Multinacionales
Fondos públicos, negocios privados

A principios de junio, Josep Borrell estuvo de visita diplomática en Kenia. Su viaje tenía dos objetivos: fortalecer la cooperación mutua entre ambos países y, sobre todo, abrir mercado a las empresas españolas. “Queremos acompañar su desarrollo aportando nuestro know-how en sectores como infraestructuras, agroalimentario, turismo”, decía el entonces ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español y hoy alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea.

Esta declaración viene a demostrar, una vez más, que para nuestros gobernantes la internacionalización empresarial es una “cuestión de Estado”. Junto a los mecanismos de la diplomacia económica, este gobierno y los anteriores han apoyado la expansión de las grandes empresas españolas a otros territorios a través de una batería de instrumentos financieros: créditos, seguros a la exportación, exenciones fiscales, etc. En Kenia, compañías como Iberdrola, Naturgy y Centunion han recurrido al Fondo de Internacionalización de la Empresa (FIEM) para desarrollar sus proyectos de electricidad e infraestructuras.

Financiación estatal para la expansión empresarial

El FIEM se puso en marcha en 2011. Tomó el relevo del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que fue modificado por el gobierno tras una fuerte campaña de denuncia por su contribución al aumento de la deuda externa y los impactos socioambientales de sus proyectos en los países de destino. Así, el FAD se desdobló en dos: el FIEM, con un objetivo exclusivamente comercial, y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que entra dentro de lo que se ha dado en llamar cooperación financiera.

Los créditos de FAD y FIEM se han destinado en buena parte a la financiación de grandes proyectos de infraestructura y energía en el norte de África y Oriente Medio. Entre ellos, destaca el proyecto de Técnicas Reunidas en Arabia Saudí para la construcción de tres plantas petroquímicas. FIEM concedió un crédito de 227 millones de euros para este proyecto, lo que supuso el 48% del presupuesto de este fondo en 2012.

El organismo más importante, por el presupuesto que gestiona y que dedica a la internacionalización, es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actúa como un banco público y una agencia financiera del Estado.

FIEM no es ni mucho menos el único instrumento financiero que pone el Estado al servicio del sector privado para su crecimiento en el mercado global. El organismo más importante, por el presupuesto que gestiona y que dedica a la internacionalización, es el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que actúa como un banco público y una agencia financiera del Estado. Según el propio ICO, el porcentaje de financiación dirigida a internacionalización se ha multiplicado por nueve entre 2012 y 2016. En 2018 su financiación para la actividad internacional ya fue superior a la que se desarrollaba en España.

El ICO financia la internacionalización de empresas a través de dos vías: por medio de un banco o caja intermediario, lo que llaman líneas ICO, o bien directamente a las grandes empresas. Desde 2009, el ICO ha concedido 18.962 millones de euros en préstamos a las compañías para su internacionalización. Aunque en los discursos habituales sobre la financiación pública no suele hacerse referencia a las compañías de gran tamaño, estas están muy presentes a través de la vía de la financiación directa, que concentró el 29% de los fondos que sirvieron para apoyaron la actividad exterior empresarial en 2018.

De las líneas ICO para internacionalización no se puede conocer qué porcentaje de fondos apoyan a compañías de gran tamaño. La falta de transparencia, de hecho, es una cuestión que se repite en esta institución. No hay información pública sobre los proyectos y empresas que han sido financiadas, tampoco de los países donde se destina la financiación directa. A pesar de tratarse de fondos públicos el ICO se niega a facilitar los datos; según su respuesta oficial, se trata de una información comercial sensible.

Más instrumentos a tener en cuenta: la Compañía de Financiación del Desarrollo (COFIDES), una empresa mixta con participación del Estado (54% del accionariado) y bancos como el Santander, BBVA y Sabadell (45%). Este organismo fundamentalmente gestiona fondos estatales, como el Fondo para Inversiones en el Exterior y el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa. Otro recurso del Estado puesto a disposición de los negocios empresariales internacionales, eso sí, con la declarada intención de contribuir “al desarrollo de los países receptores de las inversiones” y planteando como una supuesta prioridad la lucha contra el cambio climático. Según los sectores que reciben fondos, más bien parece lo contrario: en los cinco últimos años, más de la mitad de la financiación de COFIDES ha sido para proyectos industriales, de infraestructuras de transporte, de los sectores naval, aeronáutico y financiero.

No hay que olvidar, finalmente, la actividad de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). La mitad de las acciones de esta compañía están en manos del Estado; la otra mitad en el sector privado, concentrado en los dos grandes bancos BBVA y Santander. A través de diferentes tipos de seguros que contratan bancos y empresas con CESCE, el Estado asume los riesgos de los negocios privados por valor de más de 13.000 millones de euros. Quienes utilizan este recurso son principalmente grandes compañías como Abengoa, Elecnor y Técnicas Reunidas.

A través de todas estas herramientas, el Estado ha gestionado un total de 22.700 millones de euros en instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas entre 2009 y 2017

A través de todas estas herramientas, el Estado ha gestionado un total de 22.700 millones de euros en instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas entre 2009 y 2017. Un respaldo de grandes dimensiones que se justifica, en términos oficiales, en base al efecto positivo de sus actividades en el crecimiento y el empleo, tanto en España como en los países destino de la inversión. Efectivamente, si el “desarrollo” se puede medir mediante la cuenta de resultados de las grandes compañías, se está cumpliendo ese objetivo. No así si lo que medimos son los impactos socioambientales y sobre los derechos humanos de “nuestro know-how”.

Fondos públicos, impactos socioambientales

En México, el Proyecto Integral Morelos recibe financiación pública del Estado español a través del FIEM. Este proyecto fue propuesto por una entidad pública mexicana, la Comisión Federal de Electricidad, y consiste en la construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto y una línea eléctrica en Morelos, así como de un gasoducto de 150 km que atraviesa los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. La obra ha sido concesionada a tres empresas españolas: Elecnor, Enagás y Abengoa.

El Proyecto Integral Morelos, que recibe financiación pública del Estado español a través del FIEM, ha contado desde el principio con una fuerte oposición social

Esta obra, que se inició en 2011, ha contado desde el principio con una fuerte oposición social. No solo por la pérdida del territorio que supone para las comunidades campesinas e indígenas, sino también porque el gasoducto atraviesa la zona de riesgo del volcán Popocatépetl, que de hecho en los últimos meses está teniendo actividad eruptiva. El gobierno mexicano se ha visto obligado a responder a la movilización social; para eso planteó una consulta pública a principios de 2019, que fue criticada por las organizaciones sociales por su inutilidad y opacidad.

Las tensiones entre las poblaciones locales y el gobierno alcanzaron su cénit a tres días de la primera jornada de consulta, cuando uno de los principales activistas y opositor al proyecto, Samir Flores, fue asesinado. Esto hizo que las organizaciones llamaran a boicotear dicha consulta. Sin embargo, en medio de un contexto de violencia y fuertes tensiones, la consulta fue realizada y se consideró públicamente como un éxito, cuando solo votó el 13% de la población censada. A partir de ahí, el proyecto continuó desarrollándose… hasta que la resistencia legal de las comunidades afectadas dio resultado y un tribunal ha decretado este mes de julio la paralización de las obras.

También con financiación pública, esta vez a través de COFIDES, la constructora OHL desarrolló el Circuito Exterior Mexiquense, en la Ciudad de México, y el complejo hotelero Mayakoba, en la Riviera Maya. Siguiendo los escándalos de la compañía de Villar Mir en el país, ambos proyectos han estado relacionados con diversos delitos económicos. En el caso de la autopista, se comprobó que la filial mexicana solo había reportado a las autoridades el paso del 55% de los vehículos que realmente habían utilizado la carretera, ocultando importantes ingresos al Estado mexicano. Este, sin embargo, no impuso medida sancionatoria alguna a la constructora.

Siguiendo los escándalos de la compañía de Villar Mir en México, los proyectos de OHL financiados por COFIDES han estado relacionados con diversos delitos económicos

La polémica no queda ahí, porque también se filtraron conversaciones grabadas entre directivos de OHL y miembros del gobierno de Peña Nieto que evidenciaron la manipulación contable de la empresa española y el trato de favor recibido por parte del gobierno mexicano. Además, de las grabaciones se deduce que OHL habría pagado estancias en el hotel de lujo Mayakoba a funcionarios del gobierno federal. Por su parte, la constructora y el gobierno afirmaron que se trataba de grabaciones manipuladas. Y lejos de responsabilizar a la empresa española, se canceló el contrato y se criminalizó a la entidad que estaba contabilizando el aforo de automóviles en la autopista. En 2017, en lugar de asumir sus responsabilidades, OHL decidió vender sus activos en el país.

Son dos casos de conflictos y escándalos empresariales reconocidos internacionalmente, en los que están implicadas compañías y presupuestos públicos españoles, y no ha habido un solo pronunciamiento del Estado español reconociendo los hechos. Ni siquiera COFIDES ha puesto en marcha algún mecanismo para la rendición de cuentas por las irregularidades de OHL, a pesar de que formalmente han de cumplirse unos requisitos sociales y ambientales para financiar los proyectos. ICO y FIEM, por cierto, ni siquiera disponen de estos criterios en el plano formal.

Estos dos ejemplos sirven para ilustrar hasta qué punto se ha de transformar en profundidad el apoyo público a la internacionalización empresarial, hoy únicamente centrado en la rentabilidad, para cumplir con la obligación que tiene el Estado de velar por la garantía de los derechos humanos. Para empezar, deberían ponerse en marcha los mecanismos necesarios para excluir de la financiación pública a los proyectos donde se evidencian graves impactos socioambientales, poniendo en marcha, a la vez, los procedimientos que permitan exigir las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales a las compañías que violan los derechos humanos.