Migración
La EMT quiere universalizar los bonos de transporte para incluir a migrantes sin papeles

Actualmente, personas migrantes que llevan años residiendo en la ciudad de València no pueden ejercer su derecho a utilizar los bonos de descuento para el transporte público, existiendo una desigualdad importante con el resto de la sociedad. La actual normativa de acceso a la mayoría de los bonos de transporte de la EMT establece como requisito disponer de residencia legal, por lo que las personas que viven en la ciudad, pero no tienen permiso de residencia, no pueden obtener estas tarjetas para viajar con descuentos.

En la página web de la EMT se exige “tener residencia legal en España” para poder tramitar, obtener y renovar el Bono Oro, el Bonobus Personalitzat, el EMT ambTu y el EMT Infantil. Sin embargo, para València Acull “este criterio va en contra del principio de igualdad de trato y discrimina a un colectivo especialmente vulnerable de los vecinos y vecinas de la ciudad de València: las personas en situación administrativa irregular”, por tanto, reclamaron a la EMT para que se modificaran las normas “para que todas las personas residentes en València, independientemente de su situación administrativa, puedan acceder a los bonos transporte”.

En la página web de la EMT València se exige “tener residencia legal en España” para poder tramitar, obtener y renovar el Bono Oro, el Bonobus Personalitzat, el EMT ambTu y el EMT Infantil

En el mismo documento, la ONG también señaló que en el Informe jurídico-social sobre la situación de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana, realizado por la Universitat de València en 2018, se calculaba que unas 50.000 personas carecían de permiso de residencia en la Comunitat, unas 20.000 en la provincia de València. Esta situación genera desigualdad y muchos de ellos y ellas, a pesar de sus años de residencia real, no han conseguido regularizarse o sufren irregularidad sobrevenida. Ese mismo informe afirma que: “La primera condición para poder adquirir una situación de seguridad, bienestar, autonomía y verdadera inclusión es ser reconocido como portador de derechos, en igualdad de condiciones que el resto de la población. Y esto es algo que frecuentemente no ocurre con la población inmigrada y, menos aún con aquella que se encuentra en situación administrativa irregular”.

No obstante, el pasado 15 de junio, ante la falta de respuestas concretas por parte de la EMT, la ONG presentó una queja al Síndic de Greuges. “Le planteamos que no creemos que exista alguna dificultad administrativa para universalizar el acceso a todos los bonos transporte cuando no se establece el requisito de la residencia legal para obtener alguno de ellos”. Y por tanto, solicitaron su intervención para que “se garantice el derecho a estos bonos a todas las personas que vivan en València sin tener en cuenta su situación administrativa”.

Ante la solicitud de València Acull, el defensor del pueblo valenciano inició una investigación al considerar que “la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de igualdad”

Ante la solicitud de València Acull, el defensor del pueblo valenciano inició una investigación al considerar que “la actuación del Ayuntamiento de València podría afectar al derecho de igualdad” y le requirió para que emitiera un informe sobre la “posibilidad de universalizar los bonos de transporte, de manera que se pueda acceder a los mismos sin limitaciones”.

Finalmente, en el escrito de respuesta del pasado 3 de julio, remitido por el Ayuntamiento al Síndic, la EMT contesta “de manera afirmativa” a la propuesta de universalización de los bonos planteada por el Síndic. En la contestación también se señala que el criterio de exigencia de residencia legal “es ajeno a la EMT”, que ya no se aplica “en algunos títulos nuevos, como el EMT Refugi” y que “a finales de año se aprueban las nuevas condiciones de los títulos sociales por lo que, si se decide cambiar ese criterio, sería el momento apropiado”. Tras la respuesta de la EMT, el Síndic continúa tramitando la queja.

Sin embargo, a pesar de las gestiones realizadas, el nuevo equipo de gobierno municipal tendrá que decidir “si se continua excluyendo a las personas en situación irregular de los bonos de transporte o si aplica el planteamiento del Síndic” señaló València Acull.