Carlos Osorio llegó a España como solicitante de asilo hace poco más de un año: “Una trabajadora social me habló de la ONG Rescate Internacional y me dijo que buscaban voluntarios”. Eso le llevó,  en poco tiempo, a establecer contacto con C.E, director de la organización, que gestiona el acompañamiento de cerca de 2.000 personas refugiadas en el Estado. “No había personal. Eran 300 usuarios para cinco personas”, recuerda. A comienzos de enero de 2025, Osorio ya iba camino del dispositivo de acogida para migrantes gestionado por la organización en Mondariz-Balneario, un pequeño municipio de Pontevedra donde reside actualmente. 

Según explica en conversación con El Salto, al poco de llegar ya se incorporó “haciendo jornadas de diez a doce horas diarias” como técnico de acogida, profesor de castellano o incluso monitor de actividades deportivas. “Yo no firmé nada, pero recibo 50 euros semanales (...) A otro compañero lo reclutaron en una fundación pidiendo comida”, denuncia y añade: “Este es el perfil que buscan, gente en situación vulnerable, porque nadie quiere venir a trabajar aquí”.

Osorio no es el único que afirma vivir esta situación y se ha atrevido a denunciarlo públicamente y en el juzgado. Un compañero, Marcos Tulio, procedente de Salvador, llegó en marzo al mismo centro, ubicado ahora en el Hotel Cemar de Mondariz. “Lo único que tengo es un documento del Ministerio que me permite estar en España mientras espero cita para solicitar la protección internacional, pero no puedo trabajar legalmente”. Sin embargo, y como explica en conversación con esta redacción, hace tareas de técnico de acogida, con un horario que va de nueve de la mañana a una de la tarde. Aunque incluso lo matiza: “En épocas como el Ramadán se trabajan muchísimas más horas”.

Otros voluntarios llegaron al centro de acogida después de hablar con el director de Rescate Internacional y firmar un acuerdo de voluntariado. El documento, al que ha tenido acceso este medio, estipula que el voluntario “colaborará de forma desinteresada y altruista con la entidad”. Según relatan Osorio, Tulio y otros solicitantes de asilo que prefieren preservar el anonimato, trabajan de dos de la tarde a diez de la noche cinco días a la semana “a cambio de 50 euros semanales”. “Hacemos de todo, apoyamos a los técnicos de acogida en todo”, afirman.

Dentro del programa estatal de acogida, la ONG Rescate Internacional se encarga de la gestión de varios centros de protección internacional en España. Esta organización administra unas 1.700 plazas en todo el país, de las cuales aproximadamente 1.400 están ubicadas en Galicia. Hace un mes, este diario destapó una serie de irregularidades que incluían recortes de personal, despidos improcedentes y falta de recursos básicos en los dispositivos de acogida gestionados por la organización.

Según explica un trabajador de Rescate Internacional, que ha hablado con este medio bajo condición de anonimato por temor a represalias, muchos migrantes en situación administrativa irregular “suplen la contratación de otros profesionales a cambio de una ayuda de bolsillo de 50 euros semanales”. “Falta personal laboral en todos los centros de protección internacional, cuando es obligatorio que haya abogados y psicólogos”, asevera.

En febrero de este año, el gobierno municipal de Mondariz-Balneario dirigió una carta al Defensor del Pueblo y a la Delegación del Gobierno en Galicia para denunciar la situación en la que se encontraban los 300 migrantes acogidos en las instalaciones del dispositivo. El documento, al que tuvo acceso El Salto, alertaba sobre la falta de personal sanitario y psicológico, y también señalaba “episodios de trato denigrante hacia los acogidos”. Asimismo, describía las condiciones de alimentación e higiene como “insuficientes”.

La ONG Rescate Internacional forma parte del conjunto de entidades del tercer sector que colaboran con la administración pública en la gestión del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal (SAPI). En este marco, la organización gestiona recursos financiados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz Delgado.

“Muchos días se le da solo pasta o arroz, nunca hay pollo o ternera”. El personal de cocina, que ha hablado con este medio en condición de anonimato, afirma que se encuentra “trabajando en situación irregular”. Según relatan, también dan servicio al comedor del Colegio Bilingüe Marcote Mondariz —situado en el complejo— a pesar de que el menú es distinto.

El director de la ONG reconoce en un audio que el Gobierno le filtró la denuncia

En el mes de abril, varios voluntarios se dirigieron a la Guardia Civil de Ponteareas para presentar denuncias contra la ONG Rescate Internacional por presunta explotación laboral. Entre ellos, Carlos Osorio. En la denuncia, a la que ha podido acceder El Salto, Osorio afirma que “no tiene horario establecido” para su labor de voluntariado y, a pesar de no haber firmado ningún contrato, “cobra semanalmente en mano 50 euros”, por el que firma “un recibí del que no recibe copia alguna”. 

En dicha denuncia también consta que el personal del hotel puede “estar inmerso en una situación similar de explotación laboral, al trabajar sin contrato y bajo la amenaza de no poder legalizar su estancia o residencia en el país” e indica que serían “al menos seis personas que trabajan en la cocina del hotel” en la misma situación. 

Pero en las sombras de la gestión de Rescate Internacional no solo hay denuncias por explotación laboral. Otro de los voluntarios de la organización acudió la Guardia Civil para presentar una denuncia por agresión sexual. En el documento, que también ha sido enviado a esta redacción, la víctima explica que un coordinador “le toca el hombro izquierdo” de forma que “masajeaba el mismo hacia la altura del cuello, invitándole a que se relajase, que estaba muy tenso, que si era su deseo le invitaba a cenar”. Asimismo, le manifestó, siempre según la denuncia, “que le podía ayudar a conseguir los papeles en España, procediendo a bajar la mano por fuera de la camiseta del denunciante para acariciar su pecho”. 

En una conversación con El Salto, C.E. ha admitido que le han informado sobre la existencia de denuncias en la Guardia Civil. Por otro lado, afirma que actualmente hay 28 voluntarios en Galicia, pero niega que personas en situación irregular estén realizando labores estructurales dentro de la ONG, alegando que “reciben dinero para compensar los gastos incurridos por su voluntariado”.

Según explica Carlos Osorio, el viernes 25 de abril, la Guardia Civil apareció en el dispositivo de acogida: “Se presentaron como policía judicial, con una inspección de trabajo; y tomaron declaración a todas las personas que estaban trabajando”. Posteriormente, según relata, los voluntarios son llamados a una reunión con A.M., coordinadora de los centros en Galicia. “Hasta ahora vosotros estáis haciendo, esto está escaneado (…) los recibís semanales. Los 100 euros semanales y los 50 semanales”, afirma en un audio al que también ha tenido acceso El Salto. “Lo de la inspección ha sido sorpresa para todo el equipo (…) somos conscientes de que ha habido una mala praxis”. 

El director de la ONG revela en un audio la filtración de las denuncias: “Esto la Guardia Civil no me lo ha escrito a mí, se lo ha escrito al delegado del Gobierno en Galicia”

El director de la ONG se presentó en el municipio pontevedrés un día después de la inspección de trabajo en el centro. “Después de la llegada de la poli aquí (…) tenemos algunos contactos (…)  alguien nos ha dicho, no oficialmente, que había una denuncia a la ONG en una comisaría de Galicia, que es de alguno de vosotros”. Así es como se dirige a los voluntarios para indagar sobre las denuncias en los audios analizados por este medio. “Esto me lo ha dicho la Guardia Civil (…) y no me miente la Guardia Civil”. Posteriormente aclara que la filtración viene de más arriba: “Esto la Guardia Civil no me lo ha escrito a mí, se lo ha escrito al delegado del Gobierno en Galicia”.

Este medio ha contactado con la Delegación del Gobierno en Galicia para solicitar una valoración sobre la presunta filtración de las denuncias, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento de la publicación de este artículo. 

Varios voluntarios han presentado sendas denuncias ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Pontevedra. En los documentos, a los que ha tenido acceso este diario, alegan “abandono, acoso y explotación laboral”, así como “vulneración de derechos básicos” y solicitan protección jurídica frente a posibles represalias por parte de la ONG.

Según afirman, el director de la organización, C.E., sigue en Mondariz-Balneario y “dice que no se irá hasta que se solucione el problema”. Mientras tanto, la incertidumbre se ha instalado entre los voluntarios del centro de acogida. Nadie les ha comunicado oficialmente qué ocurrirá tras la inspección de trabajo ni si se tomarán medidas frente a las denuncias presentadas. “La policía todavía no ha llamado a nadie a testificar ni se ha hecho absolutamente nada”, aseveran.