Migración
Recortes, despidos y desamparo: la crisis en los centros de acogida gestionados por Rescate Internacional

El pasado mes de febrero, varios migrantes protagonizaron un encierro simbólico en un centro de acogida en Monterroso (Lugo) para denunciar el trato recibido por la ONG que gestiona la infraestructura. Posteriormente, los portavoces de las protestas, Djibril y Maoudou, procedentes de Mali, fueron expulsados del centro.

Tras la llegada masiva de migrantes a las costas Canarias el pasado verano, el Gobierno central activó una serie de dispositivos en Galicia con el propósito de dar respuesta a la situación de emergencia humanitaria en las islas. En el marco del programa de acogida del Gobierno, la ONG Rescate Internacional gestiona varios de estos centros de protección internacional en Galicia.

Dentro del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal (SAPI), el Ejecutivo central dispone de 29.211 plazas y de 15.974 plazas más em el Programa de Atención Humanitaria. Estas personas son atendidas en centros públicos directamente gestionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; o bien con recursos gestionados mediante acción concertada con entidades del tercer sector.

Los migrantes acogidos en Monterroso denunciaban un trato discriminatorio por parte de la ONG, así como la falta de atención médica y asesoramiento jurídico

Los migrantes acogidos en Monterroso denunciaban un trato discriminatorio por parte de la ONG Rescate Internacional, así como la falta de atención médica y asesoramiento jurídico a la hora de solicitar asilo. Según fuentes del Ministerio, esta ONG gestiona alrededor de 1.700 plazas en España, de las que unas 1.400 se encuentran en Galicia.

El presupuesto del sistema de acogida en el último año fue de más de 652 millones de euros para la acción concertada. Varios trabajadores y voluntarios vinculadas a la ONG Rescate Internacional denuncian la infradotación de recursos y personal en los centros gestionados por esta organización, así como una política de reducción de costes generalizada. “Los convenios que se firman con el Ministerio son muy jugosos, porque hay mucho dinero de por medio” advierte Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego de Inmigración.

Denuncian una situación de abandono

“Vemos a los chicos buscando comida en las papeleras porque la comida que dan en el centro es vomitiva”, comenta una vecina y voluntaria en Rescate Internacional. Según explica, la organización es además reticente a dar soporte a las personas usuarias en gestiones burocráticas básicas, como la tarjeta de transporte, aún siendo “indispensable” para los desplazamientos en pequeños municipios rurales y con pocas conexiones.

Otro trabajador de la ONG denuncia la “situación de abandono” en la que se encuentran los migrantes, la falta de limpieza en las instalaciones, así como la ausencia de psicólogos y traductores. La mayoría de las personas usuarias de los centros de emergencia llegan a la península de manera irregular, huyendo de la guerra o la persecución, con síntomas de trauma significativos y sin conocer el idioma. “Cuando una persona lleva días con fuertes dolores de cabeza, la respuesta de la organización es decirle que no hay medicinas disponibles, un día tras otro”, afirma el trabajador.

“Vemos a los chicos buscando comida en las papeleras porque la comida que dan en el centro es vomitiva”, comenta una vecina

En el Ayuntamiento de Mondariz-Balneario (Pontevedra) la ONG Rescate gestiona un centro de emergencia en el que viven unas 290 personas. Tras varias quejas respecto a la gestión del centro, el Ayuntamiento ha creado una comisión de seguimiento de la situación con representantes del ejecutivo local, voluntariado, vecinos y ONG. Según explican, las principales preocupaciones giraban alrededor de la falta de personal, la calidad de la comida y la ausencia de clases de español. El Ayuntamiento ha puesto en marcha grupos de aprendizaje del idioma con voluntariado, ya que en el centro de acogida sólo hay cuatro profesores para casi 300 personas.

El alcalde de Mondariz-Balneario, César Gil, echa en falta el apoyo de otras administraciones para hacer frente al aumento de población en un municipio de unos 600 habitantes. “Son 300 personas más que atender en el centro de salud, teniendo solo un médico”, explica Gil. “Necesitamos recursos humanos y económicos para dotar a los servicios sociales y administrativos del Ayuntamiento”, asevera.

Bajas por ansiedad y sobrecarga laboral

“Si los trabajadores tienen un criterio profesional distinto al de la directiva, se pueden dar despidos sin previo aviso”. Varias personas trabajadoras de la ONG Rescate Internacional han hablado con El Salto bajo condición de anonimato por temor a represalias. Denuncian el “acoso laboral” al que se ven sometidas así como el hostil ambiente de trabajo en la organización, que “utiliza los despidos para implantar el miedo en la plantilla”.

Las malas condiciones laborales, la falta de personal cualificado y las ratios desbordadas de trabajo provocan que muchas trabajadoras estén de baja por ansiedad o depresión. “Los puestos de las personas que están de baja no se cubren, estamos agotadas emocionalmente”, según explican, la infradotación de personal tiene consecuencias “muy negativas” en la atención a las personas usuarias y en la cobertura de sus necesidades básicas.

Las malas condiciones laborales, la falta de personal cualificado y las ratios desbordadas de trabajo provocan que muchas trabajadoras estén de baja por ansiedad o depresión

Por otro lado, los trabajadores afirman la falta de formación específica en derechos humanos, género, diversidad sexual y migraciones en la directiva de la ONG. Denuncian “la toma de decisiones desde el racismo”, sin tener en cuenta el criterio profesional de las personas que están al frente de la intervención, lo que tiene implicaciones muy negativas en el trabajo técnico con personas migradas.

El personal de mantenimiento de la ONG también se ve desbordado debido a la antigüedad de muchos de los pisos y las instalaciones, lo que provoca averías frecuentes en servicios básicos como la calefacción o el agua caliente.

Los trabajadores denuncian una política generalizada de reducción de costes por parte de Rescate Internacional, lo que perjudica la calidad de vida de las personas usuarias. El año pasado la organización redujo en un 10% todas las ayudas para manutención y necesidades básicas; además de eliminar otras ayudas transversales para atención médica; como odontología y oftalmología.

“Esto se produce mientras instalan aire acondicionado en las oficinas. Los recortes presupuestarios siempre afectan a las personas usuarias”, explican. “La externalización de este servicio público hace que las ONGs funcionen como cualquier entidad privada”, recalcan.

Nuevo reglamento de extranjería

Según datos del Ministerio del Interior, en el 2024 llegaron a España un total de 63.970 personas por vía marítima y terrestre. En el mismo período, se registraron 167.366 solicitudes de protección internacional, de las cuales 38.686 han sido denegadas.

El Foro Galego de Inmigración ha denunciado públicamente la situación de las personas solicitantes de asilo que, tras recibir resoluciones negativas, se ven obligadas a abandonar los dispositivos de acogida sin alternativas habitacionales ni recursos. Esta problemática deja a muchas de estas personas en situación de extrema vulnerabilidad y sin apoyo institucional.

El Foro Galego de Inmigración ha denunciado públicamente la situación de las personas solicitantes de asilo que, tras recibir resoluciones negativas, se ven obligadas a abandonar los dispositivos de acogida

La entrada en vigor del nuevo reglamento de extranjería el próximo 20 de mayo, traerá consigo serias dificultades para las personas solicitantes de asilo cuya petición haya sido denegada o que aún se encuentren en proceso de recurso. Estas personas deberán pasar seis meses en situación irregular antes de poder acogerse a las nuevas modalidades de arraigo contempladas en la normativa.

Según explica Miguel Fernández, esto implicará la pérdida de su empleo o la imposibilidad de acceder legalmente a uno, agravando su vulnerabilidad y dificultando su integración en el mercado laboral. “Muchas personas se verán obligadas a abandonar los dispositivos y a desplazarse a otras regiones del Estado para poder realizar trabajos en el sector agrario de forma irregular” afirma.