Las medidas que olvida el PSOE para pinchar la burbuja del alquiler

Parece que Pedro Sánchez ha decidido tomarse en serio lo que muchos colectivos sociales y otros partidos políticos llevaban tiempo poniendo en el foco: la burbuja de los precios de alquiler. Dejando atrás las medidas de fomento del anterior presidente socialista, Rodríguez Zapatero, el ejecutivo del PSOE ha anunciado que abordará un paquete de medidas para poder atajar el precio de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda. Pero las medidas que anuncia Sánchez desde el Gobierno no son las mismas que proponían o apoyaban con su voto en el Congreso cuando estaban en la oposición. Colectivos sociales y partidos de la oposición, que coincidían con algunas de las medidas que el PSOE proclamaba en la oposición, ahora critican que las medidas sean insuficientes y se esté ignorando medidas de vital importancia, como paralizar los desahucios, o medidas más drásticas, como la regulación de precios del alquiler.

Volver al contrato mínimo de cinco años

Entre estas medidas se contempla volver a alargar el periodo mínimo de alquiler de tres a cinco años, tal y como se contemplaba en la anterior Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), modificada en 2012. Esta bajada es, según colectivos como los Sindicato de inquilinas, una de las principales ayudas que recibieron las inmobiliarias y socimi para poder acelerar los procesos especulativos y así inflar los precios del alquiler.

Ese anuncio ha sido bien recibido, pero para la diputada en el Congreso por En Comú Podem, Lucía Martín, esa subida es un mínimo que ya debería de estar aplicado y la medida tiene que ir más allá: “Lo importante aquí es ver qué pasa cuando acaba ese contrato”. Actualmente los plazos marcados por la LAU son de tres años más uno de prórroga, pero la Propuesta de Ley que presentó Unidos Podemos en abril contemplaba una subida a cinco años mínimo más otros cinco años de prórroga en función de quién es el propietario de la vivienda, particular o gran propietario, a los que se les obligaría a ampliar esa prórroga por cinco años.

Para Javier Gil, del Sindicato de inquilinas de Madrid, esta subida también es completamente insuficiente ya que no permite ningún tipo de estabilidad para el inquilinato. Coincide con Martín en que la ley debería hacer una diferenciación entre propietarios particulares y los grandes empresas de alquiler que, según Gil, “poder expulsar al inquilinato cada 5 años solo responde a cuestiones especulativas por parte de estos grandes propietarios”.

Igual de insuficiente le parece a la abogada de la PAH, Alejandra Jacinto, volver a unos plazos que simplemente igualan a lo que se contemplaba en la LAU anterior. En la Ley de Vivienda de la PAH, pendiente de ser llevada al pleno del Congreso, se plantean unos plazos mucho mayores que, según explica Jacinto, “deberían garantizar estabilidad a las personas inquilinas e incluso que se contemplen arrendamientos de manera vitalicia para personas que así lo necesiten”.

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“Regular el precio” mediante ayudas fiscales

El PSOE en su día habló de índices de precios, tal y como proponen desde Unidos Podemos, como medida para poder regular los precios de las viviendas, explica Martín, pero no lo hacen para dar la potestad a los ayuntamientos de poder fijar índices de precios, sino para ofrecer beneficios fiscales a los propietarios que cumplan con esos índices. Para Martín esta medida vuelve a ser muy escasa e insuficiente ya que “nunca se han conseguido bajar los precios mediante beneficios fiscales” y explica que en algunos lugares será mejor no acogerse a dichos beneficios y subir el alquiler tal y como está el mercado actualmente. “Llevamos tres décadas dando privilegios fiscales, lo último ha sido que los fondos buitre estén exentos de pagar el impuesto de sociedades mediante las socimi”, lamenta Gil, que cree que la única manera de contener los precios es mediante una regulación por parte del Estado. Una regulación que sucede en todos los sectores menos en el inmobiliario debido, según Gil, a que “venimos de una cultura político-económica desarrollada durante décadas, donde el derecho a especular con vivienda es mucho más respetado que el derecho a una vivienda digna”.

Construcción de 20.000 viviendas públicas

Otra de las medidas estrellas que ha dibujado Sánchez ha sido el anuncio de 20.000 viviendas pública en los próximos años para aumentar el parque público de alquiler. Este aumento en la oferta de viviendas públicas podrá enfriar la subida de precios, según indican desde el PSOE. Para la diputada de En Comú Podem la creación de viviendas públicas es algo positivo, pero ve insignificantes las cifras que anuncia el PSOE, si se comparan con las necesidades habitacionales actuales o con la capacidad que debería tener el Gobierno: “El Ayuntamiento de Barcelona, con mucho menos presupuesto del que tiene Fomento, ha promovido que se empiece a construir casi 5.000 viviendas públicas en lo que va de legislatura”.

La abogada de la PAH defiende que esta es la medida que menos pueden compartir, teniendo en cuenta la cantidad de vivienda vacía que hay. Algo en lo que coincide plenamente el portavoz del sindicato de inquilinas que explica a El Salto que la construcción de viviendas no es la solución ya que los tres millones de viviendas vacías que hay en el Estado y el parque actual convierte a España en el país de Europa con más vivienda construida por habitante. Gil opina que no se necesita construir más vivienda, sino que la vivienda vacía se introduzca en el mercado: “El Gobierno debería impulsar una política que obligue a los especuladores que mantienen viviendas vacías a introducirlas en el mercado en forma de alquiler social, como ya sucede en muchos países de Europa”, porque de lo contrario esas viviendas podrían ser expropiadas, como sentenció el Tribunal Constitucional a principios de 2018.

“El Gobierno debería obligar a los especuladores que mantienen viviendas vacías a introducirlas en el mercado, como ya sucede en muchos países de Europa”, explica Gil

Además, Jacinto lamenta que se esté valorando la construcción de vivienda en una situación de emergencia habitacional en la que se realizan 168 desahucios al día, teniendo en cuenta los tiempos que llevaría tener esas 20.000 viviendas disponibles y el elevado coste que supondría para las arcas públicas esa medida en vez de otras, como dar uso social a las viviendas vacías, tal y como dice la Constitución.

La descalificación como vivienda pública protegida tras unos años, como ha pasado durante décadas con las VPO, es otro de los problemas, según la diputada de En Comú Podem que cree que no deben poder descalificarse como tal y lamenta que “en las últimas décadas nos hemos gastado mucho dinero en construir viviendas que luego se descalificaban y volvían al mercado”.

¿Y los desahucios?

El gran problema que se ha pasado de largo, por el momento, por parte del PSOE, ha sido el número de desahucios que todavía hoy se ejecutan en todo el Estado sin que la administración pública ofrezca una alternativa habitacional. Los desahucios silenciosos, como llaman a los que son provocados por impagos en el alquiler, están sustituyendo a los hipotecarios. Para Martín es sorprendente que el PSOE ni se haya pronunciado sobre el tema. Para Jacinto, estas medidas tibias o parciales del PSOE no se pueden quedar ahí.

Desde la PAH, explica, quieren ir a por más y “se deben paralizar los desahucios sin alternativa habitacional, tal y como exige Naciones Unidas, garantizar suministros básicos, —luz agua y calefacción—, así como todas esas medidas que vayan encaminadas a liberar de deuda perpetuas a todas esas personas afectadas por la gran estafa hipotecaria”.

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