Racismo
Sin padrón ni tarjeta sanitaria en la segunda ola de la pandemia

“Es como si no existiéramos aquí”, explica Mohamedou Traore, una de las voces de la campaña por el padrón lanzada esta semana por la Coordinadora Obrim Fronteres (COF) y la Fundació FICAT. “Ni el Estado ni el  Ayuntamiento me reconocen como vecino porque no tengo padrón”, asegura Traore. Este vecino de Mollet del Vallés (Barcelona) explica que, pese a llevar casi 11 años viviendo y trabajando en España, no tiene acceso a una tarjeta sanitaria por las trabas que le pone el consistorio de esta localidad para acceder al padrón.

Un impedimento recurrente que ahora llega a los tribunales. El afectado acaba de presentar una denuncia coincidiendo con la campaña, ante esta negativa constante y con las vías administrativas ya agotadas. “Mi caso no es el único”, subraya Traore. La falta de los permisos de habitabilidad en las infraviviendas, la ausencia de contratos de alquiler o de la autorización del propietario, son algunos de los factores que están impidiendo el acceso al padrón.

La falta de los permisos de habitabilidad en las infraviviendas, la ausencia de contratos de alquiler o de la autorización del propietario, son algunos de los factores que están impidiendo el acceso al padrón

Tal como establece la resolución publicada en el BOE el 29 de abril de 2020, “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón”. Una obligación que también recae sobre los ayuntamientos, que según la norma deben “facilitar” las hojas padronales y que pueden incluso “declarar de oficio” el empadronamiento de aquellos vecinos que residen en el municipio pero no figuran como inscriptos en el padrón.

A pesar de que la legislación vigente a nivel estatal es muy clara, el Ayuntamiento de Premià de Mar aprobaba hace unas semanas una moción para endurecer los requisitos de acceso al padrón. Un ejemplo que podrían estar repitiendo muchos otros municipios para impedir el registro a personas que viven en situación de infravivienda, ocupación o con alquileres informales. El Síndic de Greuges, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) y las organizaciones sociales así lo denuncian: “El padrón no se puede ver distorsionado por cuestiones juridicoprivadas que puedan derivar de la titularidad de la vivienda”, destacaba el Síndic.

La portavoz de Padró X Totes —Padrón para todas— y activista en la COF, María Creixell, explica que la campaña consiste en coordinar a las personas que ya estaban acompañando procesos de empadronamiento y que, junto al apoyo legal, les permitirá hacer un seguimiento y recopilar datos en cada municipio. “El objetivo es que se hagan efectivos los empadronamientos, llegando incluso a denunciar judicialmente a los ayuntamientos cuando se agoten las vías administrativas”, expresa.

Acceso al padrón por razones de salud pública

Tal como señala el manifiesto de la campaña, la pandemia no ha hecho más que evidenciar estos impedimentos burocráticos, situando a muchas personas en una situación todavía más grave de exclusión y vulnerabilidad. “La Administración está dando el mensaje de que la salud es lo primero, pero todas las personas que no están empadronadas, no tienen tarjeta sanitaria y quedan excluidas de la sanidad universal”, señala Laia Costa, activista jurídica y colaboradora de la Fundació FICAT. La propia administración reconocía esta crítica a través del informe Equidad en Salud y Covid-19, publicado a principios de octubre por la Subdirección General de Promoción, Prevención y Calidad del Ministerio de Sanidad.

“La Administración está dando el mensaje de que la salud es lo primero, pero todas las personas que no están empadronadas, no tienen tarjeta sanitaria y quedan excluidas de la sanidad universal”, señala Laia Costa

“La Administración está impidiendo que se puedan garantizar estos derechos”, recalca Karlos Castilla, investigador del Institut dels Drets Humans de Catalunya (IDHC) y profesor de la Universitat Pompeu Fabra. “Se ha hecho una perversión de esta herramienta de gestión y se ha convertido el empadronamiento en un obstáculo para el ejercicio de derechos”, explica Castilla, que recuerda que el registro padronal solo sirve para indicar a dónde deben acudir las personas para que este derecho esté garantizado.

Reus, Terrassa, Badalona o Mollet del Vallés son algunas de las más de 20 localidades catalanas en las que se están realizando los acompañamientos para conseguir que los ayuntamientos faciliten los trámites del empadronamiento. “Toda persona que vive en el municipio debe estar empadronada. Solo hay que buscar la manera de que esa norma se haga efectiva”, declara Jordi Sanz, miembro del colectivo Mollet Acull. Algo similar sucede en el municipio de Reus, donde los colectivos recuerdan que tampoco existe una opción “real y abierta a los vecinos” para empadronarse sin domicilio fijo. “El Ayuntamiento de Reus no la ofrece, aunque por ley debería funcionar”, lamenta Víctor Pérez, miembro de la plataforma Reus Refugi.

A pesar de que la normativa es clara con respecto a la obligatoriedad del registro en el padrón por parte de los ayuntamientos, son pocos los casos en los que se aplica

Aplicar de la normativa se convierte en la excepción. A pesar de que los textos son claros con respecto a la obligatoriedad del registro en el padrón por parte de los ayuntamientos, son pocos los casos en los que se aplica. Barcelona es uno de ellos, contando incluso con un protocolo que establece a nivel técnico los procedimientos para hacer efectivo el padrón en casos de infravivienda, falta de la documentación requerida o sin domicilio fijo. Aún así, los colectivos sociales reclaman que las citas para registrar las solicitudes se están dilatando hasta un año de espera.

Municipios como Vilanova i la Geltrú, Lliçà de Vall, Sant Celoní o Cardedeu son otros ejemplos en los que también se aplica la norma y se facilita este tipo de trámite a través de una comprobación del domicilio, registrando incluso la dirección de un centro cívico del municipio, las dependencias de servicios sociales o del propio ayuntamiento como dirección de contacto a la hora de empadronar.

“Entendemos que el padrón es un derecho y una obligación, que debe explicar la realidad del municipio sobre las personas que viven aquí”, expresa la alcaldesa y regidora de Servicios Sociales de Lliçà de Vall, Marta Bertrán. “Es una herramienta que nos permite garantizar derechos e igualdad de oportunidades, entonces lo que hacemos simplemente es comprobar que la persona vive en el municipio”, destaca Bertrán, mientras destaca que “en ningún caso debería utilizarse para perpetuar situaciones de desigualdad, sino todo lo contrario”.

Es también el caso de Cardedeu, una localidad donde se han realizado cerca de 60 registros de empadronamiento por esta vía en los últimos dos años. Laia Muñoz, teniente alcalde y regidora de vivienda, servicios sociales y salud, lamenta esta falta de voluntad política en otros municipios pese a que exista una normativa vigente para llevarlo a cabo. “Solo hacemos lo que nos obliga la ley”, concluye la regidora.