México
Los “millonarios del agua” aumentan el estrés hídrico de México

Comienza el mes de mayo y en México la gente mira al cielo tratando de prever cómo será la temporada de lluvias que debería comenzar en apenas unas semanas. Pese a que ya han llegado las primeras precipitaciones a algunas regiones, todo indica que este año la temporada será igual de seca que la anterior. Según la Comisión Nacional de Agua, 2023 fue el año más seco registrado en el territorio y el leve repunte de 2024 no fue suficiente para cubrir las necesidades de abastecimiento de la población.

Pese a no cruzar el umbral del estrés hídrico a nivel nacional establecido por la ONU, su disponibilidad de agua per cápita ha caído de forma sostenida en las últimas décadas hasta situarse en 2024 en los 3.692 metros cúbicos. Sin embargo, el análisis por estados evidencia enormes desigualdades. Mientras Chiapas o Tabasco gozan de una disponibilidad que supera los 15.000 metros cúbicos por habitante al año, en entidades como la Ciudad de México, Baja California o Nuevo León no alcanzan los 500 metros cúbicos, situándolas en condiciones de escasez severa. El caso más acuciante es el Valle de México, que apenas alcanza los 140 m³, viviendo en condiciones de estrés hídrico extremo.

La tendencia a la escasez del agua es una cuestión global, pero en México, más allá de los factores climáticos, la crisis hídrica enraíza en un sistema de concesiones que ha priorizado los intereses privados sobre el derecho humano al agua. “Existe una hidrocracia, millonarios del agua, empresarios que controlan el recurso”, asegura Ricardo Bando Ramírez, fundador de la Escuelita del Agua, un espacio de formación popular impulsado por comunidades que busca fortalecer la gestión hídrica comunitaria, defender el derecho al agua y visibilizar las injusticias del modelo de concesiones.

Privatización encubierta

El actual modelo de gestión del agua en México tiene su origen en los años 90, cuando la imperancia por la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) con Estados Unidos y Canadá empujó a México a realizar una serie de reformas estructurales orientadas a la atracción de inversión extranjera. “Para poder firmar, México tuvo que modificar muchas leyes e incluso la Constitución para permitir la libre entrada de empresas de fuera”, explica Bando.

Esto permitió la conformación de un marco legal orientado a ofrecer ventajas comparativas a los inversores foráneos, estableciendo para ellos tanto desregularizaciones fiscales como laborales y ambientales. “Las empresas extranjeras tenían menores tasas impositivas o incluso exenciones, podían pagar salarios más bajos a sus trabajadores y eran libres de contaminar impunemente sin ninguna consecuencia”, relata Bando sobre unas medidas que “según eran beneficiosas para el país pero que a la larga resultaron no serlo tanto”.

En marzo de 2021, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tomaron de forma pacífica la planta de Bonafont para exigir su cierre definitivo

Este contexto permitió la conformación del sistema de concesiones, permitiendo a empresas privadas, muchas de ellas transnacionales, hacer negocio con el agua. La defensa de este recurso como un derecho humano y la lucha contra su comercialización comenzó a despertar por todo el país. En el estado de Puebla, se conformó, por ejemplo, Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, quienes definen el sistema de concesiones como “una privatización maquillada, encubierta y permitida en todos los casos” y señalan el caso de Bonafont, embotelladora filial de Danone, como un ejemplo del “interés que el estado tiene en articularse con empresas privadas para lucrarse y traficar con el agua”.

Si Coca-Cola se bebe tu agua, bebe Coca-Cola

Redacción El Salto

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Redacción El Salto

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En mayo, la ONU denunció la situación de falta de acceso al agua de los hogares pobres y las comunidades indígenas de Chiapas. Una planta de Coca Cola absorbe millones de litros diarios a cambio de una compensación mínima establecida en los años 90.

La llegada de la embotelladora al Valle de Cholula a finales de la década de los 90 se hizo notar en las comunidades locales, que pronto comenzaron a notar una disminución progresiva en los niveles de agua de sus pozos y manantiales. Tras más de dos décadas de protestas, el hartazgo de la ciudadanía se consolidó en la organización como Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes. El 22 de marzo de 2021, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Agua, tomaron de forma pacífica la planta de Bonafont para exigir su cierre definitivo. Once meses después, la Guardia Nacional y la policía estatal desalojaron a los activistas y Bonafont, aunque recuperó el control de la planta, decidió no reanudar las actividades de extracción y embotellado. En septiembre de ese mismo año 2022, la empresa anunció que las instalaciones se reabrirían únicamente como almacén y centro de distribución, empleando agua proveniente de otras fuentes no locales.

Esta experiencia impulsó la articulación de resistencias similares en todo el país, naciendo en 2022 la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, un espacio de coordinación entre comunidades, organizaciones y colectivos que defienden el agua y el territorio frente al despojo y la privatización. Desde Jalisco participa el colectivo Un Salto de Vida, que asegura que hay empresas de todo tipo que sacan beneficio de la explotación del agua. “En el caso de Jalisco, actualmente quienes más concesiones tienen son los bancos”, explica Sofía Atahuelpa, miembro del colectivo, apuntando nombres como el canadiense Scotiabank o los españoles Banco Santander y Bancomer, propiedad de BBVA. Aunque en la lista de estos concesionarios hay también empresas alimenticias, refresqueras, automovilísticas y mineras, entre otras.

El negocio de la escasez

“Acaparan grandes concesiones agrícolas, extraen agua y luego la comercializan”, cuenta Atahuelpa sobre un negocio, el de las llamadas pipas de agua, camiones cisterna que se han convertido en muchas regiones del país en la única opción para tener acceso a agua. Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales más reciente, publicado por el INEGI en marzo de 2024, aunque el 99% de los municipios ofrecen servicio de agua potable mediante red pública, es preciso señalar que son pocos los municipios que ofrecen un suministro de agua continuo, siendo el suministro por tandeo el más habitual, lo cual hace a la ciudadanía dependiente de la capacidad de almacenaje de sus tanques de agua. Marcas como Rotoplas o Aquaplas dominan el mercado y sus cisternas, ubicadas sobre los tejados de todo el país, son ya parte del paisaje.

Más de un millón de viviendas en México se abastecen de forma recurrente por servicios de entrega privada de agua, especialmente por las variaciones estacionales que afectan la disponibilidad del recurso y alargan los periodos de entrega establecidos por los municipios.

“La realidad es tan absurda como que tenemos reconocido un derecho humano al agua y saneamiento, pero no tenemos una ley secundaria que lo regule”, señala Ricardo Bando

Mientras ciertas zonas gozan de disponibilidad casi permanente, otras sobreviven con escasos litros por habitante al día, lo que profundiza las brechas entre sectores urbanos y rurales, entre clases sociales, y entre quienes pueden pagar una pipa, cuyo precio por 12.000 litros oscila entre los 1.000 y 2.000 pesos (cien euros), y quienes no.

“El agua sigue siendo controlada por el gobierno y entregada a las empresas”, afirma Argelia Betanzos, del Colectivo de Mujeres Mazatecas de Eloxochitlán. Desde las comunidades rurales, como la suya, han visto no solo cómo sus fuentes de agua han sido saqueadas, expropiadas y vendidas, sino también cómo las autoridades han criminalizado sus propios sistemas de gestión. “Han criminalizado nuestras prácticas comunitarias, solamente porque hemos supuesto una resistencia para sus actividades”, asegura Betanzos.

Una ley que no reconoce el derecho humano al agua

La Constitución mexicana reconoce desde el año 2012 el derecho humano al agua. Con esta modificación se decretó que el Congreso de la Unión tenía 360 días para expedir una nueva Ley de Aguas. Sin embargo, más de una década después, esa ley sigue pendiente y la actual Ley de Aguas Nacionales (LAN), que data de 1992, no lo garantiza de forma efectiva. “La realidad es tan absurda como que tenemos reconocido un derecho humano al agua y saneamiento, pero no tenemos una ley secundaria que lo regule”, señala Ricardo Bando, haciendo énfasis en que “el derecho al agua, por ser un derecho fundamental, no puede estar en manos del mercado, ni estar sujeto al paradigma de los acuerdos público-privados, porque eso lo único que genera es corrupción, altos costos del servicio de agua y acaparamiento”.

Desde la Coordinadora Nacional “Agua para Todos, Agua para la Vida”, de la que forma parte la Escuelita del Agua, impulsaron una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas: “fue un proceso bastante largo que nos llevó muchos años porque se hicieron foros, se hicieron conversatorios, se hicieron seminarios, tuvimos que presentar casi 200 mil firmas y finalmente la presentamos el 4 de febrero de 2020”, explica Bando. A raíz de esa propuesta, se abrió un proceso de consenso en el Congreso de la Unión e, incluso en plena pandemia, se organizaron mesas de trabajo virtuales con legisladores para construir una propuesta consensuada de ley. “En el último momento el proceso quedó congelado”, declara Bando, quien cuenta que, aunque sigue trabajando con algunos congresistas tratando de impulsar una regulación que garantice el derecho al agua, es vox populi que el gobierno no tiene intención de hacer una ley general de aguas.