Migración
Barcos desobedientes, discursos beligerantes y continuidad en las políticas migratorias

El jueves 4 de julio la red internacional de vigilancia en el Mediterráneo, Alarm Phone, alertaba del naufragio, el día anterior, de un barco cerca de Zarzis, en Túnez. La organización reproducía el aviso de uno de sus integrantes, voluntario de la Media Luna Roja en el país magrebí: cinco supervivientes habrían sido rescatados por la marina tunecina, mientras el resto del pasaje, más de 80 personas, habría desaparecido en el mar. “¡Europa y sus fronteras matan!”, cerraba Alarm Phone su comunicado en twitter.

Más suerte tuvieron las 54 personas que el buque Alex, perteneciente a la organización italiana Mediterranea Saving Humans, rescató ese mismo día. El barco se dirigió hacia aguas italianas a pesar de que que Matteo Salvini hiciera la advertencia de rigor en sus redes sociales: conminando al barco de la organización  —cuyo primer buque, el Mare Joniolleva retenido desde abril aludiendo razones técnicas— a llevar a las personas migrantes a Túnez. Los integrantes de Mediterranea Saving Humans son llamados peyorativamente por la derecha italiana “Piratas de los centros sociales” por su relación con los movimientos.

También fue publicado el jueves un informe trimestral de Alarm Phone que daba cuenta de los incidentes registrados por esta red, que integra activistas al norte y sur del Mediterráneo. Según sus datos, entre el 18 de marzo y el 30 de junio, la organización habría hecho seguimiento de 24 barcos en dificultades en el Mediterráneo Central. De ellos, nueve fueron devueltos a Libia, siete dirigidos a Malta, y cuatro a Italia. Túnez habría interceptado a uno. De otros tres no se tienen noticias.

Pese a las hostilidades de los gobiernos europeos hacia su actividad, las ONG de salvamento continúan presentes en lo que se conoce como zona SAR

Como demostró Mediterranea Saving Humans el jueves y antes que ellos el Sea Watch 3, el análisis de Alarm Phone concluye que, pese a las hostilidades de los gobiernos europeos hacia su actividad, las ONG de salvamento continúan presentes en lo que se conoce como zona SAR (zona de salvamento y rescate) de Libia. Mientras, Europa centra sus esfuerzos de vigilancia en impedir que los migrantes salgan de las aguas libias. A través de la operación militar Eunavfor Med/Sophia, aviones europeos sobrevuelan el Mediterráneo con la misión de comunicar a las naves libias la ubicación de los barcos y garantizar que estos sean devueltos al territorio de este país.

El pasado miércoles un bombardeo acababa con la vida de al menos 44 migrantes en el centro de detención de Tajura, cerca de Trípoli, en lo que la ONU ha calificado como un posible crimen de guerra. El país ha visto recrudecido el conflicto que enfrenta al gobierno de Fayez Al-Sarraj —reconocido por la Comunidad Internacional— con las tropas del Ejército Nacional Libio-LNA, mano armada de Khalifa Haftar, el ex coronel del ejército Libio de Muamar el Gadafi que controla de facto el Este del país y desde abril mantiene una ofensiva contra Trípoli.

Las organizaciones de derechos humanos llevan desde entonces insistiendo en el peligro que el conflicto implica para las personas migrantes internadas en los centros de detención. La Comisión Europea comunicó el mismo miércoles, mediante nota de prensa, que destinaría 61,5 millones de euros al Fondo Europeo de Emergencia para África, comprometiéndose de esta manera a financiar “nuevas acciones relativas a la migración para proteger a las personas vulnerables y potenciar la resiliencia de las comunidades de acogida en el Norte de África”.

Mientras el dinero de la Unión Europea fluye hacia la externalización de las fronteras los barcos de rescate no consideran Libia un puerto seguro. Por ello Carola Rackete desobedeció el pasado 12 de junio a los guardacostas libios cuando le indicaron retornar a ese país, dirigiéndose hacia Lampedusa. Allí esperó 17 días el permiso para atracar en Italia, hasta que al final, el 29 de junio, decidió desobedecer.

Insurrección en el mar, continuidad en las políticas

Durante esta primera semana de julio, de hecho, las portadas de los medios han sido tomadas por la historia de esta joven capitana de 31 años, detenida cuando llegó a la isla italiana. Las redes sociales se llenaron con mensajes que exigían su liberación, algo que sucedió tres días después, pues la jueza de Agrigento que debía valorar el arresto de esta ciudadana alemana, desestimó los cargos de resistencia y violencia contra una nave de guerra, argumentando que Rackete había actuado correctamente priorizando los derechos humanos de las personas rescatadas.

El relato de rescate, desobediencia y llegada a puerto seguro, convirtió a Rackete en un símbolo frente a otro símbolo: el de los puertos cerrados como política migratoria que encarna el ministro de interior italiano Matteo Salvini. Si del lado de Rackete se ha escorado una buena parte de la opinión pública —apoyos concretados no solo en la oleada de simpatía sino en la aportación de casi un millón de euros, recaudados a través de las redes sociales, para su defensa legal—, los insultos proferidos contra su persona en el momento de su detención, y la necesidad de esconderse tras su liberación por las amenazas recibidas, dan cuenta, sin embargo, de que muchos italianos están en el lado de Salvini. La Lega fue respaldada en las pasadas elecciones europeas con un 34,3% de los votos, siendo el partido más votado a pesar (o quizás, gracias) a su política migratoria y su retórica beligerante. 

Así, en esta pugna, se escenificaban dos discursos que se enfrentan en una Europa cuya política migratoria ha profundizado en los últimos años en la externalización de las fronteras, mientras se refuerza en el plano ideológico el relato de la falta de lugar para nuevas personas migrantes. Lo primero se ha materializado en acuerdos bilaterales como el acuerdo con Turquía firmado en marzo de 2016, o en el crecimiento exponencial de los recursos dedicados a la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). A este respecto, la Comisión Europea publicaba a principios de junio sus presupuestos para 2020 en los que reservaba 420,6 millones de euros para Frontex. Un 34,6 % más que 2019.

Respecto al ámbito de a ideología, va aparejado con el auge de la derecha nacionalista, cada vez con más presencia en las instituciones europeas. Sin ir más lejos, en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo ascendieron los liderazgos nacionalistas conocidos por su retórica antinmigración. Además forman parte de tres grupos distintos de los que integran el nuevo Parlamento Europeo.

Fidesz, del húngaro Víktor Orban, estaría en el grupo de los populares europeos, y en espacios de mayor homogeneidad ideológica estarían el grupo Identidad y Democracia, donde se encuentran los pesos pesados de la Lega de Salvini y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, junto con Alternativa por Alemania. Por último, se debe anotar la presencia del grupo de Conservadores y Reformistas europeos, con un peso particular del polaco Ley y Justicia, pero donde también están Vox, Hermanos de Italia o los Demócratas de Suecia.

A pesar de que los resultados de la extrema derecha estuvieran por debajo de sus altas expectativas, su capacidad de normalizar discursos anti-inmigración acaba por definir las políticas

Si bien, tras las elecciones europeas se habló de cierto alivio por los resultados de la extrema derecha (por debajo de sus altas expectativas), su capacidad de marcar línea política y normalizar discursos anti inmigración tiene peso en las políticas migratorias. Otra muestra simbólica de ello: si apenas llegado al gobierno Pedro Sánchez se enfrentó a Salvini, permitiendo que el Aquarius llegara a aguas españolas, un año después, y según denunciaban integrantes de la ONG Open Arms, el presidente amenazaba a su barco de rescate con 900.000 euros de multa. Culminaba así un semestre de tensión en el que el gobierno ha forzado a los barcos a la inoperancia, reteniéndoles en puerto. Una política migratoria que poco difiere a la de Salvini en la práctica.

El flamante presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, miembro del Partido Democrático italiano, ha sido presentado, de hecho, como contrapunto de Salvini. El partido del que proviene Sassoli tiene sin embargo en su haber la ley Minitti-Orlando de 2017 por la que se multiplicaban los centros de detención de inmigrantes y se aceleraban las expulsiones, razones por las cuales la iniciativa fue duramente criticada por las organizaciones de derechos humanos italianas.

En el discurso tras su asignación al cargo, Sassoli apuntaba a una revisión del Reglamento de Dublín y una mayor solidaridad y coordinación entre estados. Pronunciado el pasado 3 de julio, la crisis humanitaria del Mediterráneo estuvo ausente de su intervención. Quien sí tuvo palabras para los barcos de rescate, apostando porque el Parlamento Europeo diese cobertura legal a quienes están siendo perseguidos judicialmente por “salvar vidas”, fue la candidata a la presidencia de la Eurocámara, Sira Rego, de Unidas Podemos, dentro del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL), quien denunció “la justificación de las violaciones de los derechos humanos tras un argumento de seguridad tramposo”. Que este grupo minoritario —el quinto de la Eurocámara— se quedase en 38 escaños, perdiendo 14 respecto a las elecciones de 2014, da cuenta del lugar marginal al que se ha relegado este tipo de discursos en el ámbito comunitario.

Precisamente, más allá del enfrentamiento con Matteo Salvini, Óscar Camps —fundador de la organización Open Arms que también decidió volver a sus labores de rescate aún sin contar con permiso para ello— afirmaba el pasado sábado 29 de junio durante una entrevista para la Cadena Ser: “La complicidad pasiva de los presidentes de los 28 gobiernos de la Unión Europea no ha dejado otra alternativa”.

A los tribunales

No todas las organizaciones de rescate han optado por la desobediencia: Salvamento Marítimo Humanitario, organización de la cual depende el bloqueado buque Aita Mari, anunciaba a principios de semana que no optaría por la desobediencia sino por denunciar judicialmente a quienes impidan que puedan sumarse a las labores de salvamento humanitario. El martes 2 de julio, en el Tribunal Europeo de Justicia, el Frontex se sentaba en el banquillo por primera vez para afrontar la acusación por falta de transparencia por parte de dos activistas. Solo un mes antes, el 3 de junio, un grupo de abogados denunciaba a la Unión Europea ante la Corte Penal Internacional (CPI) por sus políticas migratorias en el Mediterráneo que, según argumentaban, podrían haber resultado en “crímenes de lesa humanidad”. Ayer se sabía que la misma capitana Rackete está preparando una demanda contra Matteo Salvini por difamación.

Según reportaba el 28 de junio la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de su proyecto Missing Migrants, entre en el 2014 y 2018 más de 17.900 personas fallecieron o desaparecieron en el mar Mediterráneo. Solo uno de cada tres cuerpos fue recuperado. En las mismas fechas el colectivo Caminando Fronteras denunciaba en su informe Vida en la Necrofrontera la muerte de 1.020 personas entre 2018 y el primer cuatrimestre de 2019 en las rutas del Estrecho, mar de Alborán y Canarias.

Eurocentrismo del discurso migratorio

Mientras las cuestiones migratorias y de refugio siguen representando un eje central del debate europeo, dominado por una narrativa que versa sobre la incapacidad de los países comunitarios de dar entrada a más población migrante y refugiada, en su informe Tendencias Globales del Desplazamiento Forzado del 19 de junio ACNUR recordaba que la mayoría de los 70,8 millones de desplazados forzosos viven en países pobres.

“La libertad de una mujer alemana ha despertado más atención y solidaridad que la tragedia de miles de personas migrantes ahogadas en el Mediterráneo

Por otro lado, las muestras masivas de apoyo a Carola Rackete han despertado otras reflexiones relativas al desplazamiento de la solidaridad desde los refugiados a las personas europeas que participan en operaciones de rescate. “La libertad de una mujer alemana ha despertado más atención y solidaridad que la tragedia de miles de personas migrantes ahogadas en el Mediterráneo. Vivimos en un mundo racista donde la vida de las personas blancas sigue siendo el centro”, valoraba en este sentido el Sindicato de Manteros de Madrid desde sus redes sociales.

En el informe publicado por Alarm Phone se insistía por su parte en que son numerosos los barcos de inmigrantes que han llegado por su cuenta a las costas italianas y maltesas sin que esto haya sido reflejado en los medios, y valora que en muchos casos han sido las propias personas migrantes en los barcos quienes han organizado la resistencia consiguiendo no ser devueltos a Libia. Por su parte, Caminando Fronteras recuerda que los migrantes ante todo, son sujetos políticos. “La memoria y discursos de las personas migrantes deben de encontrarse en el centro de toda acción ya que construyen la única realidad subversiva fuera de los marcos de la hegemonía del necropoder”, defiende ese colectivo.