Agroecología
Embudos verdes (I)

¿En qué situación se encuentra la agricultura ecológica en Extremadura? Siguiendo la metáfora del tren, más bien parece otro transporte exclusivo que se nos presenta como un gran proceso de innovación, pero que nos vuelve a orientar hacia afuera y no hacia las necesidades de la región. A pesar de los titulares que insisten en el lógico, aunque tímido, aumento de superficie o aquellos otros que dan cifras de inversiones muy publicitadas, Extremadura desciende peldaños si tenemos en cuenta la importancia y los avances experimentados en cualquier otra región del país, como analizaré seguidamente. La cuestión es relevante no solo por razones de salud: fuerte prevención de cáncer según reciente estudio desarrollado en Francia sobre una muestra de 69.000 pacientes. O por ser un sector económico con potencial para atraer al sector más joven del medio rural. Es ante todo un imperativo para enfrentar el cambio climático a través de actividades que emiten mucho menos CO2 y aportan mucha más resistencia frente a determinadas enfermedades o a la pérdida de fertilidad de nuestros suelos. Y es también asunto del Derecho a la alimentación en Extremadura, comunidad autónoma que se sitúa a la cabeza de la tasa de pobreza y exclusión social en España, con un 44% de la población afectada, según nos muestra el indicador AROPE en su 8º informe para la Unión Europea.

Saltamos Extremadura

Municipalismo para no exportar Extremadura

Ángel Calle Collado

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Municipalismo

Municipalismo para no exportar Extremadura

Ángel Calle Collado

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La inviabilidad social y económica de la “globalización” va a ofrecer una ventana de oportunidad para el despegue de mercados locales y economías más sostenibles.

A comienzos de este siglo Extremadura representaba más del 20% de la superficie del país dedicada a la agricultura ecológica. En el 2010 era del 5,7% y en el 2017 era ya del 4,5%. Como productores éramos más del 30% en la década anterior, consecuencia de ayudas agroambientales que aprovecharon sectores como el olivar. Pasamos después a representar el 12,9% en 2010 y el 7,6% en la actualidad. En cuanto al número total de operadores (productores, comercializadores, importadores, exportadores, transformadores) se reproduce el acusado descenso: 31% en 2003, 11,7% en 2010, 6,8% en 2017. Una caída que es mucho más dramática si tenemos en cuenta que el descenso de operadores se da en términos absolutos, pasando de 3.068 en 2014 a 3.020 en 2017.

Por sectores productivos destacan los pastos con la fuerte presencia de dehesa y cultivos extensivos como el olivar, que supone el 86% de nuestra producción más sostenible

Por comparar, una Región como Murcia, que venía de más atrás en el sector, ha pasado de 2.534 a 3.285 operadores. Andalucía ha incrementado su número de operadores en un 40%. El tema de la comercialización ligada a redes o cooperativas de productoras y productores es vital para responder a futuras demandas internas de la región. Crecimientos de demanda esperables entre jóvenes y los nuevos padres, la generación “millenial”, quienes valoran más, a pesar de sus precariedades laborales, ciertos criterios de calidad nutricional, sabores originales, respeto al medioambiente o deseos de apoyar una economía más local. Aquí vemos que se repite el patrón, pasando Extremadura de representar el 5,3% de las comercializadoras del país al 3,5% entre 2010 y 2017.

Por sectores productivos destacan los pastos con la fuerte presencia de dehesa y cultivos extensivos como el olivar, que supone el 86% de nuestra producción más sostenible. En cuanto a frutales, es apreciable que Extremadura representa más de la mitad de la superficie de España en cuanto a nectarina o higo ecológico. Es poco relevante la producción de albaricoques o cerezas. La producción de fruta bien podría servir para tener una mayor presencia directa en los mercados emergentes de Madrid, Sevilla e incluso de la propia Extremadura a través del consumo institucional. Es marginal la producción de legumbres secas para grano, que debería estar en relación directa con la expansión ecológica y extensiva de la ganadería. Dicha ganadería ha crecido en comparación con el 2010, llegando a suponer más del 10% del total del país. Sin embargo, solo dos industrias se dedicaban en 2017 a la fabricación de piensos, por contraposición a 95 en la vecina Castilla La Mancha. La apicultura extremeña no acaba de iniciar una transición importante hacia los manejos ecológicos, en parte por las condiciones de certificación y por la presencia de agricultura con químicos en los territorios donde se desarrolla. Contrasta el número de 645 colmenas inscritas en Extremadura con las cifras de Castilla León (13.298) o de Castilla La Mancha (8.267).

El sector ecológico, imitando al convencional en muchos casos, crece además de forma “amorfa”. La gran distribución tira del sector cárnico extremeño, pero este no tira a su vez de insumos regionales

El sector ecológico, imitando al convencional en muchos casos, crece además de forma “amorfa”. La gran distribución tira del sector cárnico extremeño, pero este no tira a su vez de insumos regionales. En las Vegas del Guadiana se concentran ayudas y se favorece el desarrollo de monocultivos hortícolas. Conviven modelos que impulsan el cooperativismo de la pequeña producción, con otros enfocados a satisfacer mercados externos, alquilar tierras y proponer un modelo de jornalerización como salida laboral. Entre estos últimos el caso más ilustrativo es el apoyo dado a HaciendasBio, conglomerado empresarial que gestiona ya 40 fincas en todo el país, y que tiene desde 2015 una fuerte participación del Grupo Agostini (vinculado a Atresmedia).

“En HaciendasBio, te dan de baja el día 29 de cada mes y luego te vuelven a contratar”

Eugenio Romero Víctor Prieto Rodríguez

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Explotación laboral

“En HaciendasBio, te dan de baja el día 29 de cada mes y luego te vuelven a contratar”

Eugenio Romero ,  Víctor Prieto Rodríguez

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El verano pasado, las noticias sobre HaciendasBio corrían como la pólvora de boca en boca por el campo extremeño. La pujante empresa agroecológica ubicada entre Mérida y Esparragalejo tenía a sus trabajadores y trabajadoras en pie de guerra. En la actualidad, acumula seis meses sin hacer efectiva la subida del Salario Mínimo Interprofesional decretada por el Gobierno. Recogemos dos testimonios de extrabajadoras. 

¿Qué está ocurriendo para que esto sea así? Ciertamente existen luces y sensibilidades que impiden que la cosa vaya a peor. La pequeña producción comienza a reaccionar y a sumarse a una transición en sus formas de producir y transformar, algunas cooperativas o empresas medianas se dan cuenta de que es un vector agroalimentario que viene creciendo en números (consumo, tiendas, presencia en comercio convencional) por encima del 15%, la Junta de Extremadura presentaba su Plan estratégico de producción ecológica en 2018 y aumenta también la sensibilidad social por temas de salud, medioambiente o para potenciar redes de consumo directo.

El caso más ilustrativo es el apoyo dado a HaciendasBio, conglomerado empresarial que gestiona ya 40 fincas en todo el país, y que tiene desde 2015 una fuerte participación del Grupo Agostini (vinculado a Atresmedia)

Pero aun así atravesamos tiempos convulsos donde las necesidades van por un lado y determinadas lógicas economicistas o mediáticas acaban invisibilizando y sancionando opciones más sostenibles para la población y para nuestros territorios. A mi juicio, tres son las dinámicas que están asentadas en la región frenando el despegue de esa Extremadura más sustentable. La primera, de carácter global y que conquista agendas políticas y visiones desde incluso el propio campo extremeño, se explica por la asunción de la lógica del “campamento minero”, la aplicación de recetas que ya nos trajeron la Extremadura Saqueada, lógica que aplicada al sector ecológico representa: impulsar y favorecer económicamente a los grandes monocultivos y granjas intensivas; exportar sin transformar; desincentivar la biodiversidad cultivada y ganadera que atiende a distintos territorios (regadío, dehesa, sierra, etc.); relegar mercados locales y consumos promovidos por las instituciones extremeñas para fomentar masivamente la comercialización desde una gran distribución (Carrefour Bio, Mercadona, Lidl, etc.). La gran distribución constituye la base de un gran embudo verde que impone agendas alimentarias, reclama ayudas, impide que prospere el comercio de proximidad, mantiene las lógicas de huella ecológica (alimentos que viajan kilómetros, incentivo de plásticos en el embalaje) y tiran los precios para el pequeño productor. Su perspectiva no es la sostenibilidad ni el derecho a la alimentación, sino el cercamiento a escala europea de un nicho de mercado en verde.

El desembarco eco

Brenda Chávez

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Ecología

El desembarco eco

Brenda Chávez

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La gran distribución ha puesto sus miras en el sector ecológico. ¿Es “verde” todo lo que reluce?

Esta situación se favorece por un campo extremeño poco articulado internamente, con un sector cooperativo que ha de repensar sus estrategias de innovación y de seducción para gente joven. Un hambre de asociacionismo que se agrega a planes gubernamentales, como el de la producción ecológica, que no fomentan una participación regular del sector productivo mayoritario, conformado por pequeña propiedad, cooperativismos y empresas de economía social, sector clave para ayudarnos a relocalizar economías, a las puertas como estamos de un incremento severo del precio del petróleo ante escenarios de escasez.

La gran distribución constituye la base de un gran embudo verde que impone agendas alimentarias, reclama ayudas, impide que prospere el comercio de proximidad, mantiene las lógicas de huella ecológica y tiran los precios para el pequeño productor

La segunda barrera tiene que ver con las sombras que arroja el mencionado Plan estratégico de la Junta de Extremadura. Las luces de este Plan son conocidas, no obstante. Es ya importante en sí mismo el propio reconocimiento de este sector como estratégico para nuestra región.

Extremadura se compromete con la disminución en el uso de pesticidas o el mejor tratamiento de suelos. Y son relevantes medidas que promueven asesoramientos, iniciativas de fomento de la producción y transformación, así como ayudas a la investigación y la divulgación resumen un cuadro común a otras regiones. Todo bien. Pero no van a detener el declive actual de Extremadura como actor relevante y beneficiado del ascenso del sector ecológico en el Estado español. En gran medida porque contribuye a reforzar los “embudos verdes” de la gran distribución, la dinámica de monocultivos intensivos y en pocas manos, y el alejamiento de economías locales o “circulares” como horizonte plausible. Ejemplo de lo anterior serían la petición de una facturación de 800.000 euros o ser una unidad productiva de 25 personas para acceder a determinadas ayudas como el asesoramiento.

Esto, desde una perspectiva de sostenibilidad tanto social como ambiental, debería ser un punto de llegada no de partida. Se equipara la agricultura ecológica a la obtención de una certificación que poco tiene que ver con la diversidad productiva y de ecosistemas que se dan en la región. La ayuda técnica llegará a lo sumo para contratar una media docena de personas que habrán de cubrir la ganadería y la agricultura de una región muy extensa. Se sigue sin meterle mano a asuntos claves para el despegue de la pequeña producción (agrupada en redes o cooperativas regionales) como son: falta de certificaciones adaptadas a distintos territorios y que fomenten la biodiversidad cultivada; separación radical entre el mundo ganadero y agrícola; no aparece como objetivo último impulsar una economía realmente sustentable (diversificada, pegada a redes que cuidan el territorio, preocupada por el uso de recursos naturales) y no sólo un “sector verde”; no se apoyan los mercados locales, la venta directa y la flexibilización del paquete higiénico-santiario para incentivar sistemas agroalimentarios y economías más localizadas, asunto reclamado ya en 2004 por la Unión Europea a través del Reglamento 852. Además, ni la producción de insumos en ecológico ni la distribución posterior aparecen en líneas de trabajo, con lo que seguiremos en la dinámica “sandwich” para los productores y productoras, que se ven atrapados entre grandes empresas que facilitan costosos paquetes tecnológicos para su actividad y las grandes distribuidoras que controlan, a la baja, los precios y las condiciones de compra.

¿Se imaginan lo que podría ocurrir si, como ya han realizado países como Brasil o como Francia, los comedores de instituciones públicas extremeñas pasaran a elaborar pliegos de contratación que atendieran a criterios socioambientales como la promoción de alimentos locales?

Otros Planes estratégicos son posibles y necesarios, a mi entender. ¿Se imaginan lo que podría ocurrir si, como ya han realizado países como Brasil o como Francia, los comedores de instituciones públicas extremeñas (hospitales, residencias de mayores, colegios, cafeterías en organismos administrativos, cáterin oficiales, etc.) pasaran a elaborar pliegos de contratación que atendieran a criterios socioambientales como la promoción de alimentos locales, los menores riesgos de enfermedades que se derivan del consumo de alimentos ecológicos y el fomento de empleo joven? Pues sencillamente multipliquen, por ejemplo, 50.000 menús por un kg de productos locales (ecológicos o en transición hacia ello) y por 300 días al año. Añádase un proyecto de apoyo a la venta directa a tiendas y mercados locales. ¿No creen que sería una buena ayuda, un buen estímulo que podría generar a su vez el desarrollo de distribuidoras y transformadoras extremeñas? En el reciente trabajo de Daniel López e Isabel Álvarez (Hacia un sistema alimentario sostenible en el Estado español) tenemos un sinfín de medidas que ya están en marcha en distintos países de nuestro entorno para romper la desestructuración progresiva del medio rural: entender que la alimentación no puede estar en manos de grandes multinacionales que deciden qué llega a nuestras mesas; apoyar la pequeña producción, de manera que agricultura ecológica y ganadería extensiva vuelvan a darse la mano para cerrar circuitos energéticos, diversificar, promover industrias para insumos orgánicos; dejar de favorecer al sector de la gran distribución como modelo vertical de subordinación de la producción agroalimentaria; incentivar el desarrollo de mercados locales y venta directa; apoyo a la formación y profesionalización del sector más joven para que pueda vivir en el medio rural; políticas fiscales y urbanísticas que favorezcan al comercio local y a las redes directas entre productores y consumidores, en detrimento de los oligopolios productivos; impulso de una compra pública basada en criterios nutricionales y de frescura (y por tanto cercanos) aparte de una promoción de la venta de producciones locales (logística, mercados, certificación participativa y ligada al territorio).

Lo más importante: el despegue de la producción ecológica depende en gran parte de las condiciones internas que seamos capaces de crear en Extremadura. Para ello, propondría como tres palancas necesarias: la mayor fuerza del asociacionismo y el cooperativismo en pro de lo ecológico; la concienciación ciudadana para trabajar por el Derecho a la alimentación y a defender un medio rural vivo; y el trabajo junto a administraciones locales desde una visión de la economía al servicio de la sostenibilidad de la vida en Extremadura.