El porcentaje del PIB destinado a gasto social cae a niveles de 2009

El porcentaje del Producto Interior Bruto que España destina a gasto social respecto al total del gasto público ha caído desde el 45,8% hasta el 42,2% en el periodo comprendido entre los años 2009 —primeros presupuestos generales tras el comienzo de la crisis— y 2016.

El Reino de España se ha situado durante todo ese ciclo por debajo de la media europea, según indican las últimas estadísticas de Eurostat, que comprende datos hasta 2016. El gasto social está situado en el 16,8% del PIB español, lejos del 20% que supone en el resto de la zona euro.

Aunque el Producto Interior Bruto ha aumentado en el periodo entre 2011 y 2016 —el PIB per cápita ha subido desde 22.900 euros en 2011 hasta 24.100 en 2016— la recuperación anunciada por el Gobierno no ha tenido una traslación en los presupuestos destinados a protección y gasto social. Es decir, se destinan cantidades similares o incluso mayores, pero se invierte menos comparativamente. Las políticas de recortes y reformas estructurales han disminuido esas partidas al tiempo que fluía el dinero de las políticas de estímulo del BCE hacia bancos y multinacionales, lo que se ha traducido en el aumento del PIB.

Los datos publicados por Eurostat agregan el gasto de las distintas administraciones (Gobierno central, comunidades, diputaciones y ayuntamientos), lo que dibuja un mapa general que muestra a qué se dedica el PIB independientemente de qué institución tiene las competencias en cada área. 

Así, el Estado español destina en políticas de sanidad un 1,1% menos que los otros países de la UE, cuya media se sitúa en el 7,1% respecto al total del gasto público. También hay una diferencia negativa en educación y en el porcentaje destinado a vivienda.

Solo se destina más que la media de la UE a pensiones de viudedad y subsidios de desempleo, un dato relacionado directamente con el impacto del paro en España: el doble de la media europea y solo por detrás de Grecia. En pensiones, donde se incluye el sistema de reparto de la "hucha de las pensiones", el Estado está un punto por debajo del resto de Europa. Se destinan nueve euros y veinte céntimos de cada cien.

Por el contrario, el Estado está en la media o muy cerca de la media en gasto militar —pese a que los de 2016 fueron los últimos presupuestos que no contabilizaron correctamente el gasto, y la adaptación a la normativa internacional ha hecho aumentar un 32% el presupuesto de Defensa en los PGE de 2017—.

También se sitúa en la media o cerca de la media la protección al medioambiente o el gasto en las administraciones del Estado. Por encima del cómputo general también está el gasto en “seguridad”, entendido como las partidas destinadas a cuerpos policiales.

Evolución en los últimos diez años

Las cifras de Eurostat indican también que España destinó a educación en 2016 exactamente el mismo porcentaje del PIB a educación que en 2007. Este porcentaje lleva cayendo o estancado, desde 2009. El Estado destina actualmente cuatro euros de cada cien a políticas educativas.

El porcentaje que se destina a políticas de vivienda es menor. Si en 2007 se destinaba un 0,9% del PIB a vivienda —una cifra que superó el 1% en los años posteriores al estallido de la crisis habitacional— hoy en día la partida se ha estancado en el 0,5% del PIB. Actualmente, el Estado destina un euro y medio a cuerpos policiales por cada 50 céntimos que se destinan a políticas generales de vivienda.

Las políticas de sanidad también se han visto afectadas por la ola de recortes que ha tenido lugar desde 2012, el año de la serie histórica en que más se destinó a gasto social. La inversión actual en esta partida es del 6% y, por quinto año consecutivo, se produce un descenso respecto al año anterior.

Protección social, que aglutina distintas partidas (desde pensiones hasta subsidios de desempleo), supone el principal capítulo de inversiones en todos los países de la Unión Europea y donde más distancia hay entre el Estado español y el resto de países de la UE. Especialmente, con los Estados del entorno.

España destina a protección social un 16,8% del total del gasto público, el mismo porcentaje que en 2011. Por primera vez desde el año del cambio del PSOE al PP baja del 17%. La media de la UE es del 19,1%. Francia destina el 24,4% y Portugal el 18%.