Sáhara Occidental
Violar la vida

“Disculpen las molestias, pero nos están matando”. Aquí nadie habla ya del elefante en la habitación, pero reconocer la realidad es imprescindible. Y duele. Mucho. Hace tiempo que se han apagado las luces del patio trasero de la política española para ocultar las averías del Estado de Derecho en lo que al Sahara Occidental se refiere. En el guion, las opiniones oficiales son tan solemnes, difusas y tóxicas que el incienso que desprenden emborracha a la audiencia a la salida del teatro. Las conciencias están acomodadas en la barbacoa donde se salpimienta la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Faltaría equilibrar la información y no centrarse solo en los campamentos de refugiados saharauis y en la hermosa y necesaria campaña anual de Vacaciones en paz que lleva en activo desde 1979. Hay que seguir iluminando sin prudencia la precariedad de la vida en los territorios ocupados. La vida (o la infravida). Se ha instalado la idea de que el conflicto del Sahara Occidental es una cuestión moral y humanitaria, antes que política y económica, algo que sirve muy bien al Estado español y a Marruecos.

Y no es una exageración. Solo cuatro apuntes independientes y recientes.

Uno: el último informe anual del Secretario General de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad, del 23 de septiembre de 2020. Dos: el llamamiento urgente de Amnistía Internacional del 30 de noviembre en el que se apremiaba de forma urgente a “la observación e información imparcial e independiente de la ONU sobre los derechos humanos en el Sáhara Occidental”. Tres: el informe de la reconocida organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) que el 18 de diciembre resumía la situación actual de represión en los Territorios Ocupados con un titular en el que se podía leer que Marruecos tomaba medidas enérgicas contra los activistas. Y cuatro: el informe del departamento de Estado estadounidense publicado el pasado 30 de marzo en el que se obvian las últimas voluntades de anexión del expresidente Trump y se hablaba de las violaciones de Marruecos en los territorios saharauis.

Se ha instalado la idea de que el conflicto del Sahara Occidental es una cuestión moral y humanitaria, antes que política y económica, algo que sirve muy bien al Estado español y a Marruecos

Además, en el Informe mundial 2021, de HRW, se subraya lo siguiente: “las autoridades marroquíes impiden sistemáticamente reuniones en el Sáhara Occidental en apoyo de la autodeterminación saharaui, obstruyen el trabajo de algunas organizaciones no gubernamentales locales de derechos humanos, incluso bloqueando su registro legal, y en ocasiones golpean a activistas y periodistas bajo su custodia y en las calles”.

¿Entonces? No es un asunto de contabilidad subversiva y dotar de cifras alarmantes (y comprobadas) un artículo periodístico para que trascienda los canales informativos habituales. Más bien se trata de visibilizar la trama de un guion psicópata escrito principalmente por el Estado español, Francia, Estados Unidos, Mauritania y la Unión Europea. ¿Por qué no existe una campaña internacional de bloqueo a Marruecos, de martilleo informativo diario sobre lo que hace el país vecino y de cómo España contribuye a ello?

¿El país del futuro?

Las preguntas que surgen sobre el estado de la población saharaui en los territorios ocupados en 2021 suelen disiparse en las mismas calles donde se ventila la vida a golpe de silencio. En los territorios ocupados hay un incesante bombardeo de agresiones que tratan de corromper el pronombre que más quebraderos de cabeza le provoca al gobierno marroquí: nosotros. Una población que no desfallece y que inspira a las generaciones venideras. “La guerra, y me sabe mal decirlo, es una opción que siempre ha estado encima de la mesa. No tenemos nada que perder porque ya estábamos muertos”, responde por teléfono Youseff Duihi, hijo de la activista saharaui Mina Duihi, y quien trabaja de camarero en un restaurante de Barcelona tras exiliarse de su ciudad natal, El Aaiún.

El futuro del Sahara Occidental pasa por soñar un país que están desvalijando a plena luz del día en la mejor partida de ajedrez del mundo. Pero ese futuro, se encuentre donde se encuentre, permanece con los saharauis. Las bocas que resisten en los territorios ocupados están pensadas para ser calladas a los ojos de las autoridades marroquíes. El refugio más próximo pueden ser las improvisadas jaimas en algunas terrazas que desafían el status quo, pero ahora, la música y la cultura saharaui tratan de sobrevivir estoicamente como pueden.

“Lograremos aquello que queremos.
Nación libre, pueblo feliz.
Lograremos un Sahara libre,
Una nación libre,
Un pueblo feliz”.

Estos versos sueltos eran cantados por la voz entrecortada de la activista Sultana Khaya y resonaban en las calles de su ciudad de Bojador el pasado 8 de marzo en un vídeo que esquivó las concertinas de la censura y el bloqueo mediático para hacerse viral. Lo que más desequilibra al opresor es sin duda una libertad que no calla. Y esta, afortunadamente, siempre es molesta contra el régimen.

Poco antes de regresar con su familia el 19 de noviembre de 2020, después de pasar una temporada en Alicante, me enviaba un mensaje en el que decía que tenía que estar con su gente y resistir. “Reza por mi, hermano. Esta guerra que acaba de iniciarse va para largo sino conseguimos sensibilizar a la comunidad internacional”. El 22 de noviembre me enviaba un vídeo en el que aparecía su hermana maltratada por las fuerzas de seguridad marroquíes. En declaraciones a la ONG Human Rights Watch explicaba que habían golpeado a su madre de 84 años en la cabeza. Desde entonces, y tras más de tres meses, los agentes de seguridad han permanecido custodiando su domicilio. 

En los territorios ocupados hay un incesante bombardeo de agresiones que tratan de corromper el pronombre que más quebraderos de cabeza le provoca al gobierno marroquí: nosotros

Lo mismo ocurre con el control de la policía sobre el activista y periodista Ettanji Ahmed, cofundador y presidente de la ONG Equipe Media y que respondía hace unos días por correo sobre su estatus: “La situación es muy difícil desde la ruptura del alto fuego por parte de Marruecos. Se ha aumentado la represión contra los civiles saharauis, la militarización de las ciudades, allanamientos a casas, detenciones, vigilancia constante en casas de activistas, como la mía”.

Pero Ettanji, quien ha sido reconocido internacionalmente por su lucha por la libertad de expresión en los Territorios Ocupados explica que seguirá “documentando la situación en el territorio y denunciado las violaciones de los derechos humanos a sabiendas de que podemos entrar a la cárcel en cualquier momento o podemos ser agredidos”. Él y sus compañeros representan la esperanza en carne viva como la del periodista saharaui preso Mohamed Lamin Haddi, que inició su huelga de hambre el pasado 13 de enero.

Proteger al opresor

El poeta Rubén Darío acertaría a describir la situación actual con su canallocracia. “De rudos malsines/falsos paladines/y espíritus finos y blandos y ruines/del hampa que sacia su canallocracia/con burlar la gloria, la vida, el honor/del puñal con gracia”.

El relato reciente tuvo lugar el pasado 8 de enero. Serían las 11 horas de la mañana cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, visitaba las instalaciones del astillero de Navantia en San Fernando. En el comunicado de la empresa pública española de construcción naval y militar se argumentaba que los nuevos acuerdos con el Reino de Marruecos son para “diseñar y construir un patrullero de altura que supondrá un millón de horas de trabajo para los astilleros de la bahía de Cádiz, lo que supondrá cerca de 250 empleos durante los próximos tres años y medio”. El falso dilema, otra vez, de pan o destrucción.

Sí. El Estado español es cómplice de la violación de los derechos humanos a través de esta empresa. Sin matices. Y además, este nuevo acuerdo supondría una vulneración del Tratado de Comercio de Armas suscrito por España y que en marzo ya denunciaban diferentes entidades en un informe de 30 páginas. La actual guerra entre Marruecos y el Frente Polisario y la escalada de represión en el Sahara Occidental ocupado, prohíben la operación. Sin más. Y lo dicen: la ley de control del comercio de armas española (Ley 53/2007, de 28 de diciembre de 2007); el Real Decreto 679/2014; y la aplicación de la Posición común europea que regula las exportaciones de armamento aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 8 de diciembre de 2008 (Posición común 2008/944/PESC).

¿Alguien asume las responsabilidades de esta vulneración constante de los Derechos Humanos?

Lo que cabe pensar de esta canallocracia es que la ministra Montero, cuando deje su cartera de Hacienda, experimente algo parecido a lo que hizo la exministra Elena Espinosa cuando transitó entre el Gobierno de Zapatero y la naviera gallega Rodman quien vendió navíos militares a Rabat, según la investigación de ElDiario.es. Actualmente es Tercera Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vigo. Los mejores clientes de Marruecos pasan por la Moncloa. La empresa también gallega Urovesa con sus todoterrenos Urovamtac o Indra con los servicios de comunicaciones son algunas de las empresas que contribuirían a defender al invasor marroquí. Y así lo ha documentado el reciente documental OCUPACIÓN S.A. (2020), un proyecto de la ONG vasca Mundubat y producido por la productora Fordward Films.

El Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) en su último informe publicado en marzo lo deja claro: España se consolida como el séptimo vendedor de armas del mundo. La guerra es el mejor de los negocios. Un mes, el de marzo, donde precisamente se conmemoraba el Día Internacional para la sensibilización de las minas antipersonas. “No se conoce el número total de víctimas de minas en el Sáhara Occidental, aunque se calculó en 2011 que había 2.500 desde 1971, nuevos registros oficiales recogen una cifra mucho mayor”, recoge el informe El fuego escondido, dirigido por Carlos Martín Beristain.