Educadoras de Infantil y Especial, en huelga para mejorar sus condiciones

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Huelga de trabajadoras de Educación Especial en Valencia El Salto País Valencià

publicado
2017-10-19 16:27:00

La huelga de educadoras de educación especial e infantil del País Valencià ha sido seguida por el 55% de las trabajadoras de la provincia de Valencia, el 40% de las de Alicante y el 26% de las de Castellón, de acuerdo a datos aportados por la Intersindical de trabajadores de la función pública (Stas). El colectivo ha reivindicado la necesidad de mejorar sus condiciones laborales y su profesionalización, así como su integración total en los espacios educativos.

Fueron convocadas las cerca de 900 educadoras de educación especial del País Valencià, que junto a las más de 250 educadoras de educación infantil, conforman un colectivo que supera las 1.100 personas. Esta huelga es la cuarta de una serie iniciada el pasado mes de mayo, como medida de presión a las Consellerias de Educación y Administración Pública. La convocatoria ha sido secundada por la Intersindical Valenciana, el Csi-f y CGT.

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Trabajadoras de Castellón de Educación Especial también se unen a la huelga para exigir una mejora en las condiciones laborales El Salto País Valencià


Entre las demandas recogidas en el manifiesto leído frente a las direcciones territoriales de educación de las tres provincias valencianas, el colectivo exige profesionalizar los puestos de trabajo, “la participación plena en los espacios educativos y en la vida democrática de los centros” y “una normativa clara sobre las funciones” que deben desempeñar, según señala Elvira Montes, miembro de la Plataforma de Educadoras y Educadores de la provincia de Alicante.

La plataforma fue creada en septiembre de 2016 con el objeto de reivindicar los derechos de este colectivo de personal no docente, en cada una de las provincias. Las educadoras también exigen “una distribución horaria razonable” y “no realizar tareas que corresponden a empresas privadas como asumir funciones de monitoras de comedor”, según precisa Montes. 

En la actualidad para ser educadora sólo exigen el título de bachiller, pero la labor que realizan es también educativa", según Elvira Montes, de la Plataforma de Educadoras y Educadores de Alicante.

La trabajadora afirma que “en la actualidad para ser educadora sólo exigen el título de bachiller”, pero la labor que realizan es también educativa. Un trabajo que implica tener un “conocimiento profundo sobre todos los tipos de diversidad funcional” y hacer un acompañamiento que permita a niños y niñas con cualquier discapacidad, “desarrollar su autonomía personal, habilidades y destrezas sociales, así como rutinas y hábitos que potencien su inclusión social”. “Un bachillerato no da para eso”, sentencia.


En este sentido, Mada Macià, responsable del sector en CCOO PV, declara que desde el sindicato presentaron una propuesta documentada a las Consellerias de Administración Pública y Educación en noviembre de 2016, que consiste en “un ciclo formativo a distancia que permita a las educadoras obtener el título de Técnico Superior en Integración Social (TIS)”. El plan formativo implicaría “homologar asignaturas que forman parte del trabajo cotidiano” y cursar solo las que no estén asociadas como Formación y Orientación Laboral, “en un plazo por determinar”.

La responsable de CCOO detalla que “obtener el TIS significaría una subida de categoría laboral" para su colectivo. Pasarían “del grupo C1”, en el que están actualmente, “al grupo B”, que es al que les correspondería pertenecer “por el trabajo” que realizan en los 30 Centros de Educación Especial (CEE) del País Valenciano. También están presentes en 166 Centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP), y los Institutos de Educación Secundaria (IES) que cuentan con una, dos o tres aulas de educación especial, según datos oficiales.

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En Alicante, la huelga ha tenido un seguimiento del 40% de las trabajadoras de Educación Especial El Salto País Valencià


Esta reivindicación también la solicitan para sus compañeras de educación infantil, “porque se les exige el título de Técnico Superior de Educación Infantil, que las ubica en el grupo B, pero son contratadas dentro del grupo C1, como si solo tuvieran el bachillerato”, añade Montes. Estas educadoras están repartidas en 91 CEIP que cuentan con aulas de dos años y en los 38 centros adscritos a la Generalitat Valenciana que son exclusivamente de Educación Infantil, de acuerdo a datos de la Conselleria.

Otro de los aspectos que ha movilizado a las educadoras es tener que trabajar “como camareras” de las empresas privadas que gestionan los comedores escolares. “Son personal de la administración pública que beneficia a una empresa privada”, sentencia Salvador Sanmartín, responsable de Acción Social de la Intersindical Valenciana (Stas), “y ahora se permite que puedan trabajar para las empresas que gestionan las actividades extraescolares en los centros”, denuncia el delegado sindical. 

Otro de los aspectos que ha movilizado a las educadoras es tener que trabajar “como camareras” de las empresas privadas que gestionan los comedores escolares.

La medida de obligar a las educadoras a trabajar como monitoras de comedor fue implementada durante el anterior Gobierno del Partido Popular e incluido en las instrucciones del curso 2013/2014. Desde entonces, en cada inicio de curso, forma parte del punto seis de este documento que dice textualmente: “… el personal educador del centro tiene la condición de monitor de comedor, a los efectos del cómputo de esta ratio”. Para Sanmartín, esto “significa ahorrarse dinero a costa de las trabajadoras”, y agrega que “estas son condiciones laborales propias del siglo XIX”.


Desde CCOO PV reclamaron ante la Conselleria de Educación la medida y al no obtener respuesta, iniciaron un contencioso en enero de 2014. El Tribunal Supremo valenciano dictó sentencia en octubre de 2016 dando la razón al sindicato y a las educadoras. Macià detalla que el juez fue contundente: “las educadoras no son monitores y, al contratarlas, no se les pide el requisito de manipuladoras de alimentos, ni que deban llevar una indumentaria concreta, un requisito que sí exigen a las y los monitores”. Conselleria recurrió la sentencia. Se espera que el Tsjcv se pronuncie entre abril y mayo de 2018 al respecto.

Diferencias sindicales

Los sindicatos CCOO PV y UGT apoyan las reivindicaciones del colectivo de educadoras, pero no han participado en la huelga. Macià es de la opinión de que solo debe recurrirse a este legítimo derecho “cuando se han agotado todas las vías posibles de negociación colectiva” y, “en este sentido”, se estaban consiguiendo “muchos logros” en una mesa a la que asistían UGT, Intersindical, Csi-f y CCOO. “Fueron nueve meses de trabajo continuo con la Conselleria de Función Pública” que quedaron en suspenso desde el pasado dos de junio, días después de la primera huelga, según Macià.

Sanmartín, en cambio, cree que desde la creación de la plataforma en 2016 “por primera vez las educadoras tienen información para saber que forman parte de un colectivo” y cuentan con instrumentos organizativos para decir lo que quieren decidir. “Esta vertebración colectiva no existía hace cinco años”, porque las educadoras que están en centros ordinarios casi siempre están solas en su trabajo y en la plataforma “han encontrado un instrumento organizativo que las hace protagonistas de sus luchas”.

Los sindicatos mayoritarios de la función pública en el País Valenciano son CCOO PV y UGT, pero no existen datos específicos sobre las educadoras y educadores de especial e infantil, que están mezclados con otros muchos colectivos administrativos. Se esperan más movilizaciones. Para el próximo jueves 30 de noviembre, el colectivo hará un paro de cinco horas y el miércoles 20 de diciembre harán otra huelga de cierre de año, que incluirá una concentración frente a la Conselleria de Educación en Valencia.

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