Balas de goma: un historial de impunidad

En la huelga general en Barcelona dos personas perdieron un ojo por el impacto de proyectiles de goma disparados por los Mossos d’Esquadra, a dos personas más se les tuvo que extirpar el bazo y otra tuvo dos costillas rotas y una perforación en un pulmón. Pocos días después, Iñigo Cabacas moría en Bilbao por el impacto de una pelota de goma lanzada por la Erzaintza.

Desde 1990, en el Estado español 23 personas han perdido un ojo a causa de estos proyectiles. Los proyectiles de goma no son un arma antidisturbios reciente, como tampoco lo es la polémica que los acompaña. El Parlamento europeo ya instó en 1982, después de que por su causa murieran 12 personas en Irlanda del Norte —entre ellas siete niños menores de 15 años—, a que todos los Estados miembros prohibieran el uso de este tipo de armas contra la población civil. El Parlamento europeo volvió a pronunciarse en el mismo sentido en 1984 y en 1997.

Las balas de goma y los fusiles que las disparan están considerados como armas menos letales, pero esta menor letalidad está seriamente cuestionada. Uno de los estudios más importantes fue el realizado en 1997 por el Science and Technology Options Assessment (STOA), un órgano oficial del Parlamento europeo para asesoramiento en cuestiones de ciencia y tecnología. En este informe se señalaban los 522 julios de energía cinética como el límite que distingue a las armas letales de las menos letales. Las balas de goma utilizadas por los cuerpos policiales españoles adquieren los 830 julios.

Fuerza desproporcionada

Las balas de goma están fabricadas de caucho macizo, con un peso de 85 gramos y un diámetro de 54mm. Son disparadas con una escopeta Fabarm, Sdass Pro Forces, de fabricación italiana, a una velocidad de 200m/s (720 km/h). Un disparo a 50 metros produce un trauma de más de 45 mm, que llega a los 61 mm si el disparo se realiza a 20 metros. Su impacto puede causar, además de la pérdida del ojo, graves lesiones como hematomas cerebrales, perforaciones pulmonares e intestinales, hemorragias internas y lesiones en las extremidades. Su trayectoria es completamente imprevisible, debido a que la pelota de goma se deforma y el rozamiento con la bocacha de la escopeta le imprime efecto haciendo que la trayectoria no sea recta y que los diversos rebotes sean impredecibles, lo que produce un impacto completamente aleatorio que no puede ser controlado.

Las normativas de uso de la policía indican que debe dispararse a una distancia mínima de 50 metros del objetivo, se ha de disparar contra el suelo para que no impacte directamente y ha de golpear por debajo de la cintura. La mera existencia de estos protocolos muestra que existe un conocimiento de los peligros que su uso entraña, pero el elevado número de víctimas de las balas de goma impugna la validez de estos protocolos, toda vez que, como se ha dicho, los impactos de esta munición son totalmente aleatorios.

A ello hay que añadir la impunidad y el corporativismo que rodea las actuaciones policiales, que esconde a quien ha realizado los disparos. No se conoce ninguna sanción interna a ningún miembro policial por no haber respetado los protocolos de uso. El uso de las balas de goma representa la aplicación de una fuerza arbitraria sobre un grupo toda vez que es imposible un uso selectivo. De conformidad con la normativa internacional de derechos humanos, los Estados tienen la obligación de evitar el empleo arbitrario o excesivo de la fuerza para hacer cumplir la ley, así como toda fuerza que se preste a infligir un daño o dolor innecesario.

Las balas de goma no respetan el principio de proporcionalidad, ya que pueden causar un daño mayor a los daños que se pretendían evitar. Es por ello urgente, tal como solicitan las asociaciones de afectados como Stop Bales de Goma, la prohibición del uso de los proyectiles de goma como arma policial.