Migración
Ventimiglia, una frontera interna en el corazón de Europa

Mujeres y niños aguardan en la parroquia San Antonio y en el campo de refugiados gestionado por la Cruz Roja. Bajo el puente, esperan cientos de jóvenes y adultos que no tienen espacio en los saturados centros de acogida. Las noches cerradas son el momento idóneo para probar su suerte. Ésta es la única opción que la Unión Europea (UE) ha decidido “ofrecer” a las miles de personas que huyen de sus países escapando de la guerra y el hambre. Siete kilómetros separan Francia e Italia en el paso de Ventimiglia, pequeño municipio italiano de unos 20.000 habitantes. Escondidos en el tren que cruza de Italia a Francia, atravesar andando las montañas que marcan la frontera por el llamado “paso de la muerte” o pagar los 250€ que cobran las mafias, son las tres opciones por las que pueden optar las personas migrantes. Pues, tras recorrer medio continente africano y el Mediterráneo para escapar de una posible muerte, o en el mejor de los casos una vida totalmente incierta, darse la vuelta nunca es una opción.

Los pocos que consiguen traspasar la frontera y son detectados por la gendarmería francesa, como es el caso de la mayoría, son detenidos e inmediatamente devueltos a Italia. Sin ninguna atención a su situación, edad, estado de salud, etc. Acoger a menores, a personas que huyen de conflictos, son solo alguno de los casos de obligada acogida por parte de los Estados según el derecho internacional. Una vez más Francia, Italia y la UE en su conjunto vuelven a demostrar que la legislación no es una cuestión moral, sino de fuerza.

Las mafias cobran 250€ por llevar a los migrantes por los siete kilómetros del "paso de la muerte"

Ante esta situación dos han sido las opciones: la solidaridad, como por ejemplo los 60 voluntarios y voluntarias que acudieron al municipio con el fin de repartir comida y ropa, y que fueron expulsados de la ciudad el pasado verano por la policía italiana. O el campesino francés Cédric Herrou, que desde su granja en el valle del río Roya, al otro lado de las montañas que separan ambos países, acoge a aquellos inmigrantes que consiguen llegar, sufriendo la persecución de la justicia francesa en varias ocasiones. Y en el otro lado, la protagonizada por el ayuntamiento de Ventimiglia. El cual aprobó el pasado mes de marzo una nueva ordenanza municipal que prohibía el reparto de comida a personas refugiadas en la vía pública. Las multas a aquellas personas que se arriesguen a hacerlo van desde los 300€ a los 3.000€. El alcalde del municipio Enrique Loculano aseguraba que el objetivo de esta medida era evitar “el caos y suciedad” que podrían generar estas acciones por parte de voluntarios y vecinos. Así como asegurar la seguridad de los vecinos de la ciudad y evitar el “efecto llamada” a más inmigrantes.

El ayuntamiento de la ciudad, controlado actualmente por el Partido Demócrata, no es el único en poner en marcha estas medidas en Europa. El gobierno municipal de Calais, situado al norte de Francia, donde se asentaba el antiguo campo de inmigrantes conocido como “La Jungla”, puso en marcha el mismo mecanismo tres meses después del cierre del campo donde las personas migrantes esperaban para cruzar a Reino Unido. Su alcaldesa Natacha Bouchart, del Frente Nacional, afirmó que “el reparto de comida y su asistencia podría ocasionar problemas de seguridad y alejar el turismo”.

Marruecos, Argelia y Túnez suelen ser los principales puntos de salida para las endebles embarcaciones, de caucho habitualmente, que emplean las personas refugiadas para alcanzar las costas italianas. Al llegar son fichadas y sus huellas recogidas por la policía italiana. Tras lo cual, se les hace entrega del llamado “seven days paper”. El cual, básicamente, obliga a estas personas a abandonar el país por uno de los puntos oficiales de salida. Actualmente, solo existe como tal el aeropuerto internacional de Roma. Pasado el plazo, aquellas personas que permanezcan en el país serán reconocidas inmediatamente como ilegales y se procederá a su detención.

No solo la policía, los ayuntamientos y los gobiernos nacionales interceden en la situación de las miles de personas migrantes que se encuentran actualmente en Italia. La mafia italiana ha aprovechado la ocasión para formar parte del gran negocio puesto en marcha a partir de las ayudas destinadas a paliar esta situación. Desde negocios con los traficantes que organizan los botes en los que llegan los migrantes, hasta centros de acogida, pasando por redes de prostitución, tráfico de órganos y las propias empresas de autobuses que trasladan a los migrantes por el país. De la misma forma, terratenientes del sur de Italia han visto en la llegada de migrantes la opción perfecta para paliar los efectos de la crisis económica que aún afecta a gran parte del país. Miles de africanos se han convertido en mano de obra barata a la que explotar fácilmente en los campos de cultivo.

Eritrea, Sudán, Somalia y Mali son los principales países de procedencia de las personas migrantes que se encuentran actualmente en el norte de Italia. Dada su nacionalidad, la mayor parte encuentran fuera de cualquier proceso de acogida establecido por la UE. Y su acceso “legal” dentro de la UE se ve atravesado por una gran carrera de obstáculos, trámites y costes asociados a los procesos burocráticos que habitualmente conducen a la desesperación total de las personas migrantes. Corresponde recordar el resultado que provoca esta estrategia de la desesperación, pues muchos de los migrantes detectados en la frontera con el país galo, son trasladas en autobús hasta Taranto (ciudad al sur de Italia), con el fin de que tengan que volver de nuevo a recorrer todo el país para intentar de nuevo cruzar la frontera. La clasificación establecida por las organizaciones internacionales encargadas de regular el tránsito migrante, Organiazción Internacional para las Migraciones (IOM) principalmente, se centra en las condiciones que consideran provocan la migración. Siendo refugiadas aquellas personas obligadas a desplazarse debido a un conflicto bélico o persecución por motivos políticos, religiosos, etc. Y califica como migrantes aquellos que por “conveniencia personal y como resultado de una decisión tomada libremente” deciden abandonar su país. 

Esta distinción hemos visto como ha sido habitualmente utilizada por distintas instituciones para legitimar medidas legislativas con el fin de frenar la llegada de migrantes fuera de los largos procesos oficiales de asilo de personas refugiadas gestionados por la lenta burocracia europea. El pasado mes de Junio París anunció la intensificación de los procesos de expulsión de los “sin papeles”, con el fin de poder acelerar los procesos de asilo de las personas refugiadas denominadas por el gobierno como oficiales. Bernard Cazeneuve, anterior ministro de Interior francés, afirmaba en diciembre de 2016 que “hay que diferenciar entre aquellos inmigrantes económicos irregulares y quienes están en condiciones de solicitar el asilo porque su vida se ve amenazada en su propio país”, justificando así la devolución inmediata de cualquier migrante por parte de la gendarmería francesa en la frontera con Italia junto al municipio de Ventimiglia. Indistintamente si es menor de edad o no y confrontando directamente con varias leyes internacionales sobre Derechos Humanos y política de asilo. No reconociendo así la situación de todas aquellas personas migrantes que no escapan de alguno de los conflictos reconocidos como tal por la UE, sino de los años de imperialismo impuesto por las potencias occidentales enmascarado a día de hoy con la desposesión de tierras y recursos por parte de las multinacionales. 

El exministro obvia así el histórico intervencionismo francés en el continente africano. El analista de la BBC, Tim Whewell, comentaba para la cadena, varios días después del inicio de la acción francesa en Mali en el 2013, “hasta los años 50 y 60 Francia controló varios países africanos, nunca dejó la región del todo. Aún después de que sus antiguas colonias africanas obtuvieran la independencia, Francia ha intervenido en varias de ellos como Gabón, la República Centroafricana, Costa de Marfil y la República del Congo", dice Whewell. 

Más allá de la justificación administrativa y de regulación que suelen dar las instituciones para justificar estas medidas. Lo cierto es que forma parte de la batería de intervenciones puestas en marcha por los Estados para asegurarse evitar la entrada de migrantes en territorio europeo. Estas y otras medidas con objetivos similares, no son procesos autónomos puestos en marcha por actores políticos aislados con proyectos abiertamente xenófobos, sino el resultado de años de política racista institucionalizada y legitimada por las élites Europeas. Partiremos de la evolución de los presupuestos de la UE de los últimos cuatro años para observar claramente el avance de esta estrategia.

Las investigaciones publicadas en los informes “Market Forces” y “Guerras de Frontera” documentan de forma clara el aumento progresivo de inversión en medidas securitaras y el descenso vertiginosos de los presupuestos destinados a acogida y reasentamiento. Como muestra clara el presupuesto de Frontex, destinado a la interceptación marítima de migrantes por parte de la UE, ha aumentado de 97 millones de euros en 2014 a 300 millones de euros en 2018. El mencionado informe “Market Forces” muestra que entre 2014 y 2020 se han destinado al menos 11.000 millones de euros a seguridad, de los cuales 3,1 millones son destinados directamente al programa Europeo de Investigación sobre Seguridad. Es decir, el diseño de nuevos programas, armas y sistemas enfocados a seguir haciendo de las fronteras una auténtica fortaleza. Lo cual nos demuestra el no poco poder del lobby armamentístico a la hora de influir en las políticas europeas, entre las cuales se encuentran varias empresas españolas como Indra Sistemas, Thales, Isdefe, dedicada principalmente dedicada a la investigación de nuevos sistemas, y Atos entre otras.