Culturas
Dopaje de ayudas públicas, elusión de impuestos y precariedad laboral en Last Tour

Last Tour ha emergido como un actor cultural relevante en la renovación del panorama festivalero, pegándose a las corrientes musicales que están en la cresta del momento. La promotora del BBK Live no nació en un garaje, sino que fue tocada por la gracia divina de Sabin Etxea, recibiendo cada año varios millones en subvenciones y contratos públicos. Nada ha evitado que los tribunales cuestionen su financiación y las organizaciones sociales carguen contra la explotación laboral extrema de sus subcontratas.

Teloneros

Se abre el telón y aparece una furgoneta blanca aparcada al lado del estadio de San Mamés. Responsables de las subcontratas de Last Tour van pagando a los trabajadores (con más de un mes de retraso). Haciendo cola, van pasando a por su ínfimo salario. La mayoría han trabajado por menos de cinco euros la hora. Son entre 15 y 17 horas cada jornada. Y susbsitían con dos lonchas de mortadela entre panes de molde que tomaban en la mediodía, según denunció entonces Eragin. Son los trabajadores subcontratados desde la promotora Last Tour, organizadora del macrofestival BBK Live. Aunque la estampa sea de otro siglo, hablamos de 2019. Ese año, en los escenarios situados en el barrio bilbaíno de Altamira cantaba Rosalía. Liam Gallagher era cabeza de cartel. También estaban The Strokes, Cecilio G (la promotora tiene la exclusiva en Euskal Herria) o Weezer, en el entorno natural del monte Cobetas que escenarios y asistentes destrozan cada verano.

Last Tour, la organizadora del festival, recibe anualmente 1,4 millones de euros del Ayuntamiento de Bilbao, 300.000 del propio banco que da nombre a la joya de su corona cultural y 25.000 del Gobierno vasco. También cuenta con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia. Sin embargo, nada impide emplear a currelas en condiciones materiales paupérrimas. 

Más allá del halo cultural o los brillos que la rodean, la promotora ha aprovechado los resquicios fiscales para deducirse hasta el 40% a través de la creación de Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Tanto el actual CEO, Alfonso Santiago, como su exsocio Javier Arnáiz han explotado esta fórmula con incentivos. Arnáiz tiene vínculos con el exproductor de campañas de Ciudadanos Rafael Coto, con el que contraprogramó a su antigua empresa desde el festival Mad Cool.

Más allá de los brillos que la rodean, la promotora ha aprovechado los resquicios fiscales para deducirse hasta el 40% a través de la creación de 12 Agrupaciones de Interés Económico (AIE)

Según las fuentes consultadas, esta es la más sangrante de las decisiones tomadas por Last Tour: el uso indiscriminado de esta fórmula en hasta una docena de sociedades. Más sangrante que el dopaje en subvenciones, incluso. En 2017, la promotora del BBK Live Festival pasó a denominarse fiscalmente como Agrupación de Interés Económico con el objetivo de pagar menos al erario público. Y empezó a crear una AIE para cada evento o experiencia. Azkena Rock AIE, Kultur Live Festibala AIE… y así hasta 12.

Esta revolución fiscal interna está comandada por Alfonso Santiago, un tiburón de la industria que se quedó con el barco que había sido botado por otros dos personajes en experiencias festivaleras previas: Kike Turmix, punkarra con un papel central también en la Movida madrileña, que cantaba “soy un loco anarquista, soy un loco antifascista”, y Juan Carlos Bilbao, tabernero-rockero que estuvo al frente del Muga, un bar icónico en la escena, durante 33 años.

La cultura política del rock radical vasco se ha mercantilizado hasta el punto en que de ella no queda ni su nombre.

Cuando le preguntaban por macrofestivales, Kike Turmix contestaba: “Eso es cosa de los ingleses. Tiene su qué, ¿no? Para mí es mucho más llamativo que en un pueblo como Bergara en el que no hay ni 20.000 habitantes tengamos en lista de clientes de venta por correo a más de 35 tíos y que aún encima compren discos y que tú vas a Bergara a tomar unos potes a las tres de la tarde y esté sonando Radio Birdman”. Nada muere, todo se transforma. Y en Euskadi, la cultura política del rock radical se ha mercantilizado hasta el punto en que de ella no queda ni su nombre.

Escenario lleno: Chill Mafia como síntoma

Es día 6 de julio de 2022, la hora se acerca a la medianoche, y se escucha “Errotxapean”, de Chill Mafia, desde una zona cercana al edificio de Last Tour. En realidad, las dos plantas de unos 500 m2 que tiene en propiedad la productora de festivales está frente a la isla de Zorrotzaurre. En su fachada, un turístico y fotografiado “Soñar”: esta palabra refleja, como cualquier otro edificio de la isla, el modelo de gentrificación y turistificación de Bilbao. La música, antes radical y subversiva, era la alternativa a la explotación del trabajo o el hastío del paro. Ahora el valor se ha puesto en manos de Last Tour para apostar por un modelo cultural homogeneizante pero muy rentable: festivales, precariedad, mucha pasta pública, ingeniería fiscal y bilbaocentrismo. Una expresión más, otra vuelta de tuerca, sobre la misma pobre idea de un museo de titanio. Y la urbe queda reducida a eso: una postal.

La música, antes radical y subversiva, era la alternativa a la explotación del trabajo o el hastío del paro.

La promotora ha dado con las claves para, desde la apariencia, rejuvenecer la música que suena. Por ello gasta ingentes cantidades de dinero en un festival que agrupa a las corrientes más radicales —o menos mainstream— del panorama local con las bandas consolidadas a nivel mundial. Una apuesta por contentar a todos sin contentar a nadie, sin brújula, pero con taquilla.

Chill Mafia Records, el sucio este y el motín de la cultura radical vasca

Miguel Virizuela

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Música

Música Chill Mafia Records, el sucio este y el motín de la cultura radical vasca

Miguel Virizuela

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Un año de Chill Mafia. Su mixtape, Ezorregatik x Berpizkundea, ha trastornado completamente el panorama cultural en Euskal Herria.

Chill Mafia “No te mereces tu puesto, primo. No te mereces tu cocaína”

Más allá de la lírica, lo que pasa en Euskadi es que la pandemia ha duplicado la cifra de jóvenes vascos que vuelven a casa de sus padres. Nunca antes había sido tan difícil conseguir un trabajo digno o alquilar un piso en las principales ciudades vascas. En este contexto sociopolítico, los emprendedores al frente de Last Tour se han movido de manera ingeniosa para captar a la banda que se dirige a esa generación. Ha sabido cómo “pegarlos” en el panorama, como ha ocurrido con Chill Mafia.

Last Tour es uno de los más excelsos dispositivos que ha crecido al fragor del PNV. Su CEO pidió el voto para Aburto, alcalde de Bilbao

La banda navarra, exenta de toda culpa, es solo un ejemplo. La promotora musical controla buena parte de las propuestas sonoras emergentes, subsume cada atisbo de contracultura respecto al ya canoso rock radical vasco y marca los patrones estéticos en este territorio, e incluso en muchos otros. Last Tour es uno de los más excelsos dispositivos que ha crecido al fragor del PNV. Esta relación no es solo un tópico que circula en el mundillo: su CEO llegó a salir en vídeos promocionales pidiendo el voto para Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, que tan bien cuida a la promotora con contratos públicos. Last Tour no es ya otra cosa que la industrial cultural vasca.

La taquilla llena del imperio Last Tour

El movimiento no nació de la nada. Cuatro años antes, el bilbaíno evento Rockazkena no había obtenido los resultados deseados. Entonces, un personaje apareció en la escena, el promotor Alfonso Santiago, que trataba de sacar el máximo provecho de los presupuestos “culturales” de la Administración. Para ello, preparaba el Azkena Rock en Gasteiz. Los planes de Santiago, envueltos en escepticismo, se dejaban ver en las reuniones, pues tenía una estrategia distinta de expansionismo cultural. Él quería montar un imperio capaz de capitalizar el potencial musical que empezaba a amontonar en torno a la metrópoli vasca.

Alfonso Santiago es, actualmente, el responsable último de Last Tour, el organizador del Bilbao BBK Live, tarea que ha desempeñado desde 2006. Las relaciones entre la Administración Pública Vasca y el promotor de los grandes festivales del oasis vasco son muy estrechas. Last Tour llegó a controlar el 13,63% de la entidad Kultur Klub Euskadi, participada por el Gobierno vasco y EiTB. La entidad, creada en 2012, estaba dirigida por Pío Ortiz de Pinedo, exasesor de la Consejería de Cultura del Gobierno vasco. El propio responsable de Last Tour, Alfonso Santiago, era por entonces miembro del Consejo Vasco de Cultura, ligado al Gobierno Vasco. “Las puertas giratorias deben continuar”, se puede oír también en el barrio de Altamira.

Los eventos y el éxito que se le atribuye a este jeque de la industria cultural no se entienden sin las ayudas públicas. De acuerdo con los pocos datos disponibles a los que ha podido acceder Hordago-El Salto, en los presupuestos generales de la Diputación Foral de Bizkaia se destina una partida anual de 650.000 euros para el BIME. Por su parte, los del Gobierno vasco incluyeron cerca de 25.000 euros en cada ejercicio contable. El Ayuntamiento de Bilbao también concede una subvención de 1,4 millones de euros anuales al BBK Live Festival y la BBK aporta otros 300.000. Sobre el éxito del Bilbao BBK Live, este ha recibido patrocinio del Ayuntamiento de Bilbao, de la Diputación de Bizkaia, del Gobierno vasco, además del banco.

Diputación Foral de Bizkaia  destina una partida anual de 650.000 euros para el BIME. El Ayuntamiento de Bilbao otorga 1,4 millones para el BBK Live cada año

En otra de sus aventuras empresariales, el Azkena Rock en Gasteiz, Santiago ha recibido el patrocinio del Ayuntamiento de la ciudad, pero también de la Diputación de Araba, el Gobierno vasco y Kutxabank. Es lo normal desde 2002, como reflejan los datos a los que ha accedido Hordago-El Salto. Otra de las joyas de la corona de su imperio, el Donostia Festibala —antes conocido como Kutxa Kultur Festibala— ha recibido el patrocinio de la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno vasco desde al menos 2010.

La promotora de Alfonso Santiago es también responsable del Bizkaia International Music Experience (BIME). La Diputación de Bizkaia considera que este evento “convierte a Bizkaia en epicentro mundial de la música”. Se promociona como un “punto de encuentro internacional de la industria musical que reúne a más de 300 festivales y a profesionales, emprendedores y estudiantes”.

La melodía: bajo la lupa del Tribunal de Cuentas

En 2017, el diario digital Gananzia desveló un informe del Tribunal de Cuentas del País Vasco donde afirmaba que “la fórmula utilizada por la Diputación de Bizkaia para subvencionar la celebración del festival BIME” era “incorrecta”. La institución foral había entregado 550.000 euros al Bilbao Exhibition Centre, quien subcontrataba “a dedo” a una filial de Last Tour por 450.000 euros, mientras se quedaba con el excedente. ¿Cuántos grupos se pueden comprar con los apoyos políticos en forma de dinero público? ¿Cuánto se puede subir el sueldo de cinco euros la hora de los trabajadores subcontratados en los eventos que organiza Alfonso Santiago?

El Tribunal de Cuentas del País Vasco afirmó que “la fórmula utilizada por la Diputación de Bizkaia para subvencionar la celebración del festival BIME” era “incorrecta”

Dado que las operaciones de Last Tour son privadas, no existe auditoría —y no digamos información pública— sobre el destino de las ayudas del Ayuntamiento de Bilbao y la entidad municipal Bilbao Ekintza a la promotora de Santiago. Esta última le llegó a conceder 355.000 euros entre los años 2014 y 2015. El Gobierno vasco, a través de la Consejería de Cultura, ha inyectado un total de 56.149 euros entre 2005 y 2018. Por su parte, El Diario afirma que también recibe ayudas de los departamentos de Turismo, Trabajo, Desarrollo Económico del Gobierno vasco, aunque no especifica las cuantías.

Además, entre los años 2013 y 2022, el Departamento de Promoción Económica de la Diputación de Bizkaia ha subvencionado diversos proyectos de internacionalización de la promotora con un total de 193.768 euros. También le ha concedido otro tipo de ayudas en el marco de los programas de Creación Innovadora (120.800 euros entre 2013 y 2014), Elkarlanean (38.273 euros entre los años 2020 y 2021) o del Plan 2i (92.418 entre 2020 y 2021, dinero cofinanciado con los fondos europeos FEDER).

Respecto a la falta de transparencia, el apoyo en mecenazgo de la Diputación Foral de Araba al Azkena Rock ni siquiera aparece en las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Araba. No obstante, conforme a la Norma Foral 35/2021, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo, estas ayudas han sido definidas como prioritarias para “los fines de interés general”.

Lo que sí es público es que la Diputación de Araba entregó al festival una ayuda de 154.848 euros en 2011 y el Gobierno vasco lo hizo con otros 15.000 euros en 2005. Según datos recabados en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, la promotora de Alfonso Santiago encargada de organizar el festival de Donostia recibió en 2016 una ayuda de 25.000 euros procedentes de la Diputación gipuzkoana.

La promotora también ha sido adjudicataria de contratos de la Diputación Foral de Bizkaia para celebrar conciertos en el estadio San Mamés: el de Guns N’Roses en 2017 y el de Shakira en 2011, subvencionando gastos por valor de 200.000 euros y 206.500 euros respectivamente. Entre los bolos que se han celebrado con dinero público, el Ayuntamiento de Gasteiz adjudicó a la promotora un contrato de 696.000 euros para un concierto de Elton John en 2007 que finalmente se suspendió, 65.830 euros para un concierto de John Mayall, 97.440 euros para distintas actuaciones durante las fiestas de la Virgen Blanca y 12.000 para La Polla Records.

Focos y bambalinas: global versus local

Si algo explica el gasto público en festivales musicales de proyección global es la intención de mercantilizar hasta el último reducto de la cultural e identidad local y aniquilar toda aquella que no acceda a los circuitos del mercado internacional. Por supuesto, los medios de comunicación acompañan este proceso. De un lado, presentan todo atisbo cultural global como un ejemplo de liberación estética y un ejemplo de lo que quiere la mayoría social vasca. De otro, criminalizan las fiestas locales, mostrándolas de manera cerrada, radical, incluso racista: son hervideros de ladrones de distintas etnias.

Buena parte de esta retórica se suele sostener sobre datos de impacto económico sobre el turismo. Sin embargo, en un informe realizado en 2017 el Ayuntamiento de Bilbao explicaba que, con una inversión de 3,5 millones de euros, Aste Nagusia generaba una contribución al PIB de la Comunidad Autónoma Vasca de 80 millones de euros. Según este mismo informe de 2017, el impacto económico del BBK Live era de unos 20 millones de euros, aunque con un presupuesto de siete millones de euros, el 20% aportado por el Ayuntamiento, es decir 1,4 millones. En 2022, el impacto económico generado por Aste Nagusia se cifró en 110 millones, mientras que el impacto de BBK Live habría sido de 25 millones.

Más de 1,6 millones de personas asistieron a la última edición de Aste Nagusia en la que asociaciones vecinales y movimientos sociales autogestionados bajo la organización Bilboko Konpartsak organizaron 533 actividades gratuitas. Por el contrario, un total de 115.000 personas asistieron en 2022 al Bilbao BBK Live que organiza Last Tour. Ni The Killers, ni tampoco Chill Mafia movieron a tantos vecinos, ni yendo a buscarles fuera de las fronteras a través de campañas pagadas a influencers de todos los rincones de Instagram. El poder de elección, y los precios prohibitivos, impiden a los residentes en Euskadi acudir. Ese parece ser el plan. Kobetamendi para la jet set internacional.

A este respecto, la celebración del BBK Live Festival, patrocinado por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura, también coincide con el Txapel Reggae de Armintza. El plentziarra y profesor de la UPV/EHU Aitor Garagarza se refirió a esta coincidencia en estos términos: “El festival que se celebra en Kobetamendi es la bandera de la oferta cultural de la Diputación de Bizkaia y su capital. Sacando la fiesta de los espacios urbanos, cediendo la gestión de lo festivo a grandes empresas, sin entrar a valorar las condiciones laborales en las que se encuentran las personas que trabajan en dicho festival. Apología de las multinacionales con grandes cantidades de dinero público. El Bilbao posmoderno de las infraestructuras faraónicas [...]. Bilbaocentrismo rancio, la promoción de la marca Bilbao, olvidándose que Bizkaia tiene un total de 112 municipios”.

Fin y saludo al público: 3,5 euros/hora

Más allá de la elusión fiscal está el conflicto laboral. En declaraciones a la periodista Analía Plaza, quien más ha hecho por destapar las vergüenzas de Last Tour en las últimas fechas, Alfonso Santiago se expresaba así: “Nosotros miramos qué bandas nos interesan y, a partir de ahí, vemos su alcance. La valoración de cuánto pagas al artista se hace en base a cuánto público puede meter. Por eso cobras”. Y seguía: “Cuando pagas a alguien grande es porque puede meter 40.000 o 50.000 personas. Hoy, por ejemplo, hemos cerrado a una banda de 1.200 euros porque mete a cien personas. Cada uno vale lo que mete. Es el mercado”.

La bravuconada ilustra una política laboral particular: la promotora ha firmado contratos de patrocinio para sus eventos con nada menos que el Departamento de Empleo del Gobierno vasco. También ha recibido ayudas públicas de este mismo para “la formación y encuentros de apoyo al empleo vinculados con las industrias creativas”. De hecho, Santiago ejerce desde hace dos años de presidente de la Fundación Industrias Creativas, domiciliada en la sede social de varias de sus AIE, y es miembro del consejo de administración del Bilbao Basket.

El sonrojo sería más intenso si nos remontamos a 2019 de nuevo y a las dos lonchas de mortadela como aperitivo para los trabajadores subcontratados para el BBK Live. Como denunció la organización juvenil bilbaina Eragin, se trataba de “sueldos de menos de cinco euros la hora, incluso 3,5 en algunos casos y jornadas de 15 horas sin derecho a descanso”. Eragin incluso hizo público que algunos trabajadores fueron despedidos tras exigir mejoras salariales. Tras el acto rebelde de Eragin en favor de la transparencia, Last Tour amenazó con una denuncia por “atentar contra su honor”. Tuvieron que eliminar tuits y publicaciones.

De momento, nadie ha preguntado por las relaciones entre los dueños del festival patrocinado por la Fundación BBK, y la propia entidad presidida por el extesorero del PNV, Xabier Sagredo. Pero, a estas alturas, el telón ya se ha bajado y los tejemanejes con la administración pública ya han declamado suficiente. No es el mercado, Last Tour: son vuestros amigos.