Sistema, personas y social: las palabras clave del acuerdo presupuestario

Se esperaba esta semana el acuerdo para los presupuestos generales de 2019. El día 15, las líneas básicas del mismo tienen que ser remitidas a Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, así que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias debían plasmar la intención de un giro en las políticas presupuestarias, que se presentarán al amparo de un dato incontestable: el volumen de gasto público social español sobre el Producto Interior Bruto se encuentra, en 2018, en un 41% frente al 47,1% registrado en la Eurozona. Es decir, España tiene margen y el tándem Sánchez-Iglesias confía en que así se entienda en una Comisión Europea más propicia a los gobiernos “estabilizadores” tras el episodio vivido hace una semana escasa con Italia.

Junto al acuerdo presentado hoy, la comparecencia el viernes 5 de octubre de Nadia Calviño confirmó que el Fondo Monetario Internacional apoya la senda de déficit presentada por el Gobierno. El acuerdo solo arroja una duda respecto a las recomendaciones del FMI: el Gobierno apuesta por ligar las pensiones a la inflación —IPC— para que estas no pierdan poder adquisitivo. Una duda principal, ya que se presenta hoy como el primer punto de un documento prolijo en medidas de tipo social.

A la espera del beneplácito del comisario Moscovici, la negociación interna hasta llegar a la mayoría necesaria para la aprobación de los presupuestos se plantea como un escollo mayor. Especialmente en la relación con los partidos independentistas con más representación, PdeCat y ERC, con el contexto del cisma del Parlament aún fresco.

Una lectura del acuerdo establece tres palabras como las claves: sistema, referido a la seguridad social en su mayor parte, social y personas son las más repetidas. Bienestar, precariedad o vulnerabilidad también tienen especial relevancia en un acuerdo que se desmarca claramente de la política procíclica seguida en el periodo 2010-2018. Las primeras reacciones por parte de los agentes sociales son positivas: CC OO muestra apoyo con matices y constata que la mayoría parlamentaria o los “actores políticos que las respalden” serán imprescindibles para que algunas de las medidas anunciadas hoy se plasmen en una mejora de las condiciones de la vida de la gente.

Palabras más o menos

La subida de las pensiones supone, al margen de la literatura, el primer anclaje del acuerdo presentado hoy a su objetivo de recuperación del Estado de Bienestar —palabra que aparece nueve veces en el documento—. Son mil millones más en los futuros PGE que se separan en 704 millones para acompasar las pensiones al IPC y un aumento de 384 millones en las pensiones mínimas y no contributivas, un 3% en la renta obtenida por las personas en situación de vulnerabilidad —núcleo que aparece hasta nueve veces— cada mes.

El documento, no obstante, no incluye en su “refuerzo del sistema de la seguridad social” la demanda de las empleadas de hogar de que se produzca la equiparación inmediata de sus condiciones con las de los cotizantes del régimen general. El acuerdo traslada esta demanda hasta 2021, aunque incorpora dos nuevos tramos de cotización. Hoy día la base máxima de cotización en el Sistema de Hogar es de menos de 900 euros y una de las demandas de empleadas de hogar era que se aumentase la base con la creación de nuevos tramos. Además, el acuerdo incluye la ratificación del convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre empleo doméstico.

Una novedad, asimismo, es la puesta en cuarentena, al menos sobre el papel, de bonificaciones a las empresas —excepto de aquellas destinadas a la contratación de colectivos con necesidades especiales— durante años una vía de recortes “silenciosos” sobre las condiciones de vida de la población asalariada.

En materia de reversión de recortes, la intención del acuerdo avanza propuestas de revisión de la privatización de la sanidad y sigue trabajando en la restitución de la sanidad universal, pero apenas se anuncian medidas con efecto presupuestario inmediato. 50 millones de euros más para becas y un compromiso de restituir las tasas universitarias al nivel previo al RD14/2012.

Vuelve a ser efectiva la ley de Dependencia

Hasta 12 veces aparece la palabra dependencia, desterrada por el PP en la fase de Gobierno 2011-2018. Los hogares con personas dependientes se verán beneficiadas por la partida de 840 millones para subsidios y para garantizar la cotización de las personas que realizan el trabajo de cuidados en este sector.

En medidas para el empleo, al anunciado aumento del Salario Mínimo Interprofesional a 900 euros se suma el subsidio por desempleo para parados de larga duración de más de 52 años. El acuerdo supondrá una inversión de los PGE de más de 660 millones de euros. Al margen de ese impacto en el presupuesto, hay una voluntad explícita de restituir aspectos básicos de la negociación colectiva perdida en la reforma laboral de 2012 y avanzar hacia el fin del fraude en la contratación a tiempo parcial, la contratación según el modelo de “falsos autónomos” y la vigilancia sobre las horas extras no registradas.

Los autónomos con menores ingresos contarán, de prosperar el proyecto, con el alivio de una base de cotización acorde a su situación. El acuerdo también incluye una revisión sobre el actual modelo de pago de IVA, sin concretar las consecuencias de dicha revisión. 

Medidas de emergencia

El acuerdo destina algo más de 200 millones de euros para mitigar la situación de pobreza en la que vive una de cada cinco personas. La principal medida es la creación de un Ingreso Mínimo Vital, que supondrá el aumento de 291 euros/año hasta 473 euros/año por cada hijo a cargo de los hogares en situación de pobreza severa. Otros 330 millones se destinarán a los Ayuntamientos que, sin cumplir la Ley 2/2012 de control presupuestario, emprendan la construcción de escuelas públicas infantiles, de cero a tres años.

Otra de las medidas estrella es la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Una reclamación trabajada durante años por organizaciones feministas, que tendrá una partida de 300 millones de euros. El Pacto estatal contra la violencia “de género”, según el texto, contará con 220 millones adicionales.

¿Y esto cómo se paga?

Junto a la incorporación de medidas como la instauración de una tasa a las transacciones financieras —conocida por las más viejas del lugar como Tasa Tobin— el acuerdo enuncia un deseo de recuperar la “progresividad del sistema” retributivo, es decir, que paguen más quienes más tienen. El motivo principal es la baja recaudación en relación al entorno. Actualmente se obtiene un ingreso vía retributiva del 37,9% del PIB, siete puntos menos que la media de la UE.

En lo mollar, el acuerdo establece un tipo mínimo del 15% para el Impuesto de Sociedades. Se recaudará, eso sí, menos por parte de las pequeñas empresas —las que facturan menos de un millón de euros años—, que verán como baja su tipo nominal del 25% al 23%. Más control sobre las SICAV y contra “la elusión fiscal”.

Aumentan los impuestos en los tramos más altos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) después de varios años de homogeneización a la baja. Asimismo, se incrementa el impuesto de Patrimonio en un 1% para aquellas fortunas que dispongan de más de diez millones de euros, independientemente de su lugar de residencia o de empadronamiento. Por último, el acuerdo establece una prohibición efectiva de futuras amnistías fiscales.

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