Derecho al agua
Recta final hacia la remunicipalización del agua en Barcelona
La iniciativa para la vuelta a manos públicas de la gestión del agua en la capital catalana llega a su fase final con los frentes administrativo, judicial y ciudadano abiertos.
La remunicipalización del agua en Barcelona, una de las grandes banderas de la candidatura de Barcelona en Comú en 2015, entra en su fase final con tres frentes abiertos: el administrativo, el judicial y el ciudadano. El consistorio presidido por Ada Colau avanza lentamente en los trámites para poner fin a la cesión de la gestión del agua de la capital catalana a la empresa privada AgBar, realizada en 2011 por el entonces alcalde Xavier Trias, con el apoyo del PSC.
Los movimientos sociales que vienen reclamando esta municipalización desde 2010 han promovido que la medida se lleve a consulta popular en junio, aunque su acción ha sido recurrida por AgBar mediante distintas vías. Finalmente, todo el proceso depende de la sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la mencionada cesión de la gestión del agua a AgBar en 2011, que fue declara nula en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en 2016.
Aunque todas estas batallas acabaran de forma positiva para el movimiento por la municipalización, todo indica que los plazos para culminar el proceso sobrepasarían holgadamente la actual legislatura. De esta forma, la promesa electoral de Barcelona en Comú se uniría a otras remunicipalizaciones frustradas en el resto del Estado tras las esperanzas despertadas por los triunfos de los llamados 'ayuntamientos del cambio' en 2015 y todo quedaría sujeto a un nuevo triunfo electoral en 2019.
La gestión privada o mixta se ha ido imponiendo, particularmente desde el inicio de la crisis económica, y ya ocupa más de la mitad del mercado en España
Una legislación estatal hostil, la oposición de los partidos tradicionales y de las grandes empresas y hasta de los propios trabajadores de los sectores afectados han dificultado e incluso bloqueado varios procesos similares en el resto del Estado desde 2015.
La fallida remunicipalización del servicio de recogida de basuras en Madrid es quizás el más paradigmático.En ciudades como Zaragoza (010 y parques y jardines), Toledo (transporte urbano) o Cádiz (limpieza viaria y transporte urbano), también gobernadas por candidaturas surgidas al calor de las confluencias de 2015, la recuperación de la gestión municipal de servicios públicos se ha visto entorpecida por figuras legales como la "tasa de reposición" o la oposición del resto de partidos, incluido el PSOE. En cuanto a la municipalización del agua, ha traído resultados dispares, siendo el caso de Valladolid el más exitoso, que tampoco ha estado exento de problemas, recurso judicial por parte de la empresa afectada incluido.
De gestión privada a gestión mixta
La gestión del agua en Barcelona funcionó en un limbo legal, sin un contrato de cesión por parte de la administración a ninguna empresa, hasta 2010. Desde los años 70 del siglo XIX, la gestión se llevó a cabo por parte del capital privado, con la corta salvedad de las colectivizaciones obreras durante la Guerra Civil. Ya en los 60, empujado por las protestas del movimiento vecinal, el Ayuntamiento configuró un modelo de gestión privada con mantenimiento público de las infraestructuras que seguirá vigente hasta 2010.
Ese año, el juez Eduard Paricio, de los juzgados de Barcelona, sentenciaba que "no existe contrato de concesión entre el Ayuntamiento de Barcelona y AgBar" y que, por tanto, el servicio prestado era ilegítimo y las facturas cobradas, ilegales. En respuesta a la nueva situación legal, en 2011, el alcalde convergente Trias creó una empresa mixta a través del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) compuesta por AgBar (85%) y la propia AMB (15%). Posteriormente, se concedió a esta empresa la gestión del agua hasta el año 2047 sin pasar por concurso público.
Este último atajo, sumado a otros fallos de forma, llevaron a que el TSJC determinara en marzo de 2016 que la cesión había sido irregular. Aunque la sentencia se encuentra recurrida y a falta de un resolución definitiva por parte del Tribunal Supremo, por el momento, ha servido para abrir el melón de los modelos alternativos de la gestión del agua en Barcelona. "Hemos conocido la gestión privada, hemos conocido la gestión mixta y el único modelo que nunca hemos probado en Barcelona es el de la gestión pública", declara Eloi Badía, concejal de Agua y Energía del Ayuntamiento de Barcelona.
La gestión del agua en Barcelona funcionó en un limbo legal, sin un contrato de cesión por parte de la administración a ninguna empresa, hasta 2010
En el resto del estado encontramos distintos modelos de gestión pública, desde el Canal de Isabel II de Madrid, recientemente salpicado por casos de corrupción y con una práctica más cercana a la de la empresa privada, a modelos de gestión ampliamente participados, como el de Medina Sidonia, en la provincia de Cádiz. No obstante, la gestión privada o mixta se ha ido imponiendo, particularmente desde el inicio de la crisis económica, y ya ocupa más de la mitad del mercado en España. La multinacional francesa Suez (a través de Agbar y sus distintas filiales) y la española FCC acaparan el 89% del mercado nacional, según datos de La Marea.
La tendencia a nivel internacional parece ser contraria a la española y se podría decir que estamos viviendo un proceso generalizado de remunicipalización de la gestión del agua en la última década. "La movilización en Barcelona se enmarca en un contexto más grande que hemos tenido en una cantidad innombrable de países", declara Pablo Sánchez Centellas, portavoz de la Iniciativa Ciudadana Europea por el derecho humano al agua. "Hemos tenido un remunicipalizaciones en Berlín y en París, referéndums contra la privatización en Tesalónica y en Italia, en el que votó más gente que en las elecciones generales. Estamos ante un movimiento general que ha generado una red europea en defensa de un sistema público, democrático, transparente y participativo".
Las batallas por la municipalización
De vuelta en Barcelona, todo se mantiene a la espera de la resolución final del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la cesión de la gestión del agua a la empresa mixta liderada por AgBar. Entre tanto, el Ayuntamiento y el AMB, ambos presididos por Colau, están avanzando en la elaboración de estudios previos y en el afianzamiento de los apoyos políticos a la remunicipalización.
"Desde la sentencia de 2016 encargamos estudios para saber qué partes de la empresa se habían amortizado y para conocer la situación contractual con la empresa", declara el concejal Badía. "La moción del Ayuntamiento de noviembre de 2016, en la que se nos llamó a trabajar para la gestión pública, se aprobó con los votos del PSC, ERC y CUP, pero, de cara a la aprobación de la remunicipalización del agua, el documento que estamos elaborando sobre cómo será la gestión será determinante para que el resto de grupos valoren su apoyo".
El movimiento social en defensa de la municipalización ha decidido emprender su propia vía para aumentar la presión sobre los actores implicados
Más allá de la acción administrativa y judicial, el movimiento social en defensa de la municipalización del agua ha decidido emprender su propia vía para aumentar la presión sobre los actores implicados. A la multiconsulta organizada por el Ayuntamiento y prevista para junio de este año han decidido sumar una pregunta sobre este tema.
La reacción de AgBar no se ha dejado esperar y ya se han interpuesto varios recursos ante el consistorio, que se suma al de la delegación del Gobierno, para que la municipalización del agua no sea sometida a una consulta que, en cualquier caso, no será vinculante.
"Nosotros queremos poner el debate encima de la mesa", declara Pau Ortinez, miembro del colectivo Aigua és Vida, uno de los impulsores de la consulta. Ahora mismo, en Barcelona, el debate gira en torno a la independencia, la vivienda, los desahucios, la presión turística sobre los pisos de alquiler, los refugiados... y nosotros queremos que el tema del agua sea uno más de estos temas".
Una vez que se culminase el proceso, Ortinez admite que el gran reto sería lograr un modelo "con participación ciudadana", que aspiraría a ser "mitad Tarrasa, donde todo ha girado en torno a cómo participará la ciudadanía de la gestión del servicio, y mitad París, donde se ha configurado un observatorio ciudadano del agua, un órgano en el que participan ecologistas y se fiscaliza realmente la acción del Gobierno". Todo ello quedaría supeditado, en cualquier caso, a que se ganen las batallas administrativa y judicial y, muy probablemente, a que Barcelona en Comú reedite victoria municipal en 2019.
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Jose, seguro que Agbar, como muchas otras empresas, habrá hecho cosas bien, otras mal y algunas muy mal; pero sabes tan bien como yo que el agua no ha sido ni es un problema en Barcelona ni entidad metropolitana (y eso es mérito de Aigües de Barcelona); te lo digo con conocimiento. Es más, las últimas ciudades, pueblos que han pasado de una gestión privada o mixta a una pública, han tenido consecuencias negativas (véase casos de Valladolid, Berlín, Paris...) con incrementos de tarifas y deficiencias técnicas; no se, cada uno es libre de pensar como quiera pero, si me permites una reflexión, el cambiar de gestion del agua tendría que ser por un motivo técnico, no por un motivo ideologico o político; una gestion premiada y reconocida internacionalmente tendría que ser motivo de orgullo y de defensa por parte de los ciudadanos que disfrutamos de esta.
Saludos
Oriol, cambiar la gestión del agua privada (que busca beneficios y por tanto será MAS CARA o MENOS EFICIENTE) a público (que no busca beneficios y por tanto será mas BARATA o mas EFICIENTE), no es cuestión de ideología, es cuestión de lógica, pero con gente como usted, estamos apañados. Si en Valladolid, Berlín, París, etc, es ahora más caro, evidentemente es probable que haya un problema de corrupción y eso es lo que se debería solucionar, NO privatizando algo tan BASICO.
El sr.Ortínez parece desconocer que la tan cacareada remunicipalización de Terrassa está siendo un fiasco neonato, pues el consistorio no para de pedir prórroga tras prórroga a Mina para que no se vaya y los deje solos...pues no van a ser capaces de gestionar el servicio de manera directa. En cuanto a Paris (3.000.000 de clientes pero sólo 88.133 contadores) desde que el agua es pública el precio h aumentado un 50% en 8 años, se pierde más y más agua por la red y el Observatorio...está cerrado!!! no publica nada nuevo desde el 2015, sólo hace falta ir a la web y mirarlo.
Menos mentiras y más sentido común, Aguas de Barcelona es una buena empresa y que el Ayto de la sra Colau y E.Badia tenga que gastarse más de 2.000 millones de euros en expropiar a AB la compañía es triste...
En fin, votar a los Comuns es tirar el voto. A qué espera ICV para romper el pacto?
El sr.E.Badia no explica el motivo po el que el Ayto de Bcn desde que está él (y su pareja Tatiana cobrando de fondos públicos 50.000 euros, sin tener experiencia laboral), está otorgando subvenciones millonarias a sospechosas plataformas como AEV y la FAVB para que ataquen a Agbar.
El agua no es un problema, AB ya es pública, y el sr. BAdia es un peligroso indocumentado.
Mucho cuestionar el mal o buen hacer de Agbar pero....alguien me puede decir q coste está teniendo a la ciudanania de barcelona la campaña para remunicipalizar un servicio q a mi parecer por la experiencia como usuario es uno de los mejores de la capital????
Sea como sea pienso que nadie debe hacer negocios con las materias de primera necesidad como el agua
cambio climático... sequia y desertización en el sur del mediterráneo... gobernanza mundial corporativa... crisis-estafa... Atemos cabos, y allí donde se luche para reinventar el sector público-comunitario frente a estas amenazas, todo nuestro apoyo
Se tendrian que preocupar de gobernar para todos los catalanes....fuera lazitos del ayuntamiento y dejarse de tonterias....del recibo el 80% son impuestos....Sra. Colau...los pagara usted?? .
La campaña de limpieza de cara que esta queriendo hacer AGBAR no tiene nombre, sólo hay que ver este comentario tendenciosa de este usuario anónimo. Está invirtiendo mucho dinero para preservar su monopolio, conseguido a base de engaños y favores de anteriores administraciones. AGBAR ha servido para recoger a muchos políticos que saltaban de muchos partidos. Es normal que ahora quieran mantener sus tejemanejes. Imaginaos todo lo que descubriría si entran manos públicas a gestionar un bien común como el agua
¿El agua es un problema?, venga ya. Basta de populismos baratos y centrémonos en lo realmente importante. ¿Que bajará el precio del agua si es pública?, pues no, ya que existen sinergias en una multinacional que abaratan ciertos procesos que un municipio no tiene. Y si el agua es cara, preguntaros qué cuesta el agua en otro países de Europa, o qué cuesta aquí la telefonía, el gas, los transportes públicos, etc etc
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