Opinión
UDC. Destrozo. ¿Abolicionismo?

Desde una defensa firme de la libertad de cátedra y de la autonomía universitaria, el autor señala algunos intereses que se pueden ocultar detrás de la campaña por la supresión de las Jornadas sobre trabajo sexual que se iban a celebrar en la Universidade da Coruña (UDC).

8M Coruña
Unhas 40.000 persoas, segundo a Policía local, percorreron as rúas da Coruña. Foto: Concello da Coruña
Profesor de Derecho de UDC, fue organizador de actividades académicas sobre trabajo sexual en la misma universidad.

publicado
2019-09-17 13:16

UDC. Universidade da Coruña. Este es el nombre de la comunidad universitaria a la cual pertenezco, que esta semana ha visto cómo se censuraba un seminario académico sobre trabajo sexual, con importante presencia de mujeres dedicadas a esa actividad. Desafortunadamente, un buen número de las personas que han demandado la prohibición de ese seminario ni siquiera lograron escribir correctamente el nombre de la institución universitaria en la que se iba a celebrar (Universidad de Galicia fue seguramente la denominación más divertida). Esa es la mejor muestra de que los miembros de la UDC vivimos una pugna de poder que se jugaba en casa ajena. Por desgracia, tampoco las promotoras del oportuno manifiesto Por el derecho a debatir en la Universidad han logrado tener en cuenta las voces de nuestra comunidad académica, lo que —dicho sea de paso— no ha contribuido al esfuerzo de quienes estábamos intentando evitar la prohibición desde aquí al lado.

Destrozo. La palabra más escuchada estos días a pie de calle entre las personas de la UDC. No es difícil fundamentar, como han dicho activistas mucho más acreditadas, que todo esto ha sido un gran destrozo para los feminismos. Al lado de eso ha sido, sin dudas, un gran destrozo para la UDC, en particular para sus instituciones, incluidas aquellas que, como el CEXEF o la Oficina para a Igualdade de Xénero (Oficina para la Igualdad de Género) deben de estar llamadas a luchar por la superación de las brechas de género. Estas instituciones no han sido capaces de encontrar una solución ante la agresiva campaña lanzada contra las jornadas sobre el trabajo sexual que no fuese una decisión sancionadora, materialmente de censura, que afecta a la parte más débil, a las organizadoras.

Han sentado un precedente muy grave de desconsideración de la libertad de expresión y de las libertades académicas con las que tienen que estar comprometidas

No han conseguido evitar la incómoda imagen de rechazar una actividad académica cuando, en las mismas semanas, se le prestaban altavoces para charlas de signo contrario, financiando la participación de personas que estaban impulsando la campaña prohibicionista. Han sentado un precedente muy grave de desconsideración de la libertad de expresión y de las libertades académicas con las que tienen que estar comprometidas. Con todo, esto no es solo un problema institucional. Es un destrozo para el conjunto de la comunidad de la UDC. Excepto excepciones —la más importante el largo millar de personas que firmaron una petición pública contra la suspensión de las jornadas—, no supimos, no pudimos o no quisimos evitar este grave menoscabo de la condición de la universidad como espacio de protección del debate libre de ideas.

¿Abolicionismo? Como todo en los feminismos, el abolicionismo no tiene sentido en singular. Los abolicionismos son, afortunadamente, plurales. Sin embargo, vivimos tiempos convulsos, en los que es fácil constatar que las riquezas de los pensamientos abolicionistas están siendo cada vez más sometidas a una metonimia, a la construcción de un abolicionismo hegemónico o realmente existente. El resultado, sinceramente, tiene poco interés, por la voluntad de cerrarse en las cadenas del simulacro, sin mayor conexión con lo real. El resultado no tiene capacidad —ni aparentemente disposición— para responder a las preguntas que verdaderamente importan, cuestiones como: ¿Por qué docenas de mujeres nigerianas son encerradas anualmente en los CIE o docenas de mujeres paraguayas son deportadas por ser trabajadoras sexuales? O, ¿por qué después de años y años de políticas de lucha contra la trata envasadas en racionalidades abolicionistas los resultados —como enseña la reciente memoria de la Fiscalía General del Estado— no superan el estado de la insignificancia?

La fase de la crisis política que habitamos está caracterizada por una apuesta del Partido Socialista de demostrar que tiene más capacidad que sus contendientes para llevar a cabo la restauración

En realidad, lo que vivimos en la UDC en estos últimos días parece tener poco que ver con los diferentes programas de los feminismos sobre la gestión de las consecuencias, para las mujeres y para la sociedad, del trabajo sexual/prostitución. Parece más conectado con cuestiones que desbordan por completo a la comunidad de la UDC e incluso a los mismos feminismos. En junio de 2018, cuando Pedro Sánchez presentó su equipo de gobierno cayó el telón para la narrativa que describía al actual presidente del gobierno central como una suerte de Maverick en rebeldía contra diversos segmentos de las élites. La fase de la crisis política que habitamos desde entonces está caracterizada por una apuesta del Partido Socialista de demostrar que tiene más capacidad que sus contendientes —esencialmente el PP y Ciudadanos— para llevar a cabo la restauración como programa soberano de solución de esa crisis. En sustancia, sus credenciales son dos. Una, evidenciar que está en mejor situación que los demás para encarnar el Estado y sus aparatos. Dos, probar que tiene condiciones para cooptar y desactivar los disensos que consolidaron la crisis política, desde hace ya siente u ocho años (sobre los peligros de una estrategia de estas características, vid. el reciente The Courage of Hopelessness, de Slavoj Žižek).

La síntesis de ambas credenciales consiste en hacer lo mismo que haría cualquier otro partido de extremo centro (o quizá de las derechas), pero con mayor mesura y, sobre todo, con narrativas diferentes. Esto último requiere acumular capital político suficiente para resignificar demandas de justicia social (de género, racial, etc.) que surgen desde la calle.

La discusión se está empobreciendo y, sobre todo, se está declinando en una dirección preocupante

Sin prejuicio de que el abolicionismo realmente existente cotiza al alza en todos los partidos estatales, este programa gubernativo está afectando notablemente al debate público sobre como enfrentar el trabajo sexual/prostitución. La discusión se está empobreciendo y, sobre todo, se está declinando en una dirección preocupante. No es de extrañar, porque el autoritarismo es la tendencia de una temporada que ya está durando demasiado. Si las políticas y demandas de género en los por tantos motivos felices años ’00 se orientaron hacia la ampliación de derechos, en el período actual están adquiriendo un tono más autoritario, pensado desde la prohibición y el anatema. Lo que ha estado pasando en la UDC en estas semanas tiene que ver, antes que nada, con estos juegos de poder y de acumulación de capital político. Por desgracia, ni es el primer caso ni va a ser el último de la ola anti-derechos que estamos viviendo.

Desde esa perspectiva, se ve con claridad un último aspecto del destrozo. La campaña prohibicionista estuvo impulsada —también— por declaraciones institucionales, como el tuit gubernativo en el que se afirmaba, erróneamente, que el trabajo sexual/prostitución es una actividad “ILÍCITA” (sic, en mayúsculas). La UDC, en particular sus autoridades, no han logrado —tampoco— parapetar la autonomía universitaria. La suspensión de las jornadas sobre trabajo sexual ha sido un hecho mayor de erosión de las libertades académicas en los veintinueve años de historia de nuestra universidad. Del mismo modo, lo recordaremos también como un momento de escasa salud de nuestra autonomía.

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1 Comentario
#39470 11:45 18/9/2019

Muy de acuerdo. Vergonzoso que mientras los abolicionistas han tenido foros donde solo han hablado los defensores de esta posición, estos mismos abolicionistas se quejaban de que ellos no pudieran participar en el que iban a participar las trabajadoras sexuales como uno de sus argumentos para pedir la prohibición
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