Migración
Sara Doukara está integrado

El caso de Sara Doukara es el de miles de personas que llegan a nuestras
costas cada año. Jorge Samblas, presidente de la asociación de vecinos señala que Sara es un joven que está totalmente integrado en el barrio y que quiere trabajar, pero la Ley de Extranjería se lo impide.

Sara Doukara en la puerta de su casa en Paterna
Sara Doukara, en la puerta de su casa en Paterna Gonzalo Sánchez

El 15 de junio de 2018 Sara Doukara pagaba 2.500 euros para subirse a una patera, hacinado junto a 52 personas. Unas 17 horas después, exhausto tras evitar que su embarcación pinchada se hundiera en medio del mar, llegó a las costas de Almería, con la promesa de encontrar una vida mejor en Europa. Dos meses más tarde, Sara ya llevaba en el bolsillo una orden de expulsión después de que la policía lo parara por la calle en Paterna, localidad en la que vive junto a su tío.

El caso de Sara Doukara es el de miles de personas que llegan a nuestras costas, con la excepcionalidad de que la asociación de vecinos de Paterna, de la que Sara es miembro fundador, se ha volcado con la causa de este chico de 25 años, procedente de Mahuritania. Jorge Samblas, presidente de la asociación de vecinos señala que Sara es un joven que está totalmente integrado en el barrio y que quiere trabajar, pero la Ley de Extranjería se lo impide.

“Cuando Sara llega aquí es una persona condenada a la clandestinidad; no puede trabajar, no puede hacer cursos…” afirma Samblas. En concreto la Ley de Extranjería establece un plazo de tres años para poder solicitar los papeles. Para Mustafa, del equipo del CIE del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) esta es una medida totalmente injusta. “En tres años tienes que conseguir un contrato, hablar perfectamente castellano, tienes que tener un contrato de alquiler, una cuenta corriente ¡Todo eso sin papeles! ¿Mientras tanto de qué vas a vivir? Pues trabajando de lo que encuentras” señala.

En esta situación se encontraba Sara al conocer a Jorge Samblas: “Cuando yo llegué aquí hace seis meses no conocía a nadie, un día estaba buscando algo para poder vivir en un contenedor y de repente Jorge me vio y me llamó. Me preguntó de dónde era y si sabía español, y después de hablar un rato me dijo que tenía un poco de chatarra en su garaje para dármela y que pudiera venderla” relata. A partir de ese momento Sara se integró poco a poco en la asociación de vecinos ayudando en la recogida de gatos como voluntario, también se apuntó a clases de castellano en la escuela de adultos e incluso comenzó a entrenar con el equipo de fútbol de Paterna.

Aunque no tener papeles negaba a Sara la posibilidad de conseguir un contrato laboral, confiesa que estuvo trabajando una época en la naranja. “Para trabajar tenía que pagar todos los días 15 euros porque utilizaba los papeles de otro, y lo que ganaba dependía de la caja. Trabajaba una media de 12 horas al día y algunos días ganaba 20 euros, pero acepté porque era mejor que nada” explica. Para Mustafa, de SJM, las situaciones de explotación laboral son muy comunes entre migrantes que no tienen otra opción para sobrevivir.

Del día en el que la policía lo paró y le interpuso la orden de expulsión Sara solo recuerda que no entendía nada. “Un día estaba en la calle con mi primo cuando la policía nos paró y nos pidió la documentación. Yo les dije que no tenía, ellos lo escribieron y me llevaron a comisaría, después de cuatro horas allí llegó mi tío y me sacó”. Aunque Sara recuerda que uno de los agentes hablaba un poco de francés, reconoce que no entendió mucho de lo que sucedía y salió de allí sin saber que lo que llevaba en el bolsillo era una orden de expulsión. Desde SJM reconocen que esta situación es muy frecuente entre las personas que llegan de manera irregular a nuestras costas, de hecho afirman que “la falta de interpretes es otra de las agresiones contra el derecho de la persona”. Para David García, portavoz de CIEs NO, la situación por la que pasó es inevitable debido a la legislación. “En el momento en el que paran a Sara, él no tenía la posibilidad de tener los papeles, no podía elegirlo” señala.

“Lo que está padeciendo Sara es un tipo de represión que no es visible para la gente pero que tiene su manifestación más cruel en la existencia de los CIE” afirma Mustafá. Según CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) 65.300 personas llegaron el año pasado a nuestras costas de manera irregular. Sara es tan solo una de estas personas, un caso tipo de intento de expulsión de una persona migrante que la policía ha encontrado sin papeles. Desde la plataforma CIEs NO se posicionan en contra de la Ley de Extranjería como engranaje del sistema para reprimir la inmigración, aunque en el SJM van más allá. “Las leyes europeas son leyes racistas y clasistas, intentan imponer la ley del mercado, explotar lo máximo a las personas que llegan con los mínimos derechos laborales. Todo para garantizar un Estado del Bienestar que no está pensado para el que llega ”.

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