Derecho a la vivienda
Los datos de okupación en Extremadura: es más probable morir asesinado que sufrir un allanamiento

Los organismos oficiales que publican datos en relación a la ocupación de viviendas son básicamente tres: el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio del Interior (a través, por ejemplo, del Sistema Estadístico de Criminalidad). Los datos varían, no siempre se revelan las fuentes y tampoco hay transparencia en los delitos específicos que atañen a la ocupación: la usurpación (cuando una o varias personas ocupan una vivienda deshabitada propiedad de bancos o de la Administración, generalmente) y los allanamientos (cuando entran en tu primera o segunda residencia sin consentimiento). Veamos el tratamiento de los datos por parte de estos tres organismos.

Ministerio del Interior

El Ministerio desglosa anualmente delitos, faltas, detenciones e imputaciones y victimizaciones a través de anuarios y estadísticas públicas. Mientras que delitos como hurtos o estafas pueden estudiarse detalladamente en estos documentos, la usurpación y la ocupación de inmuebles se recogen dentro de un epígrafe general dedicado a “otros delitos contra el patrimonio” donde aparecen, mezclados, infracciones tan dispares como la corrupción en el deporte o el acceso fraudulento a servicios de radiodifusión. Dicho de otro modo, lo que el Ministerio recoge generalizadamente como “ocupación” forma parte de un todo donde no se especifica qué estadística corresponde a cada falta. Que la ocupación se entremezcle con más de 20 delitos disímiles no ha impedido que diversos medios se hicieran eco de los datos (nacionales, ya que no existen datos determinados sobre Extremadura) en bruto y llevaran a sus titulares las 28.516 infracciones de “otros delitos contra el patrimonio” como si todos fueran delitos de ocupación.

En base a la estadística del CGPJ, 36 casos relacionados con la ocupación de 543.177 viviendas entre habituales y secundarias supondrían un 0,007% de casos en dos años

Consejo General del Poder Judicial

Por su parte, el CGPJ elabora informes anuales sobre multitud de cuestiones relacionadas con las actividades judiciales. Este organismo sí recoge en su información estadística datos concretos sobre el tema que tratamos, citados como “verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas”. Los números del estudio indican que en Extremadura existieron 5 casos resueltos en 2018 y 31 en 2019. Es decir, entre 2018 y 2019 se resolvieron únicamente 36 casos relacionados con la ocupación de viviendas. Para contextualizar los datos cabe recordar que el Censo de Población y Viviendas (en 2011, ya que se calculan los datos de década en década) cifraba un total de 660.000 viviendas familiares en Extremadura, de las que 424.980 son viviendas habituales y, el resto, se divide entre viviendas secundarias (118.197) y vacías (105.173). En base a la estadística del CGPJ, 36 casos relacionados con la ocupación de 543.177 viviendas entre habituales y secundarias supondrían un 0,007% de casos en dos años.

Instituto Nacional de Estadística

Según el INE, de los 6.028 casos de usurpación habidos en el Estado español en 2018, solo 71 infracciones se produjeron en Extremadura. 71 infracciones por usurpación frente a, por ejemplo, las 199 que se cometieron contra la salud pública, las 1.296 contra la seguridad vial o las 940 infracciones por hurtos en Extremadura durante ese mismo año.

De los 285 casos de allanamiento recogidos por el Instituto Nacional de Estadística durante 2018 en toda la geografía nacional, se produjo en Extremadura tan solo una infracción penal con sentencia firme en 2019, ninguna en 2018, una en 2017, otra en 2016 y ninguna de nuevo en 2015. Es decir, en Extremadura hubo únicamente tres infracciones por allanamiento desde 2015 hasta 2019; o lo que es lo mismo, tres allanamientos inscritos en el Registro en cinco años, lo que supone menos de una por año de media. Concretamente, el año pasado, según el INE, se produjo en Extremadura un 0,00018% de allanamientos de morada. En comparación, entre 2014 y 2018 se registraron 36 delitos por homicidio, 8 por asesinato, 372 por receptación y blanqueo de capitales, más de 6.000 por lesiones y 7.053 por delitos contra la seguridad vial.

En Extremadura hubo únicamente tres infracciones por allanamiento desde 2015 hasta 2019; o lo que es lo mismo, tres allanamientos inscritos en el Registro en cinco años

Más desahucios, incluso asesinatos, que ocupaciones

El CGPJ numeró las ejecuciones hipotecarias (paso previo al desahucio) presentadas en los juzgados de primera instancia e instrucción extremeños entre 2018 y 2019 en 897 casos. Teniendo en cuenta que según el INE solo hubo una sentencia por allanamiento en 2019 y ninguna en 2018 en toda Extremadura, podemos afirmar que en ambos años fue infinitamente más probable que los extremeños y las extremeñas sufrieran ejecuciones hipotecarias que allanamientos de morada.

Es más, ateniéndonos a las estadísticas oficiales del INE, si vives en Extremadura tienes más probabilidades de ser asesinado (18 casos entre homicidios y asesinatos en 2018) que de que te ocupen la casa.

Como hemos relatado anteriormente, los medios de comunicación (también los extremeños) llevan publicando de un tiempo a esta parte noticias alarmantes acerca de las ocupaciones, informando sobre denuncias (sin comprobar las sentencias), confundiendo conceptos (hablan de okupación, con k, sin distinguir usurpaciones de allanamientos), y tratando el tema como “un problema social con cada vez más trascendencia del que Extremadura no está exenta” (El Periódico de Extremadura) o, directamente, concluyendo que esta situación es responsabilidad del “Neo-socialismo oportunista e irreal”, porque “los 'ayuntamientos del cambio' no solo no buscaron soluciones, sino que alentaron el fenómeno” (el Hoy).

Ateniéndonos a las estadísticas oficiales del INE, si vives en Extremadura tienes más probabilidades de ser asesinado (18 casos entre homicidios y asesinatos en 2018) que de que te ocupen la casa

Otros datos relevantes en torno a la okupación

A la par de la vorágine mediática sobre esta circunstancia, las empresas de seguridad están incrementando sus negocios. Prosegur, compañía mundial de la seguridad privada en propiedad de la multimillonaria Helena Revoredo (una de las más ricas del mundo, con un patrimonio de 2100 millones de dólares), ha disparado su negocio exponencialmente, según Expansión, por la demanda de los propietarios de proteger sus viviendas. Otros medios, como El Español, señalan que la compañía ADT Alarmas España también “ha incrementado sus ventas en España entre un 10 y un 15% exclusivamente por el tema de la okupación“. En vista de esta potenciación del sector, la gigante multinacional Telefónica, en febrero de este año y tal y como anunció la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cerró la compra del 50% del negocio de alarmas de Prosegur en España por 305 millones de euros.

En esta arquitectura de círculos perfectos también Securitas Direct, una de las empresas de seguridad que más ha publicitado mediáticamente su labor de protección frente a los “okupas”, ha recibido inversiones millonarias sin parangón en el sector: 560 millones de la Corporación Financiera Alba (holding de los multimillonarios March, con grandes activos inmobiliarios) y 115 millones del dueño del portal inmobiliario Idealista (uno de los pesos pesados de la industria del capital privado a nivel europeo).

Mientras tanto, en el Estado Español hay casi 3,5 millones de casas vacías, suponiendo cerca del 14% del total del parque de viviendas nacional. Para el relator de la ONU sobre pobreza, la raíz del problema de la vivienda en España es la especulación, los fondos buitre, los elevados precios de alquiler y la acumulación de viviendas en manos de quienes conforman la élite del ladrillo.