Opinión
Violencia policial y racismo de estado, lo que España no quiere ver

En Minneapolis, un hombre afroamericano es asfixiado hasta la muerte bajo la rodilla de un policía blanco, casi nueve minutos de agonía son filmados, nueve minutos en los que pide por favor que le dejen respirar. Que le están matando. El funesto episodio prende la mecha, y millones de personas salen a las calles a hacer justicia, a asegurarse de que su nombre, George Floyd, nunca caiga en el olvido.

Protestas que recorren EEUU de punta a punta, poniendo en jaque al sistema de dominación racial, numerosas agresiones policiales son filmadas y difundidas en nuestra sociedad de la imagen. Las redes son inundadas de un fondo a negro como foto de perfil, en homenaje a George Floyd. Multitud de estrellas de cine, académicos y personas influyentes muestran su apoyo público a las protestas y la condena al racismo institucional, a la brutalidad policial.

La Casa Blanca es rodeada por los manifestantes, teniendo que apagar sus luces durante la noche por primera vez en su historia; el personal de seguridad conduce al presidente Donald Trump a un búnker aledaño, a buen resguardo de lo que pueda suceder, mientras éste twittea enfermizamente sus delirios racistas con la connivencia del resto de la ultraderecha internacional. 

Puesto que la protesta ya es global, todo político que no quiere ser “metido en el saco” junto al vilipendiado Trump, se afana en salir a la palestra apoyando las protestas estadounidenses, evitando criticar las políticas racistas que el Estado aplica, tan visibles en las marcas que sus cuerpos de seguridad provocan en las vidas de los racializados.

Éstas protestas todas tienen un punto en común, la hipocresía que se demuestra por parte de una sociedad a la que le es fácil conmoverse por la muerte de George Floyd, a un océano de distancia, pero que en cambio es capaz de anunciar que en España no hay racismo, y que sus graves consecuencias son producto de la aporofobia o la falta de educación. Es sencillo pronunciarse así cuando no sufres racismo, en cambio cuando instintivamente te echas a temblar al ver el azul de las luces policiales, es harina de otro costal.

Hablar sobre la brutalidad y la violencia policial, para cualquier persona gitana, es una tarea ardua, porque no es algo abstracto, sino algo que lo sentimos en nuestros cuerpos, es algo que se manifiesta en nuestra vida diaria

Y es que hablar sobre la brutalidad y la violencia policial, para cualquier persona gitana, es una tarea ardua, porque no es algo abstracto, sino algo que lo sentimos en nuestros cuerpos, es algo que se manifiesta en nuestra vida diaria, que afecta a nuestras propias familias e, incluso acaba con nuestras vidas. En el momento en que un policía nos para por la calle, nos cachea, nos agrede, nos insulta e incluso nos mata, los kalos no representamos para ellos nada más que un riesgo. Somos un cuerpo de riesgo —el cuerpo racializado que tienen que ser controlado, disciplinado, ‘educado’, contenido y/o eliminado antes de ‘infectar’ la sacralizada vida social blanca. 

Daniel Jiménez, gitano de 37 años fue parado ante una llamada policial, detenido y trasladado bajo custodia policial a la la comisaría de Algeciras, siendo hallado muerto en el calabozo. La versión policial dice que Daniel se ahorcó, por otro lado, él llamó a sus padres diciendo que se encontraba bien y que saldría el mismo lunes.

En esa misma comisaría en el mes de febrero también fue hallado el cuerpo sin vida de Imad Eraffali, marroquí de 23 años como bien informa El Faro de Ceuta. Misma alegación policial, “suicidio” por ahorcamiento con un trozo de manta.

En 2018 la familia de Manuel Fernández, gitano, recibe una terrible llamada desde la prisión de Albocàsser (Castellón), su hijo de 28 años ha sido hallado muerto en la celda de aislamiento. “Muerte súbita” alegaron los funcionarios de prisiones; los familiares pese a la férrea resistencia que encontraron por parte de todos los actores, consiguieron ver el cuerpo sin vida de Manuel...un cuerpo lleno de marcas de arañazos, con la nariz rota, muñecas y tobillos amoratados, uñas destrozadas…

En la cárcel de Zuera (Zaragoza), Pedro Antonio Calahorra Hernández, gitano, de 21 años, es recluido en una celda de aislamiento en la que, recordemos, no se pueden portar cordones u otros objetos que puedan ser lesivos. Habló con su abuela apenas dos días antes de la terrible noticia, Pedro Antonio era hallado muerto en el módulo de aislamiento, según declaran las autoridades competentes, ahorcado con el cable de la televisión. Otro “suicidio”.

Miguel Ángel Fernández, gitano, fue detenido en Zaragoza, y retenido en los calabozos de la comisaría del cuerpo nacional de policía, desde donde pasó un periplo en que le fueron administrados repetidamente un enorme cóctel de psicofármacos, entre ellos metadona, pese a no ser drogodependiente. Según el atestado policial muere por “muerte súbita”, atestado en el que no son mencionados los avisos de los compañeros de celda de la falta de respiración de éste, ni tampoco se tiene en cuenta los quince minutos de grabación que se encuentran extraviados durante la detención de Miguel. Pese a las denuncias, el juez dictó sobreseimiento de la causa y se archivó.

La cara más cruda del antigitanismo, el mecanismo de represión por antonomasia usado por el poder payo para subordinar, ‘civilizar’ y hasta eliminar al Pueblo Gitano, ha sido y es la policía y demás fuerzas de ‘seguridad’ del estado

Es evidente que los mecanismos de represión de ese sistema de dominación al que llamamos antigitanismo tienen muchas caras, pero la más cruda, el mecanismo de represión por antonomasia usado por el poder payo para subordinar, ‘civilizar’ y hasta eliminar al Pueblo Gitano, ha sido y es la policía y demás fuerzas de ‘seguridad’ del estado, quienes junto al sistema judicial y el penitenciario, aseguran que el sistema racial siga funcionando a la perfección.

El encarcelamiento masivo de gitanos es una realidad latente en el Estado español, como ya apuntó a principios del año 2000 el proyecto “Barañí” al realizar un estudio acerca de las mujeres gitanas encarceladas, arrojando cifras escalofriantes, ya que, componiendo oficialmente entorno al 1,7% de la población española total, en las cárceles representan el 25% de las reclusas. Aún cuando en el caso de la violencia policial antigitana existe un claro sesgo de género, ya que el objetivo principal de los ataques suelen ser hombres jóvenes, desgraciadamente este tema no parece llamar la atención de las investigaciones y la agenda académica dominante en este tipo de estudios.

La construcción del imaginario colectivo gitano-carcelario, que tan álgido punto encontró a finales de los años setenta y ochenta en el cine kinki, junto con el éxito musical de grupos gitanos con crudas letras acerca de las cárceles y la marginación, no sólo encuentran una respuesta real en cómo éramos tratados por aquella sociedad que despectivamente nombran como la “España cañí”, sino que todavía suponen un fiel reflejo de las vivencias que en barrios “gueto”, gitanos de hoy día viven. Así es cómo este nefasto sistema racista nos sigue acosando, vigilando, encarcelando y asesinando con la complicidad de la sociedad civil, pues en su imaginario colectivo es lo que merecemos.

Aquél reflejo hoy convertido en cultura “pop” de la marginación gitana en los años setenta, es la misma construcción que la lógica de la modernidad Europea ha construído sobre nosotros, además de sobre musulmanes, negros e indígenas. Es el deshumanizado relato de seres irracionales y peligrosos que no llegan a la categoría de ser humano y por tanto, no son dignos de ser tratados como tal. Siendo el principio que fundamenta nuestras relaciones con el Estado, la violencia y el control.

Los serios obstáculos para la denuncia y el pesimismo más absoluto que rige nuestra relación con los poderes provoca que no denunciemos incluso las más salvajes agresiones contra nosotros

Por una parte, el miedo que genera la perpetua violencia a la que somos sometidos, la perpetua desconfianza en las instituciones, los serios obstáculos para la denuncia y el pesimismo más absoluto que rige nuestra relación con los poderes provoca que no denunciemos incluso las más salvajes agresiones contra nosotros.

Por otra, el ninguneo mediático o el tratamiento racista del racismo antigitano incentiva la no visibilización o bien, la estigmatización social de nuestros problemas. Caricaturizados como criminales, todo el relato mediático siempre tiende apuntar a ello, lo vimos muy claro con Manuel Fernández en el programa de Ana Rosa, quien fue víctima de un disparo en la cabeza por parte de un vecino payo. Por estar cerca de su huerto, al pensarse éste “amable jubilado” en palabras del propio programa, que iba a robarle cuatro habas.

La usurpación del espacio político romaní y el rechazo sistemático a ser reconocidos como un sujeto político autónomo en igualdad con el resto de autonomías que componen el Estado español, además de la tajante negación de nuestra identidad en los interesados tratamientos tanto informativos, como oficiales, hace que sea casi imposible realizar un registro de víctimas fehaciente. Por tanto, es muy complicado demostrar con datos a la Administración la desproporcionalidad en arrestos a las personas gitanas, de su encarcelamiento e incluso de su muerte bajo custodia policial.

La brutalidad policial es la punta del iceberg, la cara más visible de un sistema de dominación racista que revela el enraizamiento de la sociedad actual en el pasado genocida que se niega a confrontar; un reflejo palpable de la supremacía blanca y su profunda imbricación en las narrativas y aspiraciones políticas del Estado mismo y sus instituciones.

Hoy vemos como ciudades del mundo entero se levanta en protesta, estamos viendo cómo la misma sociedad que erigió con orgullo estatuas a reconocidos esclavistas o genocidas, las está derrumbando y vandalizando. Al tornar la mirada a la sociedad en la que vivimos nos asalta la duda de si España será capaz de derribar las estatuas de Colón, de quemar las “gestas heroicas” de Nuñez de Balboa o de borrar del callejero y la memoria colectiva al infame Marqués de la Ensenada. Será ese momento que tanto ansiamos un atrevido acto que se limite a derrumbar la evidente violencia “simbólica” que esos monumentos ejercen, o llegaremos a ser capaces de, como apunta Barnor Hesse, cuestionar el por qué sus historias han sido normalizadas y convertidas en heroicidades, en símbolos patrios.

En el actual escenario político sólo nos queda preguntarnos una cosa, ¿será capaz la sociedad española de aceptar la responsabilidad política de arrancar con vergüenza, arrepentimiento y coherencia esa página de su historia que condiciona el presente de los racializados de este país?

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