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Argentina
Javier Milei pone en riesgo la soberanía argentina sobre los territorios australes

El martes 13 de mayo el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, anunció la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos móviles. La medida se hizo efectiva una semana después, con la publicación del decreto 333/2025 que establece que en una primera etapa se reducirán del 16% al 8% y a partir del 15 de enero de 2026 serán del 0%. Asimismo informó que también se reducirán los impuestos internos para la compra de estos mismos productos, televisores y aires acondicionados del 19% al 9,5% en todo el territorio continental, y de 9,5% al 0% para la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Aunque en el corto plazo puede reportar algún beneficio para los consumidores, este último distrito se ve afectado negativamente por la decisión gubernamental. Es que desde hace más de medio siglo cuenta con un régimen especial que favoreció el desarrollo económico y la instalación de distintas empresas, muchas de ellas dedicadas a la producción de artefactos electrónicos, entre ellos teléfonos móviles.
La reducción y eliminación de impuestos a la importación pone en riesgo el modelo económico de Tierra del Fuego, pieza fundamental para la defensa de la soberanía y los reclamos argentinos sobre el Atlántico Sur
La reducción y eliminación de impuestos a la importación pone en riesgo el modelo económico fueguino, cuya población creció durante las últimas décadas por encima de la media nacional al amparo de esos incentivos fiscales. Además, esta iniciativa tuvo y tiene un objetivo de mayor largo plazo, por lo cual se mantuvo durante tanto tiempo como una política de Estado: por su ubicación geográfica, la provincia de Tierra del Fuego es fundamental para la defensa de la soberanía y los reclamos argentinos sobre el Atlántico Sur.
El conflicto laboral
La primera reacción a la medida anunciada por el Gobierno vino de parte del movimiento obrero fueguino. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la ciudad de Río Grande —la más grande e industrializada de la provincia— paralizó sus actividades por tiempo indeterminado con respaldo del sindicato a nivel nacional.
Una semana más tarde, tras la publicación del decreto, el conflicto escaló y el miércoles 21 de mayo se llevó a cabo una huelga general en Tierra del Fuego. Es que de acuerdo al sindicato, la apertura de las importaciones pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo de los 16.000 que aporta el sector de manera directa e indirecta.
En ese marco Juan Carlos Villalba, delegado de la firma metalúrgica Mirgor, se refirió a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien opinó que la provincia podría reconvertirse “en un gran parque de diversiones” para el turismo internacional. “Si tanto le gustan los parques de diversiones que venga a visitarnos, que se venga a divertir con nosotros, está a tres horas de vuelo”, sentenció el dirigente.

Tras una semana de medidas de fuerza, el jueves 22 de mayo por la noche, la UOM llegó a un acuerdo con la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), representante del sector empresarial. Ambas partes acordaron que se sostendrán todos los puestos de trabajo, al menos hasta el 30 de diciembre de 2025 y no se descontarán los días de huelga.
Asimismo, sindicatos, empresarios y el Gobierno provincial conformarán una comisión de seguimiento del sector industrial para ir evaluando los pasos a seguir.
El régimen de promoción fueguino
La normativa que se encuentra en discusión es la Ley 19.640 sancionada en 1972 y modificada varias veces a lo largo de los años. Impulsada por el Gobierno de facto del general Alejandro Agustín Lanusse, tenía el objetivo de alcanzar la máxima del reconocido abogado y jurista liberal argentino Juan Bautista Alberdi (1810 - 1884) quién sostenía que “gobernar es poblar”.
Desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas argentinas, la decisión tenía un punto de vista estratégico y militar. Como señaló Martín Schapiro, ex asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019 - 2023), en un artículo reciente, en aquellos años el país todavía tenía diferendos limítrofes con Chile que casi provocan una guerra en 1979, a lo que se sumaba el histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. Por ello resultaba fundamental desarrollar el territorio.
El 21 de mayo se llevó a cabo una huelga general en Tierra del Fuego. De acuerdo al sindicato, la apertura de las importaciones pone en riesgo 7.000 puestos de trabajo de los 16.000 que aporta el sector
Para ello, la legislación estableció un régimen de promoción industrial que garantizaba exenciones impositivas para las empresas que se radicaran en la Isla Grande de Tierra del Fuego y un Área Aduanera Especial. Asimismo declaró como Zona Franca el resto del territorio: las islas del Atlántico sur y la península antártica.
De acuerdo al censo de 1970, el entonces Territorio Nacional (no se convirtió en provincia hasta 1991) de Tierra del Fuego tenía poco más de 13.000 habitantes, muchos de ellos extranjeros. Medio siglo después de sancionada la ley, el censo de 2022 arrojó una población total de 185.000 personas.
La provincia se convirtió en un polo industrial, sobre todo desde la recuperación democrática de 1983, favoreciendo la migración interna. En una primera etapa se impulsó la fabricación de electrodomésticos, textiles y autopartes. Y a partir de modificaciones establecidas en 2009, se establecieron empresas de la industria electrónica como Mirgor, Newsan, Electrofueguina y BGH, entre otras.
Según estadísticas de Afarte, en 2023 —último año con datos— el 95% de los televisores, el 98% de los teléfonos móviles y el 91% de los acondicionadores de aire comprados en Argentina fueron producidos en territorio fueguino.
Críticas y debates
Si bien el Gobierno de Javier Milei sostiene la baja de aranceles como un principio ideológico de su programa neoliberal, lo cierto es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) exigió explícitamente a la Argentina poner fin al régimen especial de Tierra del Fuego. En su último informe técnico del mes de abril, el organismo internacional señaló que “desde una perspectiva de equidad la alta dependencia de los impuestos indirectos, que representan más de la mitad de todos los impuestos, reduce la progresividad y las exenciones fiscales (incluidas las destinadas a apoyar la producción en regiones como Tierra del Fuego) también contribuyen a la desigualdad”.
Sin embargo, las críticas al régimen diferenciado no son nuevas, ni anidan únicamente en la ultraderecha mileista. “Es la política industrial más costosa que tiene la Argentina y no tiene demasiados saldos”, dijo a este medio Martín Schapiro. Particularmente apuntó a la producción de teléfonos móviles donde “no hay ni ahorro de divisas ni demasiada agregación de valor local y a su vez es el negocio más grande”.
Si bien Milei sostiene la baja de aranceles como un principio ideológico de su programa neoliberal, lo cierto es que el FMI exigió a la Argentina poner fin al régimen especial de Tierra del Fuego
Asimismo consideró que los problemas que justificaron este modelo en el pasado ya se lograron. “La provincia está poblada y en términos de otras atribuciones vinculadas al ejercicio de la soberanía y las posibilidades de hacer efectivo ese ejercicio, la verdad es que estamos mucho peor”, añadió. En relación a esto señaló que el costo del modelo fueguino representa un tercio del gasto en Defensa y remarcó la falta de infraestructura ya que no existe “ningún enlace terrestre con el continente” y también existen problemas “en términos de conectividad marítima” al depender exclusivamente del puerto de Ushuaia, la capital provincial.
Sin embargo, este planteamiento deja de lado algunos factores. Es cierto que la población de la provincia creció de manera exponencial gracias a la instalación de industrias que se vieron favorecidas por el régimen de promoción. Pero si esas empresas cierran o reducen personal, nada impide que las personas afectadas vuelvan a migrar.
Para Silvina Romano, doctora en Economía de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, no hay dudas: “En términos de soberanía [eliminar el régimen] implica poner en riesgo la sostenibilidad de la población y de la actividad económica en un lugar estratégico”.
Aunque se trata de la provincia más austral del país y está ubicada a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires, Tierra del Fuego es el centro geográfico de Argentina
En relación a la crítica por la falta de infraestructura y de diversificación económica, la economista recordó en diálogo con El Salto “la modificación que se hizo en el 2021 que propuso la creación de un Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP) con aportes de las empresas para obras de infraestructura y nuevas alternativas de negocios en otros sectores”.
La referencia es al Decreto 727/2021 impulsado por el expresidente Fernández que formalizó la prórroga del subrégimen de promoción industrial hasta el 31 de diciembre de 2038. Allí se estableció también la creación del FAMP que se financia con el aporte del 15% de lo que se ahorran las empresas con las exenciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El dinero recaudado se divide en un 60% para el financiamiento de proyectos productivos (no necesariamente enmarcados en el régimen de promoción) y el 40% a inversiones en obras de infraestructura cuyo objetivo sea el desarrollo productivo, así como la reducción de costos logísticos. Para Romano se trata de “una oportunidad histórica para transformar el régimen, para generar nuevas unidades de negocios y para poder hacer una transición del empleo a otras áreas”. No obstante, aclaró que se trata de generar nuevos empleos que no reemplacen los ya existentes, porque “es muy difícil cambiar 10.000 puestos de trabajo de un sector a otro”.
En esta línea Schapiro aclaró que, más allá de sus críticas, “terminar el régimen sin más generaría un problema social y —fuera del ahorro fiscal que no es menor— no soluciona nada”. Por eso planteó la necesidad de buscar una modificación “negociada”.
Por cuestiones burocráticas y administrativas, el FAMP recién está comenzando a dar sus primeros pasos. Uno de los proyectos ya aprobados es la creación de una usina eléctrica en Ushuaia —lo que le permitiría depender menos de la importación de energía del continente—. También se encuentran en evaluación la demorada construcción del puerto multimodal de Río Grande, así como centros logísticos y obras de hotelería.
El centro geográfico
Aunque se trata de la provincia más austral del país y está ubicada a más de 3.000 kilómetros de Buenos Aires, Tierra del Fuego es el centro geográfico de Argentina. Esto se debe a que el país sudamericano reivindica su soberanía sobre una parte del continente antártico en el cual ha mantenido presencia permanente desde 1904 y los territorios insulares ocupados ilegalmente por el Reino Unido, considerados como “no autónomos” por Naciones Unidas, siendo el caso más conocido el de las Islas Malvinas. Desde la normativa legal argentina, todos estos territorios tienen su capital en Ushuaia.
El periodista fueguino y excombatiente de la guerra de Malvinas (1982), Daniel Guzmán, es contundente: “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es la única provincia marítima y es la provincia que le da la bicontinentalidad a la Argentina”. Entrevistado por El Salto explicó que “puede ser que Ushuaia sea la ciudad más alejada de la capital, pero es el centro de la Argentina bicontinental”.

Por eso el debate actual no es solo económico, sino que tiene un trasfondo geopolítico. El diputado nacional e integrante de la Comisión de Defensa de la cámara baja, Eduardo Toniolli, coincidió. “Cuando en 1972 se firmó el régimen de promoción económica, y luego en 1974 el Congreso Nacional aprobó el régimen de promoción industrial, se hizo con la idea de poblar la isla y generar las condiciones económicas para que —llegado el momento— nuestro país pueda ejercer plenamente su soberanía sobre Malvinas y su proyección sobre el continente blanco”, historizó.
“El Comando Sur de los EEUU viene mostrando creciente interés en intervenir en las definiciones del Gobierno nacional y de los estados subnacionales, preocupado por una eventual influencia china en la región”
Además de mencionar el pedido explícito del FMI por eliminar el régimen económico fueguino, el diputado destacó que “paralelamente, el Comando Sur de los EEUU viene mostrando creciente interés en intervenir en las definiciones del Gobierno nacional y de los estados subnacionales”. Puntualmente, en lo que refiere a Tierra del Fuego y “su proyección sobre el Atlántico Sur y sobre la Antártida, preocupado por una eventual influencia china en la región”.
Cabe recordar que, en 2023, el Gobierno provincial había firmado un acuerdo con China para construir el puerto de Río Grande y una planta industrial. Sin embargo, el proyecto fue dado de baja por presiones de Washington y sectores opositores. No casualmente en 2024 el presidente Milei realizó un acto conjunto en Ushuaia con la general estadounidense Laura Richardson, entonces titular del Comando Sur, anunciando que allí se construiría una futura base integrada para las Fuerzas Armadas de ambos países.
“¿A quién beneficia esto?”, se preguntó Guzmán y respondió que obviamente a EEUU que busca “tener una presencia permanente en el Atlántico Sur”. Pero también al Reino Unido “que no quiere una sociedad politizada, no quiere una sociedad comprometida con la defensa de la soberanía”.
El excombatiente recordó además que el régimen de promoción industrial es solo uno de los proyectos que se pensaron hace medio siglo para la provincia. Los otros dos eran “la base naval integrada para el desarrollo antártico que ahora se pone políticamente en manos estadounidenses“ y la integración soberana entre el área nacional continental y la isla grande de Tierra del Fuego “que no tiene comunicación terrestre” a través de Argentina. La única forma de llegar por tierra es desde Chile.
“De estos tres proyectos, la ley 19.640 es la única que está funcionando”, remarcó.
La causa Malvinas
Las Islas Malvinas, ubicadas a 600 kilómetros de la costa patagónica, fueron ocupadas por el Reino Unido en 1833 tras expulsar al gobernador y a los pobladores argentinos. Desde entonces, el país sudamericano exige la devolución del territorio y ha convertido ese reclamo en una causa nacional.
En 1965 las Naciones Unidas aprobaron la resolución 2065 que instaba a Londres a resolver la cuestión de manera pacífica. Guzmán señaló que allí se inscribió la política de promoción y desarrollo de Tierra del Fuego y que hubo avances significativos al respecto “entre 1972 y 1982”. “En esos años se establecieron acuerdos de cooperación y asistencia”. Había vuelos periódicos desde el continente hacia las Malvinas operados por Líneas Aéreas del Estado (LADE); la petrolera estatal YPF proveía garrafas de gas; y hasta se instaló una oficina de Correo Argentino en las islas.
No obstante, la guerra de 1982 impulsada por la última dictadura y que terminó con un triunfo británico, puso fin a ese proceso.
“Hasta 1982 el Reino Unido ocupaba 14.800 km2, lo que significa el archipiélago de las Islas Malvinas y diez millas a la redonda; 43 años después ocupa 1.620.000 km2”
Pero eso no fue todo. Desde entonces Londres ha reforzado su presencia con una base militar permanente y una expansión de su ocupación colonial. El periodista fueguino lo explica en números: “Hasta 1982 el Reino Unido ocupaba 14.800 km2, lo que significa el archipiélago malvinero y diez millas a la redonda; 43 años después ocupa 1.620.000 km2”.
Por su parte Toniolli sostuvo que Tierra del Fuego es fundamental para esta causa. Y agregó que “el reclamo debe sostenerse con una política exterior que se despliegue en todos los foros y organismos internacionales, con una política de defensa que equipe y forme a nuestras Fuerzas Armadas, fortaleciéndolas con fines disuasorios y con una política económica que incluya el desarrollo integral de nuestra Patagonia austral entre sus objetivos”.
Por eso concluyó que “en el largo plazo, el despoblamiento de Tierra del Fuego va a favorecer al Reino Unido”.