Opinión
Sobre el derecho de todas las personas a la vida independiente, incluidas en la comunidad

Que los seres humanos precisamos de cuidados en distintas etapas de nuestras vidas, es una realidad indiscutible. También lo es el hecho de que algunas personas los precisan (llámense cuidados, asistencia o apoyos) de forma continuada hasta el final de sus días.

Paradójicamente, y a pesar de esta pertinaz evidencia, desde las instancias políticas pero también de forma muy generalizada por una gran parte de la sociedad, los cuidados se encaran como una cuestión secundaria y, en demasiadas ocasiones, como si fueran un problema de otros. Pareciera que la mayoría no tiene un hijo, una madre, un primo, un marido o una amiga que precise de apoyos en su día a día. Sorprendente.

Otro aspecto que llama la atención sobre este asunto es que sigue anclado en un modelo que descarga la mayor parte de la responsabilidad sobre las familias y especialmente sobre las mujeres, de las que se espera que, además de ser productivas, se hagan cargo de dar estos apoyos o bien que, al menos, sean productivas ocupándose de ellos. Claro que, cuando esta solución no es viable, se opta por recluir a los principales protagonistas en instituciones que los apartan definitivamente del resto de la sociedad. El recuerdo terrorífico de lo sucedido durante la pandemia en residencias y lo que sigue sucediendo dentro de ellas, sobre todo en este momento, en lo que se refiere a recortes escandalosos de libertades individuales, nos debería encaminar hacia soluciones más humanas, y eficaces, en todos los sentidos.

No es admisible que el disfrute de derechos dependa de la voluntariedad de otros

Es hora de empezar a tomar medidas serias que reviertan este orden de cosas. Partiendo de que las personas con diversidad funcional, las llamadas dependientes y las personas mayores, que con frecuencia están incluidas en estos grupos, son sujetos de derecho. No es admisible que su disfrute dependa de la voluntariedad de otros, o se vean menoscabados por la perversión de un sistema que anula la voluntad y el control de la propia vida de quienes se encuentran en estas circunstancias.

Desde hace más de medio siglo, en distintos países existe la opción de la Asistencia Persona como herramienta que permite a las personas que precisan de apoyos vivir en su entorno habitual, gestionando sus propias vidas, decidiendo quién se los da, cuándo y cómo los reciben. No existe una opción de cuidados o mejor, de autocuidados, que empodere más y ofrezca mayores garantías de respeto a los derechos humanos de las personas usuarias. Su eficacia en la prevención de violencias sobre estas personas es innegable, así como en la facilitación de la inclusión en la vida comunitaria a todos los niveles. Al mismo tiempo permite a los familiares, principalmente a las mujeres, tener su propio proyecto de vida. Por si fuera poco, es una fuente de empleo local y revierte a la sociedad importantes beneficios sociales y económicos.

La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Observación General nº 5 de la propia ONU reconocen y exponen detalladamente tanto la necesidad como la obligación de los Estados Parte de garantizar el acceso a este recurso.

Esta prestación forma parte del catálogo ofrecido por la Ley de Dependencia, aunque de forma tan subliminal y con tan poco presupuesto que su implementación es ridícula. En la comunidad andaluza, el número de personas que perciben la prestación por la Ley de Dependencia son catorce, lo que demuestra el nulo interés de los sucesivos gobiernos en un desarrollo normativo que la regule de forma suficiente. Mientras, un proyecto piloto pionero gestionado por Viandalucía, alentado por la Proposición No de Ley aprobada en 2013 por nuestro Parlamento y que nació con vocación de mostrar los beneficios de esta herramienta, ve cómo su presupuesto se ha ido menguando año tras año desde la Consejería, hasta el punto de que en este momento peligran tanto el proyecto como la vida digna en inclusión de las personas participantes en él. Este año hará nueve desde la publicación de la PNL. Nueve años esperando, en definitiva, que se regule debidamente una herramienta que permita la vida independiente a las personas que lo precisan en Andalucía.

Es imprescindible ya, y vamos muy tarde, la regulación normativa en nuestra comunidad, al menos hasta que se apruebe una Ley de Vida Independiente o de Asistencia Personal estatal digna.

Como ya se ha dicho, es hora de que la sociedad reaccione ante la imposición de servicios y prestaciones que vulneran derechos humanos al tiempo que enriquecen a empresas a costa de la vida en pie de igualdad, la libertad, la economía de las personas usuarias y, en muchos casos, también la de sus familias. Porque toda persona puede estar en cualquier momento en situación de precisar esos apoyos y porque con los derechos humanos no se juega.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) se une a esta denuncia por la vulneración de los derechos humanos. El centro deben ser los cuidados desde una perspectiva que dignifique, respete y empodere a las personas. Los poderes públicos, en este caso el Gobierno andaluz, deben regular normativamente este servicio y dotar los medios necesarios que la Atención Personal requiere de forma permanente y extensiva.