Coronavirus
El “lamentable” estado de las personas mayores en una residencia relacionada con un imputado de la Gürtel

“Esto lo tiene que saber todo el mundo. Es una residencia pública de la Comunidad de Madrid gestionada por una empresa privada, Aralia. Es un sitio donde ellos ganan dinero, no donde cuidan a los mayores”. Mayte Caballero se muestra contundente ante la situación “lamentable”, subraya,  que está atravesando su madre, quien ha vivido la crisis del covid-19 en la residencia madrileña Isabel La Católica, ubicada en Ventilla. Es una de las supervivientes de un centro en el que habrían fallecido “casi 70 personas”, según los datos que han recogido los familiares.

El 10 de marzo fue el último día que su familia pudo verla, antes de que la Comunidad de Madrid clausurara estos centros como medida preventiva. Tanto Caballero como sus hijas son enfermeras y acudían cada día para acostarla y aplicarle ácidos grasos en la piel, con especial mimo en los pies, para evitar que pudiesen aparecer úlceras. “Mi madre necesita cambios posturales, es gran dependiente, no es capaz de moverse. El último día que la vimos tenía la piel perfecta”.

"Cuando levantamos los vendajes tenía bastantes más de dos úlceras: tenía heridas en tobillo, talón, necrosadas en el quinto dedo del pie, una incipiente en la rodilla... Hasta seis contamos”

El 23 de marzo, siempre según el testimonio de Caballero, pasaron a aislar a los residentes en sus habitaciones. “Les dejaron encamados sin un criterio médico, en vez de dejarlos sentados. Falta personal, faltaban EPIs, les resultaba más cómodo así. Y los cambios posturales no se han hecho”, advierte. El 20 de abril una de las doctoras les comunicó que tenía úlceras en el tobillo y en el talón. Y así fue como, insistiendo, llegaron a recibir unas fotos que muestran un estado “lamentable” de tobillo y talón. “Le dije que no sería mi madre la única y la doctora me dijo que había bastantes casos con úlceras. El día 7 de mayo me mandaron la foto del tobillo y yo y mi hija nos fuimos a denunciar a comisaría”, relata.

Finalmente, han emitido una demanda telemática en Fiscalía y en el Juzgado de lo Penal. “Yo hablé con el director y le dije que iba a tomar medidas. Él me dijo que ahí se estaba siguiendo todos los protocolos, que había un empleado público para supervisar- Isabel la Católica es una de las residencias intervenidas- El lunes por la mañana llamé a la residencia y dije que me llevaba a mi madre al hospital. Cuando levantamos los vendajes tenía bastantes más de dos úlceras: tenía heridas en tobillo, talón, necrosadas en el quinto dedo del pie, una incipiente en la rodilla... Hasta seis contamos”, añade quien insiste en que es prioritario que alguien acuda a la residencia a retirar vendas y curar al resto de residentes.

Esta incertidumbre también la corrobora Laura Basalo, cuya madre dio positivo por covid-19 hace dos semanas y ha permanecido aislada en su habitación. Los familiares hacen piña en un grupo de Whatsapp, preparan querellas para que la situación no quede impune y recuentan los fallecidos, más de 70 según los datos que manejan. “Pero desconocemos las cifras exactas, pues ellos no dicen nada y en el grupo no estamos todas”, cuenta Basalo. “Tras mucho insistir, conseguimos que nos hicieran videollamadas. Yo veía a mi madre siempre tumbada en la cama. Protesté hasta que conseguí que la levantaran y la sentaran en el sofá. He pedido fotos de sus piernas para ver cómo está. A día de hoy no las he recibido”, relata Basalo, quien también pide que alguien acuda a la residencia para comprobar el estado de sus familiares.

“Ellos dicen que han cumplido todos los protocolos y que puede deberse a patologías preexistentes. Mi madre no había tenido una úlcera jamás. Cualquier sanitario que lo vea sabe que son úlceras de presión y son por no movilizarlos”

“Nos preocupa la situación de los que han sobrevivido, si tienen heridas, si estarán desnutridos, deshidratados… la alimentación allá ya era precaria antes de esto, no hay proteínas y vitaminas. Yo le llevaba fruta y agua todas las tardes a mi madre”, denuncia. Mayte Caballero asegura que, en su caso, su madre ha perdido mucho peso.

EMPRESA FUNDADA POR UN IMPUTADO EN LA TRAMA GÜRTEL

“Ellos dicen que han cumplido todos los protocolos y que puede deberse a patologías preexistentes. Mi madre no había tenido una úlcera jamás. Cualquier sanitario que lo vea sabe que son úlceras de presión y son por no movilizarlos”, repite Caballero. La dirección del centro, en declaraciones a infolibre.es, asegura que “solo existen dos pacientes que permanezcan en sus habitaciones, ambos por prescripción médica”, y afirman que se han realizado los cambios posturales diarios necesarios. También niegan la aparición de tales úlceras.

La residencia Isabel La Católica es uno de los centros gestionados por Aralia, una empresa que fue fundada por José Luis Ulibarri. Ulibarri, famoso empresario castellanoleonés y concurrente postor en los concursos públicos de gobiernos regidos por el Partido Popular, está imputado en la trama Gürtel como supuesto colaborador de Francisco Correa en la ocultación de ingresos. Estuvo en prisión preventiva en el marco de la operación Enredadera, una supuesta red corrupta que amañaba sistemas de regulación del tráfico. También ha estado imputado en la trama Púnica por supuesto amaño de concursos públicos, mediante el pago de comisiones a Granados y Marjaliza con ingresos a una sociedad de este último.

Aralia gestiona en la actualidad cuatro geriátricos en Madrid: Parque de los Frailes, Ensanche de Vallecas, Peñuelas e Isabel la Católica. Las cuatro residencias han sido sancionadas por la Comunidad de Madrid. Familiares denuncian que la estrategia de esta empresa para conseguir ganar los concursos públicos es la “puja a la baja”, lo que se traduce en una “merma en la calidad de los servicios”.

QUERELLA CONTRA AYUSO

El pasado 11 de mayo los familiares, agrupados en la Marea de Residencias, presentaron una querella criminal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Escudero, y diez directores de residencias, entre las que se encuentra Isabel La Católica. Piden que se les investigue por presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

“Mi querella no llegó a entrar en esta primera tanda, pero en la siguiente que se presente yo también participaré”, cuenta Mayte Caballero quien también es parte de este colectivo que prepara próximas acciones judiciales. “Iré y denunciaré donde haga falta”, sentencia.