El fin de la era de los beneficios caídos del cielo para el oligopolío eléctrico

Hace tres años tuve la oportunidad de dirigir en el Observatorio de la Deuda en la Globalización un estudio sobre el coste de la electricidad en España tras la liberalización del año 1998 (Ley 54/1997 y Ley 24/2013). Al realizarlo nos permitió señalar el marco del debate sobre los efectos de los procesos llamados liberalizadores en algo tan concreto y problemático como la electricidad, en un momento en el que se sufrían las consecuencias del proceso de manera intensa. Uno de los objetivos del estudio era estimar la cantidad de dinero que había sido transferido de la sociedad al sector eléctrico de manera innecesaria, o ilegítima, según estándares de carácter social. El resultado de dicha estimación para el periodo 1998-2013 ascendía a 80.000 millones de euros, después de actualizar las cantidades a valores de 2013.

Esta semana se ha hecho pública la firma de un Acuerdo de Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno y Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea. El documento incluye el apartado 10.3, que dice: “Realizar los cambios normativos necesarios en relación con el funcionamiento del mercado eléctrico para acabar con la sobrerretribución (conocida como “beneficios caídos del cielo”) que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente…”. Gracias al estudio de hace tres años podemos saber que, hasta 2013, las instalaciones nucleares y las hidroeléctricas recibieron 22.190 millones de euros más de lo que habrían recibido de haber seguido vigente el sistema de cálculo anterior a 1998.

Las instalaciones nucleares y las hidroeléctricas recibieron 22.190 millones de euros más de lo que habrían recibido de haber seguido vigente el sistema de cálculo anterior a 1998

Todavía se está a la espera de que dicho acuerdo sea apoyado mayoritariamente en el Congreso de los Diputados para hacerse efectivo, pero ya ha tenido algunos efectos significativos, que han preocupado en algunos foros. Las acciones de las empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola, Naturgy) bajaron durante la jornada del anuncio del acuerdo. Quizás conviene recordar a los accionistas mayoritarios de estas empresas para poder interpretar el carácter de dicha preocupación. Endesa es ampliamente controlada por Enel (70,4%), empresa italiana a su vez controlada por el Ministerio de Economía de Italia. Iberdrola tiene un único “accionista significativo”, que es Qatar Investment Authority, representante del estado de Qatar. Naturgy Energy Group, antigua Gas Natural Fenosa hasta junio de 2018, está controlada por La Caixa. En resumen, depositarios de intereses no esenciales para la sociedad española, que sólo entre 2006 y 2016 ha sufrido un aumento del 70% de la factura eléctrica, en buena parte por un ineficiente sistema de fijación de los precios en el mercado mayorista.

La solución a este problema, apuntada en el acuerdo, de fijar un límite máximo al precio que pueden cobrar las instalaciones nucleares e hidroeléctricas, y dedicar la diferencia entre el precio de mercado y ese límite a abaratar la factura de la luz de todos los consumidores, será efectiva si el límite máximo es acertado. La elección del método de cálculo del límite máximo será clave para determinar si se detiene uno de los principales mecanismos mediante los cuales la población lleva siendo perjudicada por el sector eléctrico y su liberalización. Quedaría todavía pendiente, sin embargo, tomar una decisión en la misma línea respecto al dinero ya transferido desde la sociedad a estas empresas, esos “beneficios caídos del cielo” de más 22.190 millones de euros.

Quedaría pendiente tomar una decisión respecto al dinero ya transferido desde la sociedad a estas empresas, esos “beneficios caídos del cielo” de más 22.190 millones de euros

En el documento del acuerdo también se pone el foco en otros de los contenidos del citado estudio de 2015, como los pagos por capacidad y el peso del término de potencia en la factura eléctrica como corrector de eficiencia energética. Parece que, por fin, desde instancias gubernamentales se acercan a afrontar algunos de los problemas fundamentales que tenemos como país con la factura de la electricidad. Si como resultado del proceso de cambios normativos necesarios para subsanar las irregularidades relativas a los “beneficios caídos del cielo”, se emprenden las modificaciones en el propio sistema de fijación de precios que permitan que comencemos a pagar un precio justo por la electricidad, las clases populares de este país y la economía española lo agradecerán enormemente. Si además se afronta un proceso de compensación por los “beneficios” pasados y una verdadera reforma normativa a favor de los derechos fundamentales, el resultado para la sociedad será doblemente positivo.

El acuerdo también dedica unas líneas a la necesidad de “acordar con los ayuntamientos medidas concretas para potenciar las comercializadoras municipales”, interesante tema que requeriría otro artículo.