Hemeroteca Diagonal
El negocio millonario de reprimir protestas

El Gobierno ha comprado 15 millones de euros en gas lacrimógeno, fumígenos y otros instrumentos represivos a la empresa Falken, de la familia Bardisa Jordá.
Antidisturbios disparan balas de goma
Los antidisturbios disparan sus escopetas las tarde del 14 de noviembre en el centro de Barcelona. Ramón Fornell
9 may 2012 13:46

Nosotros somos policías y tenemos una serie de herramientas, como un carpintero tiene un martillo o como un pintor tiene un pincel”, explicaba un antidisturbios en un programa emitido recientemente en televisión. En la pasada jornada de huelga se pudo ver cómo las fuerzas del orden sacaron a la calle muchas de estas herramientas en Barcelona.

Gas lacrimógeno y pelotas de goma fueron utilizados contra miles de manifestantes en plaza Catalunya, una dinámica que tiene pinta de volverse habitual a la vista de la criminalización que el Gobierno está haciendo de los movimientos sociales.

A pesar de que ya hay una víctima mortal causada por balas de goma y sobrepasa la veintena las personas que han perdido un ojo por su uso en el Estado, y de que otras armas también denominadas “menos letales”, como las pistolas Taser o el gas pimienta, son calificadas por Amnistía Internacional como herramientas de tortura, las fuerzas de seguridad las tienen entre su equipo, en muchas ocasiones como dotación básica.

Spray de autodefensa

Una de estas armas “menos letales” es el spray de autodefensa, un aerosol formado a partir de la capsaicina, compuesto que produce espasmos, irritación de la piel y dificultad para respirar durante un tiempo promedio de media hora, y que en España contiene también un 5% de gas lacrimógeno CS.

Este aerosol, que se ha relacionado con la muerte de al menos 61 personas en EE UU, es parte del equipo básico de las policías locales de Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana. También es dotación complementaria en varios municipios de Extremadura, Cantabria y Galicia, como Ferrol, donde a finales de enero fue utilizado en una protesta de astilleros. En junio de 2011, el Ministerio de Interior sacó a licitación una compra de sprays de defensa personal por un importe de 97.000 euros para reponer los 105.000 euros en spray que compró en 2005. Aunque en la mayoría de los países europeos su uso está limitado a la policía, en España cualquier ciudadano mayor de edad puede comprar este tóxico por un módico precio que va de los diez a los 20 euros.

Pistolas eléctricas

El Taser, una pistola que dispara cargas eléctricas paralizantes, despertó la alarma social hace varios años, después de que Amnistía Internacional cifrara en medio millar los muertos por su causa sólo en Estados Unidos. Esta pistola eléctrica, que parece un artículo de juguete, sigue siendo utilizada por la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y policías locales.

Aunque no hay información en el BOE sobre las compras de estas pistolas eléctricas, ya que Soler i Associats, distribuidora oficial del Taser, tiene un contrato de confidencialidad con el Gobierno, en su página web se puede ver que cada una de estas ‘pistolitas’ cuesta de 550 a 3.200 euros. Su uso está especialmente extendido en Canarias,  Cataluña y Comunidad Valenciana. Hasta junio del año pasado, la empresa catalana Soler i Associats, distribuidora oficial del Taser en España, había vendido 600 de estas pistolas al Ministerio de Interior y Defensa. Cada una de ellas tiene un precio que va de los 550 a los 3.200 euros.

Porras extensibles

El Departamento de Interior vasco restringió en 2005 a la Ertzaintza el uso de las defensas o porras extensibles “dada su potencial peligrosidad”. De hecho, pocos meses después, en julio de 2005, un hombre murió en una comisaría de Roquetas de Mar (Almería) tras ser golpeado con este tipo de porras por agentes de la Policía Local. Aún así, su uso sigue siendo habitual por parte de la Guardia Civil de Tráfico, que ese mismo mes adquirió 3.000 de estas armas, y por los Mossos d’Esquadra, a los que la Generalitat dotó en 2010 con 11.000 porras extensibles metálicas por las que pagó más de 370.000 euros a Usis Guirao, una empresa catalana que igual vende productos de electrónica que armas y uniformes.

Canarias y Levante son los que más han apostado por este tipo de armas tachadas de “menos letales”, pero otras policías locales también las cuentan entre su equipo. En Madrid, la policía local recibe como dotación la defensa extensible, y en la normativa de la Comunidad Valenciana se especifica el uso de la extensible metálica, prohibida en Canarias y otras comunidades. La ASP, que es la porra extensible más común en manos de los cuerpos de seguridad, la distribuye en España Soler i Associats, misma empresa que comercializa el Taser, y su precio ronda los cien euros.

Gases lacrimógenos

Como en Grecia, Egipto y Bahrein, donde se cuentan varias decenas de muertes por su uso, los cuerpos de seguridad españoles han vuelto a utilizar, por primera vez en 16 años, el gas lacrimógeno para reprimir manifestaciones. Para ello ya se prepararon en diciembre de 2011 con una compra de este gas por cerca de un millón de euros a la empresa Falken, una de las niñas bonitas del gobierno para la compra de esta “herramienta”. 

El gas lacrimógeno utilizado en España es el CS, clasificado como “no letal” a pesar de causar un severo daño en pulmones, corazón e hígado. Eso sí, en espacios cerrados sí se ha señalado su carácter letal. Falken, empresa de la familia de Ismael Bardisa Jordá, diputado del PP por Madrid desde 1996 hasta 2008 y actualmente miembro del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, ha sido adjudicataria de hasta 46 contratos públicos para proveer al Gobierno español de gas lacrimógeno y fumígenos especialmente, pero también de grilletes, máscaras anti-gas o balas de goma. Muchos de estos contratos fueron por procedimiento negociado y sin publicidad. En estos 17 años, Falken ha recibido más de 15 millones de euros del erario público.

Balas de goma

Las balas de goma se utilizan en España desde los ‘70 y, a pesar de que desde entonces han provocado que una veintena de personas perdieran un ojo y la muerte de Iñigo Cabacas el 29 de marzo, el Gobierno español sigue optando por su uso. Desde 2008 está abierto a licitación un contrato público para proveer de bolas de caucho a la Guardia Civil por un importe inicial de 86.000 euros, menos de los 114.000 que se gastó en 2005 en este tipo de munición, pero mucho más del importe que se destinó en los 90’, década en la que se adjudicaron dos contratos por 53.900 y 27.000 euros.

Mientras, las policías autonómicas afirman que van a empezar a relevar su uso por el de los lanzadores BT y las balas de foam, que comenzaron a adquirir el año pasado, cómo no, a Soler i Associats. La alternativa tampoco está libre de polémica, ya que entre sus efectos está la inhibición muscular temporal y hasta 45 días con dolores en la zona, y ya se ha alertado de su peligrosidad a distancias menores de 25 metros. Desde 1998, el Gobierno se ha gastado más de 195.000 euros en balas de goma, y hay anunciado un concurso público con un presupuesto inicial de 86.000 para adquirir 100.000 balas más. Cada una de las balas de goma que el Gobierno va a adquirir costará cerca de 90 céntimos, casi el doble que en los '90.

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