Personas refugiadas
El asilo crece en España hasta el 18,5% pero se queda muy lejos del 46,5% de la media europea

En 2024, el desplazamiento forzado de personas creció a nivel mundial hasta alcanzar los 123,2 millones, según Acnur. Las principales crisis de desplazamiento forzoso de personas son producto de las situaciones de conflictos, inestabilidad política y zonas de violencia en las que se dan violaciones generalizada de los derechos humanos actualmente como Palestina, Sudán, Mali, Siria, Afganistán o Ucrania, entre otras. Esta semana la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó su XXIII informe anual sobre asilo y refugio, tanto en Europa como en España.

A partir de los datos recogidos se detalla que un tercio de las personas desplazadas a nivel mundial pertenecen a Sudán, Siria, Afganistán y Ucrania. Un 65% son desplazamientos internos y se concentran mayormente en República Democrática del Congo, Haití, Líbano, Sudán y Ucrania. Además de señalar los puntos rojos en que las poblaciones están sufriendo hasta lo indecible como para verse obligadas a abandonar sus lugares de origen, este número tiene otra cara y es la de la desigualdad de países a la hora de dar acogida a estas personas que buscan protección internacional.

A nivel europeo, Alemania es el país que más solicitudes de asilo recibió (229.695), la mayoría de nacionales de Siria, Afganistán y Turquía. Sin embargo, esta cifra supone un 34 % menos de solicitudes con respecto al año anterior. Al país germano le sigue España que recibió 167.366 solicitudes de asilo registradas de personas provenientes de Venezuela en un 40 %, de Colombia con 24 %, y Mali, con un 6 %, una tendencia, que asegura el informe, parece consolidarse. Se trata de la cifra más alta desde que se tienen registros y confirma el cambio de escenario que se ha producido en España, en relación con el derecho de asilo, en la última década, teniendo en cuenta que en el año 2012 se presentaron apenas 2588 solicitudes.

La tasa de resoluciones favorables de asilo, es decir que reconoce la protección, mejoró en seis puntos con respecto al año anterior, hasta alcanzar el 18,5% , muy lejos todavía de la media europea de 46,5%

A nivel nacional, según el informe CEAR, la tasa de resoluciones favorables de asilo, es decir que reconoce la protección, mejoró en seis puntos con respecto al año anterior, hasta alcanzar el 18,5% , muy lejos todavía de la media europea de 46,5%. El aumento en el reconocimiento de la protección en 2024, en gran medida, es consecuencia de la figura conocida como protección subsidiaria, es decir, una autorización revisable cada cinco años, mientras que el asilo es una autorización permanente. Se han dictado 11.453 resoluciones bajo esa figura, 7.620 más que en 2023. sobre todo a nacionales de Mali, en un 81.4%.

A pesar del incremento de los números anteriores, el informe de CEAR 2025 vuelve a incidir en que en España continúan existiendo graves dificultades que las personas que buscan asilo y refugio accedan al procedimiento. Reconocen que en 2024, como en años anteriores, ha sido prácticamente imposible que las personas solicitantes de asilo hayan podido acceder a una cita para ejercer su derecho a la formalización de este derecho. Esto supone para miles de personas perder la posibilidad de tener acceso a derechos básicos como la sanidad, la educación o al mismo sistema de acogida que gestiona el Estado y que es obligatorio, porque así lo exigen las directivas internacionales. 

Para CEAR dos hitos importantes de 2024 han estado vinculados al derecho de asilo. El primero, el de la dana de Valencia, que ha supuesto que las personas que vivieron esa situación hayan podido acceder tanto a ayudas económicas como a la regularización de las personas migrantes que estaban viviendo en las zonas afectadas, antes del 4 de noviembre. “Es una medida que hemos celebrado, pero también ha sido muy complicado acreditar la condición de residente en esas zonas porque evidentemente, por la catástrofe se llevó la documentación por delante”, apostilla Mónica López, directora general de CEAR.

Regularización Ya señala que ya advirtió de todos los errores del nuevo Reglamento de extranjería

Susana Albarrán Méndez

Ley de Extranjería

Ley de Extranjería Regularización Ya señala que ya advirtió de todos los errores del nuevo Reglamento de extranjería

Susana Albarrán Méndez

Con fallos como el silencio administrativo negativo o la irregularidad sobrevenida y que no cuente el tiempo de espera como arraigo si deniegan una solicitud de asilo, entra en vigor el nuevo Reglamento de la ley de extranjería.

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El segundo hito ha sido la aprobación del Reglamento de Extranjería, en noviembre de año pasado y que entró en vigor el pasado mes de mayo. Pese a que CEAR, por una parte, ve muy positiva la creación de nuevos permisos por arraigo y la reducción de los plazos de residencia para poder acceder a la regularización, por otra, señala que a las personas solicitantes de asilo se les ha dejado fuera de esta regulación. Entre otras cosas, porque si no es aceptada su solicitud, no les computa el tiempo que han sido solicitantes de protección internacional si quieren acceder a la regularización por las vías de arraigo. Es por ello que, “Celebramos y esperamos que la ILP de Regularización Ya que se está negociando, y que confiamos en que salga adelante, de alguna manera sea capaz de paliar estos efectos negativos que va o ha generado el reglamento de extranjería en las personas solicitantes de asilo”, incide López.

Desigualdad en la acogida también en comunidades autónomas y municipios

Hasta diciembre del año pasado en España, según el informe de CEAR, existían 265.000 solicitudes pendientes de resolución. A nivel estatal no existe una media de tiempo de resolución de una solicitud y depende mucho de las nacionalidades. La Comisión de Ayuda al Refugiado reporta que normalmente pasan nueve meses desde la solicitud hasta recibir el primer permiso de trabajo, pero dicen tener casos en los que el plazo se amplía. “La media es muy variada, nos estamos encontrando con nacionalidades que tardan dos años en ver resuelto su expediente y sin embargo, estamos viendo cómo se están resolviendo muy rápidamente determinadas solicitudes, por ejemplo, de personas que están llegando por la ruta canaria”, explica Mónica López.

“El caso de Ucrania el permiso temporal se resolvió en tiempo récord lo que a su juicio demuestra que en España, cuando hay voluntad política de hacerlo se puede hacer”, apunta Mónica López, directora general de CEAR

En cuanto a la protección temporal, la directora de CEAR afirma que ha denunciado el tratamiento desigual de unos refugiados frente a otros y explica: “La crisis Siria se se vivió de una manera y muchas de las personas perdieron la vida en el camino o tuvieron que pagar a mafias, mientras que los refugiados procedentes de la invasión rusa a Ucrania han podido llegar en unas condiciones muchísimo mejores”. Apunta que en el caso de Ucrania el permiso temporal se resolvió en tiempo récord lo que a su juicio demuestra que en España, cuando hay voluntad política de hacerlo se puede hacer. “O por lo menos esa es la la sensación que nosotros tenemos”, infiere.

CEAR también ha querido señalar el acogimiento a nivel autonómico y municipal ya que no se ha recibido igual a las personas refugiadas de Ucrania como a las procedentes de Mali, Siria y otros conflictos igual o más graves que que el ucraniano. “Me me parece feo comparar entre unos refugiados u otro porque al final todos merecen la protección pero hay que comparar entre respuestas. Creo que la cooperación está en ellas, en respuestas políticas, pero también en la respuesta social”, recalca la directora de CEAR.

El Pacto Europeo de Migración y Asilo como contexto

Los números de protección internacional recopilados en el informe de CEAR se pondrán de nuevo a prueba una vez que el Gobierno español transfiera los cambios del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), aprobado en mayo de 2024, a la legislación nacional. El PEMA, aborda las migraciones desde un enfoque de contención, control y externalización de fronteras busca reforzar la idea de una “Europa fortaleza”. Sin embargo, CEAR considera que la adaptación del Pacto a las normas españolas, así como una nueva Ley de Asilo apegada a los derechos de la movilidad, podría posicionar a España al frente “de la Europa de los valores y derechos”, y de esta manera paliar la que reconocen como “amenaza que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo sino se implementan de forma garantista”.

Para que ello suceda, la Comisión de Ayuda al Refugiado considera que una nueva Ley de Asilo no debería perder las garantías que ya existen, como la asistencia jurídica gratuita a lo largo de todo el procedimiento y la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de España en el exterior. CEAR recomienda también que nuevos procedimientos, como el de triaje, deben contar con todas las garantías, además de respetar el principio de no devolución con la participación de organizaciones especializadas, además de evitar las situaciones de detención que debieran ser siempre el último recurso.

Personas solicitantes de asilo, las grandes olvidadas en la reforma del Reglamento de Extranjería

Sonia Herrero Alberto Pradilla Tello

Tribuna

Tribuna Personas solicitantes de asilo, las grandes olvidadas en la reforma del Reglamento de Extranjería

Sonia Herrero ,  Alberto Pradilla Tello

El nuevo reglamento deja un vacío en el sistema, como forma de disuadir a las personas que quieren pedir asilo en el Estado español y que reúnen las condiciones para ello.

Otras de las cuestiones que CEAR viene demandando es lo referente a la acogida de personas mayores, niños y niñas con o sin referentes familiares así como las personas con discapacidad, o con trastornos de salud mental. “Esperamos que la implementación del PEMA sea capaz de dar una respuesta adecuada a todas aquellas personas que solicitan asilo y que presentan algún tipo de vulnerabilidad adicional y que necesitan una respuesta adaptada a su situación especial”, subraya la también experta en acogida y la intervención social.

A pesar de que aún no se conoce ningún borrador por parte del gobierno español, CEAR adelanta sus propuestas y recomendaciones para llegar a un acuerdo con el gobiernos antes de agotar el plazo de las adecuaciones del PEMA a la nueva Ley de Asilo, principalmente.

Propuestas desde CEAR

La necesidad de que el Estado garantice vías legales y seguras para evitar a toda costa las muertes durante los tránsitos de las personas que buscas protección internacional, y que debido a diversos obstáculos, cada vez intentan rutas más largas. CEAR sugiere poder recurrir incluso a la vía diplomática, contemplada en la ley, así como los visados humanitarios o los cupos de reasentamiento de personas, que son reconocidos y se aplican ya en otros países.

“Llevamos demasiado tiempo con las dificultades de acceso al procedimiento, ya no valen ni refuerzos en los equipos de las oficinas de extranjería, no nos valen ni buenas palabras ni declaraciones de intenciones”, plantea Mauricio Valiente

“Ya llevamos demasiado tiempo con las dificultades de acceso al procedimiento, todos los informes insistimos en lo mismo, ya no valen ni refuerzos en los equipos de las oficinas de extranjería, no nos valen ni buenas palabras ni declaraciones de intenciones”, es la segunda cuestión que plantea Mauricio Valiente, director general, junto con López en la Comisión Española de Ayuda al refugiado. Considera básico que la ley contemple y garantice el mecanismo por el cual toda persona, que así lo manifieste, pueda acceder al procedimiento de asilo y quede registrado como tal, para que ello le permita la entrada al sistema de acogida, de otra amanera “continúa en una situación, no de limbo, sino de irregularidad”.

Asimismo, el Estado debe garantizar algo que es fundamental de acuerdo a la Convención de Ginebra, y que ratificó España hace ya más de 40 años: el principio de no devolución, especialmente cuando en la Unión Europea se está hablando de “terceros países seguros”. CEAR insiste en que exigirán “que toda persona que alegue persecución pueda ser estudiada en su solicitud y se le garantice que no va a ser devuelta hasta que tenga un análisis justo de su petición y eso tiene que estar expresamente contemplado en la ley” sostiene Valiente.

El Gobierno 'regulariza' solo un año a migrantes afectados por la dana

El Salto País Valencià

Migración

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El Consejo de Ministros aprueba un permiso extraordinario de residencia y trabajo con el requisito de estar empadronado en las zonas afectadas desde antes de la tragedia.

Finalmente ven necesario y fundamental agilizar los plazos de reagrupación de extensión familiar del asilo así como mejorar la terminología que utiliza específicamente la ley de de asilo. CEAR achaca a la administración que los procedimientos para el reconocimiento internacional tarden tantos y se sume la imposibilidad de ver a sus parientes o poder vivir en familia.

La Comisión de Ayuda al refugiado asegura que trabajará en estas y otras propuestas incluidas en so informe 2025, para articularlas jurídicamente y presentarlas a los grupos parlamentarios.

Palestina, sin sitio a donde huir

El informe presentado hace especial mención sobre la situación actual en Palestina, la población refugiada más antigua del mundo ya que sobrevive desde hace más 70 años en una situación crítica, tanto en el interior del Territorio Palestino Ocupado (TPO) como en los países limítrofes y en la diáspora a nivel global. La UNRWA cuantifica en 5,9 millones las personas refugiadas de Palestina. De ellas, 1,58 millones residen en Gaza y más de 900.000 en Cisjordania. Mientras que en los países limítrofes, Jordania acoge a más de 2,3 millones, 586.000 residen en Siria y más de 490.000 en el Líbano.

El informe detalla que “370.000 personas refugiadas de Palestina viven aún en campos, de los cuales diez son oficiales y tres informales, y más de 600 000 aún no ostentan la ciudadanía del país. En Siria, cuatro de cada cinco personas refugiadas palestinas viven en condiciones de pobreza, y se han visto afectadas de manera significativa por el conflicto armado de más de una década que asoló el país, por el que sufrieron desplazamientos secundarios tanto en el interior como fuera de él. Líbano tampoco es un país de acogida que garantice los derechos de las personas refugiadas de Palestina, quienes, además de la imposibilidad de acceder a la ciudadanía, enfrentan graves restricciones en el acceso a servicios públicos básicos y a un empleo digno”.

La ofensiva que iniciaron las Fuerzas de Defensa Israelís desde el 8 de octubre de 2023 en la Franja de Gaza no solo ha producido la muerte de más 55.000 personas (de ellas, 13.319 son niñas y niños), sino 1,9 millones de personas desplazadas que se encuentran actualmente sin hogar, comida, agua ni acceso a la salud ni a la educación.

El informe de CEAR refleja que la cifra de personas desplazadas internamente en Palestina alcanza al 90 % de la población, y es la más elevada desde las hostilidades de 2014. En 20 meses de asedio israelí sobre la Franja, sus habitantes, muchos de ellos ya refugiados en su propio país, han sufrido desplazamientos forzados en múltiples ocasiones, enfrentado condiciones de hacinamiento, insalubridad y falta de privacidad, con los consiguientes riesgos para la salud física y mental y la protección, especialmente de aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Para el pueblo palestino básicamente no hay sitio a donde huir, ya que las fronteras también están cerradas y excepcionalmente salen enfermos y heridos por el paso de Rafah. Los ataques mortíferos también alcanzan Cisjordania y por lo tanto obliga el desplazamiento forzado de su residentes, allanando así el terreno para “la anexión ilegal del territorio por parte del Gobierno israelí”, indica el informe.

Ante esta situación, CEAR considera que la respuesta internacional ha sido aún insuficiente a pesar de que esta campaña militar israelí de exterminio sobre sobre Gaza “ha difuminado todas las líneas rojas del DIH, socavando gravemente los cimientos de un orden internacional basado en el respeto del derecho internacional y sentando peligrosos precedentes”.