Gentrificación
Dos centenares de vecinas evitan un desahucio en Argumosa, el “bastión contra la gentrificación”

Tras una demostración del vecindario, la comisión judicial ha renunciado a lanzar un desahucio en el bloque de Argumosa, 11. El desalojo se posterga hasta el 31 de julio.

Argumosa 11 desahucio 02
Pepi Santiago, inquilina en Argumosa 11 (Madrid) desde hace 20 años. Su desahucio es uno de los que ha alarmado al Comité Desc. Álvaro Minguito
5 jul 2018 19:56

Las asociaciones de vecinos habían convocado a las 9:30, sin embargo, media hora antes medio centenar de personas se concentraba frente a la puerta de Argumosa 11. A la hora convenida, unas 200 se agolpaban, bajo la cobertura de una inusual cantidad de medios de comunicación.
Las vecinas candidatas al desahucio, Josefa Santiago de 65 años, Pepi, y sus dos hijas, viven en un piso de la tercera planta desde hace más de 20 años, tiempo durante el cual lo han reformado y mantenido con recursos propios.

Como ya informáramos, los propietarios vendieron un tercio del edificio a la inmobiliaria Inversión en Proindivisos SL, que hace unos meses envió burofaxes a los inquilinos notificándoles que sus alquileres no serían renovados. Y, ha respondido al requerimiento de aquéllos, negándose a entablar cualquier renegociación de los contratos y apelando a la vía judicial.

En ningún momento se produjo la llegada de funcionarios judiciales ni de policías, como si supieran que los vecinos y colectivos estaban dispuestos a interponerse a la acción. Poco antes de las 11 arribó el SAMUR, como es de praxis, para dar apoyo e intentar tranquilizar a las candidatas al desahucio.

Aprovechando el hueco, ingresaron en el edificio dos policías de paisano, que no pudieron acceder a la vivienda por la decidida acción de los colectivos y vecinos que se interpusieron y les indicaron que sin orden judicial no podrían hacerlo. Y los exhortaron a dirigirse a la esquina de la calle Argumosa con Salitre, donde se encontraba la comisión judicial, con la que Pepi y los colectivos se disponían a negociar.

A eso de las 11 bajó Josefa Santiago —arropada por los colectivos vecinales y abogados de la PAH— se dirigió a la esquina, donde les esperaba la Comisión Judicial, un par de representantes de Inversión en Proindivisos SL, la Policía Municipal y el SAMUR. A todo esto, más vecinos se iban sumando a la aglomeración que burbujeaba en la puerta de Argumosa 11. Otro pequeño grupo —junto a camarógrafos y periodistas— aguardaba el desenlace de las negociaciones en la calzada de enfrente de Argumosa y Salitre.

Después de una media hora el conciliábulo se disolvió y Pepi se dirigió a los medios para informar de que el desahucio se ha postergado hasta el 31 de julio. Que, ante la llegada del burofax informándole que la propiedad no iría a renovarle el alquiler, dejó de pagarlo durante los dos últimos meses; que está dispuesta a pagar lo que debe y a renegociar un alquiler mayor. Los representantes de la empresa se negaron rotundamente a cualquier renegociación de contratos. Con ella o con los otros vecinos.

La mujer lamenta que el ayuntamiento no le dé ninguna solución. Y que el IVIMA le diga que no reúne los requisitos para hacerse acreedora a una vivienda de la institución; como única alternativa le sugiere un albergue municipal. Josefa la considera una opción indigna para quien tiene una familia, vive en el piso desde hace más de veinte años y está dispuesta a renegociar el alquiler.

Como para no dejar lugar a dudas de su determinación, la comisión judicial le solicitó que vaya quitando los muebles porque de lo contrario el 31 —cuando se producirá el segundo intento de desahucio— se quedarán dentro. Y, en una perla que preferimos no calificar, la abogada de Inversión en Prondivisos SL le ha sugerido que sean los colectivos quienes le paguen el alquiler (sic). Josefa ha terminado diciendo, “ante este cuadro, estoy desesperada porque veo que estoy en la calle”.

Fernando Bardera, de Lavapiés ¿dónde vas?, redundó en que el ayuntamiento no está deteniendo los desahucios ni está ofreciendo alternativa habitacional, “y nosotros sabemos que en el barrio la EMVS, el IVIMA y la Seguridad Social tienen viviendas vacías, tenemos identificados varios edificios. Desconocemos por qué no se están asignando estos pisos”.

Bardera ha explicado también que no pueden “hacer públicas las direcciones porque sería comprometido, pero en el momento en que estén las condiciones dadas podremos mostrar cuáles son. No sabemos si se niegan a darlos o si ellos mismos no tienen constancia de la existencia de estas viviendas, quién sabe no tengan un censo preciso de sus disponibilidades. Pero sí existen viviendas.”

Como sus compañeros, no ocultó críticas a la mesa de enlace constituida con el consistorio: “sí, existe esa mesa. Pero no está funcionando, porque si no, hoy no estaríamos aquí. El primer compromiso que el ayuntamiento asumió era parar los desahucios en Argumosa 11, de cuatro familias, sólo este mes. El primero —el lunes pasado— lo hemos parado nosotros administrativamente, siendo que el mes que viene será nuevamente convocado; y hoy estamos aquí intentando detener físicamente este otro. Entonces, evidentemente esa mesa no está funcionando porque el ayuntamiento no está aportando soluciones”.

Y remató: “La clave para que se haga justicia es que hoy haya esta cantidad de vecinos, vecinas, cámaras y periodistas. Cuando la ley no está amparando a los ciudadanos, la garantía del éxito es la unión y que se sepa que hay mucha gente detrás y alrededor de esto, dispuesta a no dejar que un derecho constitucional se monetice. Os vamos a necesitar el 31 [de julio] y quién sabe hasta cuándo”.

“Este mes hay cuatro desahucios programados y en total son diez. Por ahora se quedan fuera las siete rentas antiguas, que las están dejando para más tarde pero que irán a por ellos cuando acaban con estos diez, porque el objetivo –más allá de lo que declaren- es vaciar el edificio para vendérselo a un fondo buitre. Y por eso se niegan a cualquier arreglo para reajustar los alquileres”, concluye Bardera.

Desahucio en Carabanchel

Sin embargo, no todos los vecinos de Madrid candidatos al desahucio pueden saborear el gusto a la victoria. Según informa la periodista Marián Álvarez Macías, en Carabanchel se consumó un desahucio en calle Francisco Guzmán, 3. Se dieron cita allí unos 20 agentes, que llegaron a bordo de cuatro furgonetas y dos coches de la policía nacional, junto a los funcionarios judiciales de praxis.

Las desahuciadas, tres mujeres solas, de origen gitano. Nieves, de unos cincuenta y tantos años, sus dos hijas y dos nietos. El piso es de la SAREB y estas mujeres no tenían ingresos que les permitieran pagar alquiler. Ante ello, la SAREB interpuso acción en los juzgados pero —al ver la situación de desamparo del grupo familiar— decidió echarse atrás. Sin embargo, sin que se sepan los motivos, el Juzgado 36 de Plaza de Castilla mostró una —al parecer autónoma— diligencia y procedió a su desahucio.

ORGANIZACIÓN EN LAVAPIÉS 

La concentración de hoy había sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, la PAH Centro, la asociación Lavapiés ¿dónde vas?, entre otros colectivos. En declaración a El Salto, Eduardo y Marisa, de Lavapiés ¿dónde vas? informan que, al calor de la resistencia vecinal al acelerado proceso de gentrificación y turistificación del barrio, se ha constituido la Asamblea de Bloques en Lucha que agrupa —por el momento— un total de seis edificios comprometidos por este proceso, entre ellos Argumosa 11 y Olmo 35. Saben que hay otros organizándose en Vallecas y en Manuel Becerra y empiezan a moverse para establecer contacto.

Por iniciativa de esta Asamblea, ha sido posible organizar la incipiente mesa de enlace con el ayuntamiento. Proponen que esa instancia esté integrada por los colectivos vecinales, a las que se sumen las concejalías de Desarrollo Urbano Sostenible, de Centro, de Equidad y Asuntos Sociales, de Economía y la EMVS. Pretenden que el consistorio tenga una actitud más activa que la actual.

En concreto, quieren que el Gobierno municipal oficie de mediador entre los propietarios de los inmuebles y el poder judicial para arbitrar soluciones que no impliquen el desahucio sin alternativa habitacional, como es el caso de Josefa Santiago. También demandan que Ahora Madrid implemente un plan integral contra la especulación inmobiliaria “que le está cambiando la cara a nuestros barrios y expulsa a cada vez más vecinos/as y ha convertido a la ciudad en un campo abierto a la especulación desenfrenada”, dicen desde ¿Lavapiés dónde vas?.

Sin embargo, son críticos respecto a la actitud de las autoridades municipales, que consideran de “gestos tibios” ante un problema tan acuciante como el de estos vecinos. Asimismo, les consta que Inversión en Prondivisos SL se ha beneficiado de dos subvenciones para rehabilitar el edificio; una de la CAM y otra del ayuntamiento, que oscilarían en torno a 45.000 euros cada una. La Asamblea ha propuesto al consistorio que le retirare esa subvención, beneficio que parece aún más incomprensible ante el hecho —según estos portavoces— de que la empresa mantiene deudas con la Hacienda, tanto estatal como municipal.

Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos comenta que los colectivos han presentado al juzgado una serie de informes para intentar evitar el desahucio, entre ellos uno de los Servicios Sociales del ayuntamiento, así como un dictamen de Naciones Unidas que exhorta a España a no desahuciar sin la contrapartida de una alternativa habitacional, como es el caso de Santiago.

Gil denuncia que la empresa propietaria ha estado presionando a la jueza para que desoiga estos informes y proceda al desahucio inmediato. Por su parte, los colectivos demandan al consistorio voluntad firme contra de este tipo de procesos especulativos y que, como mínimo, se comprometa a intermediar ante los juzgados para evitar los desahucios, mientras no tenga alternativa habitacional digna para las personas que serán desalojadas, “estamos hablando de decenas de familias, que tienen informes de los servicios sociales, se les echa y quedan en la calle”, remata.

A modo de balance de la jornada, Pablo García Bachiller, del Sindicato de Inquilinas se muestra satisfecho con el desenlace de hoy: “es un síntoma de que la democracia y la política todavía tienen sentido en Madrid. Salgo del edificio, de hablar con las vecinas y están muy contentas de reconocer en el pueblo, entre las vecinas del barrio, la verdadera política. Vinimos aquí, hemos puesto el cuerpo y hemos parado el desahucio. Lo volveremos a hacer el día 31, con todas las dificultades que supone la fecha en el centro del verano. Puede decirse que Argumosa 11 se ha convertido en un bastión de la lucha contra la gentrificación y esto no es una frase retórica.”

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