Desahucios
Pepi se queda: crónica de la acampada que ha frenado el desahucio de Argumosa 11

Emoción y entusiasmo. La jornada que empezó en la noche del jueves con una acampada en Argumosa convocada por las asociaciones vecinales de Lavapiés ha acabado en la mañana del viernes con la confirmación de la paralización del desahucio de Pepi, vecina del cuarto de este edificio, y sus dos hijas.

Las primeras horas de la noche se vivieron en un clima de expectación, rozando la euforia, entre el centenar de activistas y vecinos que se congregaron frente al edificio. La decisión de resistir el desahucio de Pepi justificaba el alto espíritu. En torno a las 17h, una resolución del comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESCR) de la ONU daba más munición para el optimismo: Alejandra Jacinto, abogada de la PAH, explicaba que el comité había exigido al Gobierno español la paralización inmediata de un desahucio sin alternativa habitacional. “Eso debería parar el desahucio y la jueza acatar la resolución, pero en Madrid ya ha habido casos en que los juzgados no las han acatado; la comunicación ha sido enviada de inmediato al juzgado y a la delegación del gobierno”, decía la abogada.

Mientras los medios intentábamos obtener alguna información adicional a la de la rueda de prensa ofrecida por Pepi y las asociaciones a las 22.30h, podía apreciarse frente al edificio una micro exposición de la singularidad que aporta Lavapiés a la ciudad: tiendas de campaña asentadas en la calzada —con las que los activistas pretendían neutralizar la habitual intervención temprana de la UIP, hasta la llegada de la comisión judicial prevista para las 9.30h del día siguiente—, corrillos de vecinos intercambiando opiniones, grupos de jóvenes sentados en círculo y, de fondo, las terrazas profusamente habitadas. Una satírica cartelería evocaba declaraciones —y presuntas responsabilidades— del concejal José Manuel Calvo, la portavoz Rita Maestre y la propia alcaldesa.

Marisa, de la Asamblea de Bloques en Lucha, facilitaba algo de contexto de la noche del jueves: “Conseguimos parar el desahucio dos veces, esta será la tercera. En el plano institucional, el principal cambio es que al Congreso ha aceptado a trámite la ley de la PAH, que —de aprobarse— cambiaría el tratamiento que recibe al día de hoy la vivienda, utilizada como objeto de especulación, en vez de cumplir la finalidad social que tendría que tener”. Marisa explica que la Asamblea de Bloques en Lucha ha exigido que se paralicen las renovaciones de los contratos de alquiler que, en el marco de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada en 2013, se están realizando con subidas de precios del alquiler de más del 300%. “La sociedad está dando señales de que no aguanta más, eso alimenta nuestro optimismo para que esta ley se apruebe, es una aberración que se siga expulsando a la gente de sus casas. Queremos que haya moratoria de los contratos de alquiler y paralización total de todos los desahucios sin solución habitacional, no solo en Madrid sino en todo el estado. Y que se garantice a la gente con pocos recursos que no les faltarán los servicios mínimos, luz, agua, gas”, enumeraba.

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El Plan de Vivienda 2018-2021 es el último episodio de una serie de modificaciones que han beneficiado a los grandes propietarios, bancos y fondos para que una nueva burbuja especulativa tire de la economía.

¿Por qué es un barrio cool? Cuando vacían un barrio a base de la especulación, lo que se vende es lo primero que se expulsa

Preguntada acerca de la consagración de Lavapiés como el barrio cool de Madrid, a raíz de que la revista Time Out lo situara en el primer puesto de su ranking de zonas urbanas, y uno de los más destacados del mundo, responde con una pizca de realismo y poesía: “¿Por qué es un barrio cool? Cuando vacían un barrio a base de la especulación, de convertirlo en escaparate turístico, lo que se vende es lo primero que se expulsa. Y lo que se vende y se expulsa en Lavapiés es la forma en que la pobreza se organiza para resistir, para ser reivindicativa y rebelde, solidaria y los vínculos sociales que crea, la vida que se hace en la calle, la alegría de compartir. Eso es lo que se vende como auténtico”.

Javier Gil, del Sindicato de Inquilinas de Madrid, era taxativo en la valoración de los avances en la autoorganización social: “Hasta el momento no hay garantías de que el gobierno y el juzgado vayan a cumplir el mandato emanado de la ONU. Mientras esto no suceda, seremos los colectivos de vivienda y las organizaciones sociales las que nos encarguemos —poniéndonos en la puerta— para evitar el desalojo y que se cumpla así el mandato de la ONU y que se garantice el derecho a la vida de las personas, en nuestras ciudades”.

Entrada ya la noche, una vecina aportaba una nota de color: “A eso de las ocho de la noche, de repente, aparecieron cientos de ciclistas y cortaron la calle Argumosa. Serían unos 200 o 300, eran de la Bicicrítica. Fue un momento súper emocionante, porque interrumpieron el tránsito por Argumosa, mientras gritaban 'sí, se puede'. Entonces bajó Teresa [vecina de Argumosa 11 también candidata al desahucio] a agradecerles. Parte de los ciclistas se quedaron a la acampada”.

La @labicicritica se une a #AcampadaArgumosa para apoyar a @InquilinatoMad ante el desahucio de Pepi. Cientos de personas ya en #Argumosa11. pic.twitter.com/aGvPvt7nO3

— PoderPopular.info (@PoderPopularWeb) 27 de septiembre de 2018

Eduardo Gutiérrez, de Lavapiés ¿Dónde Vas?, hace un balance sereno y ponderado del recorrido desde aquel 4 de julio —que tan remoto parece— desde el primer intento de desahucio de Pepi. “Antes de esa fecha, desde la Asamblea de Bloques en Lucha, de Lavapiés, le planteamos al Ayuntamiento la formación de una mesa, con la intención de abrir una agenda de trabajo para solucionar problemas. Los intentos de solucionarlos, por parte del Ayuntamiento, han sido negociaciones con los titulares de la propiedad, pero en ninguno de los edificios se han producido avances significativos. Por eso, la mesa está en stand by”. En cuanto a su composición, “por parte de la sociedad está la Asamblea de Bloques en Lucha, Lavapiés ¿Dónde Vas?, Sindicato de Inquilinas y PAH Centro. Y, del Ayuntamiento están las concejalías de Centro, de Economía y Hacienda, de Desarrollo Urbano Sostenible, de Servicios Sociales y la Empresa Municipal de la Vivienda”, continúa.

Eduardo añade un balance agridulce de la deriva del Ayuntamiento y califica su actitud de “impotencia, diríamos que voluntaria”. “Desde la primera reunión les planteamos que estamos aquí para resolver problemas sociales y de especulación y también sabemos que las competencias para solucionarlos —no de forma individual, sino global— no las tiene el Consistorio. Sabemos que, en términos de normativas, las competencias son de la Comunidad de Madrid y del Estado para cambiar leyes. Entonces, le planteamos dos cosas: queremos soluciones individuales para los problemas presentes y ahí el Ayuntamiento puede hacer mucho, podéis negociar y apretar a los propietarios, intentando que lleguen a acuerdos con los vecinos y que no se produzcan desalojos. Y hasta expropiar, porque, si los titulares no están dispuestos a negociar con los afectados, queda el recurso de la expropiación”.

Eduardo llama la atención sobre la previsible incomodidad —por incoherencia— que supone en los responsables del Ayuntamiento, a partir de dos recientes expropiaciones, que consumara recientemente. Una, la del edificio de calle Peironcely 10, vivienda fotografiada por Robert Cappa durante la Guerra Civil con el objetivo de hacer allí un museo alusivo, y otra, la de la calle de Velintonia, para salvar la que fuera residencia de Vicente Aleixandre y erigir allí La Casa de la Interpretación de la Poesía.

“No sabemos por qué no expropian Argumosa 11, siempre nos han dicho que expropiar es muy difícil y complicado, pero lo han hecho con los edificios de Peironcelly y Valentonia”

Su compañero, Fernando Bardera, también de Lavapiés ¿dónde vas?, agregaba: “La sociedad podría seguir sin un Museo sobre la Guerra Civil y sin una Casa de Interpretación de la Poesía. Allí se han gastado mucho más dinero de lo que costaría, por ejemplo Olmo 35, alrededor de 300.000 euros, y resulta que para aquello sí se puede, pero para que la gente continúe en su casa, no. Esto es una contradicción flagrante. Es solo cuestión de voluntad política. Además, sería un mensaje claro a los inversores de que el Ayuntamiento está empeñado en dar batalla contra la especulación”.

Eduardo Gutiérrez explica que, cuando el Ayuntamiento alega que no tiene viviendas disponibles, les facilitan una relación de viviendas de propiedad de la EMV, en Lavapiés, clausuradas con chapas en las fachadas. “Nos han respondido: 'Bueno, es que están pendientes de adjudicación', y, claro, es difícil saber qué es verdad y qué no”. 

Sin embargo, matiza algún cambio en la conducta de la Administración municipal. “Aunque, de momento, esté a la defensiva, hay que reconocer que, al menos, está haciendo público un posicionamiento de cara a otras administraciones. Y, si bien les haya costado, ahora demuestra una cierta voluntad de colaboración en parar desahucios. Pero nosotros les decimos: 'Esa no es la solución'. Por ejemplo, en Argumosa 11, el anterior desahucio se paró por el escrito que el Ayuntamiento mandó a la jueza. Y la jueza le respondió: 'Bueno, yo paro este desahucio pero ahora los que tenéis que resolver el problema habitacional sois vosotros, no el juzgado'. Y el Consistorio, desde julio hasta hoy, no ha hecho nada”.

Sin embargo, se manifiesta “relativamente optimista” con la evolución del Ayuntamiento, incluso para llegar a la expropiación. “La aceptación de la Ley de la PAH, más la moratoria que ha propuesto el Ayuntamiento, más la delimitación de áreas que llevaron ayer a Pleno... todo eso va en la buena dirección”, apunta. “Lo que pasa es que el Ayuntamiento es un mastodonte que hay que mover a empujones, sacarle estas cosas a costa del sufrimiento de la gente que atraviesa por estas situaciones. Por eso quienes, de verdad, han conseguido esto son los vecinos y las asociaciones movilizadas”, concluye.

Argumosa 11 se compone de 28 unidades. La planta baja está ocupada por los dos locales alquilados por un bar aledaño que, al pagar una buena renta, no tiene conflicto con el propietario. Hay cinco pisos vacíos y tapiados —por Inversión en ProIndivisos S.A.—, otros diez son de rentas antiguas, diez más tienen proceso judicial iniciado y uno más ha quedado vacío porque sus inquilinos se han ido.

amanecer en argumosa

Y así llegó la 1 de la mañana y las declaraciones se fueron apagando y los acampantes retirándose a las tiendas a descansar. Esta mañana a las 6.30h —creando la habitual zozobra y tensión— llegó la UIP de la Policía Nacional. Sonia, una activista acampada, nos dice que, tras abandonar un momento la zona para ir a por cafés, ya no pudieron regresar. “Han llegado siete lecheras de la policía para evitar que los vecinos lleguen para solidarizarse con Pepi y han precintado la calle”, explica.

A las 7.30h, la tensión crecía. Teresa, una de las vecinas afectadas, explicaba que la Policía estaba impidiendo el acceso a los vecinos que acudían a la convocatoria de apoyo. Se escuchaban cacerolas como ruido de fondo. “Nos hemos sentido muy arropadas, esto desborda todo lo que ha venido pasando. Estamos emocionadas y agradecidas. Los movimientos vecinales son la fuerza de todo esto y el desahucio lo vamos a parar como sea”.

Pero a las 8.30h todo dio un vuelco súbito y la tensión se convirtió en exultante alegría: la UIP se retiraba del lugar, en medio de las consignas de los activistas: “Pepi se queda!”, “Lavapiés no se va!”, con un fondo de caceroladas. Todo indicaba que la Delegación del Gobierno ordenaba su retirada, sin embargo esto aún no estaba confirmado por parte del juzgado.

Lavapiés, despierta, ¡desahucian en tu puerta! pic.twitter.com/pj6t74IWPn

— Lavapies ¿dónde vas? (@lavapiesdondeva) 28 de septiembre de 2018

Pasadas las 9.30h, al cumplirse la hora señalada para la ejecución del desahucio, Ana S. Rojo, de Asamblea de Bloques en Lucha, explicaba a El Salto que la comisión judicial había paralizado el desahucio sin fecha. “Esto quiere decir que no solo han escuchado la resolución de la ONU, sino también y una vez más a la Asamblea de Bloques en Lucha, la PAH, Lavapiés ¿Dónde Vas? y el Sindicato de Inquilinas, las organizaciones sociales que garantizan el derecho a una vivienda digna, ante la pasividad de las administraciones públicas. La lucha continúa, mañana hay otro desahucio en Madrid, el día 3 de octubre quieren echar a Asun y el día 6 de octubre convocamos a una mani-festival por el derecho a una vivienda digna, a las 18 horas, en la Plaza Jacinto Benavente”.

Pablo García Bachiller, del Sindicato de Inquilinas, nos dice lo que luego convirtió en tuit: “Desahucio paralizado hasta que haya alternativa habitacional es la noticia. Parar todos los desahucios hasta que se apruebe la ley de vivienda es la batalla que toca”.

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Cerca de 30 personas han acudido a la sede de Gestión Integral de Proindivisos, la empresa que se ha hecho con la propiedad del edificio de Argumosa 11 con el objetivo de expulsar a sus actuales inquilinos, reformarlo y sacarlo al mercado con precios más altos.