Medio ambiente
Dos años sin CAMAEX: el abandono de la participación social en la gestión ambiental extremeña

El Consejo Asesor de Medio Ambiente de Extremadura (CAMAEX) es un órgano participativo no remunerado donde están representados los sectores de la sociedad extremeña que tienen relación con el entorno natural; entre ellas, las ONG´s ambientales extremeñas. Fue creado para que los diferentes sectores sociales que lo forman participen en el asesoramiento y la cooperación en materia de protección, conservación, reparación, mejora y uso sostenible del patrimonio natural de Extremadura a través del debate, la consulta y la información sobre la gestión del medio ambiente y su normativa autonómica.

A pesar de que, como órgano consultivo, debe pasar por él la aprobación de la variada legislación y normativa ambiental regional, en muchos casos el rodillo administrativo, con su falta de diálogo y apertura a nuevas proposiciones externas, lo convierten en un mero órgano de trámite donde las decisiones están tomadas de antemano y sin posibilidad alguna de que las entidades representadas puedan influir en ellas. Pero no por ello deja de ser una importante herramienta para la participación de los diferentes sectores de la sociedad extremeña: la administración sólo tiene que permitir que esta se pueda ejercer de forma efectiva.

El hecho de que el Consejo no se haya reunido desde hace casi dos años da una idea de la falta de iniciativa de la Junta de Extremadura en la ejecución y proposición de nuevas medidas, proyectos y normativa ambiental que se debería estar abordando ya para afrontar algunos de los problemas más graves que están afectando al medio ambiente, la sociedad y la economía extremeñas, inmersas en unas circunstancias globales de pérdida de biodiversidad, cambio climático, pico del petróleo y crisis sanitaria.

El hecho de que el Consejo no se haya reunido desde hace casi dos años da una idea de la falta de iniciativa de la Junta de Extremadura en la ejecución y proposición de nuevas medidas, proyectos y normativa ambiental.

Son muchos, pues, los ámbitos en los que es urgente la acción de la administración pero, quizá, lo más trascendental sea el abordar una estrategia de medidas estructurales que posibilite a la región afrontar con el menor impacto posible los importantes efectos que está teniendo y tendrá en el futuro el cambio climático. A pesar de que ahora esta amenaza ha quedado casi olvidada por la pandemia de la COVID-19, sigue siendo el mayor reto al que nos enfrentamos y la experiencia mostrada por esta enfermedad, con las profundas alteraciones del sistema de vida que ha supuesto en todos los órdenes, debería ser una oportunidad para empezar a acometer las transformaciones necesarias para atenuar su impacto.

En este sentido, la energía aparece como uno de los pilares fundamentales de esta transformación. Pero no basta con inundar el campo extremeño con instalaciones de energías renovables, como está ocurriendo ahora con el incremento desmesurado de instalaciones proyectadas en la región, sino que estas se deben implantar de una forma ordenada y planificada. Esta planificación debe abordar, entre otros muchos aspectos, qué modelo de ocupación del territorio es el más deseable (en terrenos agrícolas o en superficies urbanas) y el de la propia estructura de producción y distribución (basada en grandes empresas eléctricas o en empresas locales privadas o públicas).

Lamentablemente, en estos casi 2 años, la única actividad apreciable de la Junta de Extremadura ha sido la aprobación de proyectos, planes y normativas de todo tipo (urbanísticos, energéticos, forestales, cinegéticos, agroindustriales, mineros, de obras públicas, etc.)

Al mismo tiempo, estamos asistiendo a una tremenda pérdida de biodiversidad, generalizada pero especialmente grave en el caso del incremento de la desaparición de avifauna agrícola y esteparia, a la que se le va privando progresivamente de más superficie en sus hábitats específicos, fundamentalmente motivada por la degradación de estos, el cambio del uso del suelo, los accidentes con tendidos eléctricos y los envenenamientos. Por tanto, cada vez se hace más urgente la revisión del Catálogo Extremeño de Especies Protegidas y la aprobación de Planes de Recuperación y Gestión de especies en peligro y sensibles a la alteración del hábitat,

De forma paralela y agravando este problema, se está observando una proliferación de las especies invasoras presentes en la región, con la aparición de algunas nuevas, que incrementan la presión sobre las autóctonas, sin que se estén implementando medidas de control efectivas. En algunos casos, este olvido se debe a los intereses económicos que se han creado en torno a ellas, por lo que la administración prefiere ignorar el problema para eludir críticas y presiones, cuando no se posiciona abiertamente a favor de perpetuar su presencia en apoyo de los supuestos beneficios generados por algunos sectores. A esta misma actitud se debe la precaria situación en la que se encuentran las vías pecuarias, con un gran porcentaje de su superficie ocupada por cultivos o parcelaciones ilegales, sin que se aprecie una intención de la Junta por solventar este problema y cuyo primer paso debería ser la aprobación de la tan esperada Ley de Vías Pecuarias de Extremadura.

Sin embargo, en todo este tiempo transcurrido, son ya varios los proyectos normativos que, a pesar de haberse aprobado por el CAMAEX, se encuentran aún pendientes de publicar y desarrollar, como es el caso de los Planes de Recuperación de la cigüeña negra y del jarabugo, del Decreto de aprovechamientos micológicos o del nuevo Decreto de árboles notables y singulares.

Por desgracia, el inicial interés ambiental ha ido desvirtuándose en el debate político hasta haberse convertido en la actualidad en el recurrente chivo expiatorio al que achacar todos los males de la región.

Pero, si verdaderamente la administración tiene el interés y la intención de asegurar el éxito de todas estas medidas, es imprescindible que apoye e impulse la creación de un verdadero cuerpo de Agentes del Medio Natural con capacidad de desarrollar con efectividad sus funciones en todos los ámbitos que se les tiene encomendados, pues son la base fundamental para evitar la desprotección de la naturaleza.

Lamentablemente, en estos casi 2 años, la única actividad apreciable de la Junta de Extremadura ha sido la aprobación de proyectos, planes y normativas de todo tipo (urbanísticos, energéticos, forestales, cinegéticos, agroindustriales, mineros, de obras públicas, etc.) orientados en una línea totalmente opuesta, pues vienen a desregular las medidas vigentes de protección al medio ambiente y potenciar proyectos claramente agresivos con el. Estas medidas, apoyadas en discursos rancios y desarrollistas, demuestran la involución ambiental en la que nos encontramos desde hace un tiempo en la comunidad extremeña y que se han agravado en los últimos meses bajo el amparo que le otorga la liberalidad para aprobar medidas de urgencia en esta situación de crisis generada por la pandemia que sufrimos.

Todo esto demuestra una clara desidia y una dejadez por hacer una política ambiental que apueste por el desarrollo sostenible de una comunidad que, en un principio, partía de unas circunstancias más privilegiadas que otras para ello. En cambio, y por desgracia, el inicial interés ambiental ha ido desvirtuándose en el debate político hasta haberse convertido en la actualidad en el recurrente chivo expiatorio al que achacar todos los males de la región, usado de forma torticera al presentarlo como un impedimento a su “desarrollo” cuando, verdaderamente, en la salvaguarda de un medio ambiente sano nos va la vida.