mentira: terapia de grupo, terapia de familia, la terapeuta ocupacional, enfermería, psiquiatría, psicología son un montón de recursos a los que tenemos derecho y no siempre nos llegan", explica Elena que desde hace años es atendida en Salud Mental

El 42,08% de las andaluzas y andaluces han sufrido al menos un trastorno mental diagnosticable según los datos de la Junta de Andalucía. Según el propio organismo, en 2022 más de 300.000 personas en Andalucía sufrían depresión. Unos datos que, como en el resto del Estado español, no paran de aumentar. Según el último informe realizado sobre la situación del sistema sanitario andaluz por los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT, que alertan sobre la crisis sin precedente de la sanidad en Andalucía, faltan más de 18.000 profesionales para alcanzar la media estatal. Andalucía es la comunidad autónoma que menos profesionales de salud mental tiene de media, a pesar de ser el territorio con mayor número de habitantes: cinco profesionales por cada 100.000 habitantes; la media estatal es de seis.Una brecha aún mayor con respecto a la media europea de 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes.

Además, las listas de espera también afectan a esta atención; en junio del año pasado había en Andalucía más de 19.000 personas en espera para ser atendidas en Salud Mental. “No hay financiación, no se cubren plazas o se cubren con contratos semanales, con lo cual no hay ni compromiso ni continuidad, algo esencial para atender a la salud mental”, explica Francisco Casado Cañero, psicólogo del sistema público andaluz en Dos Hermanas.

“Los profesionales están cansados, quemados, es una sensación continua de ir al límite; como no se cubren vacaciones o bajas, el reparto se reparte entre pocos profesionales, se prioriza la primera cita de salud mental en detrimento de la continuación del tratamiento”, Laura Armesto, psicóloga en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla y presidenta de la Sociedad Española de Psicología Clínica.

Según el INE, en el año 2022 (último año del que se tienen datos), un total de 830 personas se quitaron la vida en Andalucía, es decir, dos al día.

Falta de recursos y desinterés desde la Junta de Andalucía

La consecuencia de esta situación repercute en las personas que buscan aliviar el sufrimiento psíquico del que padecen, como es el caso de Elena, una mujer gaditana que lleva años siendo atendida en el sistema de salud mental: “He pasado por seis o siete psiquiatras; no deberíamos tener que exponernos a siete diagnósticos y tratamientos diferentes que te pueden empeorar lo que tienes”, explica.

Desde su experiencia, cree que las instituciones públicas no dan los servicios adecuados para la atención a la salud mental: “Sigue habiendo mucha falta de recursos. La Junta de Andalucía se jacta de que lo que tienen en las unidades es mentira: terapia de grupo, terapia de familia, la terapeuta ocupacional, enfermería, psiquiatría, psicología son un montón de recursos a los que tenemos derecho y no siempre nos llegan”.

El informe publicado recientemente por el Defensor del Pueblo andaluz, Jesus Maeutzu, hace hincapié en la precaria situación en la que se encuentra la atención al sufrimiento psíquico en Andalucía. Maeztu pone el foco sobre que en mayo de 2025 “aún no se ha aprobado el Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (Pesma-A) 2024-2028 y, por ende, no se ha implantado la prevista ordenación y reorganización de la salud mental”. El defensor lleva varios años en su informe exponiendo la infradotación de este servicio y considera que en casos como las personas con patologías duales “no hay respuesta” y no existen “dispositivos especializados en la asistencia sanitaria a las mismas”.

El informe incluye quejas específicas como la insuficiencia de personal en este 2024 de la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Huelva, Plaza Houston, en la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Área de Gestión Sanitaria de Osuna, en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Córdoba y en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Peñarroya-Pueblonuevo. Maeztu exige que “se adopten las medidas que permitan la cobertura de las plazas estructurales de psiquiatras en las correspondientes unidades de gestión clínica de salud mental a fin de garantizar una asistencia de calidad”.

Desde la plataforma La salud mental es un derecho, Antonio Vergara de Campos expone que “existe un desinterés tan absoluto por parte de la Consejería de Salud en un sector tan complejo como es la salud mental”. El pasado septiembre, tras un proceso de reestructuración que afectó a varias consejerías del gobierno de Moreno Bonilla, la Junta de Andalucía decidió suprimir las palabras Salud Mental y Adicciones de la Dirección General de Atención Sociosanitaria. Una decisión que el gobierno andaluz justificó alegando que se trataba de “la mejora continua de la calidad de la atención ofrecida a la población”. Sin embargo, desde la Federación Salud Mental Andalucía se mostraban críticos con esta decisión, ya que “podría generar inquietudes sobre la priorización y visibilidad que se dará a áreas tan sensibles y cruciales”.

Ante la situación de recortes, déficit de personal y desinterés por parte de las instituciones, desde la Asociación Andaluza de Profesionales de la Salud Mental han expuesto en diversas ocasiones que “sufrimos cada día los recortes en recursos comunitarios, la priorización económica e ideológica al modelo médico, la inestabilidad de las plantillas y la privación de derechos de las personas con problemas de salud mental”. Desde la plataforma La Salud Mental es un derecho recuerdan que: “los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en Salud Mental no son los responsables del desastre actual, sino víctimas del sistema”.

Pastillas y hospitales, un sistema que se olvida de lo social

A Rocío, nombre ficticio para proteger la identidad de la fuente, le diagnosticaron anorexia, y tuvo que esperar varios meses hasta poder ver al psicólogo: “Me derivaron a psiquiatría, según las palabras del médico, para que me fuera medicando. Una vez me vió la psicóloga, me mandó a pintar mandalas”. Carmen explica: “No he vuelto al médico porque básicamente la única vez que pedí ayuda por lo público me humillaron tanto que no es opción para mí. Cuando le dije a mi médico de cabecera que llevaba meses con insomnio y ansiedad, me dijo que él no podía hacer nada y que me apuntase a yoga”.

Dar el paso y pedir ayuda para afrontar el sufrimiento psíquico es una situación que vulnerabiliza a las personas que lo hacen; unido a un sistema público colapsado, con déficit de recursos y basado en el consumo de fármacos, genera malestar tanto en pacientes como en profesionales. “La demanda se ha disparado y somos los mismos profesionales; no sólo hacen falta más, sino también que no se haga lo mismo”. Laura Martín López-Andrade, psiquiatra del ETIC del hospital virgen de la Victoria de Málaga

“Se emplean medidas muy coercitivas sobre la gente; los servicios comunitarios realmente son aquello que evita que las personas sufran tanto que tengan que ir a un hospital", reflexiona la psiquiatra Laura Martín López-Andrade

Los colectivos de profesionales llevan años denunciando el paso de una atención a la salud mental comunitaria a una “biologicista” basada en el consumo de fármacos y la hospitalización. “Por más que busquen las farmacéuticas el gen de la depresión, no lo están encontrando; quizá sea el momento de mirar a lo que sí existen las violencias y los desequilibrios sociales”, Laura Armesto. 

Según los datos del Servicio Andaluz de Salud, más de un millón de personas en Andalucía consumen benzodiacepinas; una de cada diez es consumidora crónica.  “Hay que irse a la base, no hay acceso a la vivienda, no hay acceso al empleo, la gente tiene redes sociales muy precarias, mucha gente viene de familia con muchos problemas económicos, mucha gente viene de experiencias traumáticas y todo eso exige una interacción diferente. Nosotros nos limitamos a crear instituciones y dispositivos a los que la gente tiene que adaptarse; eso no funciona”, explica la psiquiatra.

En los espacios de atención a la salud, como en la sociedad, se ha instaurado una manera única de entender el sufrimiento psíquico. Como explica Javier Erro en su libro Saldremos de esta, guía de salud mental para el entorno de la persona en crisis: “Desde hace muchos años se ha ido reduciendo la idea que tenemos de salud mental a los problemas de salud mental". Tenerla en cuenta únicamente cuando nos da problemas da a entender que en el resto de circunstancias es un factor que no debemos atender y que la salud mental es un tema problemático en sí mismo”.

Muchos profesionales abogan por una mayor inversión en el sistema de atención a la salud mental para la creación e implementación de políticas de salud comunitaria. “Se emplean medidas muy coercitivas sobre la gente; los servicios comunitarios realmente son aquello que evita que las personas sufran tanto que tengan que ir a un hospital. Hay que retomar políticas que vayan con las necesidades de la gente y con sus derechos”, sentencia Martín López-Andrade.