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España hace más dura la 'directiva de la vergüenza'

Un informe de varias organizaciones europeas de derechos humanos hecho público el miércoles alerta de que en al menos tres estados europeos --España, Italia y Chipre-- la aplicación de la conocida como 'directiva de la vergüenza', que permite a los países de la UE detener por periodos de hasta 18 meses a inmigrantes sin tarjeta de residencia, es todavía más dura de lo exigido por la Comisión Europea. De hecho, destacan que estos estados incumplen algunas de las supuestas garantías en el proceso de expulsión reguladas por la directiva, como el régimen de visitas, la atención sanitaria, la detención de menores o la frecuencia del recurso a las expulsiones.

La directiva fue aprobada en 2008 y un año después su contenido fue incluido en la reforma de la ley de Extranjería. El entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificó el apoyo de su partido y su Ejecutivo a la directiva con el argumento de que ésta suponía “un paso adelante por incluir garantías que no existían antes”. Lo que dicen las asociaciones que han realizado el estudio -la red migreurop y sus contrapartes españolas SOS Racismo-Mugak y Acoge- es que en los tres países estudiados “se han aplicado más comunmente los aspectos más duros” de la directiva, y que en otros aspectos no sólo no se cumplen algunos de sus mandatos sino que se contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos. El estudio no excluye que esto suceda en otros países, simplemente recoge las conclusiones de los equipos que han visitado centros de detención -CIE, como se les conoce en el Estado español- en estos tres estados.

Así, el informe destaca que en estos países el recurso a los internamientos y “los migrantes son privados de su libertad incluso en los casos en que las deportaciones no se pueden llevar a cabo (por ejemplo cuando el país en cuestión no los acepta)”. En el caso español, la ley abrió distintas formas de control de lo que sucede dentro de los CIE, como la creación de juzgados especiales de vigilancia y la concesión de permisos a ONG para la realización de visitas dentro de estos centros. Sobre estas últimas, el informe recuerda que “la extensión de permisos para la visita está completamente sujeta a la discreción de las autoridades, lo cual puede llevar a arbitrariedades”. Y recuerdan que el reglamento que debería haber actualizado aspectos del funcionamiento de los CIE, como el régimen de visitas de las asociaciones, lleva tres años atascado cuando debería haberse aprobado en un plazo de 6 meses tras la Ley de Extranjería de 2009.

El informe también critica la “criminalización” que supone en estos países, y específicamente en el Estado español, el internamiento en los CIE y las llamadas por el ministerio de Interior “expulsiones cualificadas”, aquellas que se aplican a quienes han cometido supuestamente delitos considerados graves como actos terroristas o de violencia machista. Según denuncian, la creación de esta categoría de expulsiones -que Interior detalla anualmente desde la época de Rubalcaba en sus informes sobre control de fronteras- “refuerza la idea, en la opinión pública, de que la expulsión es una medida que sólo se toma contra los criminales. En la práctica, se usa comúnmente para expulsar a personas que sólo han infringido la ley de extranjería”. En este sentido, el informe rescata los datos difundidos por la Defensora del Pueblo, según los cuales de 11.325 personas detenidas en los CIE durante 2012, 6.645 habían sido interceptadas en la frontera y por tanto, “no pueden haber cometido un crimen” en territorio español.

La conocida como directiva de la vergüenza fue propuesta y aprobada en 2008 por la Comisión Europea. Oficialmente llamada directiva de retorno, su intención declarada era crear un marco normativo común para la detención y expulsión de inmigrantes sin permiso de residencia en países socios de la Unión Europea. Pronto recibió el apelativo por normalizar -y en algunos casos, agravar- lo que para distintas organizaciones de inmigrantes, juristas, y grupos pro derechos humanos supone una discriminación: la detención y expulsión por algo -la mera estancia irregular-- que es apenas una falta administrativa en países como España.