Argentina
Documentos desclasificados agitan el rol de la Iglesia en la dictadura argentina

Una de las mayores deudas del proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina es la variable que investiga las complicidades y responsabilidades de la jerarquía eclesiástica y de los sectores empresariales durante la última dictadura militar. En este sentido, en marzo de 2023, la Iglesia Católica publicó el segundo tomo de La verdad los hará libres, un análisis historiográfico de su rol durante la dictadura y los años previos, que luego tuvo su presentación formal en la sede porteña de la Universidad Católica Argentina (UCA), encargada de la investigación. Aunque el resultado del trabajo generó pocas expectativas entre los organismos de derechos humanos respecto al aporte de nuevas pruebas, representa una confirmación de parte de la propia institución de lo que se viene denunciando hace décadas: la complicidad de autoridades eclesiásticas con el terrorismo de Estado.  

El viaje de Jorge Bergoglio, el papa que intentó reformar la Iglesia y no lo consiguió

Martín Pared

1

Religión

Iglesia Católica El viaje de Jorge Bergoglio, el papa que intentó reformar la Iglesia y no lo consiguió

Martín Pared

1

De ser acusado de cómplice con la dictadura argentina, Jorge Bergoglio, ya ungido como papa Francisco, se convirtió en una de las principales voces de denuncia de la ultraderecha, del neoliberalismo y las violaciones de los derechos humanos.

Religión Muere el papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano

La verdad los hará libres

En abril de 2023 se presentaron los dos primeros tomos de tres volúmenes sobre la actuación de la Iglesia Católica argentina en lo que los organismos de derechos humanos han dado en llamar dictadura cívico-militar-eclesiástica. En 2012, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), decidió sistematizar sus archivos de los años de la dictadura, la represión ilegal y la desaparición de personas, para ponerlos a disposición de víctimas y familiares que hace años los vienen reclamando. Un año más tarde, el papa Francisco ordenó abrir los archivos de la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires y desclasificar los llamados “secretos” del Vaticano, una decisión inédita ya que según las normas canónicas solo se puede acceder a este material pasados 70 años. Pero recién en 2016 la documentación en manos del Vaticano fue sistematizada, y en 2017, el papa Francisco permitió a la comisión de expertos de la UCA utilizar esa documentación para el trabajo de investigación.

El caso más sonado en cuanto al accionar de la Iglesia, fue el de Von Wernich, primer sacerdote juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad

Para Washington Uranga, periodista y docente que leyó y analizó los dos libros publicados, “lo importante es que hay documentos que hasta ahora no habían sido conocidos”, como actas de la Conferencia Episcopal con debates entre los obispos e información respecto de “cómo era la mecánica” de la relación con los militares de la dictadura. “Lo otro que me parece importante es que, en términos político institucionales, es un cambio de actitud de la jerarquía de la Iglesia Católica que se había negado a abrir esos archivos. Obviamente, hubo una incidencia importante del papa [Francisco] respecto de la decisión de que se abran los archivos vaticanos”.

Aunque el 8 de septiembre de 2000, en la apertura del Congreso Eucarístico celebrado en Córdoba (Argentina), la jerarquía eclesiástica ensayó un pedido de perdón y reconoció la responsabilidad de miembros de la Iglesia en los delitos cometidos durante la dictadura, esta es la primera vez que no se trata solamente de un pronunciamiento público sino que incluye una investigación y algunos documentos. Por otro lado, en septiembre de 2003, en un comunicado difundido para desmentir unas declaraciones del expresidente de facto Reynaldo Bignone —quien afirmó que los militares contaron con la aprobación de la Iglesia cuando aplicaron torturas a los detenidos-desaparecidos—, la Iglesia recordó que en la 111 Comisión Permanente de marzo de 1995, los obispos expresaron: “Si algún miembro de la Iglesia, cualquiera fuera su condición, hubiera avalado con su recomendación o complicidad alguno de esos hechos, habría actuado bajo su responsabilidad personal, errando o pecando gravemente contra dios, la humanidad y la conciencia”. El texto cobró forma después de varias consultas entre los integrantes de la Comisión Ejecutiva encabezada por el arzobispo rosarino Eduardo Mirás y que también integraba el por entonces cardenal Jorge Bergoglio. 

Von Wernich

El caso más sonado sobre el accionar de la Iglesia —y de sus intermediarios en la Tierra—, fue el de Christian Von Wernich, primer sacerdote juzgado y condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. El 9 de octubre de 2007, la Justicia Federal condenó a cadena perpetua al excapellán de la Policía Bonaerense. Fue encontrado culpable de todos los delitos por los cuales estaba acusado, y lo condenaron a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta por los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio cometidos contra 41 víctimas. Durante los tres meses que duró el juicio se escucharon los testimonios de más de un centenar de testigos, algunos de ellos sobrevivientes que hablaron del accionar de Von Wernich. Nuevamente, al día siguiente de conocerse el fallo del TOF 1, la Conferencia Episcopal Argentina se despegó del caso con un comunicado en el que señalaba que, si algún miembro de la Iglesia había participado en actos de “represión violenta”, lo había hecho “bajo su responsabilidad personal”. 

“Se trata de una versión de los hechos, una apreciación de acontecimientos muy graves y dolorosos de los que nuestro pueblo fue víctima, y que para muchos llega tarde e incompleto”

En 2018, los organismos de derechos humanos, mediante una carta dirigida al papa Francisco —en la que detallaron el derrotero jurídico del ex capellán—, solicitaron que se declare la dimisión del estado clerical a Von Wernich debido a que “la Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas”. Un mes después de la condena a prisión perpetua, la Iglesia Católica le inició al sacerdote el juicio para determinar la sanción correspondiente, según el Código de Derecho Canónico. Sin embargo, como la ley eclesiástica no impone plazos, a día de hoy el sacerdote cumple condena en una cárcel común y continúa con sus potestades ministeriales. 

Tomos I y II

En su análisis del material publicado, la periodista Ailín Bullentini precisa que en los tomos se concluye que hubo sacerdotes que “ofrecieron asistencia espiritual” a los represores “contra los designados como enemigos internos de la patria”, pero no dan información sobre el rol directo que tuvieron en secuestros, interrogatorios bajo tortura, asesinatos y desapariciones, cautiverios en condiciones inhumanas, robo de bebés y robo de bienes.

La publicación lleva la firma de Carlos Galli, Juan Guillermo Durán, Luis Liberti y Federico Tavelli, todos ellos doctores en teología y coordinadores del trabajo que contó con más de una veintena de autores y autoras. Respecto a sí del trabajo de investigación debían participar otros actores no necesariamente vinculados a la Iglesia, Uranga sostiene: “Lo que creo es que esto se tendría que haber hecho mucho antes, y lo que sé es que se están abriendo canales de diálogo con los organismos”. Eduardo Tavani, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sostuvo que ellos no han tenido ningún tipo de diálogo con quienes llevaron adelante la investigación y que sólo recibieron los libros que les hicieron llegar por medio de la editorial.

Los libros describen funciones, refieren a los obispos que estuvieron esos años y dedican un desarrollo especial al provicario Victorio Bonamin y al secretario vicarial Emilio Graselli. Graselli ha sido mencionado innumerables veces en juicios de lesa humanidad y aunque fue llamado como testigo, nunca ha sido imputado. Chicha Mariani, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, contó en un juicio de lesa humanidad, que la segunda vez que fueron a verlo a la Iglesia Stella Maris, en la búsqueda de su nieta desaparecida, Graselli les dijo que habían tardado mucho en volver (un mes), y “que ya no podía devolver a la nena porque estaba muy bien ubicada en un lugar con mucho poder”. También declaró que “tenía muchas esperanzas de que Graselli me iba a ayudar, pero después del segundo encuentro me fui muy angustiada”. 

“Hace más de 40 años que la Iglesia Católica aparece mencionada en los testimonios de las víctimas por su falta de respuesta, o su compromiso con los represores de la dictadura”

La investigación deja en evidencia que los obispos estaban al tanto “de los movimientos que se estaban realizando con anterioridad al golpe de Estado de 1976”, que “el amparo de la jerarquía católica significó un aporte importante a la legitimidad del ‘Proceso’ y de la ‘lucha antisubversiva’ que llevaba adelante”, y que las autoridades eclesiásticas mantenían, a pesar de la abundante información sobre violaciones a los derechos humanos que obraba en su poder, una “actitud de desconfianza fundada en sus propias convicciones ideológico-políticas” respecto de los organismos defensores de los derechos humanos, en particular frente a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

Dos demonios

El subtítulo del tomo I, “La Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina 1966-1983”, despertó críticas entre los integrantes de los organismos de derechos humanos para quienes “espiral de violencia” alude a la llamada teoría de los dos demonios. Una teoría que muchas veces es utilizada para justificar la violencia del terrorismo de Estado, equiparando la violencia estatal con la de las organizaciones armadas o insurgentes. “Ellos dijeron, expresamente, el día de la presentación, que no, que ellos no están adhiriendo a la teoría de los dos demonios”, sostiene Uranga. “[El sacerdote] Durán dijo: ‘Nosotros no solamente partimos de los documentos de la Iglesia sino que hubo otros elementos que nos ayudaron, por ejemplo, el libro Iglesia y dictadura, de Emilio Mignone’”. Se refiere a una obra publicada en 1984, donde este destacado activista por los derechos humanos y padre de una joven desaparecida, analiza rigurosamente el rol de la Iglesia durante la dictadura.

En febrero de 2023, antes de su divulgación pública, la CEA, a través de quien entonces ejercía como presidente, el obispo Oscar Ojea, entregó al juez federal Ariel Lijo, la documentación recopilada a lo largo de los cinco años que duró la investigación. “No todo está publicado, e incluso en los libros se omiten algunos nombres y se ponen iniciales, pero lo que me dicen es que lo que le entregaron al Juez es otra cosa”, aclara Uranga.

La investigación deja en evidencia que los obispos estaban al tanto “de los movimientos que se estaban realizando con anterioridad al golpe de Estado de 1976”

Los documentos del tomo I abarcan el período 1966-1983 e incluyen las denuncias que recibió la jerarquía eclesiástica por parte de familiares, además de pedidos de informes requeridos sobre la última dictadura. La primera lista con detenidos-desaparecidos registrados por la Iglesia fue entregada en mano por el nuncio Pío Laghi al titular del Ministerio del Interior, el general Albano Harguindeguy, el 13 de julio de 1976. Según el archivo de la Iglesia, la dictadura respondió con “alguna información” en el 35% de los casos presentados por la Nunciatura; envió 260 cartas a la Iglesia —Nunciatura o CEA— en la que aportaba algo cuando se trataba de casos de detenidos puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (legalizados); y cuando se trataba de desaparecidos o apropiación de bebés, las respuestas eran evasivas o negativas como: “No se tienen registros”.

Memoria, verdad y justicia

“Esto no es la historia, es una historia”, afirmó Ojea en la presentación del libro. “Se trata de una versión de los hechos, una apreciación de acontecimientos muy graves y dolorosos de los que nuestro pueblo fue víctima, y que para muchos llega tarde e incompleto”, señala Tavani. “De todos modos, como bien se destacó hace unos días, es una historia no ‘la historia’, que deberá completarse porque aún hay vacíos y silencios que hablan por sí solos”.

En abril de 2023, Abuelas de Plaza de Mayo realizó pedidos de acceso a los aportes eclesiásticos ante el Juzgado Federal 2 de San Martín, en la búsqueda del testimonio completo que dejó Federico Gógala, capellán en el Hospital Militar de Campo de Mayo quien contó, en 2007, sobre la maternidad clandestina que allí funcionó. Su testimonio está citado en el tomo II de La Verdad los hará libres, pero no fue aportado a la Justicia por el Episcopado. 

Hace más de 40 años que la Iglesia Católica aparece mencionada reiteradamente en los testimonios de las víctimas por su falta de respuesta, o su compromiso con los represores durante la última dictadura cívico-militar. Al menos ocho sacerdotes fueron procesados por su participación en delitos de lesa humanidad y, aunque todos coinciden en señalar que esto llega tarde y que la falta de acceso a la documentación presentada por parte de los organismos de derechos humanos tampoco ayuda, algunos, como Tavani, intentan rescatar el gesto: “Revelar lo que guardaron por años, aún en parte, suma a la hora de recomponer aquel tiempo y al proceso de memoria, verdad y justicia por el que todo el movimiento de derechos humanos tanto han bregado”.