Industria
Balada de la industria pesada asturiana

Queda una semana escasa para evitar el expediente de regulación de empleo con el que la multinacional Vesuvius quiere echar el cierre a sus plantas de Langreo y Miranda de Ebro (Burgos). El 14 de octubre finaliza el periodo de consultas del ERE y la postura de esta multinacional del metal en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) no se ha movido. La multinacional solo contempla el cierre y, temporalmente, la plantilla y los sindicatos se agarran a una posible paralización cautelar que dé algo de margen para buscar las formas de conservar los 111 puestos de trabajo de la planta asturiana y los diecisiete de la mirandesa.

El secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, refiere que la plantilla y los sindicatos siguen pidiendo a la empresa que retire el expediente, “que no tiene razón de ser”. Manzano recuerda que Vesuvius lleva a cabo una actividad “altísimamente rentable”, que ha dejado beneficios millonarios en los últimos ejercicios. Pero reconoce que hasta ahora se han encontrado con un “frontón”. Aunque hoy lunes 7 de octubre está planteada una reunión convocada por Industria de todas las partes, Vesuvius cuenta con la reforma laboral de 2012 como principal ayuda para sus planes. Una legislación que deja a la voluntad del empresariado la ejecución de ERE en situación de beneficios ante la previsión de pérdidas “en el medio o largo plazo”.

Confluencia de problemas

Llueve sobre mojado en la Cuenca del Nalón. El cierre, en diciembre de 2018, de los últimos pozos mineros de Carrio y Santiago dejaron en la comarca un vacío que la industria pesada, en un proceso de aligeramiento que dura décadas, tampoco va a llenar. Holm-Detlev Köhler, profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo y editor, en 1996, del libro Asturias, el declive de una región industrial, prefiere hablar de la “drástica” reducción y modernización de la industria siderúrgica antes que del manido título de la “reconversión”. La industria, señala, ha mejorado sustancialmente su capacidad productiva pero la privatización, en la que se entró a partir de los años 80, ha supuesto una reducción en términos de empleo.

Damián Manzano cree que en lo que va de año han eclosionado una serie de problemas que “siendo diferentes están confluyendo todos a la vez”. A la desaparición de la minería se le unen los problemas en la industria electrointensiva —que depende de los costes de la energía— y de la siderurgia, cuyas empresas compiten con la entrada de productos más baratos —y de peor calidad y estándares más bajos, recalca Manzano— procedente de países como China o Turquía. Por último, recalca este sindicalista, los derechos de emisiones, que se deben reasignar en 2020 en el marco del acuerdo de París, aumenta la presión sobre las multinacionales o, lo que es lo mismo, reduce su expectativa de beneficio.

Es una tendencia continental, asume Manzano, “pero en Asturias confluye todo porque tenemos mucha presencia de todos estos sectores”. Para Holm-Detlev Köhler, “lo que se vive en este momento es un efecto de la globalización y de las estrategias de las multinacionales, que son cada vez más volátiles”. De este modo, empresas como Vesuvius —que en el primer semestre del año declaró unos beneficios de 55,8 millones de euros y aumentó los dividendos a repartir un 3,3%— mueven sus fichas para optimizar sus resultados, dentro de la lógica financiera de sus máximos accionistas: Cevian Capital, que tiene dos de cada diez acciones, Standard Life Investments, o JP Morgan.

Enrique Gallart, miembro del Comité Central de Partido del Trabajo Democrático y redactor del digital La Mayoría, en el que ha publicado artículos sobre los conflictos de Vesuvius, Alcoa o ArcelorMittal, coincide en que el ERE de la metalúrgica es parte de una estrategia diseñada para “adelantar acontecimientos”. La contracción de la economía alemana y la “recesión gradual y sincronizada” de la que ha advertido el director interino del FMI, David Lipton, ha provocado movimientos defensivos por parte de los fondos de inversión. Para Gallart, esto ha llevado a una “presión creciente de las empresas para apretar a las plantillas” que no ha dado comienzo este año “sino que se observa desde hace al menos dos años”.

Una crisis de sobreproducción —y de la caída de la tasa de rentabilidad del capital— que se encuentra en el origen del crash de 2008 y que se superpone a los problemas que la industria pesada afronta con el cambio tecnológico y la crisis climática. La especulación, resume Gallart, da más retorno que la inversión en la economía productiva. Los impactos se sienten en Langreo, en Avilés, y en todo el principado, dado los síntomas de que la todopoderosa ArcelorMittal también está haciendo movimientos para “surfear” la recesión que apunta en el horizonte.

El empleo después de Alcoa

El 31 de julio, diez meses después de que la multinacional estadounidense Alcoa anunciase su intención de cerrar las plantas de la empresa en A Coruña y Avilés, el fondo de inversión Parter Capital Group —con fama de “desguazadora” de empresas— hacía oficial la adquisición de las fundiciones y la planta de pasta que estaban bajo amenaza de cierre. Satisfacción para el Gobierno del Principado por las negociaciones que salvaron “800 empleos, directos e inducidos”, según el entonces presidente de la Junta, Javier Fernández. Buenas noticias también para las 630 personas que trabajaban en Alcoa, ya que Parter Capital Group se comprometía a, durante dos años, mantener a la actual plantilla. No ha trascendido cuáles son las contraprestaciones y garantías, más allá de que la empresa solo mantendrá el acuerdo sobre empleo si “el precio de la energía lo permite”, lo que devuelve al primer plano uno de los aspectos fundamentales de la posición que Alcoa ocupó antes de su espantada de 2018.

La responsabilidad, indica Damián Manzano, está en manos de la administración, ya que aunque, desde el verano “en Alcoa está todo el mundo trabajando y además en las mismas condiciones”, hay un acuerdo para elaborar un mecanismo equiparable al de otros países de la UE que reduzca las costes energéticos para la continuidad de la actividad “electro-intensiva” de las plantas.

Unas ventajas que Manzano considera erróneo considerar subvenciones, porque, según explica, son un mecanismo que suponía derivar energía hacia el sistema eléctrico para que no queden sin abastecer zonas de producción cero de energía, como Madrid o la costa oriental, y que acarrean una compensación por el impacto del apagado de las plantas y la parada de la producción. Aún así, este sindicalista reconoce que los nuevos mecanismos deben estar ligados a la producción de energías limpias y renovables y quedar vinculados a los puestos de trabajo.

Gallart apunta un “pero” de tipo ético que consiste en que el Estado —con el objetivo de retener a estas empresas de alta intensidad energética— está aportando beneficios de esta forma —y por medio de subastas energéticas poco transparentes— a multinacionales con beneficios millonarios que dan dividendos todos los años “en un país en el que la gente apaga la bombilla porque no tiene dinero a fin de mes”. Una de las posibles vías para exigir a las empresas mayor compromiso social, indica Holm-Detlev Köhler, es condicionar esas ayudas a compromisos activos para mantener el empleo y aumentar la calidad del mismo.

ArcelorMittal: ¿Constipado o maniobra? 

Dos semanas antes de la inauguración de la Expo 92 de Sevilla, considerado uno de los hitos de la construcción de la imagen moderna de España, tenía lugar en Avilés una huelga general contra la “reconversión” de la Empresa Nacional Siderúrgica (Ensidesa). Hace 25 años se convertía en irreversible, a raíz del Plan de Competitividad Conjunto, el proceso de privatización que dio lugar a Arcelor, hoy ArcelorMittal, un mastodonte en Asturias y la mayor compañía siderúrgica mundial. Un plan que establecía la eliminación de 10.347 de los 24.489 puestos de trabajo que sumaban Ensidesa y la vasca Altos Hornos de Vizcaya.

En 2017, según el dossier que Ter García hizo para Yoibextigo, la plantilla de Arcelormittal estaba compuesta por 8.605 personas, más otros 2.380 subcontratados. Y bajando. En junio de este año, Arcelor, el mayor empleador de Asturias, volvía a hablar de una situación “crítica” y de la necesidad de prescindir —sin despidos— de 200 puestos de trabajo. Un mes antes, la empresa —cuyo capital sigue en una tercera parte en manos de la familia hindú Mittal— había anunciado que sus plantas asturianas tendrían que reducir en 700.000 toneladas la producción en Asturias.

Se dice que cuando Arcelor estornuda, toda Asturias se constipa. El objetivo es que, durante la negociación colectiva en marcha, el constipado no degenere en algo peor. Los síntomas son preocupantes: el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha pedido una reunión con la dirección de la empresa para hablar del futuro.

Para Manzano, el problema se extiende a la siderurgia y las soluciones solo se pueden abordar desde una perspectiva europea. “La entrada de esos productos de terceros países que no cumplen en términos medioambientales, laborales y de calidad, solo se pueden afrontar con medidas que permitan competir en igualdad de condiciones”, explica el responsable de Industria de Comisiones Obreras en Asturias. De nuevo, la rebaja de costes energéticos parece la vía para evitar que la fábrica de Avilés se resienta de su hándicap principal: los altos costes laborales en relación a otras plantas.

No obstante, como señala Manzano, el problema de la siderurgia, es el mismo para esos otros países y seguirá marcando el futuro del acero, “aún reconociendo esa realidad, lo que estamos diciendo a Mittal es que no puede pretender vincular la negociación puntual de un convenio colectivo a esa situación que, como han reconocido, no depende en absoluto de los costes laborales y salariales”.

Enrique Gallart recuerda que “en un contexto en el que hay sobresaturación del mercado —sobra acero por todas partes—, donde la industria del acero está acusando un frenazo de la actividad, con competencia internacional muy fuerte, con la cuestión medioambiental... todo se supedita al ‘target’ de dividendo” por acción que aprobó la multinacional en su plan 2020. Para este analista, como en otras ocasiones, el objetivo de Arcelormittal es “acogotar a la plantilla”, creando una situación de alarma de cara al nuevo convenio.

Nuevas estrategias

El diagnóstico de Femetal, la patronal de la industria asturiana, no deja demasiado espacio al optimismo. “Hoy trabajan en Asturias 53.500 personas menos que hace una década”, explican en su documento 22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias, “mientras nuestra industria ha dejado de crear al año casi 819 millones de euros de riqueza en una década, la del resto de España ha sido capaz de crecer en ese mismo tiempo en más de 6.942 millones”. Otro dato: en una década, en Asturias se ha perdido una de cada cuatro empresas con más de cien personas en plantilla. El sector, que arrastra una crisis general en España —en los siete primeros meses del año el 65% de las personas afectadas por un ERE trabajaban en la industria—, sufre la crisis especialmente en las zonas industriales tradicionales: Bizkaia —donde en la última semana las protestas por el nuevo convenio del metal han paralizado la actividad—, Galicia, y el Principado.

Si 2018 fue un año muy bueno para la industria asturiana —y el entonces consejero de Industria sacaba pecho del 20% del PIB autonómico que supone ese sector en la economía—, 2019 no ha ido por la misma senda. La última EPA cifra en 5.000 los puestos de trabajo perdidos por la industria en el último año y, si bien Damián Manzano considera que la encuesta de población activa incluye en la clasificación actividades que no son consideradas tradicionalmente “industria”, cree que es innegable que la situación “está sometida en su conjunto a un momento de tensión y de problemas; pero también que es un hecho que ninguno de estos problemas se resuelve recortando, reduciendo o eliminando condiciones laborales, sociales y salariales de los trabajadores”. Para Manzano, son necesarias medidas que no permitan las deslocalizaciones y que establezcan una nueva reglamentación acorde con las exigencias medioambientales que la propia Unión Europea reclama.

La endémica falta de interés de los Gobiernos centrales por la política industrial se ha hecho notar especialmente en esta provincia, apunta Holm-Detlev Köhler. Unido al fin de la minería y al cierre de los astilleros, la situación del empleo —y la migración por motivos económicos de la juventud asturiana— apenas ha remontado pese a los últimos años de recuperación. “El cierre de las minas y la reducción de otras industrias tradicionales es difícil de paliar”, explica Köhler “tiene consecuencias visibles particularmente sobre las cuentas mineras en Asturias; llevan treinta años perdiendo población y sufriendo envejecimiento”. Para este sociólogo, el futuro pasa por el fomento de tecnologías e industrias renovables y limpias, pero a día de hoy solo hay un puñado de ejemplos en esta dirección.

Enrique Gallart considera que hay que tomar nota de los anteriores episodios de ERE y despidos masivos para no repetir los errores que se cometieron en el periodo entre 2008 y 2013: “Sindicalmente, creo que hay que recuperar la idea central de que hay que intentar que no se corte la clase obrera en distintos cachos, en categorías, escalas. Todo lo que sean medidas de ampliación de la negociación colectiva a todos esos sectores, a organizarlos, a que se les incorpore a la lucha de clases, me parece que es una cuestión estratégica para los sindicatos, si quieren sobrevivir a la embestida que viene ahora”. En paralelo, explica Gallart, es importante abrir un debate de propuesta colectiva que contemple mecanismos de intervención estatal en las empresas, “con matices, grados e intensidades”.

Durante la crisis de Alcoa, la plantilla insistió en esa posibilidad de intervención pública —a través de la SEPI o de otro instrumento— pero la aparición del hedge fund Parter Capital interrumpió ese debate. Para Gallart, es importante estudiar esa gradación de la intervención, que puede ir desde la recuperación completa de la empresa hasta la compra de un paquete significativo de acciones: “Pongo un ejemplo, la planta que tiene Arcelor en el Sarre es un sistema complejo, en el que una fundación tiene el 60% de las acciones y Mittal solo el 30%, que no está exento de problemas pero donde no existe ese chantaje constante que hay aquí”.

La emergencia climática, el caos introducido en el mercado del acero durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y la incapacidad de la economía mundial de superar el modelo de sobreproducción que produjo el estallido de 2008 y que amenaza con una nueva recesión, coloca al tejido productivo de Asturias y por extensión de toda la cornisa cantábrica ante un cúmulo de problemas que hace solo un año parecían lejanos. La “muerte dulce” del Principado, de la que hablaba Carlos Prieto en un artículo de El Confidencial, puede ser aún más muerte si no hay un plan que permita, por primera vez, que la reconversión de la industria no sea un eufemismo para hablar de la acumulación, esta vez, por parte de los fondos de inversión.