Colombia
Las mujeres que exigen una paz completa

Alba Teresa Higuera fecha en 1979 el momento en el que empezó a crecer. Tenía entonces 12 años y los fines de semana se trasladaba a barrios marginales del noreste de Colombia para trabajar con la comunidad. “Empecé a vivir lo que era el conflicto en su faceta económica, social y medioambiental, aunque no de manera consciente”, cuenta. Las preguntas llegaron más tarde, cuando entró a formar parte del movimiento juvenil: “Comenzamos a investigar para tratar de entender por qué tanta desigualdad, por qué las diferencias entre barrios eran evidentes. Y fuimos tomando conciencia de que había un conflicto que no sólo era armado”. Asumir esta realidad le llevó a rebelarse contra ella, pero su lucha por los derechos humanos implicó amenazas. Y el temor a engrosar la cifra de lideresas de derechos humanos asesinadas le obligó a exiliarse.

Colombia ya no se encuentra dentro de la lista de países donde se libra un conflicto armado de alta intensidad. A nivel internacional, se habla de un periodo de casi tres décadas de conflicto en términos pasados. Las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se materializaron con la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, un texto que el Gobierno actual, sin embargo, “quiere deslegitimar porque no cree ni en la paz ni en el enfoque de género”, según defiende Leonora Castaño, activista colombiana que tuvo que abandonar su país tras repetidas amenazas.

La Defensoría del Pueblo de Colombia cifra en 462 los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos entre el 1 enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019

Una situación, la de lideresas de derechos humanos asesinadas o amenazadas, que no ha cambiado mucho pese a la paz sobre el papel: “El gobierno actual es cómplice de los asesinatos de centenares de lideresas y líderes de derechos humanos en los últimos seis meses”, sentencia Higuera. Las cifras de la Defensoría del Pueblo hablan de 462 lideres y lideresas sociales asesinados entre el 1 enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019, y según un reciente informe de Front Line Defenders (FLD) fueron 127 los asesinatos cometidos el año pasado, situándose Colombia como el país en el que, con diferencia, más defensores de derechos humanos se asesinan.

Pero pese a las dificultades y amenazas, las organizaciones de mujeres constructoras de paz que existen en Colombia, y que están presentes también en el exterior a través de mujeres exiliadas, no han cesado su labor para que su lucha se reconozca. Esta lucha comenzó de forma paralela al conflicto, al margen de cualquier grupo armado, y aunque las amenazas que tuvieron —y tienen— que afrontar son numerosas, ellas han sumado victorias.

Las mujeres colombianas consiguieron que se constituyera la Subcomisión de Género, un mecanismo encargado de incorporar, en todos los puntos de la agenda de las negociaciones y de manera transversal, los asuntos relativos al género a través de medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres. Esta Subcomisión pasó a ser una Instancia Especial durante la fase de implementación que debía velar por lograr este objetivo.

No obstante, más de la mitad de los compromisos con enfoque de género ni siquiera se han iniciado. Y aunque también lograron que quedara plasmado que la violencia sexual no debía ser objeto de indulto ni amnistía, una vez más la norma escrita no ha garantizado una justicia real para las mujeres.

Violencia sexual: mirar hacia otro lado

A finales de 2018, la organización colombiana SISMA Mujer emitió su informe sobre violencia contra las mujeres y niñas. Los datos eran espeluznantes: 144 feminicidios —casi el triple que en España— y más de 16.500 casos de violencia intrafamiliar reportados en 2017, más de 20.000 casos de violencia sexual ese año y un incremento del 15% en 2018, una defensora de derechos humanos agredida cada dos días en 2017 y, a pesar de la firma de los acuerdos, ese año “una mujer fue sexualmente agredida aproximadamente cada dos días por algún actor involucrado en la violencia sociopolítica”.

En 2017 se cometieron 144 feminicidios en Colombia y un 15% más de casos de violencia sexual que el año anterior, superando la cifra de 20.000, según un informe de SISMA Mujer

En el contexto de esta violencia, y aunque tal y como resalta este informe resulte significativo que en 2018 “sean los miembros de la fuerza pública los mayores responsables [37%] de la violencia sexual contra las mujeres”, Adriana Benjumea, abogada y directora de la Corporación Humanas Colombia, no duda en señalar la responsabilidad compartida de la violencia sexual. “Si se analizan los discursos de la guerra y la responsabilidad, se habla de FARC cuando se mencionan los secuestros o del Ejército cuando sale el tema de los falsos positivos, pero si tú hablas de violencia sexual, todo el mundo se queda callado porque en todos los bandos violaron a mujeres”. En este sentido, Gloria Amparo Suárez, coordinadora de la Organización Femenina Popular de Colombia, destaca el empleo de la violencia sexual durante todo el conflicto armado “como una forma de agredir al bando contrario, someter a las comunidades o generarles miedo”.

Es por ello que caer en la comparativa de cifras de víctimas de violencia sexual, defiende Adriana Benjumea, es un error. “No sirve la lógica del que más bueno es el que menos violó, porque ni un país ni una revolución se pueden construir violando a mujeres”. No es, dice, una cuestión de ética en los bandos, sino de presencia en los territorios. Por eso, y si bien la abogada explica que el hecho de que los agentes armados abandonen un lugar hace que las mujeres les denuncien porque se sienten más seguras, esta realidad también implica la gran complejidad para abordar ciertas acusaciones, como aquellas que implican “a un Ejército que ha violado a mujeres jóvenes y adultas” en un contexto “donde el monopolio de fuerzas y armas lo tiene la fuerza pública” y las mujeres carecen de la garantía por parte del Estado para denunciar esos delitos.

“No sirve la lógica del que más bueno es el que menos violó, porque ni un país ni una revolución se pueden construir violando a mujeres”, defiende Benjumea

En este sentido, Benjumea también critica el empleo de las violencias sexuales como arma política: “En el proceso nadie se ha acordado de las víctimas, pero ahora todas las partes quieren probar que el otro fue más violador mostrando la violencia sexual que les conviene, lo cual es todavía peor para las víctimas, porque las divide en categorías en tanto que según qué bando las violó tendrán más o menos posibilidades de conseguir justicia”.

La negativa de los agresores a reconocerse como tal y las dificultades que ha de enfrentar una mujer para probar que fue violada en este contexto, según explica Benjumea, dificulta más si cabe la cuestión: “Es demasiada impunidad que los violadores ni siquiera se reconozcan como tal”. Esta falta de respuesta y de protección por parte de las instituciones, apoya Suárez, se traduce en desconfianza y desesperanza por parte de las mujeres.

La disputa por el territorio

El Gobierno actual, liderado por Iván Duque, del Partido Centro Democrático —fundado y liderado por el expresidente colombiano Álvaro Uribe—, ya ha manifestado sus reticencias a cumplir los acuerdos establecidos. Un hecho que, según Gloria Amparo Arboleda, lideresa por los derechos de las mujeres afrodescendientes colombianas y miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), se debe a intereses particulares que “siguen la línea de un sistema en el que la importancia la tienen los datos sobre el capital y las altas producciones del recurso, antes que las necesidades de la población colombiana”.

Para Arboleda, esta situación es un claro ataque hacia la población campesina, la cual vive en un 50% de los casos en zonas donde aún continúa el conflicto armado, según el último informe de la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC). “¿Cómo va a haber un país en paz cuando no hay agua, ni energía, ni producción del campo y no hay inversión social para ello?”, reflexiona Arboleda, que también afirma que “el impacto del conflicto en las zonas rurales es mucho más intenso al vivir de lo que se cultiva”. Alboreda considera que esta situación es aún más evidente en el ámbito rural si se habla sobre la mujer afrocolombiana: “El hecho de ser pobre —económicamente hablando— de vivir en zonas rurales, no tener formación, no estar en el sistema y no poder incidir políticamente; el hecho de ser mujer —mucho más si es mujer afrocolombiana—, son discriminaciones que apabullan a la participación y la felicidad real de un ser humano en el país”.

“¿Cómo va a haber un país en paz cuando no hay agua, ni energía, ni producción del campo y no hay inversión social para ello?”, reflexiona Arboleda

Los desplazamientos internos en Colombia se contabilizan, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en más de siete millones de personas desplazadas de sus hogares desde el inicio del conflicto. Uno de estos desplazamientos forzados fue el que vivió la familia de Laura Hoyos. Ella tenía cinco años cuando su pueblo, Miraflores (Guaviare), fue el escenario de una de las tomas guerrilleras que tuvieron lugar en 1998 durante el conflicto armado. La Toma de Miraflores tuvo como desenlace 16 muertos y 129 personas secuestradas.

Para Laura fueron cuatro días de desaparición hasta que su familia pudo encontrarla en la casa pastoral de la localidad. Ella lo tiene la claro: el objetivo de aquel ataque era “el control sobre unas tierras ricas en petróleo”, recursos que se disputaban los diferentes grupos guerrilleros que habitaban en la zona. “Que nuestra familia perdiera todo lo que tenía provocó nuestro desplazamiento a la ciudad, y esa es una culpa del sistema establecido, no de un grupo armado en concreto”, afirma.

En este sentido, Alba Teresa Higuera no duda en denunciar la responsabilidad de las multinacionales —también españolas— “al unirse con los grupos paramilitares como estrategia de despoblamiento” en zonas ricas en recursos naturales, con el objetivo de tener poder sobre esas tierras y sus riquezas, pero también el control político y social de todas las comunidades, según defiende. “Los asesinatos a lideresas se concentran en los territorios donde están defendiendo la tierra”, ilustra Higuera para explicar la urgencia de desmantelar a los grupos paramilitares.

Suárez defiende que “las multinacionales juegan al Dios y al diablo: por un lado patrocinan la paz pero por otro aprovechan sus espacios para obtener nuestros recursos”

Gloria Amparo Suárez, coordinadora de la Organización Femenina Popular de Colombia, va más allá acusando la hipocresía del extractivismo tras los acuerdos de paz: “Las multinacionales financian, expropian y explotan nuestros recursos y necesitan al actor armado para garantizar su seguridad”, argumenta, “son actores que juegan al Dios y al diablo: por un lado patrocinan la paz pero por otro aprovechan sus espacios para obtener nuestros recursos”.

Organización y respuesta femenina

Intereses económicos y posiciones estratégicas hacen que la población rural colombiana sea la más dañada por 56 años de conflicto. Pese a ello, las lideresas de campesinas no cesan en su empeño por lograr una paz anhelada pero también, tal y como definen, una justicia real contra el patriarcado y contra una violencia estructural agudizada por el conflicto armado, donde se subestiman los derechos de la mujer y sus cuerpos se transforman en un arma de guerra. En este contexto, la organización se convierte en una necesidad apremiante para dar respuesta.

La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), explica Leonora Castaño, nació en 1986 “con objetivo de levantar la autoestima de las mujeres, que se reconocieran como sujetas de derechos a través de la capacitación y organización, y que percibieran que lo que pasaba en sus vidas no era lo normal, sino un asunto de discriminación y opresión hacia la mujer, especialmente hacia la mujer rural”. Sin embargo, en un primer momento su lucha no era compartida por actores políticos: “Sufrimos varios momentos de deslegitimación, tanto agrupaciones de derechas como de izquierda, que ponían en duda nuestro trabajo básicamente por ser mujeres”, destaca Castaño.

“La ANMUCIC sufrió varios momentos de deslegitimación, tanto agrupaciones de derechas como de izquierda, que ponían en duda nuestro trabajo básicamente por ser mujeres”, destaca Castaño.

La lucha que lideraba ANMUCIC versaba sobre el derecho de la mujer a la tierra y la propiedad, un empoderamiento en las zonas rurales que ponían en peligro ciertos intereses económicos y políticos. Desde el comienzo, la organización se manifestó neutral dentro del conflicto armado, una declaración de autonomía que, como explica Castaño, provocó que fueran declaradas objetivo militar. Este hecho significó una oleada de ataques y amenazas hacia las más de 90.000 mujeres que formaban parte de ANMUCIC.

No es, sin embargo, el único caso ni el más temprano. En 1972 nació la Organización Femenina Popular (OFP) de Colombia, a la que Gloria Amparo Suárez está vinculada desde hace 30 años. Este espacio —presente ahora en ocho municipios— genera actividades de formación y capacitación a las mujeres y persigue un objetivo fundamental: quitarle base social a la guerra. Yolanda Becerra, integrante de la OFP, declaró en el documental Amanecerá y veremos. Mujeres protagonistas de paz en Colombia, producido por la ONGD valenciana Atelier, que “el reclutamiento de nuestros hijos resultó condicionante para que las mujeres asumiéramos un protagonismo de liderazgo social”.

Suárez corrobora que el hecho de que muchas vieran cómo los agentes armados recurrían a la población vulnerable para engrosar sus filas fue un incentivo que las llevó a “tener y visibilizar una posición clara en contra de la guerra y por la construcción de la paz”. Entre otras acciones, la OFP plantea alternativas a los jóvenes “para que la necesidad no les lleve a involucrarse en actores armados, legales o ilegales, y puedan decirle no al conflicto”, según explica la lideresa, que destaca uno de los lemas de la organización: “Las mujeres no parimos ni forjamos hijos para la guerra”.

Sin embargo, esta postura de “autonomía y civilidad ante la defensa de la vida y de nuestros espacios”, tal y como lo define la portavoz, se tradujo, igual que en el caso de ANMUCIC, en amenazas constantes. “Desde el año 2000 empezó una persecución muy grande contra cada una de nosotras, nos han asesinado a familiares y varias se han tenido que exiliar, nos han perseguido y han matado a dos compañeras y un compañero”, defiende Suárez, que enumera más de 148 hechos directos contra la OFP “fundamentalmente por parte de los paramilitares”.

Según Gloria Arboleda, fue también a partir del año 2000 cuando la cifra de 90.000 mujeres que formaban parte de ANMUCIC se redujo a menos de mil mujeres: “Muchas compañeras tuvieron que huir del país, otras fueron asesinadas o no pudieron continuar la lucha por el miedo”. Para evitar los continuos ataques tuvieron que poner en prácticas “acciones que les permitieron seguir organizándonos sin ser expuestas”, relata Alboreda. Pero pese a estas nuevas estrategias de lucha, miles de mujeres tuvieron que recurrir al exilio para garantizar su integridad física y la de sus familias.

Persistir desde el exilio

Leonora Castaño, Alba Teresa Higuera y María Esperanza Ramírez, madre de Laura Hoyos, abandonaron su país a través del programa “Somos defensoras” de Amnistía Internacional. Dicha iniciativa les garantizaba la posibilidad de vivir en el Estado español con el estatus de refugiado, el acceso a una vivienda y las necesidades básicas cubiertas durante un año. Tras ese periodo, solo quedaba un billete de regreso que ninguna utilizó por el riesgo que supone hacerlo.

Sus historias coinciden también en la continuidad de una lucha activa por la paz mientras intentaban integrarse en una sociedad en la que, aún en la actualidad, se definen como revictimizadas: “Ya somos víctimas de vivir en el exilio porque yo no elegí venir a España por voluntad propia, pero lo vuelvo a ser por el hecho que una vez aquí intenten separar a mi familia, nos dificulten nuestra integración o no se nos reconozcan nuestros derechos humanos“, resalta Laura Hoyos, quien llegó a Elche (Alicante) en 2015 para reunirse con su madre y su hermano pequeño, que llevaban un año en el país.

Las mujeres refugiadas se definen como victimizadas: “La precariedad laboral es una constante, y el derecho a una pensión o a ciertas prestaciones educativas es inexistente”, declara Higuera

Esta reivindicación es compartida por otras refugiadas: “La precariedad laboral es una constante, y el derecho a una pensión o a ciertas prestaciones educativas es inexistente”, comenta Alba Teresa Higuera, quien reflexiona sobre si la situación de exilio que comparte con miles de compañeras no es otra de las estrategias del Estado colombiano “para castigar su opción de vida como mujer defensora de los derechos humanos” y desvertebrar así el movimiento en Colombia. Pero tienen, defiende Higuera, un mensaje común para el Estado colombiano: “No vamos a doblegarnos: aunque nos intentasteis asesinar y nos obligasteis a dejar nuestro país, seguimos luchando”.

Con esta convicción, a partir de la unión y el diálogo las defensoras de derechos humanos fundaron La Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. Con el objetivo de fomentar y dar continuidad a la participación de las mujeres migrantes colombianas que residen en España, La Colectiva vertebra un trabajo de incidencia pública contra las violaciones de los derechos humanos hacia las mujeres colombianas que tuvieron que huir de su hogar, y trabajan demandas relacionadas con el cumplimiento de sus derechos como víctimas en el exterior. “Construimos La Colectiva como un proceso para seguir siendo mujeres de paz”, señala Higuera.

El exilio implica un cambio de residencia, pero el impacto es integral debido a que además de las condiciones socioeconómicas de precariedad, el impacto psicosocial es el más complejo de gestionar. “Tenemos que construir a partir de nuestro dolor, a través de la resiliencia”, Higuera expresa este proceso como un camino de acompañamiento junto al resto de exiliadas en el que son conscientes de su dolor, lo aceptan y comparten.

Ella lo tiene claro: “Solas no podemos vencer este sistema capitalista y de desigualdades ni trabajar para la preservación del medioambiente, de la justicia, de la verdad, de la reparación o del retorno con garantías”. Higuera defiende que las mujeres siempre han sido constructoras de paz y de memoria, a lo que Gloria Amparo Suárez añade que lo que piden va más allá de la firma de acuerdos: “Necesitamos una paz completa y necesitamos que nos dejen construirla; acallar los fusiles no es suficiente, tiene que haber unas transformaciones estructurales y políticas que correspondan a la realidad regional y de las comunidades”, resume.

“Callar los fusiles no es suficiente, tiene que haber unas transformaciones estructurales y políticas que correspondan a la realidad regional y de las comunidades”, resume Suárez

Dentro y fuera del país, la sororidad para conseguirlo ha sido una constante de las mujeres colombianas, tanto en los años de conflicto armado como en el periodo actual: “Un miedo compartido es un miedo fortalecido”, resume Gloria Amparo Suárez, “y no renunciamos a nuestros principios porque es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo”. Alba Teresa Higuera defiende, en este sentido, que han “aprendido a valorar la diversidad de los saberes y a romper nuestras estructuras internas”, y que la construcción de la paz ha sido conjunta por los objetivos comunes. La resistencia, concluye Suárez, no la habrían podido hacer solas: “Ha sido una convicción de una defensa por la vida, de que las palabras y las ideas tienen que ser más fuertes que las armas. Una convicción para generar y cambiar estructuras y culturas que generan el machismo; una convicción por la libertad y la autonomía de las mujeres”.