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Violencia machista
Un observatorio registra en un año más de un centenar de casos de violencia institucional contra las mujeres

El 15 de marzo de 2024 se presentaba el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM). Una iniciativa pionera en el Estado que nacía como una plataforma de la sociedad civil, que aglutina a una veintena de asociaciones feministas y a cuatro catedráticas, para vigilar que las instituciones “cumplan con su obligación de diligencia debida y garantía del derecho a una vida libre de violencias machistas y discriminación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. Para registrar los casos en los que las instituciones no actúan acorde a esa protección que deben suministrar a las víctimas, se instauró un formulario en la página web en el que mujeres, personas de su entorno u organizaciones civiles han ido registrando los casos, como un canal de denuncia colectiva. Este viernes 9 de mayo se ha presentado el primer informe en Barcelona: se han recibido un total de 143 demandas y de ellas 117 (el 81,80%) se han identificado como casos de violencia institucional machista. Además, el 52% de estos casos se concentran en el poder judicial.
Según los datos, presentes en el primer 'Informe anual de violencias institucionales machistas en el Estado español', elaborado por Almena cooperativa feminista y la Associació Hèlia, más del 60% de los casos de violencias machistas institucionales corresponden a mujeres de entre 31-50 años de edad, en concordancia con el tipo de denuncia más frecuente: mujeres que, viviendo violencia machista por parte de su pareja o expareja, denuncian sin saber que el sistema se volverá contra ellas, viviendo violencia institucional por diferentes instituciones y sectores.
“Las instituciones públicas, en vez de garantizar protección y reparación a las víctimas y supervivientes de violencia machista, en muchas ocasiones reproducen, agravan o generan nuevas violencias”, denuncian desde OVIM
Desde el observatorio, explican que el informe visibiliza cómo “las instituciones públicas, en vez de garantizar protección y reparación a las víctimas y supervivientes de violencia machista, en muchas ocasiones reproducen, agravan o generan nuevas violencias”. Como ya se ha apuntado, de los casos que se han documentado, un 52% se localizan en el sector judicial, seguidos por el sector policial (23%), sector de la salud (21%), sector social (16%) y el de atención integral en violencias machistas (14%). Asimismo, el agente más señalado es “juez/jueza” con un 22,6% sobre el total de agentes públicos analizados.
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En cuanto al origen de las víctimas, tal y como se lee en el informe, el 66,7% de las mujeres, adolescentes, niñas y niños han nacido en la UE y el 62,9%, en el Estado. Lo cual significa que un 37,1% ha nacido fuera del país y un 33,3% fuera de la UE. Desde el observatorio indican que estas cifras muestran una “sobrerrepresentación de mujeres afectadas nacidas fuera de España y de la UE”, en comparación con los datos poblacionales, ya que, según datos del INE de 2025, las migrantes representan aproximadamente entre el 6,6% y el 9% de la población total de España.
El 94% de los casos están atravesados por ejes de opresión y es el racismo el más señalado: aparece en un 42,7% de los casos
Liliana Aragón Castro, del equipo gestor del Observatorio, explica que la génesis de este proyecto está muy ligado al movimiento de mujeres migrantes en nuestro país. “En 2022 empezamos a crear la idea a partir de un proyecto que se llamaba “Vecinas por vecinas” de la Associació Hèlia, a la que pertenezco. En el proyecto, mujeres voluntarias acompañaban a otras mujeres víctimas de violencia machista a realizar trámites, a los juicios, a los juzgados, a las citas médicas. Con la experiencia de estas voluntarias, nos dimos cuentas de la violencia a la que se enfrentaban estas mujeres. Nosotras ya estábamos articuladas con otros movimientos de mujeres migrantes que venían señalando que la violencia institucional pone el foco principalmente en los cuerpos de estas mujeres y también con las madres protectoras“, explica.
En la construcción de este observatorio han intervenido cuatro organizaciones de mujeres migrantes, así como entidades que representan a otros colectivos como las mujeres gitanas o las mujeres sin hogar. “En el cuestionario del observatorio hemos tomado en cuenta añadir elementos para introducir la perspectiva interseccional. Las mujeres que están más vulnerabilizadas son aquellas atravesadas por otras opresiones, la violencia institucional tiene un impacto más alto en ellas, en sus cuerpos”, explica Aragón. De hecho, el informe indica que el 94% de los casos están atravesados por ejes de opresión y es el racismo el más señalado: aparece en un 42,7% de los casos.
“El sistema juega en contra de las mujeres migrantes sin papeles. Si denuncian violencia machista saben que existe la posibilidad de ser deportadas. Prima el estatus migratorio sobre el derecho de las mujeres”, denuncia Liliana Aragón Castro
Aragón pone el ejemplo de las mujeres que se encuentran en situación irregular: cuando estas sufren violencia machista de cualquier tipo cuando van a poner la denuncia, si finalmente no hay una sentencia a favor de ellas les pueden abrir un expediente de expulsión. “El sistema juega en contra de las mujeres migrantes sin papeles. Si denuncian violencia machista saben que existe la posibilidad de ser deportada. Prima el estatus migratorio sobre el derecho de las mujeres. Y esto tiene que ver con las amenazas que pueden sufrir. Si denuncias te van a echar del país, y eso genera miedo”, explica.
“Por otro lado —continúa— si hay una sentencia favorable pueden regularizar su situación, lo que crea prejuicios: denuncias por que quieres los papeles. Y no es que las mujeres vayan a denunciar porque quieran los papeles. Quieren justicia y esto es una revictimización”, sentencia.
Según se indica en el informe, en el 94,4% de los casos la violencia institucional ha sido revictimizante. “Hablamos de mujeres que, tras haber vivido violencia machista, acuden a las instituciones buscando protección y justicia, pero se encuentran con nuevas violencias”, ha explicado Júlia Vega, portavoz del OVIM, durante la presentación de los resultados.
Por otro lado, en el 96,6% de los casos registrados, las instituciones públicas obstaculizan o impiden el ejercicio de derechos humanos y el acceso a políticas públicas que tienen que ver con la reparación integral (vulnerada en el 82,8% de los casos), la seguridad (68,2%) y el acceso a recursos efectivos (66,7%).