Después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, el 26 de septiembre de 2016, han aumentado las violaciones a los Derechos Humanos, se han deteriorado el clima democrático y las libertades y se ha incrementado la represión sobre los movimientos sociales y las comunidades. Ante esto, el pueblo se ha movilizado y ha planteado la lucha por el cumplimiento integral de los Acuerdos de Paz y por la mejora de las condiciones de vida de la población.

El Tribunal Internacional de Opinión (TIO) y el paro nacional son hitos de un mismo proceso, en un doble sentido. Representan, por un lado, el juicio popular contra un modelo que, en el altar del mercado, sacrifica los derechos de las mayorías populares, y por otro, ambas iniciativas inciden en una lógica de resistencia y defensa de la vida sostenida sobre la unidad en la diversidad —esto es, sobre la articulación de agendas y sujetos emancipadores—, clave fundamental en la contienda política actual.

La lucha contra la violencia machista ha pasado de incidir en los cambios normativos a poner el foco en el sistema judicial como principal responsable de su impunidad.