Violencia machista
España otorga protección internacional a una mujer policía argentina por motivos de género debido a la violencia que sufrió dentro del cuerpo

Cada 20 de junio se conmemora el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Los hechos que obligan a las personas a huir de sus hogares y buscar refugio en otro país pueden deberse a diferentes motivos, siendo la persecución basada en género uno de ellos.

Existe una violencia estructural que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y se materializa a través de diferentes formas como lo son la desigualdad, el sometimiento, el acoso psicológico, las agresiones físicas y sexuales, etc. No se trata de una realidad aislada, sino que se encuentra presente en todas las sociedades. Se lucha para que las legislaciones reconozcan y protejan a las mujeres frente a las situaciones de violencia y desigualdad entre ambos géneros, pero ¿qué sucede cuándo es el propio organismo que te tiene que proteger el que ejerce la violencia sobre ti? que la situación se recrudece, dejando invisibilizadas y sin protección a miles de mujeres. Este es el caso de la violencia ejercida dentro de las instituciones policiales hacia las mujeres policía en Argentina, y en concreto, el caso de Paula (pseudónimo) refugiada en España y exmiembro del Cuerpo policial de Argentina.

El Comité contra la Tortura en su Informe de 2017 sobre Argentina advirtió sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad, así como en las rutinas del personal penitenciario”

Las instituciones policiales, en muchas ocasiones, provienen de regímenes dictatoriales, donde la democratización del cuerpo es todo un desafío. Se trata de organismos con una estructura patriarcal y profundamente machista, que han venido ostentando de facto el ejercicio del poder con total impunidad. En el caso de Argentina, el Comité contra la Tortura en su Informe de 2017 advirtió sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad, así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”.

Esta realidad fue denunciada por el servicio jurídico del Movimiento por la Paz en València, en apoyo al caso de Paula (pseudónimo), una mujer policía solicitante de protección internacional que huyó de Argentina por la violencia sufrida dentro del cuerpo policial. España le otorgó el derecho de asilo.

En palabras de Paula (pseudónimo) “Cuando vine a España solicité una cita con una abogada para saber como podría sobrellevar mi vida aquí, tras explicarles que no podía volver a mi país porque tenía mucho miedo, me derivaron a protección internacional. Al inicio, no comprendía la magnitud de mi situación, creía que lo que me ocurrió era normal, que lo tenía que afrontar sola, sin contárselo a nadie. Pensaba que era algo que me sucedía solo a mí, no creía que esto le pasara a otras mujeres policías. En la actualidad veo que se trata de una situación estructural”.

Lejos de ser un caso puntual, es una realidad tangible en el país, donde se ha creado una red de mujeres policía para intentar denunciar esta situación de violencia que, ante la falta de protección, en ocasiones, ha llegado incluso a acabar con suicidio de las víctimas.

“No comprendía la magnitud de mi situación, creía que lo que me ocurrió era normal, que lo tenía que afrontar sola, sin contárselo a nadie. Pensaba que era algo que me sucedía solo a mí, no creía que esto le pasara a otras mujeres policías”

Aperturas de carpetas psiquiátricas

Las mujeres policía argentinas son objeto de discriminación, acoso y violencia sexual de forma sistemática como denunció Gabriela Macías, mujer policía que fue destituida del cargo tras la denuncia pública de esta realidad. Son habituales las violaciones cometidas por compañeros o jefes, el sometimiento a tratos degradantes, obligadas a limpiar los excrementos de los caballos mientras sus compañeros se ríen, sufren abortos espontáneos por las largas jornadas impuestas durante su periodo de gestación o son arrestadas en el caso de denuncias a compañeros por casos de corrupción. En el caso de presentar denuncia, se les abren las denominadas “carpetas psiquiátricas” o les incoan sumarios sancionadores basados en imputaciones falsas con la finalidad de apartarlas del cuerpo, continuando el agresor ejerciendo sus funciones públicas. Las “carpetas psiquiátricas” no son más que expedientes que se abren a mujeres policías argentinas, en los que se les acusa de sufrir problemas mentales para poder continuar perpetuando la impunidad y silenciar sus testimonios. Aunque aparentemente, parezcan expedientes médicos, su finalidad es la de apartar del cuerpo a las mujeres que denuncian. Se busca con ello reducir un problema estructural a un asunto individual, como señala la antropóloga social Mariana Sirimarco de la Universidad de Buenos Aires.

Fuera de toda protección

Esta situación de violencia está invisibilizada. Según fuentes del Observatorio de Políticas de Género del Gobierno argentino, en 2021 hubo 234 víctimas directas del feminicidio y, según el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (en este registro no se incluyen los casos de feminicidios) entre 2013 y 2018 se reportaron 576.360 casos de violencia contra las mujeres por razones de género, unos datos escalofriantes que todavía lo son más si se tiene en cuenta que no se computa la violencia sufrida por las mujeres policía al no ser consideradas víctimas de violencia de género. La Oficina de Violencia Doméstica recibe exclusivamente casos de violencia doméstica, trata de personas con fines de explotación sexual o explotación de la prostitución.

De igual manera, las mujeres policía no son consideradas víctimas de la violencia institucional porque las relaciones internas del cuerpo policial se guían por su propia normativa interna

Según la base de datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre hechos de violencia con participación policial, “entre 1996 y 2015 al menos 163 mujeres civiles fueron asesinadas por miembros de instituciones de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En un tercio de los casos, el homicida fue un policía fuera de servicio” y señala como en alguno de los casos el agresor intentó aparentar que se trataba de situaciones de suicidio, tras manipular la escena del crimen.

De igual manera, las mujeres policía no son consideradas víctimas de la violencia institucional porque las relaciones internas del cuerpo policial se guían por su propia normativa interna y no se les considera personal civil a dichos efectos, quedando excluidas de cualquier procedimiento o mecanismo que las proteja.

Un proyecto ley de paralizado desde 2019

En octubre de 2019 la abogada argentina Mariana Herrera lanzó, a través del por entonces senador Fernando Solanas, fallecido el 6 de noviembre de 2020, la “Ley del Personal Policial y de Seguridad con Perspectiva de Género”, que regula la creación de un Departamento Autónomo de Género Policial y de las Fuerzas de Seguridad con independencia y autonomía de las instituciones de seguridad, y dependiente de la Corte Suprema o de los Tribunales Superiores de Justicia de cada provincia.

Este Departamento tendría como función recibir denuncias, adoptar medidas de protección y elevar las causas a la Justicia una vez finalizada la instrucción, con la finalidad de que las mujeres policías puedan denunciar en un organismo autónomo del cuerpo policial que les garantice la protección inmediata. Dispone la creación de un Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres Policías y de las Fuerzas de Seguridad, para elevar datos, elaborar estadísticas y diseñar políticas públicas y de prevención. Esta ley, a día de hoy, se encuentra paralizada y sin visos de prosperar, su aprobación sería un paso para la protección de las mujeres policía argentinas.

Mientras tanto, al menos, se puede decir que, España, por primera vez, ha concedido protección internacional a una mujer policía argentina, reconociendo su persecución por motivos de género.