Infancia
La Policía incluye casos ajenos a Infancia Libre en el informe sobre la asociación entregado a la Fiscalía

El informe de la unidad adscrita de la Policía Nacional de los Juzgados de Plaza de Castilla que recoge la investigación sobre la asociación Infancia Libre incluye los cuatro casos que han trascendido en los medios y otros que cumplirían alguno de los cinco parámetros que describe la Policía y que podrían ser indicativos de una posible actividad ilícita de esta asociación, según han confirmado a El Salto tanto fuentes de la Cadena Ser, que tuvo acceso al informe, como fuentes de la investigación. Entre los casos recogidos se incluyen algunos que no tuvieron contacto con la asociación pero sí cumplen alguno de los otros parámetros, según estas fuentes. El informe final fue entregado la semana pasada a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y será ahora la Fiscalía Provincial quien decida si lo judicializa como una causa general contra Infancia Libre.

Los parámetros serían cinco, según describe Cadena Ser y han explicado fuentes de este medio a El Salto: la existencia de denuncias de violencia de género fraudulentas, la existencia de denuncias por abusos sexuales presuntamente fraudulentos, la intervención de los mismos profesionales, la representación legal por parte de los mismos abogados y la coordinación desde la asociación Infancia Libre. El documento es extenso, contiene numerosos anexos e incluye al menos 22 casos que cumplirían alguno de los cinco indicadores, según este medio, aunque fuentes cercanas a la investigación indican que, aunque se valoraron más de medio centenar de casos, son menos de veinte los que cumplen alguno de estos parámetros según el informe. 

El contenido del informe recoge indicios y pruebas de los que se extraen una serie de conclusiones, entre ellas el posible uso de la asociación, cuyo fin social era la protección de los niños y la denuncia de negligencias en la protección a los menores en casos de denuncias de abusos sexuales, de forma ilícita para retirar la custodia de menores a sus padres con la complicidad de distintos profesionales.  

Fuentes de la investigación puntualizan que el cometido de la Unidad Adscrita es recoger esas pruebas y ponerlas en conocimiento de la Fiscalía, que será la que decida si se abre la vía judicial para el caso, y que corresponde a la Justicia determinar si la actividad de Infancia Libre podría constituir  un entramado criminal. 

Los casos que han trascendido hasta ahora en los medios de comunicación son los de María Sevilla, detenida el 1 de abril en Villar de Cañas (Cuenca); Patricia González, detenida el 11 de mayo en La Cabrera (Madrid); Ana María Bayo, detenida en su lugar de trabajo el 21 de mayo; y Rocío de la Osa, que acudió a declarar el pasado 18 de junio en Granada. Las dos primeras se encontraban en paradero desconocido para los padres de los menores.

Los parámetros descritos incurren en algunas contradicciones e inexactitudes en relación a estos cuatro casos. Así, por ejemplo, pese a que uno de los indicadores es la existencia de una supuesta coordinación desde Infancia Libre para interponer denuncias fraudulentas, en los cuatro casos que han trascendido hasta ahora las denuncias fueron interpuestas antes de la creación de la asociación.

INCONGRUENCIAS Y CONTRADICCIONES

De este modo, el informe de los agentes asume que Infancia Libre “dirigía” a las madres al psiquiatra Antonio Escudero, a la abogada Carmen Simón y a las psicólogas que desde Granada elaboraban informes para justificar la ausencia escolar del menor o el perjuicio que les causa visitar a sus padres. “Estos informes hechos ad hoc son utilizados después por las madres para denunciar a los progenitores y retirarles el régimen de visitas”, dice Cadena Ser. Sin embargo, las denuncias fueron presentadas en 2012, 2014 y marzo de 2015, es decir, en fechas anteriores tanto del acta fundacional de la asociación (agosto de 2015) como de su inscripción oficial en el registro de asociaciones (enero de 2016).

Además, pese a que la existencia de denuncias falsas es uno de los indicadores que utiliza la Policía, en ninguno de los cuatro casos que han trascendido ha quedado acreditado hasta ahora que las denuncias interpuestas por violencia de género o por abusos sean denuncias falsas. En los cuatro casos, las denuncias interpuestas por abusos sexuales contra los menores fueron sobreseídas de manera provisional.

En el caso de Ana María Bayo, su expareja tiene una condena por malos tratos contra la hija de ambos, condena que recoge la misma sentencia que lo absuelve del delito de abusos sexuales por falta de pruebas. Por otra parte, en el caso de la cuarta madre, María de la Osa, este medio pudo confirmar que su expareja tiene una condena por la comisión de vejaciones en el ámbito familiar emitida por un Juzgado de Violencia Contra la Mujer de Granada en 2014. 

El sobreseimiento es una forma de terminación habitual en los casos de denuncias por violencia de género por las particularidades del proceso judicial. En 2018, más del 40% de los casos de violencia de género que llegaron a los Juzgados de Violencia contra la Mujer acabó en su sobreseimiento provisional, según el Informe Anual del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

En el caso de los abusos sexuales, aunque no existen datos oficiales, el informe de Save the Children Ojos que no quieren verestima que 7 de casa 10 casos son sobreseídos. Este informe relaciona estos datos con las barreras del sistema para creer los testimonios de los niños y otros prejuicios que permean el sistema de administración de justicia.

PROFESIONALES DE LA SALUD Y ABOGADA

El informe de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional da por válida otra supuesta coincidencia, la de que la asociación utilizaba los servicios de una serie de profesionales que emitían informes a la carta. Sin embargo, en los casos que se conocen hasta ahora ni los profesionales a los que se apuntan fueron los únicos que valoraron a los hijos de estas cuatro madres, ni todas han pasado por las mismas consultas.

De este modo, los menores ya contaban en algunos casos con informes que acreditaban una posible situación de abuso o habían expresado en diferentes momentos el haber sufrido abusos cuando llegaron a las consultas de Narcisa Palomino o Antonio Escudero Nafs, la pediatra y el psiquiatra que supuestamente formaban parte de esta “trama”, y que han sido respaldados por la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y por la Asociación Española de Neuropsiquiatría - Profesionales de Salud Mental (AEN) respectivamente.

El informe policial, según la información de Cadena Ser, enumera también entre las coincidencias el que las madres hayan recurrido a la misma abogada, Carmen Simón, para sus pleitos. Simón ya explicó en declaraciones a El Salto que conoció a las mujeres en diferentes momentos procesales y que en ningún caso era su representante cuando estas mujeres interpusieron las denuncias por violencia de género o por abusos sexuales. 

Simón mantiene que las cuatro mujeres habían tenido diferentes abogados antes de llegar hasta ella y que lo hicieron con casos particulares. Además, asegura que nunca ha interpuesto una denuncia por abusos sexuales a la infancia.