El Canal de Isabel II: un retrato del capitalismo español

En la llamada operación Lezo se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña.

Canal Isabel II
Investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad

publicado
2017-07-24 10:48:00
Políticos y empresarios, cómo no. Pero también periodistas, jueces, policías, fiscales, espías, testaferros y familiares. En la llamada operación Lezo, la investigación judicial que salió a la luz a mediados de abril con el registro de las oficinas del Canal de Isabel II y la detención de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, se incluyen acusaciones de corrupción a decenas de altos cargos de la clase político-empresarial madrileña. Un caso de libro (hasta la fecha, posiblemente sea el que mejor ilustra cómo se han dispuesto los recursos del Estado a disposición de los intereses de las élites) para mostrar cómo funciona el entramado de corruptelas, delitos económicos y chanchullos de todo tipo que ha sido el modus operandi habitual para la expansión del capitalismo español desde sus inicios.

Grandes accionistas, directivos empresariales y políticos giratorios. Si se trata de analizar quiénes son los máximos beneficiarios del actual modelo económico (caracterizado por el papel central que juegan las corporaciones transnacionales en el capitalismo global), no hay duda de que estas tres minorías son las que, por mucha diferencia, más han salido ganando.

Hablamos, sin ir más lejos, de accionistas como Amancio Ortega, que solo en este año se embolsará 1.256 millones de euros en dividendos por sus títulos en la multinacional propietaria de marcas como Zara y Bershka, o de gigantes inversores como BlackRock, que acumula participaciones en cinco de las siete entidades financieras del Ibex-35, así como en otras catorce grandes empresas españolas que cotizan en ese índice bursátil. También de directivos como Rafael del Pino y Pablo Isla, presidentes de Ferrovial e Inditex, que encabezaron el ranking de los ejecutivos mejor pagados en España en 2016 con unos salarios respectivos de 15,2 y 10,3 millones. Y, por supuesto, de todos esos políticos y empresarios especializados en dar vueltas a las “puertas giratorias”, con un listado interminable de miembros del gobierno español y de la Comisión Europea que vienen de estar a sueldo de las grandes corporaciones o que, cuando abandonan el coche oficial, pasan a trabajar para esas mismas compañías.

Pero el concepto de “puertas giratorias”, convertido en mainstream tras el 15M por su gran simbolismo para denunciar la connivencia entre los gobiernos y los grandes agentes económicos, se queda pequeño para explicar en toda su dimensión casos como el del Canal de Isabel II. Por decirlo rápido: en los negocios más boyantes del capitalismo español, en realidad, nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado, sino que ambos espacios siempre han estado interconectados, con unos protagonistas que han ido colocándose diferentes sombreros dentro de ese mismo marco. Los integrantes de esas élites, de hecho, forman una clase político-empresarial con intereses cruzados (a la que podríamos denominar “trama” o “casta”, usando conceptos popularizados recientemente, o también “oligarquía” e incluso “burguesía”, en términos más clásicos) que es la que ha venido gobernando nuestras vidas desde hace demasiado tiempo.

En los negocios más boyantes del capitalismo español nunca ha existido una separación real entre el ámbito público y el privado
En este terreno de juego, que los exgobernantes se busquen un retiro millonario al fichar como consejeros de grandes compañías del Ibex-35 es apenas la parte más visible del entramado de relaciones político-jurídicoeconómico-mediático-familiares que preside el capitalismo español. Porque este tiene unas ramificaciones que alcanzan lo más variado de las altas instituciones del Estado: como vamos viendo a medida que se van conociendo nuevos datos de la operación Lezo, por seguir con el caso del Canal, se trata de un saqueo organizado y sistemático de lo público en el que están prácticamente todos los que son (o han sido) algo dentro de las élites madrileñas.

A la manera del Colectivo Todoazen, que hace una década publicó El año que tampoco hicimos la revolución , un libro construido íntegramente a partir de frases de las noticias de las páginas de las secciones de economía y trabajo de los principales diarios, basta con poner seguidos unos cuantos titulares de prensa aparecidos en las últimas semanas para contar un relato que contiene buena parte de los ingredientes básicos de la novela negra.

I. La trama política.
Ignacio González, detenido por la Guardia Civil por el desvío de fondos en el Canal de Isabel II. Además de González, han sido detenidos su hermano y su cuñado, y su esposa está siendo investigada. El expresidente de Madrid, acusado de enriquecerse con el Canal de Isabel II. El juez manda a prisión a González por el desvío de fondos públicos. El expresidente dejó un agujero de 23,3 millones por una sola operación de compraventa en el Canal de Isabel II. González exigió dinero a varias empresas para financiar al PP. Sociedades del hermano de Ignacio González ingresaron comisiones multimillonarias.

II . La trama económica.
La Guardia Civil registra las sedes de OHL, Indra, PriceWaterHouseCoopers, Cuatrecasas y Saerco. Detienen a López Madrid, CEO del Grupo Villar Mir, por presunto pago de comisiones. Registran la sede de OHL por el presunto pago de 1,4 millones a Ignacio González. El juez deja en libertad bajo fianza al empresario López Madrid. Villar Mir mantiene a su yerno en sus cargos directivos. Los negocios de González: tarifa del cinco por ciento, testaferros y pelotazos informáticos. El auto judicial acredita el desvío de 25 millones a cuentas en paraísos fiscales. Ignacio González, familia y colaboradores SA: comisiones hasta con el terremoto de Haití.

III . La trama empresarial.
La mayor empresa pública madrileña se enfrenta a sus peores momentos debido a las polémicas inversiones en Latinoamérica. El director del Canal admite que las filiales de Sudamérica forman “una maraña”. Anticorrupción señala a Gallardón en el primer desvío de fondos de la trama Lezo. El Canal de Isabel II pagó por una firma colombiana diez veces su valor. Rodríguez Sobrino, el protegido de González en el Canal que dirigió la compra de Emissao. La brasileña Emissao, en el centro de la trama del Canal de Isabel II. El Canal compró la empresa brasileña sin tasación externa para inflar su precio. Sobrino aparecía en “los papeles de Panamá”.

IV . La trama mediática.
El director de La Razón y su presidente, citados por el juez como imputados. González se sirvió del presidente de La Razón para obtener bajo cuerda “información judicial sensible”. El juez investiga al presidente y al director de La Razón por coacciones a Cifuentes. El Canal de Isabel II repartió 1,88 millones a La Razón en publicidad institucional en diez años. El Canal de Edmundo Rodríguez Sobrino pagaba un millón al año a La Razón de Edmundo Rodríguez Sobrino. Prisión incondicional para Rodríguez Sobrino, el consejero delegado de La Razón.

V. La trama judicial.
El fiscal jefe de Anticorrupción intentó frenar un registro de la Operación Lezo y los fiscales lo impidieron. La gestión del caso Lezo achicharra a los ministerios de Justicia e Interior. El jefe Anticorrupción quiso parar registros vinculados a Inassa, empresa clave. Ignacio González, en las escuchas: “A ver si podemos poner a Moix en Anticorrupción, es un tío serio”. El hermano de Ignacio González se reunió con el secretario de Estado de Seguridad tras saber que le investigaban. Rafael Catalá, ministro de Justicia, mandó un sms de apoyo a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos”.

La historia del Canal de Isabel II, que no es otra cosa que la versión madrileña de una historia más extensa, la del capitalismo español, que se remonta a los comienzos del desarrollismo franquista y más tarde se hace transnacional con la aplicación de las contrarreformas neoliberales en la Unión Europea y América Latina, es uno de los mejores ejemplos para mostrar cómo los máximos defensores del libre mercado y la autorregulación empresarial, lejos de su supuesta pretensión de acabar con el Estado e instaurar “la mano invisible” como forma de gobierno, han estado utilizando las instituciones públicas y se han servido de ellas para ir añadiendo ceros a sus cuentas en Suiza. El Canal, una empresa pública rentable que da un servicio esencial en régimen de monopolio (el sueño de cualquier privatizador y por supuesto de todos los neocon del PP), cuya historia también puede contarse echando la vista unos años atrás e incorporando al relato más personajes.

Había dos grandes empresas en la Comunidad de Madrid: Caja Madrid (luego Bankia) y el Canal de Isabel II. Ignacio González, con el apoyo de Esperanza Aguirre, quería presidir Bankia. Pero el PP, con Rajoy a la cabeza, prefirió a Rodrigo Rato. A González le dejaron, entonces, el Canal. Y utilizó la mayor empresa pública de Madrid para una espiral de negocios turbios, pago de comisiones, envío de bolsas con dinero negro a empresarios amigos, enchufes a familiares, espionaje a rivales del mismo partido, etc. Hoy, ambas empresas han sido saqueadas y sus máximos dirigentes (no olvidemos: el expresidente de la Comunidad de Madrid y el ex vicepresidente del Gobierno español) están acusados en diferentes procesos judiciales.

Una historia, la del Canal, que es el símbolo (primero) del auge de la internacionalización del capitalismo español desde finales de los noventa y (más tarde) de su declive tras el crash de 2008 y el pinchazo de la burbuja inmobiliario-financiera. Y es que la empresa pública responsable del abastecimiento de agua y el saneamiento en la Comunidad de Madrid se convirtió en toda una corporación transnacional (aunque a diferencia de otras grandes empresas nunca le dio mucha publicidad a eso), con filiales privadas en otras ciudades de España y en diversos países de América Latina. Con una red empresarial tan grande que hasta se llegó a perder la pista de su internacionalización; como afirma el periodista Pere Rusiñol, se trata de “un entramado societario que en la práctica escapa al control de los órganos fiscalizadores públicos en España, ya sea la Asamblea de Madrid o la Cámara de Cuentas”.

De manera análoga al resto de multinacionales españolas, su andadura internacional empezó en 2001, cuando creó una sociedad mercantil (llamada Canal Extensia) como vehículo para luego ir comprando empresas en países como Colombia, República Dominicana, Ecuador y Panamá. Y terminó en 2013, con el caso que definitivamente hizo saltar todas las alarmas: como acredita la investigación judicial que finalmente ha llevado a prisión a Ignacio González, la compra de la compañía brasileña Emissao se hizo desviando fondos públicos mediante una sociedad instrumental en Uruguay y con pagos a través de cuentas en Suiza; en apenas un año, la empresa que fue comprada por 21 millones de euros se estimaba que ya valía solo 5. Una andadura internacional a la que habría que sumar, además de los delitos económicos y el enriquecimiento ilícito de sus máximos dirigentes, toda una serie de impactos socioambientales sobre las comunidades y los territorios en los que ha operado la compañía durante este tiempo. Como decíamos, un botón de muestra de lo que ha significado la expansión internacional del capitalismo español en las dos últimas décadas.

Están tratando de garantizarse por todos los medios los privilegios y las fortunas que sus propietarios han venido acumulando durante tanto tiempo
Este es el marco, generalizable aunque aquí haya sido explicado a partir de un caso particular, en el que ahora “nuestras empresas”, asediadas por la lógica global de concentración y reconfiguración del poder empresarial (con un continuado proceso de fusiones y adquisiciones que nunca tiene fin), por un lado, y por la oleada del ciclo de movilizaciones que a nivel estatal comenzó hace seis años con el 15M, por otro (contestación que en América Latina se remonta todavía más atrás, con el fin de “la larga noche neoliberal” y el auge de los gobiernos progresistas en diferentes países de la región en la primera década de este siglo), están tratando de garantizarse por todos los medios los privilegios y las fortunas que sus propietarios han venido acumulando durante tanto tiempo.

Pero, nos preguntamos, ¿será que le queda mucho tiempo de vida a las multinacionales españolas? ¿Qué futuro le espera, en estas condiciones, al capitalismo español? Más allá del storytelling del “nuevo modelo productivo” como vía para “salir de la crisis”, ¿sobre qué pilares se pretende sostener el modelo de crecimiento y acumulación en los años venideros? Y, sobre todo, ¿podrán las organizaciones políticas y los movimientos sociales construir contrapoderes y alternativas efectivas para enfrentar los dictados de la clase político-empresarial que nos gobierna? Seguiremos informando.

Artículo publicado en el nº 74 de Pueblos – Revista de Información y Debate, tercer trimestre de 2017.

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